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‘PARA ELLOS SOMOS LOS MALDITOS’

Diez años esperando justicia para Altamirano

Benjamín Altamirano

Benjamín Altamirano Fotos: Miguel Carrasco, Alejandra Rocabado, Familia Altamirano y Archivo La Razón

La Razón (Edición Impresa) / Daymira Barriga Velarde, Elisa Medrano Cruz y Jorge Quispe Condori

00:00 / 19 de mayo de 2014

A los 15 años intentó quitarse la vida. La cicatriz que cruza su muñeca izquierda es la prueba de su naufragio en la desesperación. María fue la única de los nueve hijos de Benjamín Altamirano que vio y estrechó su calcinado cadáver en la morgue judicial de La Paz, hace casi una década.

En dos meses y 18 días perdió su casa, incendiada por los enemigos políticos de su padre. Apenas sobrevivió al desarraigo de dejar su vida en la comunidad de El Tolar (a 68,29 kilómetros de la sede de gobierno), para vivir en la ciudad paceña, desconocida, fría, inmensa para la adolescente que pastaba ovejas y ayudaba en las labores de labranza a su familia, y pasó por la agonía del secuestro y del linchamiento de su progenitor.

“Lo veía en la calle, corría a decirle alcalde y era otra persona”, cuenta. “Fue muy duro”, dice con un hilo de voz la muchacha, quien perdió el conocimiento al ver los carbonizados restos de su padre. El linchamiento de Benjamín Altamirano Calle, de Nueva Fuerza Republicana (NFR), burgomaestre del municipio paceño de Ayo Ayo —que según el censo de 2012 tiene 7.798 habitantes—, en la provincia Aroma, es una página de la violencia política en el país.

“Me soñaba con él todas las noches. ‘Cúrame hijita’, me decía. Yo le veía su cara y no tenía nada, ni una herida. Le decía que estaba bien, pero él seguía pidiendo que le cure. Yo no sabía qué hacer”. Desesperada, un día tomó un cuchillo y se hizo un tajo en las venas para irse con él de una vez.

¿Cuál el infierno particular de los hijos de Altamirano y de su viuda? “Fue muy duro. Hemos pasado muchas cosas, eran muy difíciles nuestras vidas. A veces no había dinero, teníamos que andar a pie, era muy doloroso. En el campo por lo menos teníamos para comer, aquí era bien difícil, no conocíamos la ciudad, nos perdíamos. Era bien feo —la voz de María se quiebra y sus ojos se humedecen—, la ciudad se hacía muy grande, se hacía oscura, era horrible. Le extrañábamos a mi papá harto porque nos cuidaba, nos protegía”, relata la frágil joven, de 25 años, contadora, egresada del Instituto Comercial Superior (Incos), quien como sus hermanos, todos profesionales, inició una cruzada para que la Justicia sancione a los culpables y purguen en la cárcel sus delitos.

El proceso contra los 18 imputados probó una vez más la pesadez del sistema judicial boliviano. El crimen estuvo precedido por dos secuestros de Altamirano —en el primero sus adversarios le obligaron a firmar su renuncia, y del segundo logró zafarse huyendo a Oruro—, por el saqueo e incendio de su hogar en El Tolar y por amenazas de muerte. Pudo evitarse, pero las denuncias quedaron olvidadas en la mesa del fiscal Federico Candia, según los obrados del juicio a los que accedió Informe La Razón.

“No hemos sacado nada (de nuestra vivienda), desde lejos hemos visto cómo se incendiaba. Hemos llorado, el fuego era grande, no teníamos celular para avisar a mi papá o a mi mamá. Cuando él nos ha visto (en La Paz) nos dijo: ‘No lloren, lo importante es que estamos juntos, las cosas se recuperan”, recuerda María, entre lágrimas.

Denuncia. El 14 de junio de 2004, el entonces alcalde de Ayo Ayo, de 55 años —acusado de corrupción por sus oponentes políticos que operaban desde el Concejo Municipal, el Comité de Vigilancia y tres de las 11 comunidades de ese municipio—, fue secuestrado en la ciudad de La Paz, a donde se había trasladado por falta de garantías y miedo a ser asesinado. María lo vio con vida por última vez la mañana de ese lunes.

“Él estaba muy resfriado, yo había conseguido trabajo, estaba haciendo limpieza en una empresa y mi papá me dijo que no iba a salir”. Mientras era conducido hasta Ayo Ayo, sus familiares presentaron la denuncia en la Policía Técnica Judicial. Sin embargo, la ausencia del fiscal Macario Gonzales de sus oficinas la tarde y noche del 14 de junio impidió la operación de rescate. No había orden y la Policía no pudo intervenir.

Altamirano fue torturado, asesinado con golpes de una chontilla (instrumento puntiagudo usado en el altiplano para abrir surcos) en la cabeza y su cadáver fue quemado en la plaza principal de la localidad, a un lado de la estatua de Túpac Katari, para borrar pruebas. Al pie los culpables dejaron un cartel que decía: “Justicia comunitaria contra la ley, donde no hay justicia social”.

Un mes y 18 días antes, el 26 de abril de 2004, una turba había ejecutado a puñaladas ante una multitud al alcalde de Ilave en Perú, Cirilo Robles, y al concejal Arnaldo Chambilla, por una presunta malversación de fondos. Este escalofriante crimen fue reivindicado públicamente como bandera por los conjurados, quienes pese a haber nombrado en lugar de Altamirano como alcalde interino a Saturnino Apaza Aru (del partido Conciencia de Patria, Condepa), no podían movilizar los recursos económicos pues las cuentas municipales habían sido congeladas por el Ministerio de Hacienda.

Casi dos años después, el 17 de abril de 2006, la comisión de fiscales que investigó el linchamiento del burgomaestre eneferista —integrada por William Alave, Ramiro López, Milton Mendoza, Sandra Kunkar, Félix Peralta y Gregorio Blanco— presentó la acusación contra 18 personas en el caso 201199200406429. “Hemos tardado en notificar y hacer el juicio cuatro años”, informa Ruth Ledezma, abogada de los hijos de la víctima. Por esta razón, siete de los imputados fugaron y fueron declarados rebeldes.

El proceso era complejo, ampuloso, además casi las dos decenas de acusados pusieron de su parte para dilatarlo: 17 de los 18 cumplieron a rajatabla el “pacto de silencio” al que se obligaron tras matar a su rival político y, por ello, se acogieron a su derecho al silencio en el juicio. “No podíamos notificarlos en la misma cárcel de San Pedro, hemos tardado casi un año, se negaban a salir para recibir la notificación, la jueza (Nancy Bustillos) convocó a una audiencia y allí les notificamos”, agrega la profesional, quien no cobró ni un centavo por los servicios brindados a los hijos del alcalde asesinado en todo este tiempo. Hasta que el 11 de agosto de 2010, o sea más de seis años después del crimen en Ayo Ayo, el Tribunal 5° de Sentencia emitió por unanimidad la sentencia Nº 22/2010.

Ocho fueron hallados culpables de los delitos de secuestro, vejaciones, torturas y asesinato, y sentenciados a la pena máxima de 30 años de reclusión: Cecilio Huanca Mamani, Severo Sánchez Laime, Alejandro Valero Mamani, Gabriel Pinto Tola, Casino Pinto Valero, Dionisio Mamani Condori, Norberto Calle Flores y Eulogio Quispe Colque; tres a 20 años por los delitos de complicidad en el secuestro y asesinato de Altamirano: Pedro Flores Mamani, José Luis Herrera Sejas y Guillermo Mamani Ramos; un par a dos años por encubrimiento del secuestro: Ciro Buenaventura Loza Castillo y Cecilio Gamarra Mamani, quienes se beneficiaron con el perdón judicial; Olga Jacoba Aguirre Alavi recibió un castigo de ocho años por el delito de secuestro y cuatro acusados fueron absueltos: Francisco Quispe Callisaya, Victoria Álvarez Condori, Yolanda Mita Quisbert y Saturnino Apaza Aru.

EL REPORTAJE COMPLETO EN LA EDICIÓN ESPECIAL DE INFORME LA RAZÓN, QUE CIRCULA ESTE LUNES 19 DE MAYO JUNTO A NUESTRA EDICIÓN IMPRESA.

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