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Concesiones migrarán en dos años

Las personas que tenían en su poder una concesión minera podían hipotecarla, venderla, sin previa autorización del Estado y bastaba que paguen la patente.

Mineros de la cooperativa Nueva Esperanza que operan en el río Chaquety, en el cantón Arcopongo, en el norte paceño.

Mineros de la cooperativa Nueva Esperanza que operan en el río Chaquety, en el cantón Arcopongo, en el norte paceño.

La Razón (Edición Impresa)

14:06 / 11 de abril de 2016

El Gobierno constituyó un equipo para que verifique el cumplimiento de la Función Económica y Social (FES) de las concesiones mineras, actuales  Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), a fin de que migren a los nuevos Contratos Administrativos Mineros (CAM), un proceso que el Ejecutivo estima que demorará por lo menos dos años.

Las concesiones mineras debían quedar sin efecto en el plazo de un año desde la elección de las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo (6 de diciembre de 2009), de acuerdo con lo establecido por la disposición transitoria octava de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, a más de seis años de ese mandato, el proceso de transición no se materializó por la falta de un reglamento.

El ministro de Minería, Jaime Navarro, informa que ese ordenamiento legal ya fue aprobado, por lo que el proceso para la firma de los nuevos acuerdos entre el Estado y los mineros chicos, medianos y grandes, además de los cooperativistas, ya se encuentra en marcha. Indica que la importancia de la rúbrica de estos convenios radica básicamente en que se transitará “de una visión patrimonialista y de usufructo sobre la concesión a una concepción de ser titular de un área de trabajo donde se desarrollan las actividades”.

Y ese cambio se debe a que en el pasado la adjudicación de las áreas mineras solamente tenía un sentido de usufructo, por lo que, en su momento, los titulares las hipotecaban, las heredaban o las vendían. Bastaba que los concesionarios paguen la patente para sentirse dueños y no importaba si desarrollaban actividad productiva, precisa Navarro. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) añade que las adjudicaciones de esa naturaleza otorgaban derecho propietario a los representantes de las mismas, con facultades de disposición de las zonas donde se hallaban minerales.

Y esa lógica prosiguió, según el ministro, aun cuando una sentencia constitucional de 2007 estableció que ese tipo de concesiones no eran hipotecables, vendibles o hereditables porque se trata de un recurso natural propiedad del Estado boliviano. Sin embargo, los representantes de esas áreas se dieron modos para seguir traspasando esos parajes. Por ejemplo, cuando se trataba de vender las acciones no cambiaban el nombre de la empresa.

Como un ejemplo de este modus operandi, la autoridad gubernamental reconoce que a partir de 1994 seis compañías extranjeras compraron, una tras otra, las acciones de la mina Amayapampa, en el norte de Potosí, al margen del Estado porque se creían las propietarias de esa concesión. “Lo que ha pasado con Amayapampa es que sin que exista una intervención estatal, ellos (los concesionarios) fueron negociando los recursos naturales de una empresa a otra, y fueron transfiriéndolos, entonces éste es un hecho que demuestra una lógica de cultura patrimonial”.

Pero esa concesión fue revertida al Estado y ahora, asevera el ministro, está bajo administración de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Para que ello se hiciera efectivo se siguió el procedimiento de verificación de la FES, es decir, se notificó a los empresarios a través de una convocatoria pública para que se presenten y se compruebe la inversión que realizaron, empero, no acudieron a ese llamado, incluso después de que la AJAM emitió la resolución de reversión. “Yo creo que con esta empresa se está cerrando el círculo de una cultura de apropiación de los recursos naturales”.

No obstante, el analista en temas mineros Rolando Jordán considera que en manos de la compañía estatal esa mina potosina formará parte de las reservas inactivas que están en la lista del país. “Cuesta conseguir un inversionista, pues hay proyectos y prospectos más importantes, con menores riesgos geológico, económico y político en otras partes del mundo, sin ir más lejos en las naciones vecinas. En épocas de crisis la tendencia es normalmente un flujo de capitales del sur hacia el norte, las pocas inversiones que entran y se quedan en el sur buscan los proyectos más seguros y rentables, que precisamente no es Amayapampa”.

Sin embargo, al igual que ese yacimiento, son al menos 395 áreas mineras que fueron devueltas al Estado en el marco de la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros, de acuerdo con información de la AJAM. La causal para esas reversiones es que estaban en inactividad debidamente comprobada. La norma dispone que cuando se devuelva al Estado una zona, no habrá indemnización. Esa entidad estatal precisa que en 2014 fueron recuperadas 186 concesiones; en 2015, 156 áreas; y 53 en lo que va del año.

Dionisio Garzón, exministro de Minería, opina que si bien se devolvieron al Estado centenares de adjudicaciones, lo malo es que ello no se refleja en una reactivación del sector minero, por lo que esto continúa parado en cuanto a nuevos emprendimientos. “No hay empresas que estén en Bolivia, salvo las que se quedaron; no hay nuevas firmas mineras, no hay inversión privada en el rubro, y lo que se está revirtiendo al Estado van a ser elefantes blancos que van a esperar el momento en que alguien los solicite de nuevo; pero por lo que sé no hay ningún interés en las áreas que se están revirtiendo al Estado”.

No obstante, el Gobierno se encuentra encaminado en impulsar no solamente los procesos de reversión, después de la verificación de la FES, sino la transición de las concesiones mineras a los nuevos contratos. Para el cumplimiento de este objetivo, Navarro señala que el trámite para esa migración implicará un proceso largo, demorará al menos dos años. En 2015, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera informó que eran aproximadamente 7.000 concesiones las que debían transitar hacia estos pactos y bajo las reglas recientes de la Constitución.

Fiscalización. Para verificar el cumplimiento de la función económica, actualmente el Órgano Ejecutivo tiene conformado un equipo en el Viceministerio de Política Minera, que semanalmente realiza evaluaciones en diferentes partes del territorio nacional. Eso no es todo. Igualmente se tiene previsto conformar otro equipo con más profesionales que estará a cargo de la AJAM, que asumirán la responsabilidad de realizar la evaluación y la firma de los nuevos convenios.

En ese proceso de transición también se verificará la titularidad de las concesiones, pues, complementa Navarro, hay una gran cantidad de áreas donde los representantes fallecieron y a raíz de ello fueron heredadas o comercializadas. “Esa lógica ya no se va a presentar, en cambio ahora se va a firmar un contrato administrativo minero y el que rubrica el contrato es el titular del lugar de trabajo y esta persona tiene la obligación de desarrollarlo”.

La AJAM precisa que a partir de la política de migración de contratos, las flamantes condiciones para los actores productivos del rubro minero establecerán que éstos no podrán poseer las áreas mineras “bajo su titularidad de manera indefinida, sino por un plazo previamente definido en el contrato, y siempre y cuando cumplan con el interés económico social (léase el pago de patente y la garantía de la continuidad de la actividad minera). En contraposición el Estado garantizará el desarrollo pacífico de sus actividades mineras, así como sus inversiones”.

Reversiones

Desde la vigencia de la flamante Constitución Política del Estado, en 2009, fueron revertidas al Estado un total de 395 áreas mineras, conforme a lo dispuesto por la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros. La citada norma establece como causal de reversión la inactividad minera debidamente probada.

Gestión      Áreas revertidas

2014         186

2015         156

2016          53

Total           395

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