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Fundidoras y chatarreros de El Alto no tienen aval municipal

La Alcaldía alista una norma para regular el trabajo de los involucrados en la compra y venta de metales

La Razón

00:00 / 18 de junio de 2012

Si bien es cierto que gran parte de la chatarra sale a Perú para ser fundida, en la ciudad de El Alto hay pequeñas fundidoras que, al igual que los recolectores de este material inservible, operan fuera de la ley.

“Tenemos una (fundidora) en la zona Cosmos 79, pero es difícil llegar y no creo que quiera el dueño ir con usted”, avisa tímidamente un ayudante al enterarse del interés que tiene Informe La Razón de conocer el lugar. Al día siguiente, el propietario de la factoría definitivamente se negó a ir con el periodista para conocer cómo se funden los metales en esa urbe.

La razón es sencilla: hay desconfianza porque no poseen aval del Gobierno Municipal de El Alto. “No tienen permiso y ya deberían solicitar la autorización ante (el Ministerio de) Medio Ambiente, que luego debe verificar que no dañen el medio ambiente”, precisa Sergio Choque, secretario general del Concejo Municipal alteño.

En esa ciudad están instaladas, de acuerdo con Choque, más de diez fundidoras artesanales que operan ilegalmente. “Como Alcaldía sacaremos una norma para regularlas”, agrega la autoridad. A la par, la comuna instruyó que inspectores verifiquen el estado en el que estas factorías están trabajando con los materiales.

NÚMEROS. El suplemento El Financiero, de La Razón, informó el 6 de mayo que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en los últimos cinco años y el primer trimestre de 2012, el negocio de la chatarra en Bolivia generó 31,4 millones de dólares por la exportación de 162.860 toneladas a 18 países. El principal receptor de esta mercadería es Perú, que el año pasado compró un total de 27.240 toneladas cotizadas en 7,1 millones de dólares, o sea, el 53% del volumen y un 64% del valor exportados.

El presidente de la Asociación de Industriales Metal Mecánicos de El Alto, Segundino Escóbar, habló entonces de la necesidad de que esa ciudad cuente con una fundidora de acero. “Nuestra materia prima está fugando al exterior y retorna en productos procesados, cuando lo mismo podemos hacer en Bolivia”, dijo; sin embargo, semanas después no quiso acompañar a Informe La Razón a una de las procesadoras de metal de sus socios.

La recolección de chatarra se convirtió en una fuente más de empleo informal en esa urbe; los que se dedican a este oficio reciben entre 1 y 1,2 bolivianos por kilo de hierro, y las grandes empresas pagan entre 190 y 250 dólares por tonelada, según El Financiero. Las tiendas alteñas del rubro compran fierros, aluminio, bronce, plomo, cobre, además de botellas de plástico, papel, nailon, baterías.

“Tengo estos rieles y el metro está a 200 bolivianos”, oferta María, desde su local en la avenida Panamericana. La comerciante no sólo vende estos carriles, también otro tipo de fierros, cuya procedencia se desconoce. “Los chatarreros tampoco tienen autorización de la Alcaldía para trabajar. Ellos compran fierros y uno no sabe de dónde los traen. Puede ser que compren de los que están charqueando (desvalijando) los autos”, sostiene el secretario general del Concejo Municipal.

En Cochabamba, un estudio de María Esther Pozo determinó que cada chatarrero puede tener un ingreso diario de 50 bolivianos, por lo que podría generar al menos 1.500 bolivianos mensuales.

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