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Impulsan decreto para castigar con cárcel el hurto de las vías férreas

El proyecto se apoya en el Código Penal y plantea que la Policía y la Aduana sean los brazos operativos para decomisar este material y evitar su salida del país.

La Razón

02:00 / 18 de junio de 2012

Con la Policía y la Aduana como brazos ejecutores, y el Código Penal en la mano, un proyecto de decreto supremo solamente espera la revisión del Órgano Ejecutivo para castigar con cinco años de prisión a las personas que roben o comercialicen piezas ferroviarias en el país.

La propuesta es del asambleísta cochabambino Marco Carrillo. “En las trancas, la Policía Nacional y la Aduana deben detectar a todos los camiones que estén intentando llevar este material, para decomisarlo y aplicar las leyes y acciones penales por el robo de rieles”, sugiere el político, para quien ésta es la única salida para ponerle coto al desmantelamiento de esta infraestructura.

Al considerarse estos carriles como bienes del Estado, o sea, que están salvaguardados por la Constitución Política del Estado, Carrillo sostiene que para este delito se debe aplicar el Código Penal, que en su artículo 331 sobre el robo, indica textualmente: “El que se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años”.

Control. “La norma existe, pero ahora este decreto supremo que impulsamos será exclusivamente para precautelar el material ferroviario, para que sean detenidas todas aquellas personas que sustraigan rieles y que los comercialicen en las ferias”, puntualiza el asambleísta del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).

Con esta medida se busca proteger la propiedad de lo que queda de la antigua Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE). “Estamos viendo que ni ENFE Residual (la actual entidad estatal en el rubro) y tampoco la concesionaria Ferroviaria Andina SA están cumpliendo el rol de preservar este patrimonio, estos bienes que pertenecen a los bolivianos”.

Carrillo postula que el Ministerio Público, la Policía y el Control Operativo Aduanero deben tomar cartas en el asunto. “Sabemos que delincuentes están sacando rieles del país, que los camuflan y los hacen pasar como si fuera chatarra hacia Perú y ahí en las trancas (interdepartamentales y cercanas a las fronteras) debe detectarse este cargamento”.

Consultado sobre si no es tarde para evitar el desmantelamiento de las vías férreas, sobre todo las que están en La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí, considera que el decreto es la única salida, por el momento. “Es que no se puede jugar más con el patrimonio del Estado. ENFE invertía antes entre 500 mil y un millón de dólares, pero ahora hay cero mantenimiento y está desapareciendo toda la red occidental”.

Aparte, señala que si se confirma que son grupos delincuenciales los que hurtan estos bienes públicos, se tiene que aplicar el artículo 332 del Código Penal (robo agravado), que establece una pena de entre tres y diez años de presidio si el delito es cometido por dos o más autores o en un lugar despoblado.

“Estas personas que roban rieles tienen depósitos y eso significa que se encuentran muy bien organizadas, por eso hay que caerles con todo el peso de la justicia”. Por ejemplo, denuncia que el año pasado tres individuos fueron descubiertos intentando llevarse 70 rieles en Cochabamba, con un valor estimado en 15 mil dólares.

Resalta que la Constitución considera a esta infraestructura como inembargable, imprescriptible y no susceptible de apropiación. Incluso el artículo 269 de la Ley de Transportes dicta: “Es deber de toda persona natural o jurídica, pública o privada, respetar y proteger la infraestructura ferroviaria y todos los bienes afectados al servicio público ferroviario, los cuales sólo podrán ser enajenados con autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Carrillo dice que, a la par, los operadores de justicia también deben sumarse a esta cruzada. “Es una pena que rieles se estén vendiendo en ferias   de La Paz, Cochabamba, El Alto y Oruro. Algo hay que hacer y para ello la Policía y la Aduana deben actuar”. El proyecto de decreto supremo será enviado en estos días al Ejecutivo para su evaluación final.

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