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Mafias trafican piezas prehispánicas

Las estadísticas de la Unidad de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Culturas revelan que desde 1997 hubo al menos 89 hurtos que provocaron la desaparición de 1.276 piezas patrimoniales.

La Razón

00:00 / 14 de enero de 2013

Un recorrido por el municipio de Tiwanaku y zonas aledañas descubrió que existen lugareños que ofrecen piezas precolombinas, comercialización que está prohibida por la Constitución Política, que en su artículo 99 dicta que el patrimonio cultural del pueblo boliviano —las riquezas natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore— es inalienable, inembargable e imprescriptible, y el Estado garantizará su registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión.

Los huaqueros son aquellos que escarban el suelo en busca de reliquias para venderlas a turistas o coleccionistas, e incluso arman “museos privados” con los objetos que rescatan. El reportaje publicado el 5 de noviembre de 2012 demostró que uno de estos personajes es vigilante del Museo de Tiwanaku. A la par, estos excavadores son una pieza en el engranaje del tráfico de bienes culturales que tiene a Bolivia en su lista y que involucra a mafias extranjeras. La Policía Internacional  (Interpol) culpa a la falta de control estatal la vigencia de este delito.Impunidad. Las estadísticas de la Unidad de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Culturas revelan que desde 1997 hubo al menos 89 hurtos que provocaron la desaparición de 1.276 piezas patrimoniales. Si bien en 2011 se dieron cuatro desvalijamientos que se llevaron 32 objetos, hasta noviembre del año pasado se habían presentado dos casos en las iglesias coloniales de las localidades de Ocobaya y Guaqui, en las provincias Sud Yungas e Ingavi del departamento de La Paz, respectivamente, pero el número de reliquias extraviadas ascendía a 115.

Los traficantes de piezas arqueológicas contratan a campesinos para que busquen vestigios prehispánicos en el subsuelo, mientras que en las capillas coloniales del área rural, convencen a los guardianes o “mayordomos” de éstas para que roben o sean sus cómplices en el extravío de joyas de las efigies de los santos, objetos litúrgicos o cuadros antiguos. Luego, los “puentes” o “enlaces” se encargan de llevar los botines a los cabecillas del clan, los anticuarios o coleccionistas. La cadena cuenta con nexos nacionales e internacionales, según autoridades, policías, arqueólogos y expertos.

Hay cofradías delictivas que operan sobre todo en Bolivia, Perú, Ecuador, por su riqueza cultural, y también lo hacen en Guatemala, Argentina y México. El destino final de los objetos sustraídos son los mercados negros que alimentan millonarias colecciones privadas o anticuarios o depósitos de personas en Canadá, España, Gran Bretaña, Estados Unidos, Suiza y hasta Japón. El territorio boliviano igual sirve de tránsito para sacar las piezas hurtadas en naciones vecinas, ello por la ausencia de fiscalización efectiva en fronteras.

Se descubrió que hay unas 2.500 obras artísticas que fueron recuperadas de manos de traficantes, entre pinturas, piezas líticas, retablos, tejidos y otros tesoros históricos bolivianos que son resguardados en el depósito del Museo Nacional de Arte desde 1998, los cuales son víctimas del paso del tiempo hasta que no se obtenga una orden legal para exhibirlos o que los juicios contra los involucrados lleguen a buen término. Mientras que en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (Musef) se custodia 40 textiles potosinos de Coroma que fueron salvados en los años 90.

Otra limitación es que no hay control alguno sobre los locales que ofrecen piezas antiguas. Ni el Ministerio de Culturas ni la Alcaldía de La Paz cuentan con una lista actualizada de anticuarios, que también son apuntados como posibles nexos con las mafias que trafican bienes culturales. Por ahora sólo queda esperar la Ley de Patrimonio Cultural, cuyo borrador es preparado por el Gobierno. Y el ministro de Culturas, Pablo Groux, comentó que Estado, gobernaciones, alcaldías, comunidades y la  propia Iglesia deben compartir responsabilidades en el cuidado de las reliquias.

Involucrado aún trabaja en museo

Zacarías Limachi, vigilante del Museo de Tiwanaku que fue denunciado por este medio por comercializar piezas arqueológicas, aún trabaja en ese repositorio. El administrador del sitio, Luis Callizaya, señaló que Limachi no comercializaba reliquias tiwanakotas. “(Esas piezas) son de Huacullani y es normal que algunas personas encuentren restos en sus predios, pero aquí en Tiwanaku eso está prohibido”. La Constitución determina que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e imprescriptible.

El contrato del involucrado termina este mes y Callizaya aclaró que no se realizará ninguna investigación sobre el caso, a pesar de que el ministro de Culturas, Pablo Groux, anunció, tras la revelación de Informe La Razón, de que pediría un informe sobre Limachi, para tomar cartas en el asunto. En la Alcaldía de Tiwanaku, el oficial Mayor Financiero, Nicolás Mamani, remarcó que no conoce la publicación y que consultaría al alcalde Marcelino Copaña. Por ahora, la venta de bienes culturales no tiene control en la zona. 

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