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La ‘Masacre de Navidad’ lleva dos décadas en la impunidad

El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada movilizó efectivos policiales y militares a la zona, donde murieron 11 personas. Señalan que es posible instaurar una demanda porque es un delito de lesa humanidad, que no prescribe

La Razón (Edición Impresa)

14:11 / 11 de abril de 2016

Impunidad. Ésa es la palabra que define lo sucedido tras los hechos luctuosos entre el 19 y 21 de diciembre de 1996, en las poblaciones potosinas de Amayapampa, Capasirca y Llallagua, donde murieron 11 personas, en el gobierno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, éste ordenó la movilización de al menos 3.000 efectivos policiales y militares para desalojar a mineros y campesinos que habían tomado los yacimientos de oro en las dos primeras localidades, en demanda de mejores condiciones laborales de parte de la empresa canadiense Da Capo Resources Ltda.

Han pasado casi dos décadas desde aquellos hechos y ninguna autoridad gubernamental, militar o policial de esa época se sentó ante los estrados judiciales, coinciden Juan del Granado, entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y el periodista e investigador Remberto Cárdenas, quien detalla lo acontecido en su libro Masacre del Nuevo Poder Minero.

ESTABILIDAD. Cárdenas cuenta que todo comenzó con el incumplimiento a convenios firmados por los trabajadores y la empresa en marzo y septiembre de ese año, que habían sido homologados por el Ministerio de Trabajo, en los que la patronal se comprometía a garantizar la estabilidad laboral, así como la antigüedad y mejorar el salario de los obreros, entre otros.

La tensión iba en aumento. Fue así que el jueves 19 de diciembre se instauró un cabildo en Amayapampa, en el que se resolvió, entre los principales aspectos, “rechazar el ingreso de inversionistas extranjeros, defender los recursos naturales y las fuentes de trabajo, rechazar el amedrentamiento de los empresarios y policías”.

El Gobierno decidió militarizar la zona de la provincia Rafael Bustillo. Para ello desplegó 1.000 efectivos del Grupo Especial de Seguridad (GES), de la Unidad Polivalentes Antimotines y efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar). A ellos se sumaron 2.000 militares de cuatro unidades del Ejército: Illimani, de Uncía; Ránger, de Challapata; Braun, de Oruro y Pérez, de Potosí, comandados por el general David Saavedra, jefe del Estado Mayor del Ejército; en suma, 3.000 uniformados, complementa Cárdenas. La resistencia no se dejó esperar y esa jornada el saldo fue de cuatro muertos y 19 heridos.

“Hemos empezado a las 12.00 la pelea, en el sector de Guerra K’asa. Primero han disparado balines, pero luego nos han metido bala y ya había muertos. Pese a ello estábamos acantonados en el cerro. Han venido también compañeros de Siglo XX. ‘No nos podemos hacer quitar la mina’, decían”, rememora Juan Condori Marcani, actual dirigente del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Amayapampa, quien entonces tenía 27 años.

El viernes 20 de diciembre más tropas castrenses fueron enviadas al lugar, pero se toparon con una barricada en Llallagua. El resultado de la resistencia fue de dos fallecidos. Hasta ahí se contaban seis decesos del lado de los mineros y campesinos. No obstante, esa misma jornada el Gobierno anunció la muerte del coronel Eduardo Rivas, comandante del GES. O sea, el total de muertos ascendía a siete.

Un día más tarde fallecieron dos personas más en el sector de Chayanta y Pucro, cuando las fuerzas militares avanzaban hacia Amayapampa. En el conflicto también pereció una enfermera. Así, la intervención de Amayapampa y Capasirca se había cobrado 10 vidas en tres jornadas. Pero la cifra de decesos ascendió a 11, tras la muerte de uno de los heridos.

Del Granado, en su condición de titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, responsabilizó de la masacre al Ejecutivo liderado por Sánchez de Lozada. Su acusación continúa vigente. “(Sánchez de Lozada y sus ministros tuvieron) la primera responsabilidad, sabiendo que la responsabilidad objetiva, material, directa estaba en los jefes policiales, militares que comandaron las acciones, pero esos jefes obedecían órdenes de los gobernantes, de los ministros de la época. Hay una doble responsabilidad, la intelectual de quienes gobiernan y dan las órdenes”. Añade que “fue uno de los hechos de autoritarismo, de violencia, de masacre gubernamental, que tampoco estableció responsabilidades ni sanciones”.

Una comisión de parlamentarios se desplegó al sitio de conflicto para apaciguar los ánimos de los pobladores y los trabajadores. Consiguió su cometido. Tras intensas gestiones de los diputados y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos se logró firmar el acta de pacificación el 22 de diciembre, cuando los mineros se comprometieron a devolver las armas arrebatadas a los policías y entregar la mina a los empresarios, entre otros puntos. Y las autoridades se comprometieron a esclarecer esos hechos.

El informe de la comisión, según Del Granado, igualmente recomendó pedir una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). En su criterio, si bien esa entidad “dio un informe importante, significativo, eludió las responsabilidades de las principales autoridades del Gobierno”.

Así también lo sostiene Cárdenas. “Para mí ese informe de la OEA estaba destinado a liberar de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada, no obstante que algunos, como yo, seguimos creyendo que esa masacre fue una de las formas de terrorismo de Estado. El que ejerció el terrorismo, el que lo ordenó fue Sánchez de Lozada, pero no hay cargos en su contra, ni de ninguna autoridad”.

El citado documento de la CIDH indica en su acápite 196: “La Comisión no obtuvo información alguna durante su estadía en Bolivia de que las más altas autoridades del Estado boliviano hayan ordenado o previsto la muerte de las nueve personas civiles que perdieron la vida en Amayapampa, Capasirca y Llallagua”.

Por ello, a dos décadas de esos sangrientos acontecimientos, tanto Del Granado como Cárdenas coinciden en que el enjuiciamiento de los autores es una de las cuentas pendientes y que es posible instaurar una demanda porque es un delito de lesa humanidad, es decir, que no prescribe. Más todavía, Cárdenas señala que está en manos de los dirigentes sindicales elaborar una denuncia penal.

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