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Mutún, un proyecto fallido

El yacimiento de hierro de la provincia Germán Busch tiene una historia de desencantos, el último involucró a la Jindal

El yacimiento minero

El yacimiento minero

La Razón

00:00 / 30 de julio de 2012

El contrato minero más grande de la historia de Bolivia ha quedado en nada tras cinco años exactos de vigencia. La transnacional india Jindal Steel & Power Limited ha dejado el país, ha abandonado la explotación del millonario yacimiento de hierro del cerro Mutún en la provincia cruceña Germán Busch, en la localidad de Puerto Suárez. Y su salida ha traído mucha tela para cortar.

Desde que la veta fue descubierta a mediados del siglo XIX, el proyecto es uno de los anhelos postergados de los pobladores de esa región fronteriza con Brasil, que ha adoptado la denominación de “la futura capital del acero”. Este nombre no es gratuito, está avalado por más de 40 mil millones de toneladas de hierro y 10 mil millones de manganeso que yacen en el Mutún, que lo convierten en una de las mayores reservas del mundo, un potencial que los gobiernos de turno no pudieron aprovechar desde 1956, cuando atrajo la atención del gobernante Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Ese año se encargó a la flamante Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y al Servicio Geológico de Bolivia la inspección geológica del sitio y la cuantificación de sus ingentes reservas. Tras ello, vino la época de los emprendimientos fallidos: la Empresa Siderúrgica Boliviana S.A. (Sidersa) creada por el presidente de facto Hugo Banzer Suárez (1971-1978) o la Unidad Promotora del Fierro y Acero en Santa Cruz, que unió fuerzas con la Comibol para encomendar, a mediados de los años 80, los estudios de factibilidad para la construcción de una planta de producción de arrabio en base a carbón vegetal.

En 1993 le tocó el turno a la Empresa Metalúrgica del Oriente —parte de la Comibol—, que exportó aproximadamente 350 mil toneladas de concentrados de hierro a acerías o fábricas de acero de Paraguay y Argentina, que devolvían a Bolivia lo comprado en materiales con valor agregado. No obstante, no se avanzó más por la falta de tecnología para la explotación, transporte y embarcación de la producción por uno de los puertos de la provincia (Busch, Quijarro o Aguirre), a través de las aguas de la hidrovía Paraguay-Paraná.

Después, no hubo actividad en el Mutún durante una década, hasta que el Estado lanzó una licitación internacional para la firma de un pacto para la extracción del mineral en el cerro, en una coyuntura dominada por el alza en la demanda y el precio del hierro y el acero, por el impulso de China. Esto convirtió al yacimiento cruceño en un botín codiciado. En abril de 2006, ante el riesgo de frustrarse la adjudicación a la brasileña EBX, los entonces ministros de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas; de Producción y Micro Empresa, Celinda Sosa, y de Minería, Wálter Villarroel, fueron tomados como rehenes en Puerto Suárez. Tras el conflicto, ya se habló de Jindal.

Cuatro meses después, la compañía se adjudicó el contrato de riesgo compartido y creó una subsidiaria: Jindal Steel Bolivia (JSB). El documento fue avalado por el Congreso y también llevó la rúbrica de la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), y marcó el inicio de un proyecto siderúrgico que no solamente explote, sino que industrialice la riqueza del Mutún, con el desarrollo de la ferrominería mediante concentrados de hierro, su reducción a hierro esponja y briquetas, y la producción de acero y láminas. Mitad de la veta sería aprovechada durante 40 años por la Jindal y la otra parte por el Estado boliviano, con la ESM como protagonista.  Promesas. El currículum de la multinacional no dejaba dudas: una empresa en manos de cuatro hermanos (liderada por Naveen Jindal) con medio siglo de experiencia en la explotación de hierro y dueña de 14 plantas (una docena en la India, una en Estados Unidos y otra en Indonesia), con $us 4.500 millones de capital y $us 3.850 millones de ventas anuales, con negocios en 42 países de los cinco continentes y con 32 poblaciones adoptadas como “ahijadas”, bajo la política de “apadrinar” urbes aledañas a sus minas.

Las metas y promesas no tenían precedentes: el proyecto reemplazaba como combustible al carbón vegetal por el gas natural, con $us 2.100 millones de inversión, 1,7 millones de toneladas de hierro esponja y 1,4 millones de toneladas de acero laminado anuales para el mercado interno y la exportación, $us 200 millones de impuestos al año, 6.700 empleos directos y 15 mil indirectos. Aparte, la construcción de una ciudad cercana al Mutún para los trabajadores y la instalación de servicios básicos, hospitales, escuelas y hasta una universidad técnica para los nuevos “ahijados”: los municipios de Puerto Suárez, Puerto Quijarro y Carmen Rivero.

Luego de que el banco BISA garantizara a la Jindal la otorgación de boletas de garantía por $us 45 millones, Puerto Suárez fue el escenario del lanzamiento y la celebración del acuerdo, el 19 de julio de 2007. Allí, Evo Morales sujetó un trozo de hierro y enunció dos palabras: “misión cumplida”. Asimismo, se informó que el Gobierno invertiría $us 150 millones para la edificación de un nuevo atracadero en Puerto Busch y para garantizar su conexión vial y ferroviaria con el Mutún. Las caras sonrientes dominaron a las partes del negocio, pero la luna de miel acabó en un suspiro.

El primer traspié surgió a los pocos meses, por el retraso del saneamiento en los terrenos otorgados a la empresa, equivalentes a 5.500 hectáreas de superficie. Por otra parte, el avance del proyecto y de las inversiones en el Mutún no convencieron al Gobierno con el pasar de los años. Fue así que todo estalló en 2010, cuando la ESM ejecutó dos boletas de garantía por $us 18 millones de la Jindal, por su falta de renovación. Y en mayo de este año, vino la segunda penalización: el cobro de otra boleta de $us 18 millones, esta vez por un supuesto incumplimiento del plan de inversiones, que derivó en un proceso judicial iniciado de oficio por el Ministerio Público.

Según el Gobierno, las inversiones en la veta de hierro no se asoman a los $us 600 millones estipulados en el cronograma, mientras que Jindal alegó que hasta marzo, la adquisición de maquinaria y los contratos de servicios alcanzaron a $us 583,47 millones. Así, el conflicto llegó a los extremos. La firma paralizó actividades, demandó el cambio de condiciones del contrato y acusó cualquier inconveniente a la irresuelta dotación de tierras y del gas que requerirá dentro de dos años su planta de generación termoeléctrica: al menos 10 millones de metros cúbicos por día, y no así los 2,5 millones programados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Puso sobre la mesa cuatro condiciones: garantías para la no nacionalización de sus inversiones, el levantamiento del juicio en contra de sus ejecutivos, revertir la ejecución de sus boletas de garantía y dejar sin efecto una auditoría sobre su presencia en el país. El Ejecutivo rechazó estas peticiones y remató con una exigencia adicional: que la Jindal deposite $us 2.100 millones en la cuenta de un banco nacional como prueba de que posee recursos económicos para consolidar el complejo siderúrgico. Y sin resquicio para el diálogo, el 16 de julio, la transnacional decidió rescindir el pacto.

Más aún, amenazó con un juicio por daños y perjuicios, por el “incumplimiento y falta de voluntad de parte del Gobierno de Bolivia para cumplir con sus obligaciones contractuales”. La respuesta gubernamental trajo consigo otro aviso similar: un juicio por daño económico, para conseguir una compensación de la Jindal. En medio de la pulseta, el 20 de julio, la Fiscalía recurrió al allanamiento de las sedes de la compañía en La Paz, Santa Cruz y Puerto Suárez, con intervención militar en el Complejo Siderúrgico del Mutún y secuestro de documentación de por medio.

Se abrió la caja de Pandora. Salió a la luz una auditoría encomendada por la ESM a la firma Delta Consult SMS, que plantea que la multinacional sólo invirtió $us 12 millones. El fiscal anticorrupción Aldo Ortiz reveló que la JSB se conformó con apenas Bs 18 mil de capital. Aparecieron deudas de la Jindal por el arrendamiento de oficinas. A la par, ésta pidió precautelar la seguridad de sus bienes y de sus empleados, mientras el Ejecutivo anunció que una nueva licitación duraría seis meses y que, al menos, 15 compañías están interesadas en asumir el negocio.

De esta forma, las ilusiones de los habitantes de la provincia Germán Busch, y sobre todo de su capital, Puerto Suárez, han vuelto a quedar en suspenso. Decenas de obreros han quedado sin trabajo. Más todavía, la fiebre del hierro se ha convertido en pesadilla para cientos de inmigrantes que buscan ser parte de una bonanza que aún no despega. Informe La Razón llegó a esa región para contar los avances del emprendimiento, y las esperanzas y frustraciones tras el final del contrato minero más grande de la historia boliviana.

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