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Proyecto plantea hasta 15 años de prisión

La Razón

00:00 / 22 de octubre de 2012

La noche del martes 22 de marzo de 2006 dos explosiones despertaron de su monotonía a la ciudad de La Paz. La primera se activó en el alojamiento Linares, en una populosa zona turística; sucedió a las 21.00. Cinco horas después hubo otro estallido en el hostal Riosinho II, en la plaza del mismo nombre. Al día siguiente, el recién juramentado presidente Evo Morales barajó la posibilidad de enfrentar un plan desestabilizador.

Tras un operativo, la fuerza policial detuvo al estadounidense Lestat Claudius de Orleans y Montevideo, y a la uruguaya Alda Ribeiro Acosta y los acusó de los atentados dinamiteros que causaron la muerte de dos bolivianos. Con el tiempo, los implicados confesaron el delito; es más, en la declaración que prestó el extranjero afirmó que su profesión era “dinamitero”. Ambos compraron los explosivos en la ciudad de Potosí y se supo que pretendían asesinar a unas 200 personas.

Entonces se habló de regular la venta de estos artefactos. Para rayar la cancha, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que explicó que desde 1961 es la única entidad facultada para autorizar la comercialización de armas, municiones y explosivos en territorio boliviano. Así, en mayo del mismo año fue desempolvado el Proyecto de Ley de Armas, Municiones y Explosivos que elaboró esta repartición gubernamental en 2003.

CONSENSOS. Javier Zabaleta, entonces presidente de la Comisión de Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, se animó a comentar que había un 95% de acuerdo en los artículos del cuerpo legal. Con todo, el texto no llegó al Ejecutivo. Pero no fue el único intento por legislar el asunto. En enero de 2009 se redactó el proyecto  de Ley de armas, municiones, explosivos y otros relacionados. Mientras que en diciembre de 2011 se preveía la aprobación de otro anteproyecto de Ley de Control de Armas y Municiones. En ninguno de los casos se logró el consenso de la Asamblea Legislativa.

O sea, desde la posesión de Morales hubo tres intentos fallidos para regularizar este tema que, por el momento, cuenta con un reglamento autorizado por el Ministerio de Defensa, que data de 2008. Ahora, tras varios conflictos sociales en los que se usaron armas de fuego y detonantes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció la pronta elaboración de un proyecto de Ley de Armas, Municiones y Explosivos. La autoridad explicó a Informe La Razón que el espíritu del documento que será puesto a consideración del Congreso busca “restringir la circulación de estos instrumentos que puedan ser dañinos a la seguridad de las personas y a la seguridad del Estado en su comercialización, tenencia, uso y en su acceso”.

El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, adelantó a este suplemento algunas características del planteamiento. Por ejemplo, éste pretende que “el que suministrare armamento, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, a personas naturales o jurídicas no autorizadas por ley, será sancionado con pena privativa de libertad de cuatro a ocho años, más 1.250 días de multa. La pena será agravada en un tercio del máximo, más 1.500 días de multa si la provisión fuera para fines ilícitos y, en dos tercios, más 1.500 días de multa, si se tratara de armamento militar o policial”.

Para el tráfico, se postula que “todo aquel que sin autorización legal: importe, exporte, reexporte, transfiera, entregue, traslade, comercialice, almacene o reciba armas de fuego, municiones, explosivos, otros materiales relacionados, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a 15 años, más 1.000 días de multa”. Mientras que la provisión de armamento a personas naturales o jurídicas no autorizadas por ley, sería penada con entre cuatro y ocho años de cárcel, más 1.250 días de multa. Tomar en cuenta que el artículo 211 del Código Penal vigente castiga estos delitos con entre uno y cuatro años de prisión.

El abogado Juan José Lima formó parte de la sociedad civil que revisó el anteproyecto de 2011. Es un experto en el tema y aclara que diseñar un texto para el rubro requiere de acuerdos. Respecto a la entidad encargada de  catalogar estos materiales, comenta: “El consenso es que el registro debe ser único y universal.

Esto significa que todas las armas y explosivos del país deben encontrarse registrados en una sola base de datos que —obviamente— debe estar bajo el control de una sola institución”.

“El último anteproyecto que conozco (de julio de 2011) acordó un sistema mixto respecto a los explosivos. Se respetaba el registro único del Ministerio de Defensa y determinaba un control obligatorio del Ministerio de Gobierno”. En esta misma línea, el planteamiento aprobado en 2009 establecía la creación del Registro General de Armas, del Ministerio de Defensa, para catalogar a las empresas importadoras, exportadoras, comercializadoras y fabricantes industriales de armas, municiones, explosivos; y del Registro Policial de Armas de Uso Civil, a cargo del Ministerio de Gobierno y de la Policía.

Ahora, según el ministro Romero, se tiene la misión de allanar la promulgación de la legislación. Al respecto, el presidente de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, Carlos Aparicio (MAS), es optimista respecto a la futura norma. Explica que ésta no será “maléfica” en cuanto al comercio legal de detonantes. “Esta gente del rubro va a tener que sacar permisos y demostrar que esos explosivos y la dinamita que sacan será para el fin requerido”. O sea, para tareas industriales, entre ellas la minería.

A partir de la aprobación, Aparicio adelanta que se hará un seguimiento a los detonantes y las armas, algo similar a la hoja de ruta que se emite en el tema de la comercialización de coca. El objetivo final, según el diputado, es que se evite que la población esté armada y cometa delitos, y recuerda que en julio un grupo de delincuentes asaltó a dos buses que iban por Apolo, refriega que dejó muertos y heridos. “Por eso es necesaria la ley. Con ella, quizás se hubieran evitado estos atracos”.

La ley permitirá cumplir pactos internacionales

El experto Juan José Lima explica que la legislación que regule el tema de armas, municiones y explosivos es necesaria por razones formales y de fondo. “Desde el punto de vista estrictamente jurídico, al no aprobar esta norma, el Estado viene incumpliendo diversos acuerdos internacionales”. Uno de ellos es la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (Cifta). Otro es el Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos. Los países vecinos cuentan con leyes de este tipo y la ausencia de un cuerpo legal específico en Bolivia perjudica el control de armas ilícitas en la región.

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