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Las alcaldías y gobernaciones tienen que asumir cuidado del patrimonio

El ministro de Culturas, Pablo Groux, anuncia que este mes se socializará el primer borrador de Ley de Patrimonio y señala que el Estado, las gobernaciones, las alcaldías, las comunidades e incluso la Iglesia deben compartir responsabilidades en el cuidado de bienes culturales.

Pablo Groux, ministro de Culturas

Pablo Groux, ministro de Culturas

La Razón

00:00 / 05 de noviembre de 2012

— ¿Qué medidas son necesarias para luchar contra el tráfico de bienes culturales?

— La primera y la más importante es el registro y catalogación de bienes culturales declarados patrimonio, una tarea dificultosa ya que esto se ha concentrado en lo que era el Instituto Boliviano de Cultura, luego el Viceministerio con su Secretaría de Cultura y ahora el Ministerio de Culturas. De lo que se trata es de centralizar esto porque en el caso de pérdida de algún objeto, el requerimiento que hace cualquier organismo judicial o cultural en el orbe es que tengamos la capacidad de demostrar la propiedad y el registro del bien.

La segunda medida es compartir responsabilidades en cuanto a la custodia y conservación del patrimonio. La mayoría de los casos de pérdidas de bienes culturales ocurren en municipios pequeños o en comunidades donde ni los párrocos ni las autoridades municipales tienen una correcta implementación de medidas de seguridad. Entonces, el concepto, en uno y en otro sentidos, es que la protección de los bienes culturales baje al nivel municipal y, en los patrimonios eclesiásticos, es la iglesia la que tiene que asumir una responsabilidad directa sobre la custodia.

Aparte, se debe establecer a través de las comunidades indígenas originarias campesinas mecanismos de información y socialización de la pertenencia patrimonial de bienes. Recordemos el caso de los tejidos de Coroma, en que la comunidad no era bastante consciente de la importancia de este patrimonio.

— ¿En qué queda la Ley de Patrimonio?

— La ley está normando estos criterios. Diría que ésta tiene un área de clasificación y de determinación conceptual de cada uno de los bienes patrimoniales que tenemos en el país: material, inmaterial, arquitectónico, arqueológico, entre otros. La otra área de influencia es precisamente la asignación de responsabilidades para las entidades territoriales autonómicas. Hablamos de comunidades indígenas, gobiernos municipales y departamentales y, por supuesto, el Estado, cada cual en un nivel de supervisión y legislación de acuerdo con la jurisdicción territorial que tiene.

— ¿En qué está el debate de esta norma?

— Tenemos un primer borrador en análisis profesional científico al interior del Ministerio de Culturas, que yo estimo que en este mes cruzaremos con el análisis y la socialización con los colegios de arquitectos, sociedades de arqueología, distintas organizaciones vinculadas al patrimonio inmaterial, especialmente, para establecer los criterios más específicos en cada una de ellas.

— Hay piezas históricas rescatadas de traficantes que se encuentran en depósitos de museos sin que puedan ser restauradas porque los juicios no acabaron... 

— Hemos comenzado a tomar acciones. Es importante la custodia de todos los bienes culturales que hayan sido objeto de una incautación por tráfico, colecciones no autorizadas. Ante ello, hemos recurrido a la autoridad correspondiente para que, primero, nos permitan abrir los depósitos de los museos y, a partir de eso, iniciar un proceso de catalogación y de conservación de cada una de las piezas. Pero en el fondo, ¿cuál es la solución? Infraestructura destinada a la conservación y exposición de bienes patrimoniales. Es evidente que salvo en la ciudad de La Paz, incluso con muchas deficiencias, no tenemos repositorios adecuadamente implementados en el resto del país. Son muy contadas y muy puntuales las instituciones museísticas que reúnen las condiciones para la conservación de bienes. En algún momento el Estado intentó apostar por el concepto de “museos servicio”, museos comunitarios, lamentablemente no funcionaron porque en ellos se ha plagiado y perdido la mayor parte del patrimonio que estaba en custodia.

—¿Y el proyecto de Policía Cultural que manejaba hace algunos años?

— Se lo está implementando a través de la Policía Boliviana en un proceso de cualificación y formación de oficiales que se especializan en la identificación de redes de tráfico ilícito de patrimonio y de las piezas en puntos de frontera, aeropuertos o puertos de embarque. Gracias a ellos hemos identificado, por ejemplo, una momia que estamos devolviendo al Perú, una colección de fusiles del Ejército boliviano que un diplomático norteamericano quería sacarla amparado en la valija diplomática. Sin embargo, no hemos podido incidir más allá de esta formación puntual para tener una Policía Cultural, quisiéramos tener una unidad de investigación exclusiva, pero las condiciones objetivas de la institución policial nos impiden todavía poder alcanzar este objetivo.

— A manera de conclusión, se puede decir que la apuesta principal del Ministerio de Culturas apunta a compartir responsabilidades en el cuidado de las piezas culturales con los niveles subnacionales y locales, gobernaciones y alcaldías.

— Efectivamente, es un resumen muy preciso. Cada unidad autonómica territorial tiene que asumir su responsabilidad por el patrimonio cultural que posee.

Perfil

Nombre: Pablo César Groux Canedo

Nacimiento: La Paz, 29-06-1968

Profesión: Licenciado de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)

Cargo: Ministro de Culturas

Carrera

Desarrolló sus actividades profesionales como investigador social y docente universitario; es especializado en Comunicación política. Fungió como oficial mayor de Culturas de La Paz, viceministro de Desarrollo de Culturas y ministro de Culturas entre 2009 y 2010. También fue embajador del país ante la Unesco.

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