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El alcohol y las drogas mueven una fortuna en cárceles del país

Las redes generan medio millón de dólares por semestre en San Pedro y más de un millón cada tres meses en Palmasola

La Razón / Jorge Hernán Quispe Condori

00:00 / 20 de mayo de 2013

Son las 02.23 del domingo 27 de enero. Entre las sombras de la noche, una vagoneta blanca llega con prisa a la puerta del penal paceño de San Pedro. Una mujer desciende del coche; dos varones hacen lo mismo y cargan un bulto con latas de alcohol para meterlo al recinto ante la pasible mirada de un guardia encargado de la seguridad interna.

Después de 27 horas, a las 05.30 del lunes 28, seis personas ingresan clandestinamente a La Posta, la sección “exclusiva” de la prisión donde radican reos “importantes” como Santos Ramírez, exjefe de la estatal petrolera o, anteriormente, Leopoldo Fernández, exprefecto de Pando. La Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP) posee informes de ambos casos, incluida una filmación, que demuestran que el control es aún una falencia en el centro; y el primero valida que el tráfico de bebidas alcohólicas opera con la licencia verde olivo.

Movimiento. Es la punta del ovillo de un negocio que mueve una fortuna no sólo en San Pedro, sino en otras cárceles del país. Las estrategias y los actores de esta cadena ilícita se reinventan constantemente. El director de la DGRP, Ramiro Llanos, hizo una revelación con base en sus cálculos oficiales: los licores y las drogas, más otros cobros ilegales (revisar la nota de las páginas 8 y 9), mueven al menos medio millón de dólares cada seis meses en San Pedro, ganancia que incita a que las redes involucradas asuman cualquier riesgo para obtenerla.

“Una botella de alcohol que cuesta Bs 10, al interior del reclusorio vale Bs 180; además existen internos que pagan $us 750 a los delegados para entrar directamente a La Posta”, señala Llanos. Desde el patio del penal, el dirigente Ever Quiliche sale en defensa de los privados de libertad, niega las acusaciones y critica el hacinamiento imperante. “Este sitio fue hecho para 500 personas y aquí estamos 2.500 que debemos sobrevivir cada día y si hay alguien que está metido en (venta de alcohol y de narcóticos), nuestra seguridad interna interviene”.

Bolivia cuenta con 54 establecimientos penales, de los que 37 son carceletas. Hasta diciembre del año pasado habían 14.272 prisioneros, de los que 11.988 (84%) eran detenidos preventivos y 2.284 (16%) tenían sentencia, de acuerdo con los datos recolectados por la Defensoría del Pueblo. El coronel Rolando Ramos, exdirector nacional de Seguridad Penitenciaria, brinda otro dato preocupante. “En 2010 habían unos 8.000 reos y ahora llegan a más de 14.000”, es decir, hubo un incremento de casi 75% en las penitenciarías del territorio nacional.

Más de un millar de niños vive con sus progenitores en los reclusorios. Y un informe de la Fundación Milenio indica que el Estado gasta $us 2,05 millones anuales por esta sobrepoblación. Tomás Molina, exdirector de la DGRP, considera que la internación de alcohol y de estupefacientes está íntimamente unida a la promiscuidad, el hacinamiento, la pobreza extrema, la falta de trabajos, campos deportivos, agentes especializados, pedagogos y aulas de estudio, los bajos salarios de los gendarmes y la pésima infraestructura en los penales.

MAÑAS. Bajo la garantía del anonimato de su identidad, dos exinternos de San Pedro y Chonchocoro (también en La Paz) develan a Informe La Razón cómo operan los grupos que contrabandean artículos ilícitos en las prisiones, lo que está confirmado por (ex)autoridades penitenciarias. Nada más al empezar la entrevista, el exprivado de libertad de San Pedro lanza una interrogante. “¿Por dónde cree que entran bebidas alcohólicas y drogas a las cárceles?”. Tras un momento de silencio, responde: “¡Por la puerta pues papá!”.

La mejor evidencia de que el tráfico de alcohol no cesa en San Pedro, según las fuentes entrevistadas, son las decenas de latas de cerveza en lata e incluso botellas de variopintas marcas de licores que la empresa recogedora de basura colecta del centro después de Año Nuevo, Carnaval o el Día del Recluso, que se celebra el 24 de septiembre. “Siempre me decían que las bebidas alcohólicas ingresan por la puerta principal, y así es, yo lo verifiqué”, comenta el exhabitante del penal que está ubicado en la zona central de la ciudad paceña.

El de Chonchocoro remarca que la ley del silencio es la regla consuetudinaria que rige entre los prisioneros para que no se identifique a los involucrados en el contrabando de licores y de estupefacientes en los recintos penitenciarios. “Los contactos con los guardias son lo más importante”. El coronel Ramos admite tal aseveración. “Existen policías que se prestarían a este tipo de actividades (internación de alcohol)”, e informa que un mayor que trabajaba en San Pedro fue replegado del sitio porque, supuestamente, autorizó la entrada de seis personas el 28 de enero en la madrugada.

¿Cómo funcionan estas redes de tráfico en las cárceles? Lo que ocurre en San Pedro sirve de ejemplo para explicar esto. El exinterno de este reclusorio cuenta que allí existe al menos una decena de proveedores de bebidas alcohólicas y que se debe contar con un capital mínimo de Bs 10.000 para darle impulso a esta actividad. Después de reunir el dinero, generalmente el negociante opta por meter los licores por litros, gracias a familiares e incluso niños de cómplices, como hace el contrabando hormiga en las fronteras binacionales, o “compra” la ayuda de uniformados para una mayor mercancía. 

“Una madrugada, como a eso de las 05.00, miré que la luz de la puerta principal del penal estaba apagada y al acercarme vi por un hueco a unas personas que entraban y salían corriendo con maletas. De repente, uno de los vigilantes se confundió de camino y le pregunté: ¿Cabo, cabo, para quién es eso? Y se fue nomás”. Horas después, un teniente llamó por su apellido al ahora expresidiario y le comunicó: “Tranquilo nomás, tranquilo nomás, cualquier cosa me dices. Ya sabes que favor con favor se paga”. Por callar, ganó un buen trato. 

Si logran sumar guardias a sus filas, los contrabandistas “amarran” la inversión incluso con éstos. Uno de los pactos más comunes, según las fuentes, es que los proveedores ponen el 50% de los recursos económicos requeridos para la compra del alcohol —para algún evento o para repartirlo de poco— y los cuidadores la otra mitad. Las ganancias son repartidas de la misma forma. “Así, tenientes de servicio y jefes de seguridad se hacen cargo del 50% y entran todas las bebidas; los internos las descargamos en las celdas”, señala el exrecluso.

Posteriormente es el turno de los distribuidores, que tienen la misión de entregar los licores en las diez secciones de San Pedro; paralelamente, son los encargados de juntar el dinero para la repartija final. Inclusive hay proveedores que mezclan el alcohol con agua, para tener más producto e ingresos. “Claro que los oficiales deben ganar muy bien, deben ganar la mitad por lo menos, como dije antes”. Asimismo, el entrevistado señala que entre las 02.00 y 05.00 es el horario preferido por las mafias para ingresar bebidas alcohólicas a esta prisión.

Otra maña es internarlas en bolsas negras que llevan basura, que son usadas como “pantallas”. “Una madrugada, un policía le pasó a un interno unos sacos; fui al lugar, toqué y me percaté que era líquido. Les pregunté: ¿Qué están metiendo, droga o alcohol? Y el preso me respondió: ‘Es que tengo mi familia pues y tengo que mantenerla’. Y se fue”. Una hora después, esta persona se disculpó y le entregó un paquetito. “Supuse que eran 10 o 20 bolivianos, pero me sorprendí al ver que eran 300 bolivianos y pensé: Éste es un buen negocio”.

Ante las requisas de las autoridades, los reclusos esconden los licores en espacios inimaginables, como debajo de los machihembres o en los tumbados de los calabozos, o perforan las gruesas paredes de San Pedro para armar depósitos que son llenados con la mercancía —la que incluye los estupefacientes—, para después revocarlas. “Después pintan los muros, les ponen un televisor delante y listo”, confiesa el expreso de esta penitenciaría. Este modus operandi se repite en Chonchocoro, a 30 kilómetros de la urbe paceña, admite el otro exinterno.

El tráfico de drogas sigue el mismo método, de acuerdo con las fuentes. La marihuana y el cristal o la cocaína son los que tienen más demanda. “En San Pedro venden una bola (un gramo de marihuana) entre 80 y 90 bolivianos, mientras que el sobre de cristal cuesta más de 100 bolivianos”, sentencia el expreso de esta cárcel. Un estudio realizado por la Organización de los Estados Americanos en reclusorios del país, Cárcel y drogas, ya alertó en 2007 de la relación entre privados de libertad y uniformados en esta actividad reñida con la ley.

La encuesta indica que cuatro de cada diez internos plantean que encargados de seguridad se encuentran involucrados en el ingreso de estupefacientes. Además, 42,9% de los varones admite que los narcóticos son introducidos por la puerta de los penales y 25,5% de las mujeres afirman lo mismo. Más todavía, 79,1% de los entrevistados admite que el contrabando de esta mercancía es común en las prisiones; mientras que el 26,2% asevera que los distribuidores emplean a niños para burlar los controles de la fiscalización externa e interna.

Llanos confirma que “malos policías” de algunas penitenciarías son parte de este ilícito. “Hemos empezado un proceso de desintoxicación en estos sitios, pero todavía hay un conjunto de malos guardias que internan estas (bebidas alcohólicas y narcóticos)”. A comienzos de año, el Director de la DGRP lidió con una crisis en San Pedro, an la que se exigió su salida. Él alegó que esto fue incentivado por cofradías de narcotraficantes y colectores de alcohol que pugnan por tener el monopolio de la venta de estos artículos prohibidos en el recinto paceño.

PENAS. La norma anticorrupción castiga el incumplimiento de deberes en su artículo 154: el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto de propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La disposición 185 se refiere a la  legitimación de ganancias ilícitas y la condena con entre cinco y diez años de cárcel para funcionarios inmiscuidos con contrabando, corrupción, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, entre otras.

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión y el Reglamento General de Centros Penitenciarios igual mente penan estos delitos. Y en lo referente a los prisioneros, la primera señala que el consumo de alcohol, drogas o fármacos no autorizados es considerado una falta grave; y la introducción, el ocultamiento, la provisión y la facilitación de esta mercadería, además de armas o explosivos, implican una falta muy grave (más datos en el apoyo de la página anterior).

Pero si en San Pedro se mueve medio millón de dólares en un semestre, gracias a la compraventa de bebidas alcohólicas y estupefacientes, y otros cobros indebidos; en Santa Cruz, en la cárcel de Palmasola, el rubro generaría más de $us 1,3 millones cada trimestre. El cálculo corresponde nuevamente a Llanos. Es que los precios de estos productos están por las nubes en estos sitios. “Los negociantes quintuplican y más su inversión. Una vez en Año Nuevo nos dieron un whisky de 110 bolivianos en 400 bolivianos”, recuerda el expreso de San Pedro.

El reclusorio cruceño es el más grande de Bolivia y también está asolado por el hacinamiento. Su infraestructura es para un millar de detenidos y alberga tres veces más su capacidad. Allí aún no se instalaron cámaras de seguridad como en San Pedro. Y a comienzos de mayo, 300 agentes decomisaron en un operativo 31 bidones de 40 litros y tres baldes con chicha casera, 111 sobres con marihuana, dinero falsificado, cuchillos, tijeras, punzones caseros…

En Cochabamba, el director departamental de Régimen Penitenciario, Dennis Mejía, comenta que la filtración de datos sobre redadas es moneda corriente. “Lamentablemente en los centros penitenciarios no sólo hay antisociales, sino expolicías, exabogados y gente con influencia que tiene acceso a la información”. Por ello, ahora organiza requisas sin que intervenga “el Comando Departamental (de la Policía), porque cuando hacemos eso se filtra la información y los operativos son sólo un saludo a la bandera”.

El oficial replegado de San Pedro por lo sucedido el 28 de enero espera la citación del Ministerio Público. Para el fiscal de materia Javier Monasterios, esto es una buena señal; no obstante, insiste en que las redes de internación de alcohol y narcóticos en los penales involucra una responsabilidad mutua, “tanto de funcionarios policiales como de internos y deben someterse a la Ley de Ejecución Penal”; aparte que aconseja que estos delitos sean sancionados con la normativa anticorrupción y el Reglamento General de Centros Penitenciarios. 

La DGRP apuesta por la implementación de dispositivos técnicos como cámaras, detectores de huellas, registros biométricos, sobre todo en San Pedro y Palmasola; asimismo, prepara un programa de especialización para los uniformados que cuidan las prisiones. Sin embargo, hay algo que llama la atención en la lucha contra estas ilegalidades: las imágenes de la vagoneta que descargó material sospechoso en San Pedro la madrugada del 27 de enero, se borraron misteriosamente; aunque Llanos manifesta que fue porque el personal recién aprende sobre el manejo del sistema de filmación.

El exdirector Molina plantea que la respuesta a la introducción de licores y de estupefacientes pasa por separar a imputados, condenados, adultos, jóvenes, hombres, mujeres y niños… “Los males se mantendrán incólumes si no se cambia esto. La solución debe ser integral. Por ejemplo, mientras no tengamos una policía penitenciaria especializada, con sueldos dignos, estos productos seguirán ingresando a todas las cárceles”. La DGRP apunta a un plan nacional para que detenidos preventivos y condenados no habiten el mismo recinto.  

Mejor equipamiento y agentes capacitados son las aspiraciones del coronel Ramos, quien pide mano dura para los involucrados en el tráfico de bebidas y narcóticos.

“No podemos socapar, estaríamos involucrados como cómplices”. Y aclara: “Los policías no quieren venir a trabajar a los recintos penitenciarios porque llegan sin ningún antecedente; pero si hay una fuga o algún problema, salen con un proceso institucional en la Fiscalía”.

En la Defensoría del Pueblo, Ramiro Iquise informa que se deben mejorar las condiciones de los reclusos como primer paso. “Si bien esta población está privada de su derecho a la libertad, no está privada del derecho a la vida, a la locomoción, a la religión, a la educación y al trabajo”. En esto, la reinserción social y la educación en las prisiones siguen siendo las principales asignaturas pendientes. “En las cárceles nosotros debemos autorehabilitarnos, porque todos nos olvidan”, protesta Quiliche.

Cuando Informe La Razón habló con el exrecluso de Chonchocoro, éste preguntó, con tono sarcástico: “¿Y usted cree que después de este reportaje la situación va a cambiar?” Mientras que el exinterno de San Pedro —tras ver las fotos de un supuesto traficante de alcohol en el penal, que fue delatado a la Fiscalía y que se presentó en febrero como culpable de este ilícito—, lanza una teoría. “Era un k’oleador (drogadicto) que no tenía ni celda, seguro que le charlaron para que hable por 3.000 o 2.000 bolivianos; va a estar callado un tiempo, pero después va a querer hablar… ¿Qué harán después?”.

El prisionero fue acusado de la internación de alcohol de enero y el trasladado a la cárcel de Chonchocoro, pero luego retornó a San Pedro. Pero, igual el reclusorio de la urbe paceña siguió dando dolores de cabeza a las autoridades. En abril, los efectivos verde olivo hallaron, en una redada, forados en los que se descubrió armas blancas, teléfonos celulares, cargadores de artefactos electrónicos, gramos de marihuana y de cocaína, y recipientes con chicha casera. Otro caso que continúa en investigación.

Lo que determina  la Ley de Ejecución Penal y Supervisión

  • Artículo 129 (Faltas Graves). Son faltas graves las siguientes: consumir alcohol, estupefacientes o fármacos no autorizados, o sustraer herramientas de los talleres, entre otras.
  • Artículo 130 (Faltas muy Graves). Son faltas muy graves las siguientes: introducir, ocultar, proveer o facilitar alcohol, estupefacientes, fármacos no autorizados, armas, explosivos o cualquier otro objeto prohibido por el reglamento interno, entre otras.
  • Artículo 132 (Sanciones por Faltas Graves). Las faltas graves serán sancionadas con algunas de las siguientes sanciones: prohibición de participar en actos recreativos o deportivos, hasta un máximo de diez días calendario; prohibición de participar de la actividad común, hasta diez días calendario; privación de permisos de salidas, por un tiempo máximo de diez días calendario; privación de permisos de salidas, por un tiempo de treinta días calendario; prohibición de recibir visitas, por un máximo de veinte días calendario; traslado a otra sección del establecimiento de régimen más riguroso, por un máximo de treinta días calendario, o permanencia solitaria en su celda individual o en aquellas especialmente destinadas al efecto, hasta diez días calendario ininterrumpidos.
  • Artículo 133 (Sanciones por Faltas muy Graves). Las faltas muy graves serán sancionadas con algunas de las siguientes sanciones: prohibición de participar en actos recreativos o deportivos, hasta un máximo de veinte días calendario; exclusión de participar de la actividad común, hasta un máximo de veinte días calendario; prohibición de recibir permisos de salidas, por un tiempo máximo de sesenta días calendario; prohibición de recibir visitas por un máximo de treinta días calendario; traslado a otra sección del establecimiento de régimen más riguroso, por un máximo de sesenta días calendario, o permanencia solitaria del interno en su celda individual o en aquellas destinadas especialmente al efecto por un tiempo máximo de veinte días calendario ininterrumpidos.

Un ejemplo del precario control en San Pedro

D espués de un primer ingreso al penal de San Pedro en calidad de periodista, decidí volver una semana después, pero como un civil que quería hablar con un amigo, sólo que ahora llevaba una grabadora. Esa mañana de jueves —día de visitas junto al domingo— hice la fila pacientemente hasta que abrieron el portón pasadas las 09.30; saqué mi carnet de identidad ante un policía que anotó mi nombre, preguntó a quién buscaba y qué relación tenía con el interno.

Mientras eso sucedía, otro uniformado me requisó y, posteriormente, me interrogó: “¿No está llevando teléfono celular ¡No!?”. A lo que dije, obviamente, que “no”.

Está prohibido entrar a la prisión con teléfonos móviles y otro tipo de artefactos electrónicos; pero el gendarme no detectó que portaba mi reportera. Segundos después, me remangué la camisa, me pusieron un sello y me dirigí a otro callejón, donde un oficial me grabó otro sello, me solicitó de nuevo mi carnet y me alcanzó una contraseña para mi salida.

Pasaron 15 minutos y el “taxi” —así llaman a quienes brindan el favor de ubicar a la persona que uno busca— retornó y me comentó que mi amigo me esperaba en el patio. Hice la nota con mi reportera. Al salir, alcancé la contraseña y me devolvieron mi carnet. Me sorprendió la facilidad con la que uno puede burlar las requisas. Por ello, el coronel Rolando Ramos, exdirector nacional de Seguridad Penitenciaria, cree que es necesario un escáner para revisar, como se debe, a las personas que entran a este penal paceño.

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