informe

El avance de un juicio está en manos de EEUU y el otro, paralizado

A cuatro días del último disparo en el punto neurálgico de los enfrentamientos, el 17 de febrero de 2003, Evo Morales, entonces diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), junto a otros parlamentarios interpuso la proposición acusatoria para el inicio de un juicio de responsabilidades por el delito de genocidio contra el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y los ministros de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín; de Defensa, Freddy Teodovich y de Gobierno, Alberto Gasser.

La Razón

00:00 / 13 de febrero de 2013

Aún no hay culpables de los hechos trágicos de hace diez años en la plaza Murillo de La Paz y sus alrededores, e  incluso en El Alto. Los dos procesos impulsados por la Fiscalía, víctimas y familiares están paralizados, uno en Estados Unidos y otro, en la Justicia boliviana. Las pesquisas apuntan a cuatro exautoridades y 19 militares, policías y civiles como presuntos responsables de 31 muertes y más de dos centenares de heridos.

A cuatro días del último disparo en el punto neurálgico de los enfrentamientos, el 17 de febrero de 2003, Evo Morales, entonces diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), junto a otros parlamentarios interpuso la proposición acusatoria para el inicio de un juicio de responsabilidades por el delito de genocidio contra el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y los ministros de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín; de Defensa, Freddy Teodovich y de Gobierno, Alberto Gasser.

Vía crucis 1. Una fuente del Ministerio Público que pidió reserva en su identidad, señala que Sánchez de Lozada movió todas sus fichas en los ámbitos político —mediante sus congresistas del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)— y judicial para que no prosperen las acusaciones en su contra. “Él tenía aliados en todos los niveles de poder e incluso se valió de ellos después de octubre de 2003, cuando escapó del país tras la denominada ‘guerra del gas’”.

Fue así que el 23 de agosto de ese año, cuando Sánchez de Lozada aún estaba sentado en la silla presidencial, Óscar Crespo, fiscal general de la República, rechazó la apertura del litigio y ordenó el archivo de obrados, con el argumento de que “no existe materia justiciable”. Morales no se quedó de brazos cruzados e interpuso un amparo constitucional que fue declarado procedente el 5 de octubre de 2004 por la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca, que anuló la determinación de Crespo.

Documentos oficiales a los que accedió Informe La Razón rememoran que, luego, la causa pasó a manos del nuevo fiscal general César Suárez, que retomó la proposición acusatoria y logró que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia dictamine, el 2 de diciembre, la remisión del requerimiento fiscal al Poder Legislativo. No obstante, el siguiente freno fue activado por los magistrados del Tribunal Constitucional, el 16 de marzo de 2005.

Tras revisar el fallo del amparo constitucional, esta instancia emitió la Sentencia Constitucional 0129/2005, que definió la anulación de obrados porque no se había notificado con el recurso planteado por Morales a las exautoridades denunciadas en su calidad de “terceros interesados”. Y sobre mojado, llovido. El 8 de diciembre del mismo año, el Congreso rechazó la apertura del juicio de responsabilidades.

Lo llamativo es que la resolución parlamentaria 006/05-06 fue aprobada a días del cambio completo de legisladores y del final del gobierno de transición de Eduardo Rodríguez Veltzé, que dio paso al mandato de Evo Morales como presidente, quien fue electo el 19 de diciembre y posesionado el 22 de enero de 2006. Para entonces, más de un centenar de víctimas y familiares, representado por los abogados Arturo Vargas y Liz Romero, impulsaba el proceso.

Éstos entablaron un recurso constitucional contra la determinación congresal, que fue aceptado por el Tribunal Constitucional, el 14 de febrero de 2006, y posteriormente, declarado procedente. No obstante, el camino del juicio de responsabilidades se encuentra bloqueado hasta que se notifique a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en Estados Unidos —que radican allí desde octubre de 2003— con la Sentencia Constitucional 0129/2005.

Para cumplir con este requisito, en diciembre de 2008 el fiscal general Mario Uribe aseveró que los exhortos suplicatorios (solicitudes de cooperación internacional en procesos judiciales) estaban en el Ministerio de Relaciones Exteriores para que, en el marco de acuerdos y tratados internacionales, los remita al Departamento de Estado estadounidense, y éste los envíe al Departamento de Justicia y, posteriormente, a la autoridad judicial competente.

María Calcina, representante de los afectados que apoyan el litigio, presentó varias cartas a la Cancillería para averiguar la situación del trámite. La última respuesta le llegó el 19 de marzo de 2009: se remitió a la “Embajada de Bolivia en Estados Unidos los Exhortos Suplicatorios debidamente legalizados y certificados por el Consulado de los Estados Unidos de América”. Desde entonces, la madre de Julián Sánchez Calcina (16+), fallecido en febrero de 2003, no accedió a más pistas.

A fines de diciembre de 2012, Informe La Razón se contactó con la Unidad de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer qué pasó con la diligencia. Sorpresa, las autoridades desconocían la existencia del caso. Óscar Calle, funcionario de la entidad, explica que los únicos documentos hallados son las respuestas a las misivas de Calcina. El 3 de enero de este año, la institución envió una nota con el título de “Urgente” para que la legación boliviana en territorio estadounidense brinde un informe.

El director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos, César Siles, critica que no haya un “mecanismo de presión” para exigir que se cumpla con el pedido.

“Lamentablemente, en los tratados vigentes que tenemos con Estados Unidos no tenemos un plazo para pedirle que cumpla con esos exhortos y con esa notificación”. Los problemas son similares a la solicitud de extradición de Sánchez de Lozada para que enfrente el juicio por la muerte de más de 60 personas en octubre de 2003.

“La figura de la cooperación jurídica internacional se basa mucho en el principio de reciprocidad. A veces, desde allá (Estados Unidos) también nos mandan solicitudes y nuestras autoridades aquí se demoran algunos meses y hasta años”. Asimismo, hay un principio de soberanía, por el cual el Gobierno norteamericano puede o no dar respuesta a la petición. O sea, lo único que le queda a la administración boliviana es esperar la voluntad estadounidense porque ni siquiera se sabe qué ha pasado con los exhortos.

El grupo de heridos y familiares de fallecidos en febrero de 2003 que empuja el proceso todavía no se da por vencido. Paralelamente exige que el Estado cumpla con convenios para la dotación de fuentes laborales o seguros médicos, entre otros puntos. Una parte de las víctimas se acogió a la indemnización de Bs 50 mil que el mandato de Sánchez de Lozada otorgó en 2003. Y otras prefirieron evitar el suplicio de frecuentar los estrados judiciales o dejaron “en manos de Dios” la búsqueda de justicia, como la doctora Carla Espinoza, que recibió un disparo en el rostro.

El abogado Vargas ratifica que la única información que manejan sus defendidos es que los exhortos esperan su turno para la notificación. Mientras que el exfiscal Milton Mendoza, que fue parte de la comisión que investigó lo ocurrido hace diez años y hoy es magistrado suplente del Tribunal Constitucional, sostiene que la demora preocupa y califica a la Sentencia Constitucional 0129/2005 como un “candado” puesto por los magistrados de entonces para no avanzar en este pleito.

Vía crucis 2. Mendoza afirma que hay argumentos para que esta disposición tomada hace casi ocho años desemboque en un juicio de responsabilidades contra los magistrados y que se pudo seguir el litigio en rebeldía de los “terceros interesados”, tal como pasó en el proceso por octubre de 2003. Ahora, si los exhortos son aplicados, la Fiscalía General del Estado debe empezar nuevamente los trámites del juicio de responsabilidades, desde la acusación y la solicitud al Órgano Legislativo.

Las averiguaciones que realizó el Ministerio Público tropezaron con dificultades desde 2003. Por ejemplo, primero se nombró un fiscal que resultó ser hermano de un alto funcionario del Ejército; luego, una abogada fue destinada a la labor y también tenía parentela en las Fuerzas Armadas. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y la Policía impidieron estas nominaciones. Hasta que el 23 de abril de 2003, Milton Mendoza, Williams Alave y Luis Andrade fueron designados al caso.

Se usaron imágenes y audios para facilitar el trabajo. Es más, personas llevaron fotos y filmaciones inéditas para su valoración. “Es uno de los mejores casos de hecho criminal donde hemos tenido cámaras, radios, profesionales de los medios de comunicación en el conflicto. Lo que pasó ha sido realmente un conglomerado de imágenes muy reveladoras. Por lo general uno debe reconstruir los hechos desde cero, pero acá ya teníamos todo”, relata Mendoza a Informe La Razón.

Meses después, la Fiscalía alegó indicios de responsabilidad penal contra 19 individuos (ver recuadro), entre militares, policías y civiles. Fue la base para que los damnificados representados por los abogados Vargas y Romero entablen un juicio ordinario por los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, desacato, entre otros.

Pero en el camino se toparon con sobreseimientos por la supuesta inexistencia de delitos o responsabilidad de los acusados, la anulación de obrados, y el expediente pasó un éxodo de un tribunal a otro.

En el interín, los militares hicieron una jugada para evadir los estrados públicos. Tras los hechos sangrientos de 2003, se apuró un proceso penal castrense, que es calificado como “mañudo” por Waldo Albarracín, quien fue presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. “Cuando vieron que sus cuatro camaradas que dispararon podían ser acusados de asesinato, ellos promovieron un juicio vacuna para evitar que se enfrenten a una auténtica causa en la vía ordinaria”.

Las disposiciones del Código Penal Militar establecen una pena privativa de libertad de cinco a ocho años a quien cometa el delito de lesiones graves, y para el homicidio, una sanción de uno a diez años de presidio. El 16 de febrero de 2004, el Tribunal de Justicia Militar declaró a los coprocesados Gróver Monroy Aliaga, Rafael Enrique Mendieta Vera, Yamil Édgar Rocabado Villegas y José Enrique Costas Wanting, inocentes de los delitos de exceso y hostilidad a particulares.

Los efectivos alegaron inocencia pese a las pruebas existentes, sobre todo filmaciones que los mostraban empleando armas de fuego. Informe La Razón contactó a dos de los cuatro soldados mediante las redes sociales; pero éstos evitaron referirse a lo ocurrido. Igual se visitó el Tribunal de Justicia Militar, donde nadie pudo rendir cuentas del caso e inclusive un coronel sugirió que la documentación de entonces pudo perderse tras una revuelta que afectó a la entidad. La única certeza es que los involucrados continúan con su carrera castrense.

En cuanto al litigio en la jurisdicción ordinaria, los supuestos responsables aún no pudieron sentarse ante el juez. Si Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín todavía no pueden ser notificados en Estados Unidos, en Bolivia tampoco se pudo realizar esta diligencia a los 19 acusados por el Ministerio Público: algunos cuestionaron las solicitudes judiciales para que asuman su defensa. Asimismo, fueron publicados edictos en medios impresos.

En el último semestre, el Tribunal Séptimo de Sentencia de La Paz convocó a dos audiencias que resultaron suspendidas porque no se consiguió la notificación personal de los procesados. El juez Carlos Espinoza indica que para el miércoles 20 de febrero hay un nuevo emplazamiento. Si nadie se presenta, el caso seguirá a paso lento, habrá que hacer otra citación y esperar que esto cambie.

La fuente de la Fiscalía que pidió reserva en su identidad comenta que la principal estrategia de los militares es alegar de que ya fueron juzgados en la vía castrense y de que no pueden ser procesados en dos ocasiones por el mismo delito, tal como dicta la ley. “Además, se sabe que algunos fueron destinados a otros departamentos o se les perdió el rastro, al igual que con los policías”. Sin embargo, una fuente judicial revela que no es ilusorio que los efectivos castrenses pierdan su fuero y se sometan al juicio ordinario.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, subraya que todo está en manos de la Justicia. “Febrero de 2003 constituye una fecha de luto, de dolor, con un saldo lamentable de muertos. El registro histórico no puede quedar simplemente como narración de los hechos, sino como la resolución de las responsabilidades. Por eso, la Justicia debería concluir esta investigación con el establecimiento de responsabilidades”.

Los 19 acusados por la Fiscalía en el caso Febrero

Militares

José Enrique Costas Wanting

Gróver Monroy Aliaga

Rafael Enrique Mendieta Vera

Yamil Édgar Rocabado Villegas

Policías

David Braulio Vargas Flores

Gonzalo Medina Sánchez

Ángel Rivero Pérez

Julio César Reinaga Rojas

Juan Javier Salgueiro Hurtado

Víctor Hugo Ramírez Jiménez

Rody Chalco Peñaranda

Juvenal Ossio Rengifo

Daniel Alejandro Cahuana Loza

Civiles

Johnny Alarcón Ticona

René Molina Valderrama

Gonzalo Antonio Zambrano Dorado

Jorge Saavedra Vargas

Ramiro Roberto Chipana Alanoca

Iver Tito Medina Gutiérrez

Aparte de ser acusados por los delitos de homicidios y lesiones gravísimas, entre otros, los miembros de la Policía son sindicados de levantarse en armas y los efectivos del Grupo de Acción Inmediata (GAI), de matar a dos soldados. Los cuatro militares son responsabilizados de usar armas letales contra la población. Y los civiles, de promover desmanes en la plaza Murillo y en otros lugares de las ciudades de La Paz y El Alto durante los hechos sangrientos orurridos en febrero de 2003.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia