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El caso Terrorismo I dejó al menos cuatro cabos sueltos

Pesquisas de la Fiscalía señalan que personalidades vinculadas a entes empresariales y cívicos apoyaron al grupo irregular

Municiones y documentos hallados en los operativos del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas y la Fexpocruz.

Municiones y documentos hallados en los operativos del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas y la Fexpocruz. Fotos: archivo La Razón, Informe de la comisión multipartidaria de la cámara de diputados y Elisa Medrano

La Razón (Edición Impresa) / Elisa Medrano Cruz

00:00 / 06 de abril de 2015

La madrugada del 16 de abril de 2009, vecinos del hotel Las Américas, ubicado en el primer anillo de la ciudad de Santa Cruz, oyeron una fuerte explosión y luego una serie de disparos. Pensaron que se trataba de una revuelta o una revolución. Nunca imaginaron que en ese céntrico hospedaje se encontraba alojado un grupo terrorista, según la acusación del Ministerio Público, cuyos integrantes fueron contratados por personalidades cruceñas empresariales y cívicas para formar una guerrilla y dividir al país.

En la intervención a ese hospedaje fueron abatidos Eduardo Rózsa Flores, boliviano-húngaro; Arpad Magyarosi, rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés. En ese escenario también fueron capturados con vida Mario Francisco Tadic Astorga, boliviano-croata, y Elöd Tóásó, húngaro.

El jueves 16 se cumplen seis años del hecho y el juicio oral por este caso comenzó en 2012. La Fiscalía halló responsabilidad en 39 personas y las acusó por los delitos de terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado. Del total, 22 individuos comparecieron ante el Tribunal 1° de Sentencia, pero uno fue excluido, por lo que el proceso continuó para 21.

De esa cantidad, cinco se declararon culpables y se sometieron a juicios abreviados admitiendo las dos faltas en el grado de complicidad. El resto, 16 ciudadanos, aún acude al banquillo de los acusados y está a la espera de una sentencia o de su absolución. Otras 17 personas fugaron del país (ver infografía de las páginas 8 y 9).

Cuando esa indagación estaba en curso, los plazos llegaron a su término y el Ministerio Público tuvo que presentar la acusación, explica el fiscal Sergio Céspedes, miembro de la comisión investigadora. No obstante, todavía quedaban, al menos, cuatro cabos sueltos.

El primero está referido a quiénes financiaron el grupo irregular, por lo que se abrió el caso Terrorismo II. El segundo es la presunta participación del reelecto gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Un tercer tema pendiente es la denuncia del intento de magnicidio del presidente Evo Morales y otras autoridades. Y un cuarto punto se refiere a los otros miembros de la agrupación armada.

En el caso Terrorismo I se estima que al menos $us 20 millones fueron recaudados para solventar las actividades del grupo separatista. En tanto, el proceso denominado Terrorismo II está a punto de ingresar a la etapa de juicio. En el caso están incriminadas 14 personas, quienes están en la mira por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, terrorismo, alzamientos armados en contra de la seguridad y soberanía del Estado, conspiración y organización criminal (leer nota de las páginas 14 y 15).

Sin embargo, no es el único tema que quedó irresuelto y que puede ameritar una investigación. De hecho, un segundo punto pendiente es la presunta participación del gobernador reelecto de Santa Cruz,  Rubén Costas Aguilera, cuyo hermano, Pablo Humberto, quien también está acusado por el caso, fugó del país.

El fiscal Céspedes, que impulsa los procesos Terrorismo I y II, explica que Rubén Costas debe ser procesado porque fue uno de los autores que organizó la guerrilla y convocó a Rózsa. “Tenemos versiones de los condenados (Mario) Tadic) y (Elöd) Tóásó, de que Rózsa se había reunido varias veces con Rubén Costas, que firmó un contrato con él para ser su asesor, que incluso visitó el stand de Cotas. Eso quiere decir que estaba inmerso en esta actividad y como existe una nueva versión, merece su investigación”.

Tadic y Tóásó incriminaron a la autoridad, luego de que se declararan culpables por el delito de alzamientos armados en el grado de complicidad. “El gobernador (Rubén Costas) nos trajo”, afirmó Tadic en una parte de su declaración ante el juez Sixto Fernández. Tóásó complementó que el ahora gobernador reelecto se reunió con Rózsa. “(Esa vez) yo estaba en la plaza principal (14 de Septiembre de Santa Cruz) cuando él (Rózsa) se reunió en una casa blanca con Costas”.

Para la Fiscalía, las versiones de los dos sentenciados tienen peso, porque el primero era el segundo hombre al mando del denominado Frente Democrático de Defensa de Santa Cruz (FDD), que era el brazo operativo de los separatistas; mientras que el segundo era el encargado de planificación del citado grupo.

Costas ya había sido mencionado en el informe de la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados que indagó este hecho en 2009. En una parte de la pesquisa se alude a un correo electrónico presuntamente enviado por Rózsa a Itsvan Pistovak, otro miembro de la célula terrorista, en el que le asegura que el gobernador (Costas) es una de las cabezas visibles e integrante de un consejo.

“Los miembros del consejo, o sea las cabezas visibles, los dirigentes del movimiento: Rubén Costas Aguilera (gobernador); Branko Marinkovic, presidente del Comité Cívico, una organización con gran influencia, es también llamado por los de Santa Cruz, el Gobierno Moral…”, escribió Rózsa, según la comisión, a través del correo enviado desde [email protected] a Pistovak, cuyo e-mail era [email protected]

Si bien en ese mensaje supuestamente Rózsa hace mención a Costas y la comisión de Diputados recomendó al Ministerio Público investigarlo, los fiscales no lo convocaron en el caso Terrorismo I, por lo que no fue imputado ni fue incluido en la acusación que formuló la Fiscalía. Pero tampoco fue incorporado en la investigación del caso Terrorismo II.

Con las revelaciones de Tadic y Tóásó, Céspedes asegura que Costas sí tuvo una participación directa, pero todavía la comisión de fiscales no decidió si lo incluirá en ese segundo proceso o si será parte de una tercera indagación.

El fiscal explica que la autoridad regional fue parte del Grupo Intelectual que planificó, en primera instancia, la lucha por la autonomía y que proyectó declarar la independencia de Santa Cruz y otros departamentos si es que no se lograba ese objetivo, y que convocó a Rózsa para que conforme una guerrilla.

“Tenemos una versión de los mismos acusados que estuvieron participando en estos hechos (de quiénes eran parte del Grupo Intelectual), uno era Rubén Costas, los financiadores Hugo Achá, Alejandro Melgar, Branko Marinkovic, todas estas personas que conformaban y que decidieron (la lucha armada), Guido Nayar que estaba en ese entonces, y hay otras personas que conformaron y que vinieron de la logia Caballeros del Oriente, el Comité Cívico, la Gobernación, y éste es un grupo que se conformó en aquella oportunidad”, afirma Céspedes.

Alegatos. Informe La Razón intentó conocer la versión de Costas respecto a la acusación de la Fiscalía, pero su vocero, Vladimir Peña, indicó que él se encontraba empeñado en impulsar la campaña electoral en marzo y que no se iba a pronunciar. Sin embargo, luego de que la Vicepresidencia y el Ministerio de Comunicación publicaran una separata y difundieran spots televisivos en los que involucran a Costas con el grupo terrorista, el gobernador reelecto se pronunció y llamó “cobarde” y “terrorista confeso” al vicepresidente Álvaro García Linera. Además anunció que iniciaría un proceso.

Sobre la presunta participación de Costas, Óscar Ortiz, senador del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), agrupación de la cual el gobernador es líder, aseveró que la versión no es creíble, porque el caso fue un montaje del Gobierno para atacar a los líderes de la oposición, principalmente de Santa Cruz.Aparte, según el asambleísta, las versiones de Tadic y Tóásó no son verosímiles porque ambos negociaron su libertad a cambio de incriminar al líder político, lo que fue parte de una “campaña sucia”.

Un tercer punto pendiente en la investigación es la denuncia del intento de magnicidio contra el mandatario Evo Morales y otras autoridades.

El fiscal Céspedes explica que en los documentos a los que se tuvo acceso, Rózsa afirmó que la seguridad de altas autoridades del país no era apta, porque había estado cerca del presidente Morales en el lago Titicaca y que podía haber atentado contra el gobernante.

Precisamente tras los hechos acaecidos en Santa Cruz, el 16 de abril de 2009, el vicepresidente García Linera denunció que el grupo de mercenarios pretendía atentar contra su integridad y la del Jefe del Estado, entre otras autoridades. Basó su afirmación en informes de Inteligencia que aseguraban que personas lideradas por Rózsa estuvieron presentes en actos públicos de Morales e hicieron seguimiento al desplazamiento de sus caravanas y las de algunos ministros.

Ese extremo fue indagado por el exfiscal Marcelo Soza, quien huyó del país y actualmente se encuentra refugiado en Brasil, pero Céspedes sostiene que no se llegó a incluir ese punto en la acusación porque los tiempos procesales de la investigación habían vencido.

Sin embargo, en declaraciones al Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil, Soza dijo que la teoría del asesinato quedó en el olvido “porque nunca se pudo conseguir nada que lo sustente”.

Investigación. No obstante, Céspedes remarca que la posibilidad de indagar el intento de asesinato del Mandatario todavía está abierta. “Mientras hayan, existan y se descubran indicios sobre otros hechos, es posible investigar de acuerdo a la importancia que se tenga; si no tenemos esos indicios, obviamente qué vamos a investigar”, comenta el representante del Ministerio Público.

Un cuarto elemento que aún está irresuelto es la participación de otros cinco integrantes del grupo separatista, quienes, según el Ministerio Público, se fueron del país días antes de que se produjera el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, el 15 de abril de 2009, y del día del operativo policial en el hotel Las Américas. Se trata de Tibor Revesz (húngaro), Tamas Lajos Nagy (húngaro), Itsvan Pistovak (eslovaco), Daniel Gaspar (húngaro) y Gabor Dudog (húngaro).

Todas esas personas, asegura Céspedes, eran miembros del grupo armado. “Son los que han venido y han ingresado al país para apoyar a Rózsa, pero han salido antes del 12 de abril (2009)”, sostiene el fiscal, y aclara que no será posible procesarlos porque no se los puede ubicar.

Aun cuando hay temas que todavía deben ser esclarecidos, el Ministerio Público señala que su teoría respecto a que en el país hubo terrorismo y alzamientos armados, cuya finalidad era consolidar la separación del territorio nacional, quedó plenamente demostrada en el juicio denominado Terrorismo I.

Así por lo menos lo aseguran Céspedes y su colega Javier Monasterios. Ambos llegan a esa conclusión debido a que cinco de los principales implicados se declararon culpables en el grado de complicidad y se sometieron a juicios abreviados.

El primero de ellos es Ignacio Villa Vargas, quien recibió una condena de ocho años por el delito de terrorismo; Juan Kudelka, Mario Tadic, Elöd Tóásó y Zoilo Salces fueron sentenciados por alzamientos armados y recibieron una condena de seis años y nueve meses, cinco años y diez meses, cinco años y diez meses, y siete años, respectivamente.

“El hecho al derecho se ha llegado a adecuar, porque de acuerdo con las investigaciones y a la aceptación de culpabilidad de estas personas, ellas manifiestan que se ha cometido esa acción y que han sido parte, de que evidentemente muchas personas que han sido involucradas en el caso del terrorismo y están siendo acusadas todavía en este juicio oral, han sido partícipes de este acto criminal”, indica Monasterios, y complementa que los dos delitos por los que se inició el proceso judicial fueron cometidos con la finalidad de lograr el separatismo y la división de los departamentos de occidente respecto a oriente.

Similar es el criterio que manifiesta su colega Céspedes. “Lo que se sostiene en la acusación del Ministerio Público ha sido demostrado, significa que ha existido, se ha cometido el delito de terrorismo, que existen los hechos y que se ha cometido el delito de alzamientos armados contra la soberanía del Estado”.

La defensa de los acusados observa que éstos no pueden ser condenados por complicidad, porque aún no se sentenció a los autores intelectuales y materiales de este hecho. Sin embargo, según Céspedes, ésa es una apreciación equivocada. “Pienso que simple y llanamente se ha mencionado (esa observación) como forma de distraer a la sociedad, al tribunal. El mencionar que se debe demostrar primero la teoría para demostrar complicidad, pero técnicamente la complicidad es un delito autónomo, que se condena por complicidad así no se haya condenado al autor”.

Pero fuentes del Juzgado 1° de Sentencia de La Paz precisan que esas condenas no prueban que se haya cometido esos delitos y que los representantes del Ministerio Público deberán demostrar, en el juicio que está en curso, que hubo terrorismo y alzamientos armados.

Y precisamente con esa finalidad, el proceso judicial ingresará a la fase probatoria, una etapa crucial en la que la Fiscalía deberá sustentar con pruebas testificales, documentales y materiales que se cometieron dichos delitos y también la autoría de los mismos. Para ello, los representantes del Ministerio Público ofrecieron 42 testigos, 44 pruebas documentales y 115 pruebas materiales.

Entre los declarantes de la Fiscalía se encuentran los investigadores que intervinieron en el hotel Las Américas y los predios de la Fexpocruz (Feria Exposición de Santa Cruz); el exfiscal Soza, que está fuera del país, y algunos de los acusados. Entre las pruebas documentales se presentarán correos electrónicos, reportes de empresas telefónicas sobre llamadas entre los involucrados y manuscritos de los presuntos terroristas. En la prueba material se encuentran las armas, municiones, aparatos celulares, computadoras, vehículos, entre otros.

Sin embargo, el material explosivo, que también fue ofrecido como prueba material y que fue secuestrado del stand de Cotas (Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz), en la Fexpocruz, fue destruido por Bomberos, ya que era de alto riesgo y parte del mismo se encontraba en estado de descomposición, según informó en su momento el exfiscal Soza.

Algunos de los procesados coinciden en que en esta etapa la Fiscalía debe comprobar su culpabilidad. “No tengo por qué presentar pruebas, no tengo nada, el que no hace nada, nada tiene; yo quiero que me muestren la reliquia que le he vendido (a Rózsa) y voy a desafiar al Tribunal y al Ministerio Público a ver si esa arma dispara”, afirma Juan Carlos Guedes, uno de los procesados a quien se acusa de la dotación de armas y explosivos al grupo irregular, entre otras acciones.

Otro procesado, Juan Carlos Santiesteban, pedirá que los representantes del Ministerio Público prueben todo lo que se le acusa. “Dónde está el allanamiento a mi consultorio, el inventario de las armas que dicen que tenía en mi oficina”. No obstante, asevera que puede demostrar que las acusaciones en su contra, respecto a que facilitó alimentación y hospedaje a la célula terrorista, así como atención médica, no son veraces.

Similar es el criterio expuesto por el abogado del general Gary Prado, Otto Ritter, quien comenta que los fiscales deben comprobar, por ejemplo, que su defendido facilitó información al grupo irregular sobre el despliegue militar del país, así como que formó parte del Estado Mayor del Frente Democrático de Defensa y que elaboró documentos para la organización de milicias en Santa Cruz.

El fiscal Céspedes confirma la situación. “Al formularse una acusación, quien está obligado a demostrar los fundamentos de la misma es la Fiscalía y los acusados no tienen por qué demostrar su inocencia, pero si quieren hacerlo, obviamente tienen todo el derecho”.

Explica que el juicio por el caso Terrorismo I tiene un avance del 80%, por lo que prevé que concluirá a fin de año.

Este proceso judicial, que se instaló el 9 de octubre de 2012 en Tarija y que prosiguió en Santa Cruz, donde actualmente se realizan las audiencias, comenzó con la etapa de fundamentación, es decir, la presentación del caso por parte de los representantes del Ministerio Público; posterior a ello vino la fase de incidentes y excepciones; luego el Tribunal recibió las declaraciones de los acusados; seguidamente la defensa presentó su fundamentación.

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