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No hay centros para rehabilitar víctimas

No se cuenta con un espacio de rehabilitación exclusivo para las víctimas de trata y tráfico en el país. Es la conclusión a la que llegan autoridades y representantes de entidades que tratan este tema. Una falencia que pretende ser subsanada por el proyecto de Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas que es discutida en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que incluye mecanismos de protección, de atención y de reintegración para las mujeres afectadas por este flagelo.

La fachada del centro que alberga a menores infractores de la ley y víctimas de trata y tráfico. Se encuentra en la plaza Arandia de     la zona de Villa  Fátima, en La Paz.

La fachada del centro que alberga a menores infractores de la ley y víctimas de trata y tráfico. Se encuentra en la plaza Arandia de la zona de Villa Fátima, en La Paz. Foto: Nicolás Quinteros

La Razón

00:00 / 16 de julio de 2012

En la zona de Villa Fátima de La Paz se halla el Centro de Diagnóstico y Terapia Mujeres, dependiente de la Gobernación. Allí son enviadas las menores damnificadas por estos delitos; no obstante, comparten su estadía con infractoras de la ley. “No podemos mezclar a niñas que sufrieron tanto y necesitan amor con chicas de conducta violenta. No decimos que ahí son maltratadas, pero la mayoría no quiere estar ahí”, manifiesta Jessica Velarde, responsable del área de Trata y Tráfico del Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer (Cecasem).

Similar opinión tiene Marco Antonio Gira, jefe de la Red 165 de la Alcaldía de La Paz. Pero Cristina Rojas, directora del Servicio Departamental de Gestión Social, que está a cargo del sitio, aclara que allí hay un ambiente para estas víctimas y otro para menores huérfanas, extraviadas o que vulneraron las normas. “Tienen médico, psicóloga, trabajadora social y dos educadoras que les brindan atención integral y también hay voluntarios que las capacitan” en oficios para su reinserción social.

No obstante, esto no es suficiente, en criterio del representante en Bolivia de la Organización Internacional para las Migraciones, Wálter Arce, ya que se precisa de centros modelos de atención que no sólo otorguen tratamientos médicos y psicológicos a las afectadas, “sino que las acompañen en su proceso legal, para que quienes les causaron el daño sean castigados. Hoy la mayoría de casos queda impune y ellas se sienten desvalidas”. Asimismo, sostiene que se debe incidir en que no pierdan el contacto con sus seres queridos.

MEDIDAS. El planteamiento normativo que radica en el Legislativo hace hincapié en que el Estado aplicará las medidas necesarias para evitar la “revictimización” de quienes cayeron en las redes de trata y tráfico. Por ejemplo, ordena a servidores públicos, jueces, fiscales, investigadores y médicos forenses a adoptar un Protocolo Único de Atención Especializada que respete la dignidad y libertad de las afectadas, para evitar los interrogatorios redundantes, careos y múltiples exámenes forenses.

Además, protege el derecho a la intimidad, privacidad y la absoluta reserva de la identidad de las damnificadas, testigos y denunciantes, así como de sus familias. Contempla el uso de las cámaras Gesell (habitaciones acondicionadas para permitir la observación con personas) en el proceso de investigación, incluso la posibilidad de cambiar la identidad de los involucrados para precautelar sus vidas, y para brindarles seguridad temporal. También  se determina que las actuaciones judiciales que involucren a niños se realicen sin la presencia de medios de comunicación.

En cuanto a la rehabilitación de las víctimas, se establece que el Gobierno y las entidades territoriales autónomas deben garantizar su atención física y psicológica y su reintegración social, económica y cultural, mediante la creación de centros de acogida especializados. Incluso, Arce explica que estos lugares deberán recibir el nombre de “casas”, en las cuales las internas tendrán la posibilidad de ingreso y salida de acuerdo con sus necesidades vinculadas con el trabajo y la capacitación.

Por último, el proyecto contempla que el Ministerio de Trabajo adoptará un programa que apoye la inserción de las damnificadas en el mercado laboral, de acuerdo con un reglamento a cargo del Servicio Público de Empleo, que igualmente tiene a su cargo la fiscalización a las agencias privadas de empleo, oficinas que actualmente están relacionadas con la trata y el tráfico de personas en el territorio nacional y que se enlazan con redes de otras naciones.

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