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El comercio de la dinamita cunde por el Cerro Rico

Tiendas y puestos venden explosivos sin las debidas medidas de seguridad y sin verificar que sean destinados a la industria.

La Razón / Erick Ortega

00:00 / 22 de octubre de 2012

Booom”, dice el vendedor. Abre los ojos en señal de admiración, después baja el tono de voz y continúa su relato con un tono cómplice. “Un cartucho de dinamita mezclado con Anfo (combustible y nitrato de amonio) puede hacer volar una habitación”. Luego, permanece en silencio y espera las preguntas de los turistas.

La alemana Melanie observa absorta la explicación. Toma entre sus manos una guía de dinamita, posteriormente agarra un cartucho, pero no se anima a tocar el fulminante que es más pequeño y delgado que una bala calibre 22. No está sola, sus compañeros que son parte del tour pierden la vista entre los otros puestos del Mercado del Minero de Potosí, casi en las faldas del Cerro Rico, al final de la calle Hernández, que en tiempos de la Colonia era llamada Calle de la Pólvora y que hoy continúa haciéndole honor a ese apelativo en el barrio El Calvario.

Allí impera la comercialización de explosivos. Varias tiendas ofertan guardatojos, cascos, guantes, coca, alcohol... implementos metalúrgicos. Pero entre la mercadería sobresalen las dinamitas, los fulminantes, las guías y las bolsas o los saquillos de Anfo. Nada raro si se toma en cuenta que la zona y estos locales-almacenes son frecuentados por más de 15 mil mineros agrupados en tres decenas de cooperativas que extraen la plata del yacimiento, del cual, de acuerdo con los cálculos oficiales, salen entre 2.500 y 3.000 toneladas de cargas mineralizadas por día.

Permisivo. Eso sí, lo llamativo —y que preocupa a las autoridades locales— es que los detonantes son accesibles no sólo para los trabajadores que ingresan a las entrañas del Sumaj Ork’o, sino para el público en general, que sólo requiere lanzar el pedido para obtenerlos. Comprar una dinamita es tan fácil como comprar un pan en una tienda de abarrotes. No hay control de por medio y los vendedores no llevan registros ni exigen documento alguno para certificar que, por ejemplo, estos materiales peligrosos serán destinados a fines industriales.

Inclusive, el comercio y el uso de dinamita son parte de los paquetes de agencias turísticas y hoteles de la Villa Imperial para visitar el interior y la faena en el Cerro Rico, por entre Bs 70 y Bs 80 por persona. El recorrido tiene como punto de partida la calle Hernández o el Mercado del Minero, donde por las mañanas o por las tardes llegan nacionales y extranjeros atraídos por conocer la vida minera. Basta que uno compre una o varias dinamitas para que los guías o los obreros hallados en la travesía por los socavones realicen una demostración explosiva.

El “combo” —es decir, la dinamita, la guía y el fulminante— vale hasta Bs 10. Cada jornada hay compradores de todo tipo por el sector. Y no hay restricciones. Por ejemplo, Informe La Razón caminó por el sitio el viernes 12 y verificó que un hombre ingresó a un micro de la línea 70 cargado de dinamitas, fulminantes, guías y una bolsa de 10 kilos de Anfo suficiente para hacer volar el vehículo y sus pasajeros, algo prohibido por el Reglamento para la Importación, Exportación, Transporte, Almacenamiento, Comercialización y Empleo de Explosivos, Armas y Municiones.

Según los datos extraoficiales de la Alcaldía de Potosí, unas 50 familias se dedican exclusivamente a la comercialización de explosivos en las faldas del coloso de plata. La mayoría de los vendedores tiene su cuartel general en la calle Hernández: habilitan las tiendas de sus casas para ofertar sus productos y cuentan con bodegas en las que apilan las cajas de detonantes. La normativa del rubro también exige requisitos para habilitar almacenes de este tipo, pero ello tampoco se cumple y la presencia del material pone en riesgo a los vecinos que habitan en el barrio.

Por ello, a comienzos del milenio, el Gobierno Municipal quiso trasladar a los comerciantes de la Hernández y el Mercado del Minero. Mediante un acuerdo con la Unión Europea y el Programa Apemín II se construyó el Mercado del Minero, ubicado al empezar la cuesta del cerro. Allí se erigieron 26 habitáculos con depósitos especiales para explosivos. Sin embargo, hasta ahora nadie se ha trasladado y los cuartos, sin estrenar, están repletos de polvo y se han convertido en “bares” improvisados. Al contrario, ladrones han robado vidrios, focos, marcos de ventanas y hasta letrinas.

El comandante departamental de la Policía, Ramiro Cossío, se molesta con la pregunta: “¿Es común la venta de dinamita?”. Contesta con otra interrogante: “¿Usted de dónde es?”. Y acota: “Acaso no sabe que la dinamita se vende normal nomás”. Afirma que el explosivo es un arma, pero que no se tuvo ningún problema con ésta; que su uso es tan corriente que hay explosiones incluso en los cumpleaños. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Potosí, Guillermo Sejas, es más gráfico: “La dinamita se vende como pan en la urbe”.

Hay dos tipos de vendedores minoristas de explosivos. Por un lado, están quienes acomodan sus puestos en el Mercado del Minero, a la intemperie; los otros tienen sus tiendas en la calle Hernández. Una comerciante explica que los cuatro productos —dinamita, guía, detonante y Anfo— no producen una explosión por sí solos y que el elemento principal es el fulminante. La única medida de seguridad que se toma es que el fulminante se encuentre en la sombra, porque es peligroso que caliente demasiado. Un eventual estallido puede activar una dinamita y las consecuencias serían lamentables.

El encargado de archivo de ordenanzas y resoluciones de la Alcaldía, Percy Ponce, se tomó una mañana entera para buscar alguna normativa que regule la comercialización de este material. “No existe ninguna ordenanza para la regulación y lo único que estaba previsto era la construcción del mercado para la venta de explosivos”. En abril resurgió el tema del traslado de los vendedores tras un incendio en una de las tiendas-almacenes de la calle Hernández, que fue sofocado a tiempo. “Si Bomberos tardaba algunos minutos más, se podía desencadenar una verdadera desgracia”, comenta el intendente Noel Navía, quien colaboró en el operativo.

El Concejo Municipal potosino igualmente apoyó el desplazamiento; pero los comerciantes se negaron como a inicios de este siglo. Su principal alegato es que el área donde operan albergó históricamente su negocio, o sea, desde que se empezó a explotar las vetas del Cerro Rico. Más aún, allí se encuentran sus viviendas y sus bodegas, que les resultan más cómodas. Además, el Mercado del Minero y la calle Hernández son lugares estratégicos porque son paso obligado para el ascenso a los yacimientos mineros y están conectados con la ciudad.

Navía ratifica que no hay ley alguna que organice esta compraventa. Tampoco conoce de la vigencia del reglamento que fue emitido por el Ministerio de Defensa en 2008 y que dicta los lineamientos en el rubro. “Por eso no estamos autorizados para ejecutar alguna acción de control. Y no sólo es dinamita, también hay combustibles y otros artefactos peligrosos”, añade. Ni siquiera se han implementado operativos para conocer las características de los almacenes de explosivos. La única respuesta fue la construcción del mercado que luce abandonado.

Riesgos. El acceso irrestricto a materiales explosivos tiene efectos colaterales. El coronel Sejas cuenta que los accidentes y atentados con dinamita son comunes y que desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen atendió varios hechos de este tipo. Navía recuerda a un universitario que perdió la mano derecha por la mala manipulación del detonante. El funcionario municipal Percy Ponce señala que supo de inmolaciones. “Es fácil matarse con dinamita, porque se la consigue en la calle y por aquí casi todos saben usarla”.

Y las leyendas urbanas también le dan diferentes empleos a este producto; por ejemplo, existen personas que revientan dinamitas en jornadas en que impera la lluvia o los truenos, porque tienen la creencia de que después del estallido el cielo aminorará su furia. Historia aparte son las manifestaciones, en las cuales es común que alguien suelte un cachorro de dinamita —pedazo del cartucho del explosivo— mezclado entre los petardos.

Pero desde la aprobación del Decreto Supremo 1359 del mes pasado, la Policía potosina anunció la incautación de explosivos en las protestas sociales. Este cuerpo legal prohíbe la tenencia y utilización de estos materiales, y se apoya en el artículo 211 del Código Penal, que dice: “El que con el fin de crear un peligro común para la vida, la integridad corporal o bienes ajenos, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviera bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, así como los instrumentos y materiales destinados a su composición o elaboración, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años”.

Al llegar a Potosí, Melanie no tenía idea de que era posible ingresar a una mina cargando dinamita. Ella sólo pensaba en conocer la vida de los trabajadores del subsuelo. Aunque es una excepción porque, según comerciantes de la calle Hernández, a los extranjeros les gusta conocer el poder destructivo del explosivo. El vendedor que atiende a la alemana se despide de los turistas invitándolos a hacer reventar un cartucho en las vetas. “No se preocupen, es sencillo, no pasará nada, no es peligroso”, sugiere. Y después añade: “Sólo pueden hacerlo en Bolivia”... y, es cierto.

También es cierto que la falta de control en la comercialización de esta mercadería que, según el reglamento sólo debe ser destinada a tareas industriales (entre ellas la minería), abre las puertas a otros riesgos. Uno de los casos más bullados sucedió el 22 de marzo de 2006, cuando el estadounidense Lestat Claudius de Orleáns y Montevideo perpetró dos atentados dinamiteros en la ciudad de La Paz, con el saldo de dos muertos, tras comprar los explosivos precisamente en la Villa Imperial.

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