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Los contrabandistas saquean la madera de seis áreas protegidas

El delito ronda por los parques Isiboro Sécure, Madidi, Manuripi, Pilón Lajas, Amboró y El Choré de cinco regiones del territorio nacional

La Razón

00:00 / 13 de agosto de 2012

Desde hace más de una década, el guardaparques Robert Salvatierra recorre montes y bosques para cuidar la biodiversidad. Lo hace a pie, a caballo, en lancha o en movilidad. No importa el medio de transporte, sino cuidar a los turistas y precautelar la pesca, la caza, la flora, la fauna, que no se generen incendios o se talen los árboles en las áreas protegidas del país. 

En el pasado, su tarea no implicaba muchas dificultades, pero hoy, hasta pone en riesgo su vida y la de sus 315 colegas, entre hombres y mujeres, debido a los contrabandistas de madera y otros recursos naturales, cazadores y otros personajes que asuelan por esos territorios. Bolivia cuenta con 129 áreas protegidas, de las cuales 23 son de interés nacional y son administrados por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

Precisamente esta entidad —de la cual depende Salvatierra—, más la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y las Zonas Fronterizas (Ademaf) y la Gobernación de Santa Cruz señalan que al menos seis áreas protegidas de cinco regiones son las más perjudicadas por el tráfico de madera: el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (entre Beni y Cochabamba), el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (La Paz), la Reserva Nacional de Vida Silvestre Manuripi (Pando), la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas (entre Beni y La Paz), el Parque Nacional y Área Natural Amboró y la Reserva Forestal El Choré (Santa Cruz).

ORGANIZACIÓN. El modus operandi para la extracción de madera es el corriente: los taladores cortan los árboles, generalmente en complicidad de indígenas y campesinos que los ayudan a burlar los controles, para luego trasladar la mercadería a centros de acopio o depósitos en zonas urbanas o periurbanas, o en barracas ilegales. Generalmente este trabajo se desarrolla en las noches, añade el responsable del Sistema de Protección del Sernap, Álvaro Baez.

La extensión de las áreas protegidas impide una mejor fiscalización, pero los guardaparques se las arreglan para cumplir con su deber. Salvatierra comenta que con la presencia de traficantes de madera y otros delincuentes en estos lugares, la faena se ha complicado. “Varios tuvieron que enfrentarse con hombres armados.  No portamos armas, eso ha hecho de que hayan fallecido 13 compañeros; cuatro  asesinados por disparos en el Área Natural Apolobamba (La Paz), realizando sus actividades de control de las vicuñas”.

Esta indefensión ha provocado que estos cuidadores se apoyen en las Fuerzas Armadas, a través de la Ademaf, sobre todo en las áreas protegidas que enlazan con las fronteras con otros países. Por ejemplo, en la reserva pandina de Manuripi que colinda con el Perú, señala Salvatierra, se organizó actividades entre militares y guardaparques. A la par, policías los colaboran cuando se halla una comunidad involucrada con la tala ilícita.

Los entrevistados coinciden en que una de las zonas donde hay varios poblados relacionados con los contrabandistas de madera es el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que tiene 1,2 millones de hectáreas. “Allí he visto convenios entre dirigentes y autoridades indígenas con empresarios madereros que explotaban irracionalmente la madera”, rememora Jerjes Mercado, director nacional de la Ademaf.

El caso más llamativo fue de Fernando Vargas, líder del TIPNIS, quien, de acuerdo con documentación a la que accedió La Razón, figura como beneficiario de 14 mil dólares por la explotación y venta de madera en 1997. No obstante, el involucrado alegó que los papeles eran adulterados y subrayó que no participó en actividades ilegales, ya que si hubo comercialización de madera en el TIPNIS, se la hizo bajo planes de manejo forestal.

Julia Molina —que habita en la comunidad Santísima Trinidad y preside la Subcentral de Mujeres de ese parque natural en el cual el Gobierno impulsa un proyecto carretero— cuenta que es común ser testigo del tráfico de madera en las poblaciones 3 de Mayo, Puerto Beni y El Carmen. “Los indígenas dicen que trabajan con planes de manejo, pero ni sabemos qué es eso. Creo que se está abriendo caminos para sacar madera”.

Yeny Suárez, de la población San Pablo del mismo reservorio natural, agrega que se conoce que indígenas, mayormente de las comunidades de Santo Domingo, Oromomo y en la zona Sur en manos de los colonizadores, contrabandeaban la madera de los almendrillos y los mapajos con ayuda de empresarios.

No obstante, Gumercindo Pradel, dirigente del Consejo Indígena del Sur, niega tal aseveración y aclara que los comunarios defienden los recursos de sus predios.

En el área protegida paceña del Madidi, la situación es la misma: sus 1,8 millones de hectáreas están a merced de traficantes que no sólo extraen madera, sino el oro de sus vetas, para posteriormente pasar la mercadería al Perú. Asimismo, Baez informa que existen procesos penales por contrabando de recursos maderables en los parques de Pilón Lajas y de Manuripi. “Es que en estas áreas todavía hay especies protegidas por ley, como la mara, que todos quieren saquear”.

La situación de uno de los pulmones y de regulación del clima del departamento de Santa Cruz, la Reserva Forestal El Choré (más de un millón de hectáreas), ha activado la alerta de las autoridades. Un informe de la Gobernación señala que la deforestación en este sitio desde 1976, ha provocado la pérdida de 60 mil hectáreas y en los últimos años la tasa se incrementó a un ritmo de entre 10 mil a 15 mil hectáreas por año.

El tráfico de madera es uno de los motivos de esta depredación, a la par de la ampliación de la frontera agrícola por parte de colonizadores que cultivan coca, de acuerdo con datos del gobierno departamental. Los desmontes son otro de los peligros que amenaza a la riqueza boscosa de las áreas protegidas cruceñas, como ocurre en las reservas forestales de Guarayos y Bajo Paraguá, donde los avasallamientos de asentamientos humanos ha puesto en crisis al ecosistema.

Amboró. Otro de los espacios atacados por los contrabandistas de recursos forestales es el Parque Amboró, ya que una averiguación emprendida por la Gobernación de Santa Cruz y por guardaparques de la zona, desnudó la explotación ilegal de madera, a la par de la comercialización de carne y animales de la fauna silvestre. Así lo avalan las declaraciones de corregidores, autoridades y pobladores de los predios que resultaron afectados.

No obstante, Baez calcula que el tráfico de madera en las áreas protegidas ha disminuido en 50%, sobre todo en La Paz y es optimista de que la situación mejore más con la implementación de los Planes Generales de Manejo Forestal, con proyectos alternativos a la tala de madera, como pasa en Pilón Lajas. “La ganancia no llega de inmediato a diferencia de un árbol que al cortarlo y venderlo, ya da réditos; pero sembrar café les va a dar una buena cantidad de plata a los indígenas y el recurso maderable permanecerá ahí para armar un proyecto mucho más grande”.

Adolfo Chávez, dirigente de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano, comenta que desde el pasado, los indígenas aprovecharon sus recursos para sobrevivir y que gente inescrupulosa se valió de esa necesidad para cortar árboles y venderlos. “Muchos los apoyaban (a los contrabandistas de madera) porque obtenían dinero fácil y rápido, pero se dieron cuenta de que los más perjudicados son ellos porque los bosques se están acabando”.

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