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No hay control en la venta de explosivos en las minas

La Policía de La Paz tiene rastros de que se interna dinamita del Perú

La Razón

00:00 / 22 de octubre de 2012

Septiembre fue un mes marcado por el conflicto metalúrgico en Colquiri. Cooperativistas y asalariados midieron fuerzas por la veta orureña Rosario. El zafarrancho volvió a poner en el tapete de discusión el acceso y uso irrestrictos de explosivos, sobre todo dinamita. Incluso esta utilización indiscriminada derivó en la muerte de Héctor Choque, en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en la ciudad de La Paz. 

El ataque llegó de una marcha protagonizada por socios de la Cooperativa 26 de Febrero, que pasaba el miércoles 18 por El Prado. Varios cachorros de dinamita fueron lanzados hacia el frontis del inmueble, provocando el posterior fallecimiento del asalariado y nueve heridos. La Fiscalía continúa con las investigaciones y el Gobierno respondió con un decreto que penaliza el empleo y la tenencia de dinamita y explosivos en protestas sociales, con entre uno y cuatro años de cárcel.

No obstante, aún queda un tema pendiente. ¿Cómo regular el expendio de detonantes en el país? Fuentes de la Corporación Minera de Bolivia y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz apuntan a las zonas con vetas mineras en manos de cooperativistas como los centros donde se puede comprar explosivos sin restricciones. Así lo confirmó Informe La Razón, no solamente por el Cerro Rico de Potosí, sino en Llallagua.

Monopolio. A un par de cuadras de la plaza 6 de Agosto de la localidad nortepotosina de Llallagua se halla una casa amarilla de dos pisos acondicionada como bodega de explosivos. Una joven atiende amablemente en la planta baja y saluda a los potenciales clientes con un “señor ingeniero”. La habitación de cuatro metros cuadrados está pintada de rojo y amarillo, y hay al menos 50 cajas de detonantes. Un paquete grande de dinamitas cuesta Bs 1.100, informa la muchacha; aunque no precisa los cartuchos que contiene.

La comerciante es hija del dueño que apellida Zenteno, quien heredó el negocio de su hermano que viajó a Estados Unidos, según cuenta un vecino que pidió el anonimato. Tiene el monopolio del mercado del rubro en Llallagua y Siglo XX, yacimientos explotados por cooperativistas. Allí no se cumple la mayoría de los enunciados del Reglamento para la Importación, Exportación, Transporte, Almacenamiento, Comercialización y Empleo de Explosivos, Armas y Municiones.

La normativa fue autorizada por el Ministerio de Defensa en 2008, que vigila el sector a través de la Unidad de Material Bélico. En cuanto al almacenamiento ordena, por ejemplo, que los depósitos que albergan detonantes deben tener paredes dobles de concreto, señalización de advertencia, extintores o sistemas contra incendios, que estén alejados de otras construcciones, no posean sistema eléctrico. Puntos que no rigen en el local de los Zenteno.

Más aún, Germán Gabriel, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la población, recuerda que a comienzos de los años 80 otro lugareño administraba un almacén similar, hasta que una chispa originó una desgracia. “Luego hubo una explosión en la tienda-depósito que hizo desaparecer todo un manzano”.

Hay otras historias relacionadas con esta venta sin limitaciones. Hace cuatro meses un universitario perdió una mano cuando dos contingentes de estudiantes se enfrentaron en disputas locales a punta de dinamitazos. Por ello, el fiscal Eugenio Marca se lamenta por la carta blanca para esta comercialización: “Cuando protestan los mineros o los universitarios, llevan petardos y dinamitas. Es pertinente que se ponga coto a estas manipulaciones. Ahora nadie controla la oferta y, a fin de cuentas, una dinamita es un arma”.

El intendente de Llallagua, Abel Montes, complementa que la comercialización de este material no se encuentra normada en el ámbito local. “Además es un centro minero y no hay problema con el manejo de la dinamita porque desde jóvenes la sabemos manipular”, arguye la autoridad, que aprendió a detonar explosivos cuando tenía 14 años. Ninguno de los entrevistados menciona la vigencia del reglamento aprobado por el Ministerio de Defensa.

Este cuerpo legal determina que esta repartición gubernamental, mediante la Unidad de Material Bélico de la Dirección de Logística, se encarga de la fiscalización de toda la cadena —desde la importación, el transporte, hasta la manipulación— de los explosivos, armas y municiones en el territorio nacional, incluyendo el registro de las empresas y sujetos involucrados, como los grandes usuarios y comercializadores, los comerciantes intermediarios y los pequeños usuarios.

El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, a través de un cuestionario respondido a Informe La Razón, señala que “la comercialización dentro del territorio, tanto de armas de fuego, municiones, explosivos de uso civil, materias primas clasificadas tendientes a la fabricación de explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos y otros materiales relacionados, realizada por empresas registradas y autorizadas, se encuentran bajo control operativo del Ministerio de Gobierno a través de la Policía Boliviana”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, admite que rige la venta indiscriminada de dinamita. “El acceso se multiplica y el uso se hace discrecional. Queremos que los explosivos sean objeto de control”. Ante esto, anuncia de que se presentará un proyecto de Ley de Armas y Explosivos que involucre la restricción de circulación de estos detonantes peligrosos y que apoye el reciente Decreto Supremo 1359, que prohíbe la tenencia y utilización de dinamita en movilizaciones (leer la entrevista en la página 16).

El artículo 211 del Código Penal (fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas, asfixiantes, etc.) dicta que: “El que con el fin de crear un peligro común para la vida, la integridad corporal o bienes ajenos, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, así como los instrumentos o materiales destinados a su composición o elaboración, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años”.

Saavedra informa que la base de datos de su ministerio tiene registradas a cinco firmas que importan explosivos, otra que los exporta, cooperativas mineras que emplean detonantes para consumo propio, comerciantes intermediarios que los suministran en forma directa a las cooperativas que operan en menor escala, compañías que proporcionan servicios de exploración y explotación de petróleo con explosivos especiales, que los utilizan para la construcción de caminos o para la explotación de calizas. Los departamentos con mayor número de empresas son La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba y Beni, por la actividad minera imperante.

La Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena) tiene una fábrica de municiones y una empresa que se dedica a la producción de explosivos y sistemas de iniciación para los mercados nacional y extranjero: Maxam Fanexa, que oferta 13 tipos de productos y fue creada en 1999 de la unión de dos firmas, la Unión Española de Explosivos y Fanexa SAM, fundada en 1977 y reconocida en Bolivia por su alta seguridad y calidad.

El reglamento determina que los explosivos y accesorios sólo pueden ser empleados para fines industriales. Los principales materiales comercializados son: la pólvora negra, la dinamita, las emulsiones, los barros explosivos o hidrogeles, los booster, las cápsulas detonantes, las mechas de seguridad, la mecha rápida de ignición o cordón ignitor, los conectores para mecha, los detonadores no eléctricos, el cordón detonante, el nitrato de amonio y el anfo (ver infografía de la nota "El comercio de la dinamita cunde por el Cerro Rico").

Cancañiri. A diez minutos de Llallagua, sobre una pendiente pronunciada, se encuentra Cancañiri. Allí, a diario, unos 10 mil trabajadores del subsuelo ingresan en tres turnos al cerro para rescatar el poco mineral que queda. La zona fue explotada desde la época de Simón Patiño, a comienzos de los años 20 del siglo pasado. Hay cooperativistas que llegan con su material laboral; otros rentan sus guardatojos (cascos), botas, guantes, linternas y otros instrumentos. Existe un comedor donde ellos se alimentan.

Para quienes no compraron dinamitas en el poblado hay, usualmente, cinco vendedoras que ofrecen explosivos en sus casetas, a la par de coca, alcohol y cigarrillos. Ninguna quiere hablar con este medio. Los cartuchos están almacenados en cajas abiertas, las guías (como tirantes de calzados) encima de diversos productos y los fulminantes permanecen en cajones cerrados. Los locales están armados con adobe y maderas, llevan techos de calaminas y encima se encuentran apiladas piedras para evitar los ataques del viento.

No hay efectivos policiales rondando la zona y nadie inspecciona la comercialización. La compra-venta no tiene limitaciones de cantidad. Aparte, en ninguno de los sitios visitados se entrega facturas o guías de transporte de los detonantes, ni se cuenta con un registro de los clientes, tal como ordena el reglamento del Ministerio de Defensa. Estas vulneraciones hacen pasibles a las vendedoras de amonestaciones, sanciones pecuniarias o, inclusive, la clausura de sus locales.

En Cancañiri igualmente hay relatos relacionados con el mal manejo de detonantes. Jhonny Silva, traumatólogo del hospital Madre Obrera, cuenta que es común atender a heridos que llegan de las minas por este tema o por el desprendimiento de rocas tras los estallidos. “En un año he visto entre tres o cuatro amputaciones a causa de dinamitas”. Y la cifra puede ser mayor porque no todos los casos llegan al nosocomio local, los más graves van directamente a la ciudad de Oruro.

Artemio Mamani, secretario ejecutivo de la Federación Regional de Cooperativas Mineras de Norte de Potosí, reconoce que al ingresar a los socavones existe el riesgo de salir con heridas o, incluso, de perder la vida. Como representante del sector remarca que las cooperativas intentan cuidar a sus afiliados y que les entregan la dinamita y el equipos necesarios. No obstante, las casetas del cerro Cancañiri muestran lo contrario, porque son frecuentados por trabajadores del subsuelo que compran explosivos y herramientas.

Una fuente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz revela que, de acuerdo con las pesquisas, los locales de expendio de detonantes en centros mineros son proveedores de explosivos que llegan a la sede de gobierno. “Hay un ‘mercado negro’ de la dinamita que se aprovisiona con el material traído de las minas e incluso hay rastros de que lo importan ilegalmente desde Perú. Lo único que sabemos es que hay personas que comercializan esto en sitios ocultos de La Paz y El Alto”.

“Además, se ha podido establecer que hay negocios familiares en el rubro porque están en manos de individuos relacionados con la actividad minera —o sea, hay trabajadores del subsuelo que tienen tiendas y puestos que ofrecen detonantes—. No hay tuición de la Policía para controlar todo esto, aunque puede ayudar en el decomiso de esta mercadería si se determina que es vendida para fines ilícitos. Es muy difícil la fiscalización por el tema de recursos humanos”, manifiesta la fuente policial consultada.

Huanuni. A 45 minutos de Llallagua se encuentra la mina de Huanuni, en Oruro. El sitio era en el pasado un espacio donde imperaba la comercialización de explosivos. Pero ello cambió desde hace seis años, cuando en octubre se armó una refriega cerca del cerro Posokoni. Mineros asalariados y cooperativistas se enfrentaron a dinamitazos por el monopolio para la explotación de estaño. Una de las escenas que perdura en la memoria de los lugareños es la explosión de una caseta donde se vendía dinamitas, anfo, fulminantes, guías; además de coca, cigarrillos y alcohol, como sucede en Cancañiri.

El conflicto acabó con 12 muertes y la reversión, a favor del Estado, de la reserva mineral. Hoy la Corporación Minera de Bolivia se halla a cargo y se ha prohibido la venta de detonantes en vía pública. El huanuneño Germán Gareca explica que, antes de octubre de 2006, los cooperativistas adquirían sus explosivos en la ciudad y cerca de la montaña, ello era un caldo de cultivo para la comercialización irrestricta de estos productos. “Ahora ya no se puede comprar estos materiales y existe una fiscalización minuciosa en las tiendas y los mercados”.

Jenifer Colque, una vendedora del mercado huanuneño, cuenta: “Está prohibido vender dinamita, antes sí era de libre comercialización. Actualmente hay una sanción, una multa, para quien venda esto. Ya la gente, los mineros asalariados, ni siquiera viene a preguntar. En la empresa Huanuni les dan la dinamita y no necesitan comprar”. La Alcaldía y la Empresa Minera Huanuni impusieron esta norma que, en principio, fue resistida. Aparte, en la región pululaban los jucus (ladrones de mineral) que se abastecían de explosivos en dicho lugar. Sin embargo, Huanuni es un lunar en el comercio de explosivos en los centros mineros del occidente del país

Tres casos que dejaron saldos trágicos

La muerte de Picachuri 

El 30 de marzo de 2004, a las 15.02, tras dos horas de negociación, el minero asalariado Eustaquio Picachuri Cuñaca apretó el detonador de su mano derecha y se inmoló en dependencias del Palacio Legislativo. Llevaba dinamita en su espalda, y en un maletín, cinco kilos de explosivos equivalentes a 25 cartuchos. El trabajador de 47 años, que nació en el Norte de Potosí y desde adolescente trabajó durante 14 años y 11 meses en la mina Catavi, exigía tres puntos. Primero, el pago global de los aportes de jubilación para la familia de su hermano fallecido en 1992. Segundo, una pensión jubilatoria para su excónyuge. Y por último, la devolución de sus aportes. El hombre vivía en la zona Alto de la Alianza de la ciudad de El Alto y buscaba un trabajo fijo. Estaba separado de su esposa. “Sólo quiero que me traigan mi plata. Es lo único que quiero”, dijo a su amigo Paulino Misericordia, cuando aún estaba vivo. El fallecimiento de este obrero puso en entredicho el sistema de pensiones. El estallido se llevó también la vida del coronel Marbel Flores, comandante del Batallón Pumas, que estaba a cargo de la vigilancia del Congreso. La onda expansiva destrozó incluso vidrios de las ventanas del Palacio de Gobierno.

Atentados en La Paz

El estadounidense Lestat Claudius de Orleans y Montevideo —que en realidad se llamaba Tristán Jay Amero— ocupó los titulares de los medios de comunicación el 22 de marzo de 2006. El hombre de 24 años y la uruguaya Alda Ribeiro, de 45, fueron acusados de dos atentados dinamiteros en la ciudad de La Paz y que produjeron la muerte de Carlos Édgar Piza del Villar y Heidy Mónica Farfán Molina en el alojamiento Linares de la zona del mismo nombre; el otro estallido en el hotel Riosinho II, cerca de la plaza con la misma denominación, no dejó víctimas fatales. El material con que se perpetró estos hechos fue adquirido por la pareja en Potosí. Dos años después, un tribunal judicial sentenció al extranjero con 30 años de prisión por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, fabricación, comercio y tenencia de sustancias explosivas asfixiantes, daño calificado y simple; mientras la mujer fue penada por el delito de cooperación dolosa. Lestat fue remitido a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, y su compañera, al Centro de Orientación Femenina de Obrajes. El involucrado falleció en abril de 2008 después de intensos dolores de estómago, por el consumo de fármacos en la penitenciaría. El veredicto: paro cardiorrespiratorio.

Conflicto minero 

Los cartuchos de dinamita lanzados desde una manifestación de mineros cooperativistas, que pasó por el paseo de El Prado el 18 de septiembre, provocaron el fallecimiento del trabajador asalariado Héctor Choque, que se encontraba en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en la ciudad de La Paz. El enfrentamiento entre trabajadores del subsuelo ocupó buena parte de ese mes por la pugna de la veta Rosario de Colquiri, en el departamento de Oruro. El examen médico forense determinó que Choque (31) murió por shock múltiple, tras haber perdido la mano izquierda por el estallido que también hirió a otras personas que se encontraban cerca o en el inmueble. Las investigaciones sobre el autor o autores de este hecho continúan. Además, lo ocurrido derivó en que el Gobierno promulgue el Decreto Supremo 1359, que prohíbe la tenencia y uso de dinamita en manifestaciones callejeras. Amparado en el artículo 211 del Código Penal, la normativa castiga con entre uno y cuatro años de cárcel a los que la transgredan, de acuerdo con la mayor o menor gravedad del uso de materiales explosivos, aspecto que tendrá que ser calificado por un juez.

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