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Dos días que marcaron con sangre la historia del país

Una crónica sobre lo ocurrido el 11, 12 y 13 de febrero de hace diez años en La Paz, durante el enfrentamiento de policías y militares

La Razón / Miguel E. Gómez Balboa, Erick Ortega Pérez y Milenka Villarroel Majluf

00:00 / 13 de febrero de 2013

Testarudo. No hay otro adjetivo que pueda definir mejor a Gonzalo Sánchez de Lozada en su trunco segundo mandato presidencial de un año y 72 días. Así lo aseguran dos fuentes palaciegas que lo acompañaron en su partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y en su gobierno. “Era otro, no oía razones”, dice una de ellas.

“Pero a ello hay que sumar la influencia casi hipnótica de su lugarteniente: Carlos Sánchez Berzaín, su ministro que quebró la comunión en el gabinete y que alimentaba a rajatabla esta terquedad y apoyaba al Mandatario en sus malas decisiones y, generalmente, lo conducía a tomarlas”, comenta la otra; “lo sucedido en febrero de 2003 —y luego en octubre— se explica en gran parte por estas sencillas razones”.

A diez años de la crisis del 12 y 13 de febrero de 2003, no hay condenados por los enfrentamientos entre militares, policías y civiles en La Paz y El Alto, que dejaron a 31 personas en la tumba y más de 200 heridos. Informe La Razón habló con exautoridades y políticos que pidieron reserva en su identidad, víctimas y familiares, y revisó libros y pruebas del juicio, para contar episodios de esas jornadas de sangre. 

Desde enero, Sánchez de Lozada se encontraba contra las cuerdas. “Las proyecciones macroeconómicas eran de terror. El Fondo Monetario Internacional pidió medidas extremas y Estados Unidos no estaba dispuesto a proveer decenas de millones para salvar la debacle”, relata una de las fuentes palaciegas. El gobernante tenía dos opciones: exprimir a la población con impuestos o con un “gasolinazo”.   

Se decidió por lo primero y encomendó un plan a Javier Comboni, su ministro de Hacienda y familiar de su esposa, Ximena Iturralde. Un viceministro de entonces señala que Sánchez de Lozada sabía que se jugaba una carta riesgosa, antipopular. “No era el momento”, sentencia otra de las fuentes palaciegas. El clima estaba dominado por conflictos con los cocaleros y por amenazas de bloqueo de caminos.

Pero ello no hizo tambalear la tozudez del Presidente. El miércoles 5 de febrero, Comboni pidió ajustarse los cinturones: “Estamos cortando los huesos ya que ni siquiera hay carne”. Dos días después, se anunciaba austeridad en el Ejecutivo y Comboni no paró de discar números telefónicos de entes internacionales para mandar el SOS.

“La opción sólo hipotecaba al país”, opina otro viceministro contactado.

Impuestazo. El fin de semana fue ajetreado para el gabinete, que incluso analizó una encuesta que mostraba que la popularidad del líder del movimientismo había caído siete puntos entre diciembre de 2002 y enero de 2003, y 14 el vicepresidente Carlos Mesa. “Recuerdo que Sánchez Berzaín me dijo que al final el orden se iba a imponer, las Fuerzas Armadas estaban de su lado”, cuenta otra de las fuentes palaciegas. Y se determinó dar el paso.

La ciudadanía se alistó el domingo 9 para escuchar las malas nuevas del Mandatario, a las 20.00. La misma fuente palaciega revela que “hasta último momento se intentó persuadirle, pero él creía que iban a entenderle como a Víctor Paz Estenssoro en la hiperinflación de 1985”. Así, vestido con saco oscuro y con rostro serio, emitió el mensaje a la nación, que esta vez no tenía sus típicos guiños de buen humor.

“Bolivia está en una encrucijada. Si sigue gastando más de lo que son sus ingresos, va por un camino seguro a la quiebra y al colapso económico...”. Demandó sacrificios. “Quiero que sepan que es seguro que podemos salir adelante si nos unimos todos y hacemos lo posible para que Bolivia supere sus problemas y supere la crisis económica”. Los medios bautizaron a la principal medida como “impuestazo”.

El planteamiento consistía en el alza tributaria para los aproximadamente 337 mil bolivianos que ganaban más de Bs 880; se calculaba que un 94% de éstos contribuiría con Bs 397,5 millones para apaciguar el fuego del déficit en el erario nacional. En su libro Presidencia sitiada, Carlos Mesa escribe que la decisión iba a afectar a menos del 5% de la población y menos del 25% de la población asalariada.

Las protestas se esparcieron como reguero de pólvora. No sólo por parte de organizaciones sociales, sino empresariales. “Hay que aceptar que no se entendió bien la medida, hubo otros intereses”, postula una de las fuentes palaciegas. “Se sabe que cuando Sánchez de Lozada tomó posesión, casi inmediatamente había empezado un proceso de conspiración en contra del Gobierno”, asevera uno de los viceministros.

No obstante, la tesis del golpe de Estado nunca pudo ser comprobada. “Más allá de esto, la cuestión es que el mandato de Sánchez de Lozada comenzó débil porque el MNR tuvo que aliarse con otros partidos para tener poder, y el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) no apoyó a Sánchez de Lozada en la crisis, mejor la aprovechó para dar golpes bajos a su aliado”, declara otra de las fuentes palaciegas.

Tal vez ello explica que el lunes 10, en Oruro, el líder mirista Jaime Paz prefirió no hablar del “impuestazo”, a pesar de dar una conferencia junto al Mandatario, quien abandonó molesto la charla con los medios por la presión de las preguntas, a lo que Paz catalogó, medio en broma medio en serio: “¡esto es una joda!”. Paralelamente, se había activado otro frente de batalla, fuera de círculos políticos y económicos.

Una protesta de policías en La Paz había sumado la anulación del “impuestazo” a su pliego petitorio de 30 puntos en el que resaltaba un aumento salarial negado por Sánchez de Lozada. Por ello, desde el mediodía del martes 11 el dolor de cabeza para el Ejecutivo tenía color verde olivo. Una de las fuentes palaciegas admite que “se sabía que esto podía llegar a mayores, pero se apostó por controlar la situación”. 

Informes de inteligencia señalaban que los uniformados habían sido mal informados sobre el impacto del ajuste impositivo en su sector. Uno de los viceministros devela que se sabía que los más descontentos eran aquellos que no iban a poder recuperar el descuento tributario adicional mediante “coimas”, a las que accedían agentes de Tránsito, de Identificaciones o incluso de la Policía Técnica Judicial (PTJ).

Esto explicaría que el amotinamiento se haya gestado en el Distrito Policial 2 y los ambientes del Grupo Especial de Seguridad (GES), a media cuadra de la plaza Murillo, en la calle Junín. Al inicio de la tarde, el comandante Édgar Pardo informó al ministro de Gobierno, Alberto Gasser, que había problemas e intentó en el GES que sus colegas retrocedan en la presión; pero ellos prefirieron mantenerse en sus dormitorios.

Sánchez de Lozada recibió el parte. Se ordenó el despliegue de efectivos del Grupo de Atención Inmediata (GAI) para tantear el ambiente en el epicentro de la rebelión, mientras otras divisiones policiales se fueron sumando a la medida. A las 17.00, un personaje que había participado en la denominada “guerra del agua” de 2000, en Cochabamba, asumía el cargo de portavoz de los guardias, el mayor David Vargas. 

“Esa noche hablé con camaradas de los cuarteles y me dijeron: Estamos molestos”. Vargas asegura que se contactó con el viceministro de Gobierno, José Luis Harb, y le planteó: “Busquemos audiencia y que venga el ministro Gasser”. Éste no apareció hasta la madrugada del 12, cuando se le preguntó: Qué es más importante para usted, ¿el fútbol o la Policía? Es que el martes, a las 22.30, se había televisado el partido de Bolívar con los Pumas, en México.

La reunión fue en el comedor del GES. Algunos suboficiales carajearon a Gasser. No se llegó a pactos y se estableció un cuarto intermedio para llevar la charla al Comando de la Policía. Para entonces, uno de los viceministros consultados comenta que había una propuesta para eximir a los uniformados del nuevo tributo. No obstante, nunca sería puesta a consideración. La sangre iba a llegar al río.

La plaza Murillo no tenía resguardo. Militares fueron desplazados para precautelar el Palacio de Gobierno. “Sánchez de Lozada fue informado de la tensa situación y ese miércoles 12 arribó temprano al sitio, como nunca, porque dormía, generalmente, hasta las 09.00 o más”, señala una de las fuentes palaciegas. El vicepresidente Mesa fue convocado para esa hora a una reunión de urgencia del gabinete.

Algo raro, porque era costumbre que los ministros se encuentren con el Presidente sólo entre las 21.00 y 22.00. Mientras Mesa se afeitaba para la cita, a las 08.00, Julián Sánchez, de 16 años y con sueños de ser militar, llegaba a su colegio Ítalo Boliviano Cristóforo Colombo, en la zona de Pura Pura. Su mamá María Calcina lo obligó a despertar y le preparó un desayuno rápido porque también debía salir.

“Un rumor se había esparcido durante la noche: los militares iban a intervenir el GES. Había nerviosismo. Nos dijeron que los militares habían traído municiones y armas de guerra. Los dirigentes nos dieron órdenes de acumular todo el armamento que podamos y muy temprano se llamó por radio a otros distritos y entidades policiales para que se sumen a la protesta”, relata un policía que fue parte del GES.

Guerra. La reunión del gabinete fue breve. Mesa reseña que la instructiva de Sánchez de Lozada fue “no ceder y negociar persuasivamente con Vargas y sus amotinados”. Los ministros Gasser; Sánchez Berzaín, de la Presidencia y Freddy Teodovich, de Defensa, fueron encomendados para la misión casi imposible. La negociación en el Comando General de la zona de Sopocachi iba a ser a las 10.00.

Pero el caos tomó la plaza Murillo. Media hora después, un grupo de maestros trotskistas se apostó a una cuadra del Palacio de Gobierno, en la calle Ayacucho. Los efectivos castrenses evitaron su avanzada. La bulla de los estribillos era tal que Sánchez de Lozada y Mesa no pudieron continuar su conversación en el despacho y se trasladaron al dormitorio, ambiente que colinda con la Catedral Metropolitana.

El Mandatario tomó entonces una medida desesperada. Llamó a Washington, al Secretario del Tesoro de Estados Unidos y le pidió $us 120 millones para el presupuesto boliviano, para flexibilizar el “impuestazo”. Paralelamente, bajo el alegato de una demanda de ítems, alumnos de tres cursos del ciclo medio del colegio Ayacucho penetraron a la plaza Murillo por la calle Ingavi y apedrearon el Palacio.

En el Comando de la Policía, el mayor Vargas recibió las noticias de la revuelta estudiantil y dejó el diálogo. Arribó al GES por la calle Indaburo, cuando los colegiales fueron gasificados por los militares. Se pidió calma a los policías que estaban hasta en los techos del GES y del edificio de la Cancillería. Vargas se comunicó con el capitán del Ejército y le prometió un destacamento para proteger la plaza.

La única condición era que los soldados retrocedan, que se evite una confrontación con los uniformados verde olivo. Se consiguió un acuerdo. Pero nada. Vargas volvió a contactar al Jefe de la Casa Militar. Nada de nuevo. El mayor decidió bajar desde el GES al Palacio de Gobierno, donde el ministro Teodovich le garantizó un repliegue. Adentro, en el Palacio, Sánchez de Lozada recibía otra mala nueva.

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos le ofertó sólo $us 15 millones. “Exasperado, le espetó a su interlocutor en perfecto inglés, que con eso no tenía ni para pagarse los puros que fumaba y colgó”, cuenta Mesa. Hasta que el capitán del Ejército entró al dormitorio y les solicitó abandonarlo. Los llevó al tercer piso, a la oficina de la Jefa de Gabinete. Afuera, los gases y balas se habían apoderado del ambiente.

Vargas rememora que cuando volvía al GES junto a su comitiva, se vino la hecatombe: militares y policías habían iniciado una guerra. Unos y otros se acusan de haber apretado primero el gatillo. No obstante, testimonios revelan que todo se desencadenó cuando un vehículo de Radiopatrullas 110 arribó al lugar a toda velocidad por la calle Ballivián, con su sirena activada y fue recibido por los militares con una ráfaga de gases lacrimógenos.

En medio de la trifulca, se escuchó un disparo. Tal vez de uno de los policías que estaba en el coche, que no pudo contener su nerviosismo. Posteriormente, efectivos castrenses usaron sus armas, sin piedad. Sin embargo, Milton Mendoza, fiscal asignado al caso que hoy ocupa el cargo de magistrado suplente del Tribunal Constitucional, aclara que esta hipótesis no fue confirmada por las averiguaciones.

En el Palacio, los soldados prendieron una fogata en el hall para hacer frente a la gasificación. Uno que era parte del batallón Colorados señala a Informe La Razón: “Nos decían que había muertos. Sánchez Berzaín andaba como loco y un superior nos dijo que no debíamos temblar, que si algún extraño pasaba la puerta, debíamos matarlo, mejor si eran policias porque nos habían declarado la guerra”.

Francotiradores. Dos uniformados sellaron con cinta masking la oficina donde se alojaban y platicaban Sánchez de Lozada y Mesa. Los celulares y las radios trabajaban incesantemente. Sánchez Berzaín y Teodovich lograron contactarse con el líder de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Waldo Albarracín, y su principal colaborador, Sacha Llorenti, para que hallen un resquicio para entablar la paz.

Ese miércoles, Daniel Manrique vivía uno de los mejores días de su vida. Trabajaba como bombero voluntario y junto a su equipo rescató a una familia que casi fue enterrada por una mazamorra de barro. Cuando estaba en las dependencias de la avenida Sucre, su mamá lo llamó unas 20 ocasiones para solicitarle de que vaya a casa. No hizo caso. “Nos llamaron para recoger a heridos y fuimos rápido”.

“Llegamos a una esquina de la plaza, cerca del antiguo hotel París, entre las calles Bolívar y Ballivián. Me agaché y vi a unos militares que cargaban armas. Había mucho gas, incluso yo estaba con una máscara y pensé que cargaban más químicos. Cuando me paré escuché un campanazo”. Un civil lo auxilió al instante. Manrique recibió tres disparos. Uno en el pecho (donde tenía 10 esquirlas de escopeta), otro en el brazo (21 esquirlas) y una bala que le perforó el ojo derecho. Años después, cuando estaba en un local público de internet sintió que un hombre no le quitaba la vista. Se le acercó y el desconocido, llamado Erick, le comentó que lo socorrió años atrás. “Él tenía mi sangre en un envase de vidrio, en su bolsillo”.

Era la hora de los francotiradores. Militares armados se colocaron en los techos de los inmuebles de la entonces Prefectura paceña, del Palacio de Gobierno y de la Catedral, principalmente; mientras los policías tomaron los inmuebles del GES, de la Cancillería, de la Contraloría, del Instituto Nacional de Reforma Agraria, de la radio Nueva América, entre otros. No hubo tregua durante horas.

Miembros del Grupo de Acción Inmediata (GAI), un selecto equipo antiterrorismo de la Policía, se unieron a la contienda. “La participación de las fuerzas especiales de ambos bandos demuestra que había intenciones de matar, de que era como una guerra”, sentencia el exfiscal Mendoza. La precisión de los agentes del GAI era impresionante, de acuerdo con la Fiscalía, y ellos habrían dado de baja a francotiradores de la Policía Militar.

Un integrante del GAI contactado por Informe La Razón remarca que decidieron apoyar a sus camaradas porque “caían fácilmente en el enfrentamiento”. Pero niega que usaron su armamento. “Solamente queríamos imponer presencia ante los francotiradores de los militares, llegar al lugar y ordenar a nuestros compañeros porque no sabían enfrentarse y se estaban entregando a los militares”.

En medio del zafarrancho, el mayor Vargas lanzó un mensaje en clave ante los medios: “¡Hay que aplicar el Plan Rojo... el Plan Rojo!”. Hay quienes alegan que era un llamado al combate o a “tumbar al Gobierno”. Una década después, Vargas asevera que “es la clave para que salgan los policías en momentos de crisis, para proteger a niños, mujeres y ancianos” que estaban por la plaza Murillo.

Caos. A las 13.30, el Jefe de la Casa Militar solicitaba a Sánchez de Lozada y sus acompañantes que evacúen el Palacio, porque no podía garantizar su seguridad. Mesa afirma que el Mandatario partió en el auto presidencial, blindado, liderando una caravana de 12 motorizados; él estaba en una vagoneta cuyos vidrios fueron cubiertos con chalecos antibalas. El destino: la casa de Sánchez de Lozada en Obrajes.

Las bajas sumaban en ambos bandos. En la tarde, Vargas comenta que junto a un capitán recibió llamadas telefónicas de alguien que les aconsejó dejar el motín; si no lo hacían, un francotirador recibiría $us 5.000 por matarlos. Otras dos fuentes, por separado, confirman esta historia. Mientras los policías bajaban las gradas del comedor del GES, bromeaban: “Cómo pues tan poquito van a valer nuestras vidas”.

Albarracín y Llorenti habían accedido al sitio para allanar la negociación. “Yo no me acuerdo de que hayan hablado de un precio por matar a algún policía”, arguye el primero. Lo que sí recuerda es que bajaban por la calle Junín, acompañados de Vargas y el capitán, y a unos metros cayó un policía con un disparo certero en la cabeza. Vargas no tiene ninguna duda de que ese proyectil estaba dirigido a él.

Una ráfaga de balas alimentó más la desesperación. Un oficial vio una puerta vecina al GES —era de la Cancillería— e hizo volar el candado con unos 15 disparos. Decenas de individuos ingresaron al lugar. “Había balas y balas por todo lado; las ventanas eran grandes y nos tumbamos al piso”. Un cabo de apellido Flores, a quien Vargas nunca en su vida había visto, agarró al mayor y lo sacó por un patio. 

Estaba llorando y le dijo: “Voy a dar mi vida por usted. Tengo tres proyectiles. Si oye tres tiros serán los míos y después nada podré hacer por usted”. Saltaron por una pared de tres metros. Cayeron en el patio de un restaurante. Entraron al local donde un hombre y su hijo los recibieron. “Vargas temblaba de miedo. Tomaron café y les dimos comida. Se quedaron un rato viendo las noticias de la tele”, relata aquel sujeto que evitó brindar su nombre.

Vargas coincide: “Nos habrá visto de hambre y nos invitó. Dijimos: Vamos a morir con barriga llena. Recuerdo probar dos cucharas y dije: Flores, de una vez vámonos”. Salieron con las debidas precauciones. En el ínterin, Albarracín y Llorenti intentaban conseguir ayuda para aplacar la crisis. No obtuvieron resultados. Y ministros del área económica justificaban el “impuestazo” en una emisora local.

En Obrajes, Mesa solicitaba a Sánchez de Lozada que retire el proyecto impositivo, tras una llamada telefónica de la defensora del Pueblo, Ana María Romero. El Mandatario encomendó a su yerno, Mauricio Balcázar, que prepare el comedor para dar un mensaje a la nación. Ni su derrota convenció. La ciudad ya era víctima de protestas civiles y de vándalos que saqueaban y quemaban instituciones públicas.

“Sánchez Berzaín recomendó al Presidente de que había que dar otro mensaje junto a los comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, para que muestre a los insubordinados y la población de que contaba con el apoyo de estas instituciones y de que él mandaba. Los comandantes aceptaron apenas, sobre todo el de los policías porque era una afrenta a sus bases”, devela una de las fuentes palaciegas. 

A las 17.00, ambos flanquearon a Sánchez de Lozada y exigieron a sus subordinados que se replieguen y entierren el enfrentamiento. A esa misma hora, Mesa pedía al ministro Teodovich de que envíe una compañía militar del Palacio de Gobierno al edificio de la Vicepresidencia para que lo resguarde, porque una turba se acercaba a éste. Teodovich hizo la solicitud, pero ningún soldado cumplió.

“En ese momento quedó claro que las Fuerzas Armadas habían decidido no intervenir y lo que es más grave, pasar por alto las órdenes del poder civil”, escribe Mesa.

Los policías amotinados se acuartelaron y ello dio pie a que la inseguridad y la anarquía imperen en La Paz. Más tarde, Albarracín lograba que representantes de los sectores en disputa negocien en su oficina de la avenida 6 de Agosto.

Allí, los “anfitriones” hicieron una “vaquita” para comprar leche y marraquetas para sus “invitados”. La reunión fue larga, se extendió hasta la madrugada del jueves 13, pero fue provechosa. “La Policía logró todo lo que se propuso y más”, dice Albarracín. No obstante, faltaba que el acuerdo sea aprobado por los policías acuartelados en el GES, donde también se velaba a las víctimas fatales. O sea, el conflicto seguía.

La noche del miércoles 12, vecinos y comerciantes organizaron grupos de autodefensa para proteger de los antisociales sus viviendas y locales de venta. Esa jornada murieron al menos 18 personas, incluidos civiles como Julián Sánchez, que falleció por una bala que le perforó el pecho en la calle Comercio, a dos cuadras del puesto de periódico de sus padres. “Lo asesinaron”, acusa su madre María Calcina.

Durante la madrugada del jueves, tanquetas y más efectivos castrenses llegaron a la plaza Murillo. Esa jornada murieron al menos otros ocho individuos, de acuerdo con el proceso ordinario que actualmente es ventilado en un tribunal. Las Fuerzas Armadas desplegaron un helicóptero y más francotiradores. Los blancos ya no eran sólo policías, sino manifestantes que se habían congregado en el centro paceño.

Una tarde de principios de febrero, la mamá de Carla Espinoza sintió que una sombra iba detrás de ella. Se dio la vuelta y no había nadie. Aquello era, sin lugar a dudas, un mal augurio. El miércoles 12, la doctora tuvo un día pesado. Trabajó 11 horas llevando y trayendo heridos. La mañana del 13 su progenitora se paró en la puerta de su casa y le pidió que no salga. Más todavía, le rogó, le imploró.

La médica la apartó de la puerta con una sonrisa y partió en la ambulancia del Servicio Departamental de Salud. Llegó a la plaza San Francisco y se enteró de que un albañil fue herido por una bala. Minutos antes la enfermera Ana Colque, que fue a socorrerlo, también recibió un disparo. “Cuando llegamos vimos que la sacaban, no sabía si estaba viva o muerta”, cuenta Espinoza, con visible dificultad al hablar.

Como el cuerpo del trabajador seguía en el techo, Espinoza pensó que ella podía subir y jalarlo hacia dentro del edificio San Francisco, para que otras personas lo agarren. “Inmediatamente saqué mi bandera de la Cruz Roja y salí, después no sentí nada”. Es más, recuperó el conocimiento varias jornadas después y recién supo qué le había pasado: una bala le llegó a la cara y le destrozó la mandíbula.

La tarde del 12, cuando la Policía estaba en pie de guerra, Vargas explica que se conocía de que era inminente la intervención de los militares a las unidades policiales.

Él y sus allegados planearon rehusar la contienda, al empiezo, para luego retomarlas. Para esto, la orden era que cada uno debía alistar su armamento, ninguno debía lucir su uniforme y todos debían estar vestidos de civil y cerca de sus centros de trabajo.

Hoy, Vargas maneja que, quizás, esta instructiva fue filtrada a los militares y ello explicaría la arremetida del Ejército del jueves 13, con el empleo de tanques. Esa jornada, los disturbios llegaron a la ciudad de El Alto, donde el intento de saquear la planta embotelladora de Coca-Cola desembocó en que los efectivos que resguardaban el sitio disparen contra una turba, lo que acabó con fallecimientos.

Al concluir la tarde de ese jueves, la crisis terminó. Los agentes policiales retomaron sus labores y fueron catalogados como “héroes”, por haber doblado el brazo a Sánchez de Lozada y su “impuestazo”. Con el pasar de los días y los años, fue aumentando la cifra de muertes porque algunos sobrevivientes no pudieron superar sus lesiones. El saldo final fue 31 y hubo más de dos centenares de heridos.

Saldo. A diez años de la tragedia, el exfiscal Mendoza está seguro de que el Gobierno de entonces tenía un plan para quitarle poder de acción a la Policía, lo que generó un malestar tras bambalinas que puede explicar el porqué de lo sucedido. “Las autoridades tomaron la decisión anticonstitucional de reemplazar a la Policía por el Ejército. Sacaron a militares a la calle para enfrentar disturbios sociales”.

Los efectivos castrenses usaban balas especiales en los conflictos y en febrero de 2003 no midieron las consecuencias de utilizarlas. “Ellos empezaron a fabricar estos proyectiles diferentes, que no eran de guerra y que creían que era posible usar contra la población”. Se postula que varias víctimas fueron prácticamente destrozadas por estas balas llamadas “dum dum” y que explotan tras penetrar el cuerpo.

Después del jueves 13, Sánchez de Lozada fue informado de que su silla presidencial alojaba un proyectil. Ello alimentó su obsesión de que todo había respondido a un golpe, un magnicidio, de acuerdo con las fuentes palaciegas consultadas. Además, creía de que tenía una misión crucial que cumplir, que estaba “predestinado”. “Ello lo volvió más testarudo”, comenta una de las fuentes palaciegas. Esa tozudez reflotó en él en septiembre y octubre de 2003, y lo llevó a dimitir y fugar a Estados Unidos.

Hoy, heridos y familiares aún claman justicia. Casi todos, el bombero Manrique dice que él no tiene odio contra quienes casi lo matan. “Aquel día todos cumplíamos órdenes, yo debía salvar vidas y otros cumplieron lo que sus superiores les dijeron”. Pero algo es claro, esos días marcaron con sangre la historia del país. Un puñado

de personas defendió el Archivo del Congreso

Un puñado de personas defendió el Archivo del Congreso

El miércoles 12 de febrero de 2003, Luis Oporto, director de la Biblioteca y Archivo Histórico del Honorable Congreso Nacional, llegó a su fuente de trabajo como todos los días: temprano. A media mañana le ordenaron que junto a sus compañeros dejara el inmueble de la calle Mercado, por los líos en la plaza Murillo.

Cerró la puerta del repositorio y se dirigió a su casa, él vivía entonces en la ciudad de El Alto. En su hogar prendió la televisión y vio que varias turbas de personas atacaban instituciones públicas. “No imaginé que aquel descontrol iba a convertirse en uno de los más funestos para la historia de los archivos de la República”, relata Oporto una década después.

Analizó las opciones y llamó por celular a unos amigos para defender el sitio que se encuentra en el sótano del inmueble de la Vicepresidencia, que era uno de los objetivos de los manifestantes. Al llegar observó los primeros destrozos. La multitud forzó la puerta de hierro forjado, entró al hall y se enfrentó al portero Gerardo Quispe y a un puñado de policías.

Héroes. Un grupo enardecido subió al primer piso, destrozó muebles e incendió la sala Emilio Villanueva, que lleva el nombre del arquitecto de la infraestructura. Los gases y el fuego que los manifestantes habían prendido, al final, los dispersaron. Paralelamente, otros atacaron la biblioteca para robar algunos documentos. Pero la resistencia del portero, de su esposa y de la guardia evitó que los avasalladores ingresaran al archivo parlamentario.

Oporto, un docente, alumnos de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la escritora Virginia Ayllón, entre otros ciudadanos, reforzaron a la uniformada e impidieron la entrada de la turba. Formaron una cadena humana de seguridad hasta la noche.

Aquel día de violencia, nueve edificios públicos y varias propiedades privadas fueron saqueadas. Los que evitaron la desaparición de los materiales del archivo son considerados héroes. Eso sí, se perdieron dos ejemplares, que fueron repuestos.

Los 31 fallecidos

  • El proceso ordinario que se ventila en un juzgado paceño señala los siguientes civiles fallecidos por los hechos del 12 y 13 de febrero de 2003: Julián Huáscar Sánchez Calcina (16), Jorge Mauro Franco Miranda (22), Wily Surci Ramos (18), Claudio Alain Saavedra Gutiérrez (25), Mario Quispe Carrasco (40), Juan José Mújica Ticona (20), Rubén Seisa Mamani (15), Ana Lourdes Colque Quispe (24), Wilmer Ronald Collanque Paye (23), Gonzalo Mendoza Mamani (35), Fidel Ángel López Siñani (16), Tito Intipampa Cori (21), Elías Yana Bautista (21), Ramón Mita Tapia (27), Óscar Chambi Romero (45) y José Miguel Bernal Calle (21).                          
  • Los policías son: Macario Justiniano Colque Monasterios (35), Édgar Condori Palma (29), Valerio Altamirano Callisaya (25), Orlando David Ramos Mamani (27), Ovidio Canaviri Canaviri (22), Juan Carlos Humérez Arrieta (25), Miguel Vega Lucero (26), Omar Nemmer Tatton (22), Irineo Apaza Bautista (20) y Antonio Castro Roca (36).
  • Los militares son: José Luis Mendizábal Ochoa (30), Elvis Telésforo Saravia Balboa (20), Jesús Santos Mamani Mollo (20), Edwin Huanca Rojas (20) y José Miguel Ascarrunz Villca (20).

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