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Hay más extranjeros detenidos que en 2011, entre ellos distribuidores

Entre enero y el 5 de septiembre se capturó en Bolivia a 2.759 personas relacionadas con el narcotráfico, de las cuales 231 son extranjeras

La Razón

00:00 / 08 de octubre de 2012

Estadísticas remitidas en exclusiva por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) a Informe La Razón  muestran que en lo que va de este año hay más extranjeros detenidos por posesión de sustancias controladas en La Paz y que éstos ya no son solamente consumidores, sino distribuidores.

En 2011 fueron aprehendidas 16 personas de otros países en la sede de gobierno: ocho peruanas, tres argentinas, una uruguaya, otra ecuatoriana, una japonesa, una finlandesa y otra sudafricana (la única de sexo femenino). Todas por consumo de sustancias controladas. Mientras que hasta el 9 de septiembre de este 2012, la cifra se ha incrementado a 21 forasteros detenidos.

O sea, en casi nueve meses el guarismo subió en 30% con relación al anterior año. Y entre los arrestados de esta gestión se hallan seis chilenos, cinco peruanos, cuatro argentinos, tres franceses, un colombiano, otro español y un cubano. Del total, sólo dos son mujeres (una chilena y una peruana). Además, tres están acusados de distribución de sustancias controladas (más información en la tabla de estas páginas).

La Ley 1008 (del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas) dicta en su artículo 48 que: “El que traficare con sustancias controladas será sancionado con presidio de diez a veinticinco años y diez mil a veinte mil días de multa. Constituye circunstancia agravante el tráfico de sustancias controladas en volúmenes mayores”.

En cuanto al consumo de drogas y la tenencia de éstas para tal fin, el artículo 49 señala que: “El dependiente y el consumidor no habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas en cantidades mínimas que se supone son para su consumo personal inmediato, será internado en un instituto de farmacodependencia público o privado para su tratamiento hasta que se tenga convicción de su rehabilitación”.

Delitos. Asimismo, se establece que “a los ciudadanos extranjeros sin residencia permanente en el país que incurran en la comisión de estos hechos se les aplicará la ley de residencia y multa de quinientos a mil días”. Para esto, se entiende “por tenencia para consumo personal inmediato, la cantidad de droga equivalente a 48 horas de consumo, dictaminado por dos peritos médicos”. Y si la cantidad fuese mayor se presume como delito de tráfico.

“La jefatura departamental de la FELCN presta servicios dentro de su jurisdicción realizando labores preventivas de carácter universal y de interdicción, velando por el rubro del turismo dentro del departamento de La Paz, como ventana para el resto del mundo (...) los efectivos de la FELCN, permanentemente se encuentran ubicados en los diferentes centros  turísticos donde se desarrolla esta actividad”, indica el documento entregado a Informe La Razón.

En todo el país, entre enero y el 5 de septiembre, la FELCN detuvo a 2.759 personas relacionadas con hechos ilícitos (más datos en la infografía de la página 16). En promedio, al menos diez capturados por día. Del total, 231 son extranjeros de 43 nacionalidades (el resto son bolivianos); en la lista sobresalen los peruanos, con 54 aprehendidos, seguidos por los colombianos, con 35; los brasileños, con 33; los argentinos, con 19; los chilenos, con 13; los españoles, con siete; los franceses, con cinco; los ecuatorianos, con cuatro; los italianos, con tres, y un similar número de rusos, sudafricanos y venezolanos.

El año pasado, la fuerza antidrogas arrestó a 3.790 ciudadanos involucrados con estupefacientes, entre ellos 424 eran de otros países. En 2010, la cifra total alcanzó a 3.518 detenidos, entre los cuales hubo 355 foráneos; más de la mitad del guarismo eran peruanos y colombianos.

La normativa del rubro también dictamina en su artículo 50 que “el que ilícitamente administrare a otros, sustancias controladas, será sancionado con diez a quince años de presidio y mil quinientos a tres mil días de multa, cualquiera fuere la cantidad administrada”. Aparte, en el artículo 51 especifica que “el que suministrare ilícitamente a otros sustancias controladas, será sancionado con presidio de ocho a doce años y mil a dos mil días de multa, cualquiera sea la cantidad suministrada”.

La Ley 1008 y los casos de los locales que ofertan drogas en la urbe paceña

  • Artículo 55.- Transporte: El que ilícitamente y a sabiendas trasladare o transportare cualquier sustancia controlada, será sancionado con ocho a 12 años de presidio y mil a mil quinientos días de multa e incautación definitiva del motorizado o medios de transporte.
  • Artículo 60.- Obligación de Denuncia por el Propietario: El propietario que tuviere conocimiento de que en sus predios o inmuebles se siembre, cultive, coseche, colecte plantas o partes de plantas controladas a las que se refiere la presente ley, o que se fabriquen o elaboren sustancias controladas y no comunique estos hechos a las autoridades competentes, será sancionado con tres a cinco años de presidio e incautación o reversión de su propiedad.
  • Artículo 61.- Encubrimiento en Locales Públicos: Los propietarios, gerentes, administradores o concesionarios de hoteles, moteles, restaurantes, confiterías, clubes, bares, locales de diversión, prostíbulos, casas de cita, hospitales, clínicas y otros establecimientos abiertos al público están obligados a informar a las autoridades competentes sobre la presencia de personas que trafiquen, posean o consuman sustancias controladas bajo la sanción de uno a dos años de presidio y quinientos a mil quinientos días de multa. En caso de comprobarse permisibilidad, encubrimiento o complicidad será sancionado de dos a seis años de presidio y de dos mil a cuatro mil días de multa.
  • Artículo 71.- Confiscación de Bienes: La incautación de bienes inmuebles (...) procederá contra el propietario, cuando éste haya tomado parte en el delito o conocido su comisión, no lo hubiera denunciado. Los bienes confiscados se destinarán, preferentemente, a programas de prevención, educación, salud y la creación de centros de rehabilitación independientemente de los fondos destinados a la construcción de penitenciarías señaladas por ley.

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