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La falta de infraestructura frena la reinserción social

Hubo un ente evangélico y una ONG que cometieron actos ilícitos bajo el discurso de ayudar a los reclusos

La Razón

00:00 / 20 de mayo de 2013

La terapia ocupacional y la educación en las cárceles son dos herramientas para alimentar la reinserción social de los privados de libertad. Avanzan pero con dificultades, sobre todo los problemas y limitaciones de infraestructura, de acuerdo con las fuentes entrevistadas, entre autoridades, internos y exreos. El primer Reglamento General de Centros Penitenciarios que fue aprobado el año pasado, inclusive crea la Unidad de Salud, Rehabilitación y Reinserción Social.

La Ley de Ejecución Penal y Supervisión establece en su artículo 3 que la finalidad de una condena es “proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, la readaptación y la reinserción social del condenado”; para ello, los establecimientos penales deben contar con celdas equipadas y suficientes, servicios de asistencia y de alimentación, talleres y lugares de trabajo, biblioteca y aulas de enseñanza, guarderías destinadas a los menores de seis años…, entre otros puntos.

La mayoría de las prisiones adolece de estos derechos básicos. Dennis Mejía, jefe de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba, simplifica en una frase los inconvenientes. “No puedo poner en un mismo sitio a un condenado a 30 años junto a un muchacho detenido preventivamente para que aprendan carpintería, por eso necesitamos más espacio”. Otra de las cuestiones incumplidas es la separación de prisioneros con y sin sentencia, mujeres y niños.

El municipio cochabambino de Cliza pretendía donar 40 hectáreas para la edificación de un centro de rehabilitación, pero los pobladores se opusieron. Pese a ello, los reclusos de esa región aprenden pirograbado, cerrajería y carpintería, siendo los muebles de la penitenciaría de El Abra un ejemplo de reinserción social. “Hacemos ferias anuales y somos invitados a exposiciones. Así el interno puede obtener recursos y aprender un oficio para valerse cuando salga”, resume Mejía.

En la cárcel paceña de San Pedro, el presidente del Consejo de Delegados, Ever Quiliche, denuncia que para llevar adelante la readaptación de los habitantes de este recinto, no existe suficiente dinero. “Aquí, quienes quieren hacer, por ejemplo, las artesanías para la festividad de Alasita deben comprarse sus materiales y sus herramientas. Prácticamente la reinserción se ha convertido en autorrehabilitación personal”. Y, aparte, no hay un programa estatal para promoción local y nacional de los productos elaborados.

Dolca Gómez, directora departamental de Régimen Penitenciario en Santa Cruz, manifiesta que los privados de libertad de Palmasola tienen un stand en la Feria Exposición para vender sus creaciones que nacen en los talleres de carpintería. “Ellos hacen trabajos a pedido y tienen un catálogo”. En Beni, en el reclusorio de Mocoví, los prisioneros diseñan cinturones con cuero de lagarto, monturas para caballos y muebles. Pero falta la presencia de infraestructura adecuada.

El jefe de la Dirección General de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, postula que una primera condición para conseguir la reinserción social “es sacar el alcohol y las drogas” de los penales. Apunta a armar espacios diferenciados para reos rematados y detenidos preventivos, para de una vez evitar la “contaminación” de estos últimos. “Hay institutos que brindan clases a internos, por ejemplo está el Centro de Educación para Adultos y también se trabaja en terapia ocupacional”.

Educación. La educación carcelaria es uno de los puntos flacos observados por instituciones defensoras de los derechos humanos. Anteriormente, la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés dictaba clases a los prisioneros en La Paz; sin embargo, en la actualidad este convenio se encuentra anulado por la aparición de irregularidades. “Sucede que los reclusos coimearon (sobornaron) a docentes, que les otorgaban títulos truchos (falsos)”, sentencia la autoridad.

En otros penales sobresale la crisis de recursos económicos para pagar a los catedráticos que se hagan cargo de la formación de los privados de libertad. Así acontece en Cochabamba, donde la Universidad Mayor de San Simón solicita que el Estado garantice esta exigencia. “Todavía aguarda la respuesta. Mientras esperamos eso, el Centro Simón Rodríguez dicta clases para la obtención de títulos de bachilleres e igualmente hay institutos que dan cursos técnicos”, remarca Mejía.

Un informe de la Defensoría del Pueblo elaborado el año pasado halla deficiencias para la readaptación social de los reos. “Es una contradicción hablar de rehabilitación cuando la gente en las cárceles es sometida a maltratos, tratos crueles e inhumanos”, reza el documento. Ramiro Iquise, funcionario de la entidad, arguye que esta misión de la Ley de Ejecución Penal tropieza con dificultades y que ni la reciente política de indulto ha aliviado un problema: el hacinamiento.

En uno de los sillones de la capilla de la penitenciaría de San Pedro, en La Paz, un muchacho observa las imágenes de Jesús y la Virgen de la Merced, la patrona de los reclusos y, posteriormente, se alista para elevar una oración. “Tú sabes de mi tristeza, sabes de mi dolor. Sabes que mi esperanza la he puesto en ti, Señor. Liberaste a tu pueblo, me liberarás también a mí. Es tu hijo que te pide libertad”. La religión es otro de los caminos incentivados para lograr la reinserción social.

Son pocos los que asisten a misa en este centro, confiesa el padre José Everson, responsable del templo. Calcula que aproximadamente 200 de los más de 2.000 internos participan en las actividades de la Pastoral Penitenciaria, dependiente de la Iglesia Católica, que interviene en las prisiones bolivianas para brindar acompañamiento espiritual, orientación y capacitación jurídicas, servicio social, terapia ocupacional e incidencia política, entre sus principales finalidades.

La imagen de la Virgen de la Merced se encuentra en otras secciones de la penitenciaría junto al Sagrado Corazón de Jesús y San Martín de Porres. Leonardo da Silva Costa, coordinador nacional de la Pastoral, admite que la ayuda no alcanza. “No conseguimos cubrir todas las necesidades por la falta de recursos.

Estamos en los nueve departamentos y con lo poco que tenemos, y la sensibilidad y el buen corazón, intentamos llegar a todos”.

La organización edita, además, la revista Voces en Libertad, en la cual los reos participan con cartas. Mientras que una de las agrupaciones que trabaja con los que salieron de la cárcel es la Comunidad Eclesial de Base Libertario, que armó un taller de carpintería en El Alto. “Ahora pueden hacer mesas, sillas, roperos y estamos buscando que aprendan más sobre el oficio”, comenta Sonia Jordán, coordinadora del proyecto (los pedidos se pueden realizar al celular 71934836).

Un exprivado de libertad de San Pedro, que pide reserva en su identidad, se muestra crítico con el papel de algunas organizaciones no gubernamentales que “colaboran” con los reclusos. “Ni siquiera entran. Necesitamos que nos capaciten técnicamente. Yo conseguí un trabajo después que me rebotaron varias veces”. Y revela que hay instituciones que en vez de rehabilitar a los internos, se aprovechan de éstos e incluso están involucradas en actividades ilícitas en reclusorios.

No es una denuncia gratuita. El coronel Rolando Ramos, exdirector nacional de Seguridad Penitenciaria, revela que se descubrió agrupaciones que se valen de las credenciales de la Dirección General de Régimen Penitenciario para cometer ilegalidades. Por ejemplo, hace un año, se develó que una entidad evangélica —en San Pedro no sólo hay habitantes que profesan la religión católica, sino cristianos, que van en aumento— estaba involucrada con la internación de alcohol.

Eso no es todo. Una organización no gubernamental (ONG) que se brindó para enseñar los secretos de trabajos artesanales en el nuevo centro de rehabilitación juvenil de Qalauma en la localidad de Viacha, cerca de la urbe de El Alto, donde fueron trasladados jóvenes que estaban en la prisión de San Pedro, facilitó la fuga de tres muchachos. Por todo esto, ahora las autoridades son más quisquillosas a la hora de admitir apoyos; aunque es lo que más se requiere para la reinserción social.

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