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Una fortaleza sin informes del golpe de 1980 y con papeles perdidos

Más del 95% de documentos de la guerrilla del Che no existe

Una panorámica del Estado Mayor de la zona de Miraflores, en la ciudad de La Paz, la sede del G2, el Departamento Segundo de Inteligencia del Ejército.

Una panorámica del Estado Mayor de la zona de Miraflores, en la ciudad de La Paz, la sede del G2, el Departamento Segundo de Inteligencia del Ejército.

La Razón / Mario Espinoza

00:00 / 29 de julio de 2013

Alguien con bastante imaginación y afecto a las películas, sobre todo las de acción de Hollywood, podría inferir que el Ejército boliviano tiene una estructura parecida, en su administración, a la de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Inglaterra u otro país de Europa. No es así. Los recursos y la organización son otros y, entre otras cosas, en una nación donde los regímenes presidenciales estuvieron ocupados durante muchos años por militares, es lógico suponer que la destrucción de documentos ha sido una constante.  Pero es lógico suponer también que la doctrina y, sobre todo, el sentido común se imponen cuando se trata de actos ilegales cometidos por una entidad legal.

Registros. Los que suponían que podían hallar documentos clasificados en el Estado Mayor, o en alguna repartición militar, que relaten con lujo de detalles los golpes de Estado, están equivocados, simplemente porque en Bolivia los actos ilegales no se registran. Si alguien piensa que existe un informe sobre lo que le sucedió, por ejemplo, a Marcelo Quiroga Santa Cruz, en 1980, puede esperar siglos. No hay tal informe. Nunca lo hubo, por lo menos escrito. Los entrevistados del G2 (Departamento Segundo de Inteligencia) coinciden, por separado, en esta versión. Ni siquiera hay posibilidad, como aseguró el vicepresidente Álvaro García Linera, que dichos papeles hayan sido destruidos.

Uno de los ejemplos más irónicos es que no existe registro de lo que ocurrió el 17 de julio de 1980 en el Gran Cuartel General de Miraflores durante el golpe de Luis García Meza. Las notas que se encontraban en los archivos de la guardia, señalan: “… 5 y 35 pm ingresó el Comandante General del Ejército Gral. Luis García Meza acompañado del General Bernal y el Almirante Terrazas, sin novedad”. El Libro de Novedades del Sargento de Guardia es absolutamente ajeno a los hechos que se habían suscitado en el país. El efectivo se enteró, posteriormente, que quien ingresó como Comandante del Ejército saldría convertido en Presidente de la República. Es que García Meza había jurado dentro del cuartel.

La guardia circunstancial de esa jornada se limitó a preparar una situación clasificada como de “alerta máxima”, pero que en los hechos se redujo a saludar con más energía a la cantidad inusual de tropas armadas y jefes militares que entraban y salían del fortín. El orden del día estaba firmado por Alberto Gribowsky Navarro, comandante del Regimiento Ingavi, cuya sede se encontraba precisamente en el Gran Cuartel.

Tampoco se registró quiénes estaban en las ambulancias que ingresaban al recinto. El Libro de Novedades solamente menciona: “vehículo blanco (una ambulancia) con placa XXX conducido por el suboficial XXX.” Es obvio que en varias de esas ambulancias ingresaron, custodiados por sargentos y suboficiales vestidos de civil, los detenidos de la Central Obrera Boliviana y el cuerpo moribundo de Quiroga Santa Cruz, pero no existe el registro oficial de su entrada, ni de su salida. Según informes de los entrevistados, en los días posteriores al golpe, nunca, nadie escribió un informe sobre lo que pasaba en el Gran Cuartel. Es extraño porque, de acuerdo con testimonios de los detenidos, cada jornada el coronel Víctor Mena o su ayudante pasaban lista a las decenas de presos que estaban en esas dependencias, y todo estaba escrito. De ahí se colige que, por lo menos, había una lista de capturados, la que se acortaba a medida que los arrestados eran liberados, confinados, exiliados o enviados a otras dependencias, generalmente a Chonchocoro.

Según el relato de algunos entrevistados, el coronel Mena, entonces jefe del G2, solía entrar a la celda del dirigente minero Juan Lechín Oquendo, todas las noches a las nueve menos cinco. Lo convocaba a su oficina y allí lo invitaba, sin decir ni una palabra, a ver la telenovela Rosa de Lejos. Una especie de sofisticada tortura, de acuerdo con la versión de los que vieron el drama.

La pregunta es: ¿por qué existe (o existía) un registro pormenorizado de la guerrilla del Che Guevara en Bolivia y no del golpe de García Meza, que es más reciente? La respuesta viene de uno de los exjefes del G2: Las Fuerzas Armadas, en ningún lugar del mundo, registran operaciones ilegales.

El golpe de 1980 fue ilegal y no está registrado. Pero la guerrilla del Che es otra cosa. Las operaciones militares en esa acción eran absolutamente legales y los informes escritos eran obligatorios. Sin embargo, más del 95% de estos documentos se ha perdido y alguno, como el Diario del Che, fue robado y, luego, recuperado.

El escritor y periodista Carlos Soria Galvarro señala: “Mediante Decreto Supremo Nº 08165, de 6 de diciembre de 1967, es decir, en el gobierno de René Barrientos, y para facilitar las negociaciones para su publicación en el exterior, el gobierno había asignado oficialmente al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) la propiedad de la documentación, pertrechos capturados que se encontraron en la zona guerrillera, pudiendo aquel Comando ejercitar los derechos inherentes a esa protección. Más de dos decenas de jefes militares, entre ellos dos futuros presidentes, Hugo Banzer y David Padilla, tuvieron a su cargo el cuidado de los documentos en los años siguientes cuando ejercían la jefatura de la sección de Inteligencia. De ahí que las investigaciones fueron sumamente engorrosas cuando a fines de mayo de 1984, en el gobierno de Hernán Siles, se supo públicamente que los originales del Diario del Che, junto con los del guerrillero cubano Harry Villegas Tamayo (Pombo) y otros papeles, no estaban más en poder de las FFAA.

¿Qué pasó? En realidad, la desaparición había sido advertida en una inspección de rutina realizada el 15 de diciembre de 1983 en las instalaciones del Departamento II del Ejército, pero que no fue anunciada. El secreto tuvo que ser roto cuando la embajada boliviana en la capital británica comunicó a la Cancillería que, el 28 de marzo de 1984, la Galería Sotheby’s, una empresa dedicada al remate de todo tipo de curiosidades y obras de interés o de arte, había publicado un aviso en el Daily Telegraph anunciando que el 16 de julio de aquel año los documentos originales autografiados del Che y Pombo serían rematados sobre la base de 350.000 dólares. El periodista boliviano Humberto Vacaflor, residente entonces en Londres, fue convocado a verificar la autenticidad de la documentación, logró tener acceso a ella, obtuvo varias fotografías y tomó apuntes que le permitieron escribir una serie de notas para la prensa”.

Soria Galvarro sigue: “Un nuevo escándalo militar había comenzado a agitar el ambiente noticioso boliviano. Al revisar los periódicos de esos años, el comienzo del juicio al exdictador Luis García Meza en la ciudad de Sucre, sede de la Corte Suprema de Justicia, más el asunto del robo de los diarios del Che y Pombo, son los temas predominantes en la información periodística de fuentes castrenses. Sobre el tema de los diarios, invariablemente todos los ministros de Defensa y altos jefes militares dijeron, a su turno, que las investigaciones “estaban en curso” y que “próximamente” se conocerían los resultados. Por fin, después de tantas idas y venidas, y luego de la autorización correspondiente del Comando en Jefe, se inició el proceso contra el general retirado Raúl Ramallo Velarde, el mayor Luis Landa Schille y el ex sargento Raúl Solano Medina. Esto ocurrió el 2 de junio de 1987, es decir, a tres años de destapado el escándalo.

En efecto, el 9 de julio 1985, el diario Hoy publicó copias de las cartas intercambiadas a fines de 1980 y comienzos de 1981 entre el presidente de facto Luis García Meza y un personaje ítalo-argentino radicado en el Brasil, de nombre Erick Galantieri, quien dada la gestión judicial interpuesta ante la Corte inglesa por los representantes diplomáticos bolivianos para impedir el remate de los documentos, tuvo que declararse “propietario” de los mismos, exhibiendo para ello las cartas que le envió García Meza. Los jueces militares no dieron crédito a estos documentos sino dos años más tarde, cuando vinieron avalados por el ministro de Relaciones Exteriores Guillermo Bedregal quien, a su vez, se apoyó en los informes oficiales de la Embajada de Bolivia en Londres. Según afirmaciones periodísticas, esta reticencia de los jueces militares buscaba hasta el último minuto evitar el enjuiciamiento de García Meza. El general Ramallo, principal encausado, manifestó en reiteradas ocasiones que se lo pretendía convertir en “cabeza de turco” y alegaba su inocencia basado en el hecho de que él no estuvo al mando del Departamento II en el periodo en el que desaparecieron los papeles guerrilleros.

El 22 de septiembre, el TSJM (Tribunal Supremo de Justicia Militar), sobre la base de los informes de la Cancillería, tuvo que archivar obrados y dejar sin efecto el encausamiento de Ramallo, Landa y Solano. Pero, de todas formas, se declaró incompetente para enjuiciar a un “expresidente” y, por consiguiente, entregó la pelota nuevamente al Comando en Jefe. Entretanto, los abogados de la parte civil en el juicio de responsabilidad a García Meza en Sucre, sede de la Corte Suprema de Justicia, pidieron al Parlamento boliviano que decida incorporar el caso del robo de los diarios del Che y Pombo al voluminoso expediente de los cargos formulados contra el exmilitar. Los históricos papeles regresaron a Bolivia. Fueron dejados en custodia por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Banco Central, el 16 de septiembre de 1986. En la gaveta marcada A-73 y dentro de un sobre sellado, firmado y lacrado, están los documentos en cuestión, quien sabe esperando un mejor destino en un repositorio de documentación histórica que reúna las condiciones adecuadas para su mejor conservación”.

El suboficial Raúl Solano Medina, quien estuvo preso por el robo, probó que nada tenía que ver con este asunto y exigió y recibió $us 50.000 del Estado por su detención. Sin embargo, Bolivia y las Fuerzas Armadas no tuvieron el cuidado necesario para guardar otros documentos de su propiedad, por cuanto todo el registro de la Campaña de Ñancahuazú que se encontraba en poder de la institución castrense ha desaparecido y, como en el caso del Diario del Che, está siendo ofrecido en algunos lugares para su venta.

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