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‘Estamos instalando el concepto de gobierno a los bosques’

Ni el retraso del vuelo proveniente de Santa Cruz, ni el cansancio impidieron que el director nacional de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), Cliver Rocha, accediera a hablar con Informe La Razón durante su visita a La Paz. Para este funcionario, la institución ha logrado retirar el 50% del 80% de la madera ilegal que era comercializada en el país y se ha emprendido una batalla sin cuartel contra la corrupción.

Cliver Hugo Rocha Rojo

Cliver Hugo Rocha Rojo

La Razón

00:00 / 13 de agosto de 2012

— Durante su gestión que inició en 2009, ¿cómo se atacó el contrabando de madera en el territorio nacional?

— Hemos atacado los instrumentos que utilizaba el mercado negro de la ilegalidad. El Cefo (Certificado Forestal de Origen), por ejemplo, era clonado y falsificado y permitía  sacar madera de lugares donde no estaba permitido su extracción; ahora el Cefo es digital y nos permite verificar que la autorización que se da a una especie de madera, desde la fuente hasta que llega a la carpintería, es la correcta. Ya no es posible cambiar la información ni sacar madera de otra área.

— ¿Consideran entonces que los índices de ilegalidad han disminuido? 

— Hasta 2010, el 80% de la madera comercializada en el país era ilegal. Nosotros hemos retirado por lo menos el 50% de esta madera y nos queda un margen del 30%.

— ¿Cómo corrobora estos datos?

— Se puede constatar haciendo un estudio del mercado de madera, porque el año pasado se produjo un desabastecimiento y hoy existe madera y sus precios han subido. Estoy hablando de que actualmente más o menos llegan a los mercados del país 1.300 millones de metros cúbicos de madera legal. En 2010, la cantidad era de 1.100 metros cúbicos; entonces, este año la cifra aumentó.

— ¿Cuál fue la estrategia que se puso en práctica para conseguir esos resultados?

— Hemos empezado a reponer la aplicación de la Ley Forestal de 1996, con controles a las estructuras de contrabando ilegal que eran más fuertes que el Estado o verdaderos gobiernos de facto. Habían lugares impenetrables, como la Chiquitanía, Pando (con la triple frontera de Bolpebra), todo el sector que limita con el Perú y con Brasil. En San Rafael de Velasco y San Miguel (Chiquitanía) no se entraba, eran pueblos de madera y bosques que dependían de la madera ilegal, que era pirateada y saqueada en combinación con comunidades, y cuando llegaban los funcionarios de la ABT, los botaban a palos. Hasta el año pasado todavía los recibieron con emboscadas en Pando, en La Paz. Ahora, hemos logrado ingresar con militares.

— ¿Cómo se organizan los delincuentes?

— Habían y hasta ahora existen estructuras organizadas espontáneamente. Los dedicados al transporte ilegal son hasta familias, por lo menos en La Paz. Inclusive, gracias a la ilegalidad, han logrado crear cierto poder económico y en los pueblos, se creó una élite de poder económico. Para ellos, perder un camión o dejarlo es indiferente porque tienen plata suficiente, y sabían que podían vulnerar el sistema y ser más fuertes que el Estado, hacer destituir y apalear funcionarios.

— ¿Cuáles fueron los efectos del control y la fiscalización de la ABT?

— Todo el mundo se pelea con nosotros; en otras palabras, nadie nos quiere. Se quejan los empresarios, los madereros y los agropecuarios, porque estamos instalando el concepto de gobierno a los bosques. A la par, los concesionarios tendrían que estar muy felices porque la madera se ha revalorizado.

— ¿Que ocurrió con los policías y las denuncias de corrupción interna?

— Para recuperar la institucionalidad hemos ido desmantelando los aparatos de corrupción y Pofoma (Policia Forestal de Medio Ambiente) era parte de ella, bajo el concepto de que la Policía es fuerza auxiliar de la ABT. Pero ya no la queremos porque perdimos la confiabilidad básica. En La Paz y Santa Cruz, por ejemplo, cuando se hacía un operativo con ellos (los policías), éste fracasaba porque se encargaban de avisar. La ABT también funcionaba en la ilegalidad; cuánta gente se habrá hecho rica y se habrá beneficiado del tráfico de madera, porque si el traficante necesitaba vulnerar, falsificar y comprar madera ilegal, todo era canalizado por exfuncionarios, funcionarios, tramitadores y profesionales. Ahora decidimos crear institucionalidad civil y militar para proteger los bosques y tierras, asumiendo todos los costos.  

— ¿Cómo asegurar que no se generará la misma corrupción con los militares?

— Esperemos que no, porque estamos tomando varios recaudos. El primero es que la gente que se incorpora a la Fuerza de Defensa de Medio Ambiente y Bosques (en la que trabajan funcionarios de la ABT y militares) es de “cuadro”, es decir, que se la ha especializado y se la ha capacitado.   

— ¿Cómo andan los juicios por corrupción a los funcionarios y policías?

— Hay un policía de Pofoma y un funcionario de la ABT presos. Hay más de 20 o 30 procesos penales en distintas etapas en todo el país. Y por primera vez, en esta gestión se procede a la detención de los quemadores forestales por delitos de carácter ambiental.

Perfil

Nombre: Cliver Hugo Rocha Rojo. 

Nacimiento: 17 de octubre de 1972 en el pueblo de Azurduy, de Chuquisaca.  

Profesión: Licenciado en Ciencias Políticas.

Cargo: Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).

Carrera

Fue asesor legal de Pueblos Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia, como responsable de la Oficina Regional del CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social) en Riberalta; asesor de los pueblos indígenas del Beni, director general de Tierras del Viceministerio de Tierras y consultor jurídico de apoyo a la Asamblea Legislativa Plurinacional.  

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