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Las irregularidades campean en farmacias de La Paz y El Alto

No se sabe cuántas son legales, rotan sin autorización, venden remedios vencidos y más

La Razón

00:00 / 09 de abril de 2012

Nelson Zárate está nervioso. El dueño de la botica Virgen del Socavón no sabe cómo ocultar lo evidente. “La  documentación original y los libros de psicotrópicos están en la Fiscalía... ¡Me encantaría que hagan este tipo de operativos en todas las farmacias!”, grita, impotente, cerca de la Ceja de El Alto.

La sorpresiva visita del equipo conformado por miembros del Servicio departamental de Salud (Sedes) de La Paz, del Comité Operativo Interinstitucio­nal de Lucha contra la Fal­sificación y Contrabando de Medicamentos, liderada por la Unidad de Medica­mentos (Unimed) del Ministerio de Salud, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico e Informe La Razón, descubre las irregularidades en el sitio.

Son cerca de las 14.00 del 23 de diciembre de 2011. El equipo se divide en dos. Los objetivos son el local de Zárate y el que alberga a la farmacia Hiroshima, de propiedad de Eva Callisaya. Al ingreso a ambos lugares, los funcionarios hallan que son atendidos por personas que, a pesar de sus alegatos, no pueden acreditar que son  profesionales farmacéuticos, como dicta la Ley de Medicamentos. Primera anomalía.

Tampoco tienen la matrícula de funcionamiento dotada por el Sedes. Segunda anomalía. “Estoy a punto de egresar de Administración de Empresas. Recién compré la farmacia, por eso no tengo papeles, pero sí dos regentes que trabajan todo el día, uno en la mañana y otro en la tarde”, suplica Callisaya, entre lágrimas.

Éstas son faltas muy comunes en las tiendas farmacéuticas de La Paz y El Alto, señala Eliana Tellería, del área de Farmacias y Laboratorios del Sedes. Y a continuación expone otras: traslados clandestinos de estos establecimientos sin previo aviso al Sedes; además, quienes atienden las boticas, generalmente, no manejan un libro para detallar la posible venta de psicotrópicos, agentes químicos riesgosos que actúan sobre el sistema nervioso central .

“Una farmacia tiene que estar autorizada para el manejo de psicotrópicos. Mayormente los consiguen de forma ilegal en el mercado (informal), por eso no pueden   estar ofreciéndolos y, aparte, tienen que llevar un registro y los solicitantes deben dejar la receta para el descargo en el Sedes”, explica José Antonio Calle, jefe regional del Grupo de Investigaciones de Sustancias Controladas de la fuerza antinarcóticos.

Los descubrimientos no acaban ahí. En las dos farmacias se encuentran medicamentos que son de dudosa procedencia, otros están vencidos y algunos sin registro sanitario o inclusive reetiquetados, los que, probablemente, ingresaron de contrabando. “Todo va a ser decomisado y entrará en la base de datos de la Unimed para corroborarlo”, informa Tellería, mientras reúne los fármacos incautados.

Replica que los dos casos no son aislados, que los resultados de los operativos trimestrales que intervienen de dos a cinco boticas paceñas o alteñas —luego de que son denunciadas por incurrir en alguna anormalidad— muestran que estas contravenciones son el común denominador. “Igual es recurrente constatar que no se respeta la distancia de 100 metros que debería haber entre farmacias”, adiciona.

La ausencia de profesionales farmacéuticos incide, a la par, en que estos locales no sean una especie de filtro para que los pacientes que llegan con recetas médicas direccionadas a la adquisición de medicamentos de marca, puedan recibir consejos sobre remedios más baratos, comúnmente llamados genéricos. Algo muy difícil de controlar, según Tellería. Aunque brinda una luz de esperanza para que todo esto cambie. “Con el proyecto de ley propuesto por la Asociación de Profesionales Farmacéuticos (Asprofar) de La Paz, ya no se van a comprar los productos ‘inclinados’ a cierta marca, lo que se va priorizar es el medicamento genérico”.

CENSO. En las ciudades de La Paz y El Alto, la fiscalización se torna más difícil porque no hay un censo de las tiendas farmacéuticas privadas y municipales, o sea, no se sabe cuántas operan bajo el paraguas de la legalidad, de acuerdo con Wilma Terán, responsable de la Unimed. Lo único que existen son guarismos extraoficiales: que hay unas 1.000 farmacias privadas, otras 369 boticas (locales pequeños) y aproximadamente 800 ilegales.En los otros ocho departamentos, se tiene el dato oficial de que operan 1.530 Farmacias Institucionales Municipales (FIM) y un estudio de la Anprofar establece que aproximadamente hay 2.678 farmacias privadas, 1.357 boticas y 1.023 ilegales (ver la infografía de la siguiente página).

Mientras no se realice el levantamiento de datos sobre la presencia de establecimientos farmacéuticos en el ámbito nacional, será difícil realizar un control pormenorizado de estos lugares, señalan las autoridades entrevistadas. Por el momento, la Unidad de Medicamentos trabaja con las FIM, en las que también se realizan operativos para verificar buenas prácticas de almacenamiento de medicamentos y el buen trato dispensado por los regentes farmacéuticos.

Asimismo, en La Paz y El Alto, subraya Tellería, se capacitó a 80 bioquímicos farmacéuticos que trabajan en estos locales municipales que están presentes en centros de salud de primer y segundo nivel.

Plantean sanciones  para los que reciben regalos

La Asociación de Profesionales Farmacéuticos (Asprofar) presentó un proyecto de Ley de Responsabilidad Social en el Manejo de Medicamentos y Establecimientos Farmacéuticos que es debatido en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que cierra las puertas a la dotación de incentivos para la prescripción de determinados productos farmacéuticos.

En su capítulo XX, la propuesta dice: “La entrega de muestras médicas de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, ya sea como incentivos de venta o apoyo que induzca a la venta, automedicación, bonificaciones y regalos a establecimientos farmacéuticos, médicos, pacientes y personas particulares, se sancionará por la vía administrativa, civil y penal de acuerdo con la legislación vigente”.

La iniciativa también contiene la regulación estatal de los precios de los medicamentos, estableciendo un valor común para todas las boticas, para evitar la libre oferta y demanda, como ocurría hasta antes de 1985, cuando llegó el Decreto Supremo 21060. Asimismo, postula el retorno de la propiedad de las farmacias a los profesionales del ramo; a la par, de prohibir la venta de remedios en tiendas  o puestos barriales, como ocurre ahora.

PUGNAS. La presidenta de la Asprofar, Clara Ortega, señala que sus afiliados exigen que solamente profesionales bioquímicos, químicos o farmacéuticos sean propietarios de estos locales. “Esto implicaría el cierre de las cadenas, porque sus dueños, por lo general, tienen otras profesiones”. Denuncia que éstas obtienen descuentos porque compran productos al por mayor, y por eso se benefician con regalos de los laboratorios. “Muchas farmacias pequeñas cerraron porque no pudieron competir con las  cadenas”, lo que inclusive ocasionó la quiebra de las boticas de turno de barrio.

María Reneé Centellas, de Laboratorios Bagó, niega que haya descuentos   diferenciados para farmacias y cadenas. Mientras Gladys García, de Farmacias Bolivia, rechaza que las redes de establecimientos farmacéuticos obtengan ganancias jugosas por la compra de buena cantidad de fármacos. Por lo visto, la pulseta entre ambos bandos está abierta.

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