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Los loteadores son los taladores de árboles del municipio paceño

Son cuatro las áreas más afectadas: el Parque de Mallasa, Auquisamaña y los bosquecillos de las zonas de Pura Pura y Bolognia

La Razón

00:00 / 13 de agosto de 2012

Hace más de cuatro décadas,  Marcelina Villacorta (68) dirigió un grupo de dos decenas de mujeres de varias zonas de la ciudad de La Paz para plantar 400 arbolitos durante seis meses. Su trabajo de reforestación era realizado a cambio de media arroba de harina amarilla, soya, triguillo y lenteja, y dos litros de aceite; alimentos que eran proveídos por un proyecto municipal apoyado por la Obra Filantrópica y de Asistencia Social Adventista.

Con el tiempo, los plantines crecieron y hoy forman parte de las 27 áreas protegidas de los paceños, que a su vez constituyen zonas naturales con formaciones geológicas de carácter estético, paisajístico, escénico y científico que atesoran recursos naturales y cuencas hidrográficas. Más del 80% del municipio de La Paz es rural y forma parte de estas zonas que, a la par, poseen la declaratoria de Patrimonios Naturales Paisajísticos.

Sin embargo, los árboles que componen cuatro de estas áreas están en riesgo de ser arrasados: el Parque de Mallasa, Auquisamaña y los bosquecillos de Pura Pura y Bolonia, que son extraídos diariamente por gente que busca habilitar terrenos para construir viviendas: son los loteadores que “hasta han agredido a funcionarios que intentaron impedir esto”, denuncia Efraín Fernández, director de Gestión Ambiental de la Alcaldía.

Primero, este delito forestal fue detectado, según Mariela Lucía, encargada edil de Áreas Protegidas, a la altura de la avenida Vásquez (zona de Pura Pura) y en Mallasa. Comenta que en esos sectores aparecieron personas que alegan tener derecho propietario sobre estos predios. “Tras consultar a las subalcaldías (que presentaron estos problemas), vimos que no existen tales autorizaciones”.

La funcionaria añade que la exhacienda Chuquiaguillo, que se encuentra en el barrio del mismo nombre, es otro lugar que está siendo avasallado por estos personajes.  Además, detalla que 80% de los árboles cortados involucra a eucaliptos y el restante 20%, a cipreses. “Por el grosor de los troncos, determinamos que se trata de árboles sembrados hace más de 30 años”.

Pero los empleados municipales que manejan este tema no solamente lidian con loteadores, sino con regimientos militares que utilizan varias de estas áreas para sus entrenamientos. “Al parque de Pura Pura vienen miembros del Colegio Militar y talan árboles para hacer sus revistas.  Supuestamente cuentan con permisos, pero nosotros no tenemos los respaldos suficientes para que realicen estas actividades”, remarca Lucía.

Riesgos. Fernández advierte que lo preocupante es que en las zonas perjudicadas se encuentran reservorios de agua y superficies boscosas que sirven de sumideros de gases invernaderos con los que se puede disminuir la intensidad de las lluvias y evitar, aguas abajo, inundaciones u otras desgracias naturales.

“Estas áreas aportan con más del 50% del agua que se potabiliza para consumo humano en la ciudad”.

Pero existe un riesgo más grave para el director de Gestión Ambiental, originado por la calidad del suelo de estos sitios que en su mayoría están erosionados, es decir, tienen su superficie desgastada por el agua o el viento. “Las casas que se construyen (por parte de los loteadores), tarde o temprano podrían tender a deslizarse, por la poca capacidad portante que tiene el suelo (algo que es prevenido por las raíces de los árboles)”.

Las áreas protegidas rurales son  importantes para el municipio. La Cumbre, la serranía de Hampaturi, Chicani, Quellumani, Huallutani Papa, Mallasa, las Siete Lagunas, Challaloma, Las Ánimas, Putupampa, el Valle de la Luna, el Cactario y la Muela del Diablo son algunas de éstas, generalmente laderas con más de 45% de pendiente, que al igual que las áreas forestales urbanas son protegidas por la Ley Forestal 1700, de 1996.

La norma regula la utilización sostenible y la protección de bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país. En consonancia, la Alcaldía paceña, mediante la Ordenanza Municipal 147/00, estableció que estas zonas son de “alta protección”. 

Fernández subraya que la fiscalización debería ser una tarea que enlace a la Alcaldía con el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos; el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, la Policía y los vecinos, que activan la señal de alerta cuando se generan avasallamientos. “Hay muy poca colaboración y nosotros nos vemos imposibilitados de operar porque los loteadores, en la mayoría de los casos, son muy agresivos”.

Una vez identificadas las personas que transgredieron la legislación, las subalcaldías son las encargadas del inicio de un proceso legal para recuperar el terreno y que los árboles talados sean repuestos. Hasta julio, 57 juicios se tramitaban en el municipio paceño. En el caso de la Subalcaldía de Mallasa, la arquitecta Silvia Sejas informa que se siguen 23 procesos por daños forestales en el parque Mallasa.

El reglamento de la Ley Forestal dicta un sistema de multas progresivas y acumulativas como sanción para infracciones y la reincidencia. “La unidad de referencia del sistema es igual al equivalente en bolivianos de entre cinco y 20 centavos de un dólar americano por hectárea, según la gravedad de la contravención. La multa se aplica sobre la extensión total del predio y se va incrementando sucesivamente en el 100 por ciento sobre la base de la multa anterior, si el infractor es reincidente o se resiste a ser multado”.

Una vez cancelado el castigo pecuniario, se sigue con la reposición de los árboles cortados en las áreas desmontadas. Fernández indica que el infractor debe plantar, por lo menos, entre cinco o seis plantines por cada árbol talado y garantizar su “prendimiento” o crecimiento inicial para que soporten los 30 o 40 años que tardarán en desarrollarse.

Por otra parte, para llenar de pulmones al municipio, la oficina de Gestión Ambiental tiene planeado este año la plantación de 18.730 plantines de diferentes especies en los espacios que sufrieron avasallamientos, a fin de paliar la disminución de las áreas verdes. Mariela Lucía especifica que el objetivo es crear microclimas en las zonas deforestadas.

Añade que el ciprés —árbol de la familia de los pinos—, una de las especies que son extirpadas del paisaje del municipio, es un recurso que se utiliza para la fabricación de muebles; mientras el eucalipto es apetecido por su resistencia, por lo cual es empleado para armar estructuras en las viviendas que están en construcción. No obstante, la mayoría de los árboles talados es desechada e inclusive quemada por los loteadores.

Control. La Alcaldía paceña recibió en junio dos estaciones meteorológicas y más de 60 equipos que permitirán monitorear sus áreas protegidas y el comportamiento de los fenómenos climáticos. Los artefactos son donación del Ministerio de Medio Ambiente alemán, a través de la organización The Nature Conservancy, y serán desplazados a dos distritos con altos índices de biodiversidad: Zongo y Hampaturi.

Al respecto, el oficial mayor de Planificación del Desarrollo, Álvaro Blondel, explica que gracias a este proyecto, hasta fines de agosto se contará con información permanente que permitirá medir los parámetros de las precipitaciones pluviales, las direcciones de los vientos, la humedad y la radiación. No obstante, el objetivo principal apunta a prevenir que los Patrimonios Naturales Paisajísticos de las áreas rural y urbana del municipio dejen de ser objeto de la extracción indiscriminada de árboles.

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