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La raíz del negocio ilegal de chutos se encuentra en Chile

Importadoras, talleres, choferes... son parte de la red que aún interna autos usados a territorio boliviano

La Razón / Jorge Hernán Quispe Condori

00:00 / 06 de mayo de 2013

Fernando es orureño y no pasa del metro y medio de estatura. Sus compañeros le llaman Phisi o gato, en aymara. Su nombre es famoso en la avenida Circunvalación de la ciudad chilena de Iquique, porque cada semana introduce vehículos indocumentados o chutos a territorio boliviano. “Por $us 250 te lo meto uno, si quieres vamos contigo, pero tienes que alistar $us 500 más”, propone, sin rodeos.

A unos 300 metros de la Zona Franca (Zofri, sitio donde se transan mercancías exentas de derechos arancelarios e impuestos) del puerto, el negocio de la comercialización de automóviles usados para ser internados ilícitamente a Bolivia continúa vigente. Es la punta del ovillo. Allí está afincada una red que se ha especializado en la perforación del Decreto Supremo 29836, que prohíbe el ingreso a suelo boliviano de coches con más de cinco años de antigüedad. En la Circunvalación nada es imposible si se tiene dinero. Allí, choferes como el Phisi reinventan sus mañas para burlar los controles fronterizos.

Iquique. La detención en Chile (enero) y posterior liberación (marzo) de los soldados bolivianos José Luis Fernández (18), Augusto Cárdenas (19) y Álex Choque (20) por cruzar los límites binacionales en su afán de perseguir y aprehender a un clan de chuteros, volvió a colocar en boga al contrabando de estos motorizados y a poner en entredicho la ayuda de autoridades chilenas en la lucha contra este flagelo. La presidenta de la Aduana de Bolivia, Marlene Ardaya, ratifica que no hay voluntad política de la nación vecina para colaborar en el tema, y sentencia: “Este negocio se monta en Iquique”.

Informe La Razón visitó esta urbe a mediados de abril. “Esta noche van a llegar muchos orureños para comprar mañana los chutitos y para eso debo alistar unas 30 cenas”, cuenta una cocinera de la pensión Virgen de las Peñas, en el barrio Esmeralda, un enclave boliviano donde el menú de las pensiones contiene saices picantes, jugosos piques a lo macho, humeantes thimpus o crujientes pailitas. Muy cerca, decenas de taxistas ofrecen sus servicios para llevar a los connacionales recién llegados a la Zofri y la Circunvalación, para comprar rodantes viejos.

“El comercio de los chutos desde Iquique hasta Bolivia no acabó. Si antes venían miles de compatriotas tuyos, ahora llegan todavía centenares”, confiesa Ramón Castillo, taxista chileno que gana unos $us 60 diarios atendiendo a bolivianos. Al norte, en la Circunvalación, la vía parece interminable. En el lugar se asientan aproximadamente dos centenares de autoventas que exponen vehículos nuevos, de segunda mano y siniestrados. Son parte del primer eslabón del negocio clandestino. Allí lo que menos hay son chilenos; la mayoría son bolivianos, peruanos, paraguayos, paquistaníes y libaneses.

“En esta cuadrita trabajan 50 bolivianos y peruanos”, comenta Dora, una sandwichera. Los automóviles que están a disposición de los clientes son los que arribaron al puerto iquiqueño en imponentes barcos que partieron desde Japón, Corea del Sur, Perú, Estados Unidos, principalmente. En las instalaciones de la Zofri se puede apreciar un mar de estos coches que, luego de ser nacionalizados, esperan por sus nuevos dueños. Los visitantes bolivianos son los compradores más codiciados. Y las estadísticas demuestran que la venta de motorizados usados hacia Bolivia se encuentra en franco aumento.

La Zofri de Iquique señala que en 2011 se exportaron a Bolivia 10.343 de estos rodantes, mientras que el año pasado la cifra ascendió a 12.689; aunque no hay una especificación de su autigüedad y si se internaron legalmente. En la avenida de marras no importa si los autos que se llevan los compatriotas fueron fabricados antes de 2009 —o sea, están vetados en el país por el Decreto 29836— o que hayan sufrido algún accidente y pongan en riesgo la vida de sus futuros conductores, la cuestión es ganar dinero; un espacio donde rigen las leyes del regateo y la oferta y la demanda.

Contactos. Muhammad Kalem Butt es el director de la Importadora y Exportadora Butt, de vehículos usados, una de las tiendas que funcionan en la Circunvalación. “Estos Ipsum son bonitos y cuestan $us 3.500, cada uno. Llévatelo porque vale $us 13 mil y te lo puedo dar hasta en $us 3.200”. Y lanza una promoción: el cambio de volante —de derecha a izquierda— de la vagoneta Toyota por $us 500 y, además, contactará a un chofer para llevarla a La Paz, en Bolivia. El paquistaní sonríe ante su potencial cliente y dispara su última carnada. “Te la dejo en $us 3.000, pero tienes que conseguirte un conductor”.

Mujeres de pollera del altiplano boliviano también pujan por automóviles de variopintas marcas en los locales. Igual, existen talleres que realizan el cambio del volante y especialistas que se encargan de los papeleos y el transporte de los coches de segunda mano. Aunque hay importadoras que ofrecen subrepticiamente estos servicios como un paquete o “combo”. Una de ellas es Import y Export El Manzano.

“Traspasos en general. Venta de seguros de tránsito y trámites en general”, se lee en la tarjeta que Marta Mamani entrega a los interesados en la internación de chutos hacia Bolivia.

“¿Es la primera vez?”, pregunta la comerciante al periodista de Informe la Razón, en su oficina. “Le cambiamos el volante y después se lo lleva nomás”, añade, tras pedir la nota de venta y el modelo del motorizado. Segundos después, llama por su teléfono móvil. Al otro lado de la línea está su contacto. “Es un Toyota Lexus 2003. ¿Por cuánto haces el cambio?”, le comunica. “Si el trabajo es con el aire acondicionado se cotiza en $us 500. A ello hay que sumar unos $us 100 para que se lo llevemos a la frontera y ahí debe charlar con el conductor para ver por cuánto se lo trasladará a La Paz”.

La comerciante sugiere pasar por las poblaciones chilenas de Cariquima o Mauque, que enlazan en lado boliviano con las de Pisiga y Eucaliptus (Oruro). “Por allí no hay mucho control. Hasta por ahí cobran (los chuteros) $us 200”. Advierte que su labor termina en ese punto, y si el cliente quiere que el contrabandista le deje el rodante en La Paz, la inversión sube en $us 200. “En total tiene que alistarse $us 1.000”. Estas tratativas pueden involucrar la internación de un auto, de un contenedor o de una caravana; estos dos últimos casos involucran pactos con mayoristas y aligeran precios.

Una vez cerrada la compra, el siguiente paso es conseguir un “palo blanco”: un ciudadano chileno que se haga pasar como flamante dueño del vehículo para que se le otorgue la patente que le permitirá llegar hasta la zona limítrofe. “Generalmente es un indigente al que le cancelan unos 30 mil pesos (40 dólares)”, revela Alejandro Rondón, reportero del diario La Estrella de Iquique. Un chofer que trabaja en la Circunvalación ratifica esto. “A nombre de un chileno tiene que sacarlo, uno conocido, para que después él se vuelva con la patente y vos te vayas a Bolivia con el chutito”.

Por allí anda el Phisi, el conductor orureño que se precia de conocer al menos cuatro pasos fronterizos clandestinos para arribar a Bolivia. A pocos metros, en las dependencias de Trans Cariquima (nombre de la comunidad chilena por donde transitan los automóviles indocumentados que tienen como destino el país), un grupo de jóvenes compatriotas charla sobre los viajes que tiene en su agenda. Uno de ellos indica que es todo un experto para internar coches a los Yungas de La Paz, donde hay ferias que los comercializan, especialmente en La Asunta. Se llama Juan Carlos Primicia.

“Me conocen más como Primicia en Chulumani, Irupana, La Asunta y en todo Yungas”, avisa y desenfunda su identificación a Informe La Razón. “Aquí,  los choferes cobran $us 300 y van hasta Eucaliptus”, informa. Explica que las comunidades chilenas de Mauque, Cariquima y Pisiga Choque; y las bolivianas de Eucaliptus, Charaña, Challapata —donde se desbarató en octubre del año pasado la venta de chutos— y el salar de Uyuni son las rutas que recomienda el manual de estrategias para evadir al Control Operativo Aduanero (COA) y los comandos conjuntos de las Fuerzas Armadas.

En la misma avenida, un chileno aborda a quienes buscan información sobre el menú de negociados que se puede emprender con los motorizados nuevos, viejos y siniestrados. “Si quiere llevar un chutito a su país, el Phisi se lo hace el trabajo”. Luego presenta a Fernando. El hombre habla con soltura sobre los tramos ocultos e incluso brinda una radiografía de las coimas que se deben pagar en suelo boliviano.

“Cobro $us 250, si es posible contigo más nos vamos; tú te lo puedes llevar el auto con placa, que te lo pondremos en Cosapa (Oruro) y de ahí a Patacamaya (La Paz)”.

Cuando toma más confianza, suelta  que la clave es ir en grupo, con varios coches por delante y por detrás, es decir, un convoy. “Desde Iquique saldremos por Mauque y tienes que llevarte unos $us 500 más porque, por ejemplo, en la última tranca de Patacamaya hay que pagar $us 100 y en algunos pueblitos hay que cancelar Bs 50 a los comunarios”. El plan de contingencia del Phisi funciona con dinero. El orureño garantiza con su experiencia, a pesar de su juventud, que el vehículo llegará a Bolivia sin problemas. Y sus colegas de la avenida Circunvalación afirman que no falla.

Ardaya denuncia ante Informe La Razón que Chile no colabora en el combate contra el contrabando de automóviles viejos a territorio boliviano y que Iquique es el epicentro del problema, donde comerciantes libaneses son los principales involucrados. Esa nación “nos trae a la Zofri todos los coches y la ropa usada que están restringidos en Bolivia,  y no impide la nacionalización de estas mercancías”; a pesar de que sus autoridades saben la vigencia del Decreto 29836.

Intocables. Esto es clave para alentar la internación ilegal de estos motorizados, sostiene Ardaya, quien añade que por ello se puede catalogar a Chile como “mal vecino”. No obstante, devela que en abril, en Panamá, Bolivia le hizo este reclamo a Chile, que se comprometió a entregar hasta este año la información de los coches con una antigüedad mayor a cinco años que son nacionalizados en la Zofri, e incluso la de prendas usadas. “Pero mientras Chile siga con esta política, Bolivia aún va a tener este inconveniente”.

¿Y qué alega la nación vecina? El Departamento de Asuntos Institucionales y Comunicaciones del Servicio Nacional de Aduanas de Chile accedió a tramitar, analizar y responder un cuestionario remitido por Informe La Razón, empero, aquél no fue devuelto hasta el cierre de esta edición.

Tras un nuevo pedido para el envío de información, la dependencia respondió que ésta debe ser canalizada a través del Consulado chileno en La Paz. 

En la avenida Circunvalación de Iquique también afloran los talleres ilegales que transforman los vehículos de segunda mano que no tienen aval de nacionalización. El periodista Rondón relata que, cada semana, al menos 20 automóviles son decomisados por los carabineros. “Se supone que esos son los que salen a Bolivia como chutos”, asevera. Sin embargo, el Phisi y otros choferes, negociantes y locales que abundan en ese sitio son casi intocables. Son la raíz de este “negoción” —como lo califica Ardaya— que nace en Chile y no puede ser frenado.

Paraguay pierde $us 16 MM en tributos

La Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (Cadam) señala que Paraguay pierde $us 16 millones anuales en pago de impuestos por la internación clandestina de vehículos antiguos. De enero a marzo de 2012, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) de esa nación dejó de percibir aranceles por un valor de $us 8 millones, según un informe remitido a Informe La Razón.

David Molina, de la Unidad de Prensa de la DNA, sostiene que la mayoría de los automóviles provenientes de la Zona Franca (Zofri) del puerto chileno de Iquique es usado. “Más todos los que arriban vienen en cigüeñas (camiones que llevan más de diez coches), con sólo notas de reexpedición”. Comenta que hay motorizados que ingresan ilegalmente a su territorio por la frontera con Bolivia; sobre todo los prohibidos por la normativa paraguaya: aquellos que tienen una antigüedad mayor a diez años.

No existen datos sobre este delito. “Ni siquiera hay registros de ingreso de cigüeñas por el punto fronterizo Infante Rivarola (Paraguay)  y Villamontes (Bolivia), que sería la ruta  en caso de que se intente una operación de contrabando”. Más aún, “merced a dudosos recursos de inconstitucionalidad, importadores de (rodantes) usados están haciendo ingresar autos más viejos que los diez años permitidos por la Ley 4333” promulgada en 2011, indica el reporte de la Cadam.

En Bolivia no hay cálculos sobre la evasión impositiva de la internación de vehículos de segunda mano. El gerente general de la Cámara Automotor Boliviana, Luis Encinas, informa que, lógicamente, este asunto provoca una competencia desleal a las importadoras legales de automóviles; no obstante, elogia el trabajo de la Aduana para hacer frente a este flagelo. Y de acuerdo con la Zofri de Iquique, el traslado de coches nuevos hacia Bolivia se duplicó: en 2011 se exportaron 7.660 y en 2012, el guarismo se elevó a 14.051. Un fenómeno que es atribuido a la bonanza económica por la que atraviesa el país.

Hay una agencia turística involucrada y nueve rutas

Los contrabandistas o chuteros de autos usados e indocumentados manejan como cartógrafos las vías para evadir los controles aduaneros y militares. Choferes del puerto chileno de Iquique informan que las más frecuentadas involucran a los pueblos de Mauque, Cariquima y Pisiga Choque, en Chile; y sus pares bolivianos de Pisiga, Eucaliptus, Charaña, Challapata, Cosapa y el salar de Uyuni (Oruro), Patacamaya y Yungas (La Paz).

La Aduana tiene un mapa de nueve antiguas rutas que parten de suelo iquiqueño y enlazan con: Mauque-Cariquima-Pisiga Choque-Challapata, Mauque-Cariquima-Pisiga Choque-Salar de Uyuni-Challapata, Charaña-Coro Coro-Quime-Irupana-La Asunta, Charaña-Huayllamarca-Oruro, Wara-Cariquima-Colchane-Pisiga-Sabaya-Challapata, Cariquima-Salar Coipasa-Orinoca-Quillacas-Huari-Challapata, Cariquima-Pisiga-Salinas Garci Mendoza-Quillacas-Oruro, Llica-Bellavista-Salar de Uyuni-Coroma-Quillacas-Challapata y Todos Santos-Escara-Andamarca-Challapata.

La presidenta de la entidad fiscalizadora, Marlene Ardaya, señala que estos datos son sólo “referenciales”, que el salar de Uyuni es el sitio más “conocido” por los chuteros y que Inteligencia maneja los nuevos caminos que éstos utilizan para ingresar rodantes ilegales desde Chile. Pero llama la atención que Challapata siga en la lista de destinos de estos traficantes, localidad orureña donde se desbarató mafias de contrabandistas en un operativo efectuado en octubre de 2012.

Mañas. Ardaya remarca que la poca ayuda de Chile en el combate contra este delito igual se expresa en la pasividad de sus efectivos que vigilan las zonas limítrofes: dejan pasar coches de segunda mano, siniestrados y con una antigüedad mayor a cinco años que son nacionalizados en su territorio, pero están vetados en Bolivia. “Su lógica: ‘No me importa llenarte de basura porque voy a cobrar aquí los impuestos’. Hay una mala vecindad”.

Existen dos flamantes mañas para cometer este ilícito. La funcionaria revela que más allá de las pesquisas para atrapar a los chuteros, se ha descubierto la participación de una agencia de viajes que funciona como fachada, un nexo entre compradores de automóviles viejos y talleres que los ofertan y transforman para su posterior internación a suelo boliviano. Todo funciona con depósitos bancarios a nombre de la compañía que es investigada.

La otra estrategia incumbe a ciudadanos chilenos que se aprovechan del régimen Sivetur (Salida e Ingreso de Vehículos de Uso Privado para Turismo), que permite que entren a Bolivia con un motorizado prohibido por el Decreto 29836, con una antigüedad mayor a cinco años, para que puedan transportarse en su calidad de turistas durante seis meses. Muchos se acogen al beneficio sólo para vender el auto y, luego, retornar a su nación.

El Control Operativo Aduanero (COA) es uno de los brazos que lidia contra este flagelo en los límites binacionales. El otro es liderado por las Fuerzas Armadas (FFAA), mediante los comandos conjuntos. El general Fernando Aramayo, jefe del Departamento III del Comando en Jefe de las FFAA, informa que tienen destacamentos anticontrabando en Tambo Quemado, Llica, Julo, Macaya, Todos Santos, Pisiga y Bellavista (en Oruro y La Paz).

Hay otros puntos estratégicos que tienen vigilancia y que no son identificados por Aramayo, por estrategia. El efectivo comenta que algunos contrabandistas han dejado de emplear la frontera orureña para trasladar sus rodantes ilegales y han comenzado a frecuentar hitos paceños para esquivar la fiscalización estatal. “Usan el límite con La Paz y vamos a establecer ahí los nuevos puestos de control para evitar la entrada de estos coches”.

Generalmente, los chuteros no andan solos, sino en caravanas. Cada uno conduce un automóvil sin papeles o una “cigüeña”, camión de alto tonelaje que puede cargar más de una decena de estos vehículos. “Hay que salir en grupo”, explica un conductor de Iquique a Informe La Razón. Son clanes numerosos y Ardaya remarca que continúan utilizando “loros”, choferes que van delante del convoy y tocan la alerta si divisan una patrulla.

La advertencia es realizada mediante equipos sofisticados de telecomunicación. Aramayo complementa que hay casos en que estas cofradías son resguardadas por motociclistas que trepan por los cerros para percatarse de que los caminos se encuentren expeditos, si no, comunican el peligro a sus camaradas a través de los artefactos de telefonía satelital y GPS (Sistema Global de Posición) que manejan. Y posteriormente, cambian la ruta de la extensa hilera de vehículos.

Limitaciones. Sin embargo, los militares y el COA aún no pueden hacer frente a la inversión en tecnología y en motorizados de estas mafias.

Así lo admiten Ardaya  y Aramayo. Este último indica que estos grupos tienen poder económico y hasta entablaron el año pasado un proceso contra oficiales y sargentos del Ejército que les tendieron una redada, luego de que una persona relacionada con este ilícito resultó muerta en la población orureña de Sabaya tras intentar quitar el arma a un instructor.

“Falleció en el forcejeo y ahora tenemos militares enjuiciados por el Ministerio Público a solicitud de estos delincuentes”.  Subraya que las Fuerzas Armadas ayudan a la Aduana, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entre otras instituciones. Por ello, solicita que la Fiscalía igual colabore a los militares que participan en esta lucha.

Y otro de los aspectos que desnuda la austeridad con la que los uniformados lidian es su indumentaria. “Los chuteros visten ropa bastante abrigada, nosotros como militares estamos con la dotación que tiene un soldado: el sacón, que no está acorde con las condiciones climatológicas”, reclama Aramayo. En Pisiga, el termómetro puede marcar fácilmente 10 grados centígrados bajo cero. Ni qué decir en los salares de Uyuni y de Coipasa.

Mientras en Iquique, los conductores que seducen a bolivianos con la fácil internación de chutos, se precian de tener a comarcas como aliadas, en Chile y en Bolivia. Aramayo denuncia que autoridades comunales cobran dinero por dejar pasar los rodantes. “Hay que dar (a estos pueblos) otras alternativas de ingresos en ganadería y agricultura”. Los tentáculos de este contrabando están afincados en el área rural. Un ejemplo es Yungas.

Aduana repliega hasta 5 ‘coas’ al mes

Cada mes, entre cuatro y cinco efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) son replegados a sus unidades por indicios de corrupción. La afirmación corresponde a la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya. El alto nivel de transparencia que deben tener los más de 200 uniformados que luchan contra el contrabando, no sólo de chutos, exige que se aplique una rotación inmediata ante la mínima sospecha de actos ilícitos.

Otro de los aspectos que se cuida para garantizar una labor eficiente, según la autoridad, es evitar la “contaminación” de los agentes ante posibles ofrecimientos de los delincuentes. Por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz, hay un cambio o reorganización de personal cada 45 días. No obstante, si hay alguna denuncia de irregularidades cometidas por un funcionario, se exige las evidencias necesarias para probar la acusación.

Actualmente, la evaluación de cada oficial del COA se implementa por su récord de operativos exitosos. Ardaya adiciona que para tener elemento humano idóneo, el comandante de este grupo fiscalizador especializado, coronel Rubén Zegada, está alistando la prueba del polígrafo o del detector de mentiras para determinar la probidad de los uniformados. “Será un examen no para decirle a uno que es mentiroso, sino un test de aptitud”.

Uno de los componentes que ha reforzado el combate contra el contrabando son los perros detectores de moneda americana en mercancías. La Aduana boliviana es la segunda en la región que aplica el método, con seis canes adiestrados. El 15 de abril, Shiva, uno de estos cuadrúpedos, halló $us 70 mil ocultos en la maleta de una pasajera que pretendía sacar el dinero, sin la debida declaración jurada, a la ciudad chilena de Iquique.

Equipos. Ardaya remarca que el COA es potenciado para hacer frente a las mafias, que cuentan con equipos de alta tecnología, autos último modelo, entre otros artefactos para eludir el control estatal. Por ejemplo, se  tramita ante la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes la habilitación de una frecuencia de radio que abarque el territorio nacional, sin cortes de señal en las zonas patrulladas.

Otra opción es la compra de teléfonos satelitales, aunque el costo es elevado. Asimismo, recién se adquirieron 28 vagonetas que fueron entregadas a la unidad anticontrabando. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para apoyar con recursos económicos, humanos y materiales a este combate, la Presidenta aduanera admite que todavía éstos son insuficientes por el dinero que invierten los antisociales.

Destaca la colaboración que brindan las Fuerzas Armadas, los comandos regionales del COA, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y la Unidad Táctica de Operaciones Especiales. Y señala que se fortalece la tarea de Inteligencia, que monitorea los datos entregados por Chile sobre la mercadería que será internada a suelo boliviano, aunque Ardaya aclara que esto no implica la información sobre automóviles antiguos y ropa usada.

El COA informa que en 2012 se incautó de 1.062 rodantes sin papeles en Oruro, La Paz, Cochabamba y Potosí, sobre todo. Hasta el 17 de abril de este año, se decomisaron 254 motorizados, entre camiones, camionetas, vagonetas, coches, jeeps, minibuses, buses y motos; la mayor parte en La Paz (57), que es seguido por Santa Cruz, con 55; Oruro, con 48; Cochabamba, con 34; Tarija, con 29, y Potosí, con 22.

Las denuncias efectuadas por particulares, el rastrillaje del personal de Inteligencia y los patrullajes “sorpresa” en carreteras, rutas clandestinas, talleres y garajes camuflados posibilitaron estos números, que incumben a vehículos que ingresaron no sólo desde Chile, sino de otros países; incluso autos robados.

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