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La nueva ‘zona crítica’ de la trata y tráfico

El insuficiente control fronterizo y los pasos ilegales alimentan estos delitos en el sur tarijeño

Una muchacha cruza el Puente Internacional, de Yacuiba a Argentina.

Una muchacha cruza el Puente Internacional, de Yacuiba a Argentina. Fotos: Miguel Carrasco, Micaela Villa, Archivo La Razón, Ilustraciones de Anni Bolivia.

La Razón (Edición Impresa) / Micaela Villa

00:00 / 07 de septiembre de 2015

Gabriela, de 16 años, y Tania, de 15 (nombres ficticios para salvaguardar su identidad), fueron contratadas por el dueño de un gallero para que aseen el lugar. No solo cumplían esa labor en ese local donde se organizan apuestas y peleas de gallos, sino que también eran obligadas a prostituirse. Este hecho sucedió el año pasado en el barrio Gremial de Yacuiba, en Tarija. Ambas vivían encerradas y recibían por su “trabajo” Bs 200 mensuales.

Los casos de trata y tráfico de personas en el departamento de Tarija aumentaron al menos tres veces el año pasado, hasta ocupar el cuarto lugar en el país. El sur tarijeño (léase Yacuiba, Bermejo y Villa Montes) concentra el problema debido a que son localidades colindantes con Argentina, zonas para el traslado ilegal de individuos, según representantes del Ministerio de Justicia, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de Yacuiba y Bermejo, y la Fiscalía tarijeña.

Ya lo advirtió el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Diego Jiménez, el 30 de julio, en el Día Mundial contra la Trata: Bermejo y Yacuiba se convirtieron “en lugares críticos de trata y tráfico, y desaparición de personas”. Coincide con la aseveración el fiscal departamental de Tarija, Gilbert Muñoz, para quien la situación es preocupante, por el aumento de casos.

VÍCTIMAS. Estos delitos no solo pululan en el ámbito regional, hay datos que revelan que sus tentáculos se expanden al otro lado de la frontera: hacia Argentina. Un informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, publicado el 21 de agosto, señala que de enero a julio 361 víctimas bolivianas —de 634 de nacionalidad extranjera— fueron liberadas por el Estado argentino de redes delincuenciales.

¿Qué pasa en el sur tarijeño? Informe La Razón visitó Bermejo y Yacuiba para recopilar testimonios y denuncias, entrevistar a autoridades sobre la vigencia de este problema. Sin duda, la trata y tráfico binacionales son alimentados por la facilidad con la que se puede pasar a Argentina por salidas legales e ilegales. Las historias suman y los casos de desaparición crecen al mismo ritmo de la afluencia de bolivianos por la frontera.

“Ellas vivieron esos martirios durante tres meses en el gallero. Una (antes de saber a lo que se exponía) convenció a su amiga para trabajar allí, pero fueron explotadas sexualmente. Consumían bebidas alcohólicas y los clientes y el dueño accedían a tener relaciones sexuales. El caso fue abierto por trata y tráfico, pornografía, corrupción y prostitución de menores”, cuenta Jhonny Núñez a Informe La Razón, encargado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yacuiba.

Las adolescentes aún buscan justicia, pues los dos imputados —uno el propietario—, después de haber recibido detención domiciliaria por orden del entonces juez de Instrucción 1° en lo Penal de Yacuiba, Lucio Abircata, dilataron el proceso y luego no dejaron rastros de su paradero. El 19 de mayo, Abircata fue sentenciado a seis años de reclusión en el Centro de Readaptación Productiva El Palmar, por corrupción. Según Núñez, tenía denuncias por “transar y recibir” dinero por varios casos que favoreció, entre ellos el de las menores prostituidas.

Los datos del Ministerio Público proporcionados a Informe La Razón muestran que de 2008 a 2014 en Bolivia se registraron 1.759 procesos por los delitos de trata y tráfico.

El año pasado hubo 812, cerca del cuádruple de los que se atendió en 2013, que llegaron a 216  (ver la infografía de las páginas 10 y 11). En Tarija, las primeras 11 causas se presentaron en 2010 y el año pasado la cifra alcanzó a 52, cuando en 2013 llegó a 15. O sea, los casos se incrementaron al menos tres veces.

Jimena Fajardo, responsable del área de Trata y Tráfico del Ministerio de Justicia, no se anda con vueltas y afirma que la situación en Tarija es alarmante porque desde 2014 representa el cuarto departamento con más investigaciones de trata y tráfico, después de Santa Cruz, que reporta 296; La Paz, con 206, y Cochabamba, con 189.CAPTACIÓN. “Es alarmante porque no es un departamento con tanta población (482.196 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2012) como para ser el cuarto (en la lista).  En Yacuiba y Bermejo hay muchas víctimas que han sido identificadas por motivo de explotación laboral, pasan la frontera, van a trabajar unos meses (a Argentina) y vuelven (al país). En este proceso hay captación de víctimas sobre todo de áreas rurales”.

Una madre en Bermejo cuenta que estuvo cinco años sin noticias de su hijo mayor, con ahora 14 años, quien fue a trabajar a una quinta (finca) en Argentina. “No sabía que lo iban a tratar peor que a un animal, lo hacían trabajar todo el día, no le pagaban, no le alimentaban, lo tenían encerrado. Le hicieron sufrir tanto que escapó”. Es parte de su declaración en el informe Análisis Situación del Delito de Trata y Tráfico enfocado en la respuesta del Sistema Judicial y Policial y la Situación en Fronteras y Centros del Delito, en el marco de la Ley 263 (de 2014).

“Los casos son preocupantes. En cada gestión ha ido creciendo la cantidad y lo atribuimos a que en Bermejo y Yacuiba hay un vasto territorio donde las personas pueden pasar la frontera sin los registros correspondientes”, indica el fiscal departamental Gilbert Muñoz. De acuerdo con el Protocolo de Palermo (instrumento jurídico que define y sienta las bases de este delito, y del cual Bolivia forma parte), se entiende por trata a “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción; el rapto, el engaño, el fraude, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. (…)”. El tráfico incluye el traslado ilícito de una persona fuera del país de origen. En caso de comprobarse la culpabilidad de los implicados, el Código Penal prevé la privación de libertad de 10 a 15 años. 

Una vez que volvió con su madre, el menor de 14 años ya no quería estudiar, solamente quería ganar dinero, a pesar de la explotación laboral que vivió. Un día salió a trabajar, pero ya no volvió más. Vanos fueron los intentos de su progenitora por encontrarlo. “Ya no sé qué hacer, solo esperar que algún día vuelva”, se lamenta la mujer.

En criterio del fiscal Muñoz, desde la promulgación de la norma, en Tarija se presentaron 94 denuncias de trata: 15 en Yacuiba, 15 en Bermejo, tres en Villa Montes, una en Entre Ríos y una en Padcaya, de las cuales 65 casos están abiertos (ver infografía). Las víctimas tienen entre 14 y18 años, la mayoría son mujeres y los tratantes tienen entre 30 y 40 años. Los procesos se refieren más a explotación laboral, servidumbre costumbrista y explotación sexual, en ese orden.

Informe La Razón estuvo en Yacuiba, en las primeras semanas de agosto, donde —como pocas veces al año— imperaba un clima frío. La temperatura, que usualmente llega a los 40 grados centígrados, marcaba diez grados. Desde las 07.30, la gente —según el censo, la ciudad tiene 91.998 habitantes— comenzaba a llenar las calles. El aumento de la población y la bonanza económica, que tiene como una de sus explicaciones a las reservas de hidrocarburos y su exportación, han traído también malas noticias.

“En los últimos 50 años Yacuiba ha tenido un crecimiento demográfico importante debido principalmente a que se ha convertido en un polo de desarrollo, con un dinamismo económico importante (...) y constituyéndose en una zona de articulación del mercado interno con la Argentina. Sin embargo, este crecimiento ha atraído la mirada de organizaciones criminales que han visto la oportunidad para desarrollar delitos como la trata y el tráfico ilícito de personas, aprovechándose además de la insuficiente vigilancia en fronteras, de rutas no vigiladas e inclusive de la permisividad de la norma migratoria”, establece el informe del Ministerio de Justicia.

Unos 17 kilómetros y parte de lo que fue un río bordean todo su territorio en forma triangular. El acceso legal, más conocido como el Puente Internacional, se encuentra en el barrio San José de Pocitos, donde existen oficinas de Migración de ambos Estados, aparte de gendarmes que realizan el control y cámaras de vigilancia del país vecino.

Pero los pasos ilegales se multiplican, ya que en cada cuadra se abre una salida clandestina. El trajín de la gente de ida y vuelta a esa nación es continuo, de día y de noche, unos a pie y otros en coches. De día, principalmente en Barrio Lindo, hay más contrabando. “Mejor no tome fotografías”, advierte Román Algarañaz, encargado interino de Migraciones Yacuiba, quien acompañó a Informe La Razón en un recorrido. En el mismo barrio está el Cementerio, los supuestos dolientes o allegados a los difuntos no llevan flores,  avanzan por un camino de tierra en bajada —formado por sus huellas— y en menos de diez minutos, caminando unos 30 metros, ingresan a territorio argentino.

El tráfico ilegal se presenta de noche y de madrugada, devela Algarañaz; no se sabe qué o quiénes ingresan o salen, solamente se aprecia a gente que camina. Se observa el control policial en motocicletas, camionetas  y cuadratracks, “pero no es suficiente”, complementa un policía, quien en un segundo recorrido muestra más caminos clandestinos (ver infografía de las páginas 8 y 9).

“Controlamos el Puente Internacional, es el que está habilitado, pero en cada cuadra hay un lugar no habilitado, en las quebradas no corre nada de agua y hay facilidad de cruzar al lado argentino. Una vez cercamos una parte de la frontera, pero lo han sacado”, cuenta el responsable de Migración, aunque asegura que durante el año que trabaja, desde 2014, no registró un caso de tráfico ilegal de personas. “Lamentablemente, si un tratante quiere sacar a un menor, puede hacerlo por estos lugares ilegales”.

Por Pocitos diariamente ingresan unas 500 personas en temporada baja (otoño e invierno) y hasta 2.500 en la alta (primavera y verano). Los bolivianos que deseen cruzar pagan Bs 15 y llenan una solicitud que tiene un número de registro. El día de la visita, por el puente, cientos de tráilers ingresaban cargados de productos y la gente caminaba de un lado a otro como si fuera una calle comercial cualquiera, inclusive estudiantes.

Virginia, de 17 años y de origen potosino, no se contuvo más y comenzó a llorar en la Terminal Terrestre de Buses de Yacuiba. Una mujer la iba a llevar a Argentina para que trabaje en la agricultura. “Te vamos a pagar muy bien”, le prometió, por lo que de Potosí la trasladó a la frontera. El hecho ocurrió el año pasado y dos involucradas fueron aprehendidas, la otra era la cabecilla y recibió una sentencia de seis años de prisión. La tratante también estaba con otra menor de 15 años, con el mismo objetivo.

Según la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Yacuiba, desde 2010 se atendieron 25 casos de trata y tráfico, con 30 víctimas, 20 mujeres y 10 varones. Del total, en 23 (90%) se sigue un proceso judicial por explotación laboral, y el resto por explotación sexual. La FELCC de la ciudad reporta que a diario desaparece una persona, pero después de un tiempo retorna a su hogar o es encontrada. La mayoría son menores de edad que escapan de su casa con sus parejas, huyen de sus progenitores por problemas familiares o se independizan.

El jefe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), Jhonny Núñez, dice que desde el 1 de enero al 10 de agosto de este año, 25 menores fueron reportados como desaparecidos. Solamente una adolescente todavía no fue encontrada, se cree que se halla en Santa Cruz, ya que su tía la vio.

CASOS. En 2013, esta oficina atendió el caso de dos adolescentes del campo de 15 y 16 años, que eran llevadas por un hombre con quien no tenían ningún grado de parentesco e intentaron salir ilegalmente por Barrio Nuevo, pero en Argentina fueron sorprendidas por los gendarmes. El padre de ellas dijo que el sujeto “les iba a hacer estudiar”. Ambas volvieron y la Justicia argentina procesó legalmente al tratante.

En otra historia, Susana y Carla, de 17 y 16, respectivamente (nombres ficticios para salvaguardar su identidad), fueron trasladadas desde su comunidad Santa Rosa a Yacuiba por una pareja, para trabajar en su negocio de lavado de autos. Les prometieron Bs 800 de sueldo, sin embargo, a cada una le daban Bs 300. A veces solo recibían un plato de comida al día o almorzaban a las 15.00, y a las 22.00 continuaban su jornada laboral, incluso en días de frío. 

“Sucedió en febrero de este año. Ir y captar a estas personas en otro lugar es delito de trata. Las jóvenes ya han sido restituidas a sus padres”, prosigue el representante de la Defensoría.

El 1 de mayo, el presidente Evo Morales promulgó el decreto que eleva el salario mínimo nacional a Bs 1.656, 15% superior al de 2014, que era de Bs 1.440.

La Defensoría de la Niñez también atendió el caso de Carolina, de 15 años, quien llegó al municipio fronterizo por propia cuenta y sin informar a sus padres, tras aceptar la propuesta de trabajo de una mujer de 60 años, para limpiar y cocinar en su casa. Su jornada comenzaba a las 05.00, primero pelaba los pollos para cocinarlos, luego ordenaba la casa, después se quedaba todo el día en el mercado para vender, de retorno pelaba las papas y recién podía descansar. La anciana le debía tres meses cuando descubrieron el maltrato laboral.

Otra menor de 16 años también trabajaba para ella. La mujer cumple detención domiciliaria debido a su edad y las jóvenes volvieron con sus familias, según el responsable de la DNA. Aparte, el Ministerio Público investiga el caso de un menor de 13 años, de origen potosino y hablante quechua. El 3 de marzo de este año se encontraba solo en la Terminal de Buses de Tarija. Un yacuibeño se acercó a él para invitarle una empanada y viéndolo solo —porque el adolescente dijo que no tenía familia y buscaba trabajo— le invitó a laborar en su casa en los quehaceres, hasta le pagó su pasaje.

El hombre comentó que “por un acto de buena fe” intentó sacarle documentación legal, pero fue remitido a la DNA y luego aprehendido. Se le dio medidas sustitutivas porque justificó su “buen actuar”, empero, ya no se apersona a la Fiscalía a firmar su libro de control, por lo que está en calidad de prófugo. El menor volvió con sus padres.

A pesar de que las autoridades locales informan que existe fiscalización para evitar que menores de edad viajen sin autorización de sus padres desde la Terminal de Buses, esto no se cumple a cabalidad. “Esta oficina ha estado siempre haciendo el control de los que salen y llegan (a la terminal), en algunos casos no ha sido posible cumplir con aquello porque hay que tomar en cuenta que es una institución que no cuenta con todos los medios adecuados. Vamos a trabajar en torno a esta problemática a partir del próximo mes (septiembre)”, afirma el alcalde Ramiro Vallejos.

Desde la aprobación de la Ley Integral de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, el 31 de julio de 2012, seis son los casos que registra la Defensoría del Pueblo de Yacuiba en 2012, la misma cantidad en 2013 y siete en 2014, pero Miguel Ángel Gallardo, representante de la entidad, considera que la cifra es mayor por las salidas ilegales. “Son datos oficiales, sin embargo, en el Chaco tenemos una frontera sumamente amplia y muy descuidada. Sobre los desaparecidos, el hecho de que los oculten o les priven de su libertad encajaría dentro de este tipo penal. Otro problema es la frontera de Villa Montes”.

Justamente en dicho municipio, Sonia Valencia, de 40 años, fue condenada a ocho años de presidio por trata y tráfico, ya que cuando fungía como trabajadora social en el hospital de la ciudad, y aprovechándose de su cargo, inducía a las madres de escasos recursos que daban a luz a entregar a sus bebés a terceros. Durante el tiempo que estuvo en ese cargo, desde 2012 y sin contar con título profesional, habría vendido a tres recién nacidos. El 8 de octubre se realizará un nuevo juicio oral por una segunda denuncia, también relacionada a la primera. El hecho fue descubierto a raíz de que una madre que entregó a su niño volvió para reclamar su devolución. 

Bermejo es otra población fronteriza con Argentina, el sector de mayor acceso ilegal es Los Gomones. El río Bermejo separa la frontera, pero su caudal no representa un obstáculo,  pues contrabandistas improvisan botes con llantas de goma —por eso el nombre— para trasladar productos alimenticios y ropa. Esto sucede a cada minuto.

En el lugar, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Bermejo encontró a menores de edad que eran contratadas por personas para cargar o trasladar esa mercadería ilegal. Informe La Razón también estuvo en la población. A primeras horas del día los contrabandistas comenzaban a cruzar el río sobre los botes improvisados.

Ya cerca al lugar, un joven preguntó: “¿Le hago pasar?”. Al recibir un “no” de respuesta, preguntó a otras personas, que sí aceptaron el trato. Centenares de cajas desechas, bolsas de ropa en desuso y cartones viejos y mojados yacían en el piso. Al frente está La Banda, una población argentina donde se puede comprar desde alimentos hasta ropa.

“Considerada como una zona de tránsito de víctimas de trata, Bermejo presenta también uno de los principales lugares para la captación de víctimas menores de edad con fines de trata de personas en la modalidad de explotación laboral y otras formas de explotación. Muchas de las víctimas son captadas en la zona o traídas de otros puntos del país, y son llevadas a la frontera, específicamente a Aguas Blancas, donde son trasladadas hacia Argentina”, señala el informe del Ministerio de Justicia.

En este cruce, la mercancía ilícita no es lo único que se traslada. Rosmery Mendoza, responsable de la Defensoría de Bermejo, indica que los bolivianos ingresan para trabajar en las fincas argentinas, principalmente en las cosechas de frutillas, zapallos y tomates. “Los padres van a estas fincas para trabajar, algunos llevan a adolescentes para ese objetivo. Hay menores de edad que también cruzan. Es algo que no se puede controlar”, lamenta la profesional.

Los pasos fronterizos legales son Las Chalanas y el Puente Internacional. Ahí se observa claramente los colores de ambas banderas pintadas en la vía. Tras cruzar se llega a la población de Aguas Blancas, de Argentina. Una funcionaria de la DNA y que no tiene oficina —trabaja a la intemperie— controla que ningún menor de edad sea ingresado de manera irregular. La acompaña un policía de Tránsito y personal de Vías Bolivia, quienes tienen sus ambientes. Migración Bolivia está en el lado argentino, comparte oficina con Migración Argentina.

CONTROL. Gracias a este control, la Defensoría evitó el ingreso ilegal de uno o más menores de edad en 30 oportunidades. Iban acompañados de un adulto que no era su familiar e intentaron burlar la seguridad. “Estamos coordinando con Migraciones y solicitando que nos dé el espacio que ocupaba en el país, para que el personal esté las 24 horas. Ahora una persona hace el control desde las 07.00 hasta las 22.00, pero de madrugada no hay control”, señala Mendoza.

Sobre Migración Bolivia, dos son los funcionarios que atienden por turnos. Esteban Blanco es el encargado, recuerda que entre los cinco casos de ingreso ilegal que frenaron, en 2013, dos menores de 16 y 17 años eran trasladados por una persona evadiendo el punto de control; los jóvenes llegaron de la provincia de Nor Cinti, de Chuquisaca. “Algunos se van a las fincas argentinas en la mañana y retornan por la tarde”.

Las víctimas de los tratantes son orureños, paceños, potosinos, los mismos tarijeños y en su mayoría chuquisaqueños. Desde julio, la DNA atiende seis casos de trata y tráfico, todos son del área rural como Culpina, San Lucas y Villa Charcas, de Chuquisaca.  Justamente Santusa, de 13 años, era de Villa Charcas. Murió el 1 de agosto de este año a causa de neumonía y tifoidea luego de haber trabajado desde enero con Élfida C., de 36 años. Ya empleada, ella se levantaba a las 05.00 para limpiar y vender productos todo el día en un puesto comercial; por la noche, al retornar a la casa, debía lavar ropa, así estuviera haciendo frío.

“Sufrió de continuos dolores de cabeza y resfríos, y su empleadora solo le daba calmantes, recién cuando estuvo en estado crítico fue internada, su cuerpo no resistió y falleció”, contó la jefa de la DNA de Bermejo, quien conoció el hecho tras denuncia de la trabajadora social del hospital. La menor recibía un sueldo de Bs 500, sus padres autorizaron el trabajo y que estudiara, empero, en los seis meses no fue a la escuela.

Élfida C. también le descontaba de su salario por los calmantes que compraba para el dolor de cabeza y por el tiempo que descansaba por la enfermedad. Una vez que se ubicó a la empleadora, el Ministerio de Trabajo ordenó que asuma los gastos por la compra de medicamentos y por las más de ocho horas de trabajo diario. “Para su familia, ella estaba bien. El viernes (31 de julio) presentó un mejor estado de salud, pero entró en estado de coma y  murió”.

La existencia de redes de tratantes en el país no está confirmada por el Ministerio de Justicia, aclara Jimena Fajardo, responsable del área de Trata y Tráfico, pero existen denuncias al respecto. “Cuando hablamos de trata siempre hay captación, un medio de engaño o presión, puede ser que no estén acompañadas por una persona, pero hay algo que las está llevando a otro lugar, caso contrario sería solo una migración irregular. Existen denuncias que señalan que hay redes de tratantes, pero ni el Ministerio Público ni la Policía han desarticulado alguna red; hasta que no exista una sentencia firme que corrobore esa información, no podemos emitir ese dato”.

Las víctimas no solo son empleadas de un hogar; tras controles sorpresivos de la Intendencia Municipal y la DNA de Bermejo se evidenció que también trabajan en locales y bares vendiendo bebidas alcohólicas. Rosario, de 13 años, era una de ellas. Junto con otras cuatro adolescentes de 16 y 17 años fueron contratadas por una mujer para atender un local. La Defensoría las descubrió sirviendo bebidas alcohólicas cuando el reloj marcaba más de las 21.00.

Se informó que la menor, que era de Santa Rosa, dormía en el suelo por falta de camas, y ganaba mensualmente Bs 600. Ella pensó que solo iba a lavar platos, tal como le ofrecieron, pero la realidad fue otra. Al día siguiente del operativo sus padres la llevaron a su comunidad.

EL REPORTAJE COMPLETO EN LA EDICIÓN ESPECIAL DE INFORME LA RAZÓN, QUE CIRCULA ESTE LUNES 7 DE SEPTIEMBRE JUNTO A NUESTRA EDICIÓN IMPRESA.

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