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Nueve regiones del país alimentan el tráfico de madera

Comunarios, ‘piratas’ y/o particulares son parte de la cadena que es dominada por clanes familiares, ante todo en La Paz

La Razón / Milenka Villarroel Majluf y Miguel E. Gomez Balboa

00:00 / 13 de agosto de 2012

La tala y el tráfico ilegales carcomen los recursos maderables de los bosques del país y han hallado otro método para burlar el control de las autoridades: los desmontes fantasma. Informe La Razón accedió en exclusiva al último informe de la Autoridad Nacional de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), que apunta a nueve “zonas  críticas” donde imperan estos delitos.

La riqueza forestal de Bolivia se expresa en que ocupa el sexto escalón mundial en extensión de bosques tropicales y el decimoquinto en cobertura boscosa. Pero este patrimonio fue en franco detrimento en las últimas cuatro décadas, ya que la superficie de bosques estimada en la nación hasta 1993, que alcanzaba a 53,5 millones de hectáreas —o sea 48,6% del territorio nacional—, decayó a 46 millones por la  deforestación aplicada entre 1975 y 2010.

Peligros. Las causas de ello son la extracción indiscriminada de árboles y los desmontes para la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería y el contrabando de madera. A la par, del total de superficie boscosa, 41,2 millones de hectáreas llevan el rótulo de Tierras de Protección Forestal Permanente, de las que 28,1 millones pueden ser explotadas sin restricciones, 2,3 millones poseen alguna restricción y las restantes 10,8 millones son consideradas áreas protegidas.

Los artículos 346 y 348 de la Constitución Política determinan que los suelos, agua, aire, bosque y biodiversidad son recursos de carácter estratégico y de interés público. Asimismo, el manejo sustentable e integral de los bosques es clave en el nuevo modelo económico plural, que apuesta hacia una administración comunitaria de estos territorios, bajo una premisa ecológica y con sustento cultural.

Los bosques nativos dominan el paisaje de las regiones de los Yungas paceños, el Chapare cochabambino, el norte amazónico, los llanos del Beni y Santa Cruz, la Chiquitanía y el Chaco. La ABT maneja que hay entre 240 y 303 variedades de especies maderables, que tienen un potencial productivo de 300 millones de pies cúbicos; de ellas, la mara, el roble y el cedro se hallan en proceso de extinción.

La explotación y los desmontes legales de los recursos maderables se rigen a los Planes Generales de Manejo Forestal, los Planes Operativos Anuales Forestales y los Certificados Forestales de Origen en cuanto al transporte de madera. El año pasado hubo un alza de 45.958 hectáreas del área de bosques bajo planes de manejo con relación a 2010, de 687.145 a 687.145, y el 94% de autorizaciones ha favorecido a comunidades campesinas e indígenas y sólo 6% a propietarios privados y empresas forestales.

Oferta. El informe de la ABT señala que la oferta de madera para los mercados nacional y extranjero subió en casi 20% de 2010 a 2011: de 1,8 millones de metros cúbicos de madera en troza (m3r) a 2,2 millones. Los volúmenes por departamento son: Santa Cruz (1.309.875 m3r), Pando (346.681), La Paz (310.129), Beni (202.313), Cochabamba (40.829), Tarija (8.402) y Chuquisaca (3.584); menos Potosí y Oruro.

Las especies maderables con mayor volumen extraído son el ochoó (314.110 m3r, que hace dos años llegó a 183.880), el almendrillo (97.117), el tajibo (78.020), la mara macho (49.368), el mapajo (37.953), el roble (36.457), el curupau (35.324), el bibosi (35.175), el verdolago (33.064) y la hoja de yuca (32.287). La otra cara se expresa en el decomiso de la madera aprovechada, transportada y/o almacenada ilícitamente.

El director de la ABT, Cliver Rocha, estima que, antes de 2010 —cuando comenzó a operar la entidad que reemplazó a la Superintendencia Forestal—, un 80% de la madera comercializada provenía del contrabando. Hoy, se estima que los operativos han permitido que más del 60% de la madera demandada por los mercados locales pase por el control estatal, y esta mejora se demuestra en otros números.

Hasta 2010, en promedio, se decomisaron 28.937 metros cúbicos de madera por año, equivalentes a 1.269 camiones. En 2010, estos guarismos ascendieron a 61.429 y 2.054, respectivamente. Y el año pasado se confiscaron 47.043 metros cúbicos, equivalentes a 1.443 camiones; aparte de   3,2 millones de pies tablares de madera aserrada y 28.079 m3r de madera en troza, que equivalen a 1.123 camiones.

La ilegalidad se asienta en nueve regiones del país. El reciente estudio de la ABT define a éstas como “zonas críticas” del aprovechamiento ilegal de productos forestales, relacionados con desmontes vinculados a la habilitación de tierras agrícolas, contrabando de madera y presión de asentamientos ilegales. Sitios donde se requiere intensificar las actividades de fiscalización de la entidad.

En el departamento de Pando se encuentran Abuná y la zona Bolpebra (triple frontera de Bolivia-Perú-Brasil)-Filadelfia; entre Pando y La Paz, la región Ixiamas-Manurimi; en La Paz, Palos Blancos-Caranavi-La Asunta; entre La Paz y Beni se halla Yucumo; entre Beni y Cochabamba, la Reserva Forestal Choré, y en Santa Cruz, la provincia Guarayos, la Reserva Forestal Bajo Paragua y San Miguel-San Rafael.

La mayoría son tierras de nadie donde los funcionarios de la ABT no tenían pisada, pero que de a poco son retomadas con ayuda de los militares. Hay pueblos que dependen de este ilícito, “como San Miguel y San Rafael (en la Chiquitanía); en Guarayos existe una gran cantidad de aserraderos preponderantemente ilegales”, manifiesta Rocha. Pero en la cadena hay mucho más que pueblos y aserraderos.

El tráfico de madera compromete a varios actores y cada uno desempeña un rol, que varía según la “zona crítica”. En el primer eslabón están los taladores, los que extraen la madera (campesinos, indígenas, “piratas” que buscan áreas sin ningún control, menonitas o propietarios privados); luego están los intermediarios o los que transportan la mercadería a almacenes, aserraderos o barracas y carpinterías.

Rocha comenta que tras bambalinas hay organizaciones que se conforman de manera espontánea; aunque sobresalen los clanes familiares. Ello es muy común en La Paz, donde existen parentelas que han edificado su poder económico con base en este negocio. “En las comunidades involucradas se han formado élites para las que es indiferente perder un camión o dejarlo abandonado, porque tienen plata”.

El jefe de la Unidad de Bosques y Tierras de la ABT, Filemón Hinojosa, devela que una base de datos y antecedentes en el departamento paceño permitió identificar a personas del mismo apellido que son reincidentes en el ilícito. “Los choferes de muchos vehículos que fueron capturados son hermanos, concubinos, primos. Es que se necesitan varios individuos desde la extracción de la madera hasta el destino final”.

El año pasado se tuvo 649 “medios de perpetración” (recursos o herramientas que coadyuvan en la comisión de un delito o infracción relacionada con la actividad forestal o agraria) intervenidos, informa el documento de la ABT: 546 camiones, 41 motosierras, 23 orugas, 12 skiders (tractores de arrastre), igual número de tractores, diez flotas y cinco aserraderos. Esta cifra llegó en 2010 a 928, y un año antes, a 330.

La Paz preocupa en cuanto al contrabando de los recursos maderables. El periodista argentino Pablo Cingolani, integrante del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), relata que, por ejemplo, tuvo la oportunidad de verificar que en la plaza principal del municipio norteño de Ixiamas hay habitantes que ofrecen planes forestales para explotar madera. “Los peruanos ya no tienen mara en su territorio e ingresan a Bolivia para sacarla”.

Los traficantes se aprovisionan de madera de los Yungas, Palos Blancos, Alto Beni, Apolo, Ixiamas, Irupana, Circuata, Cajuata, Licoma, Inquisivi, Quime. Para transportarla a las urbes de La Paz y El Alto usan rutas alternas y la más reciente es Conani, camino a Oruro. “Son caravanas de tres a cinco camiones y tienen ‘loros’, informantes con movilidades pequeñas en el trayecto”, advierte Hinojosa.

Otra vía es la que se conecta con la laguna de Pampalarama, que los delincuentes utilizan para arribar a El Alto. “Cuando olfatean el control, retornan a Caranavi o se esconden en caminos denominados ‘bolsillos’. Operan en las noches, fines de semana y feriados como fin de año, que es cuando se requiere más madera para fabricar muebles; son jornadas en que la ABT y las Fuerzas Armadas están distraídas”.

Para llenar los camiones se realiza un “trabajo hormiga”, continúa Hinojosa, ya que tras el empleo de las motosierras, los taladores cargan “a lomo” las troncas o los “cuartones” (vigas del mismo volumen) y las depositan en centros de acopio o camionetas pequeñas, para finalmente transportarlas a los coches pesados que las llevarán hasta depósitos citadinos o periurbanos.

¿Qué pasa en Pando? El director de la ABT de ese departamento, Heriberto Larrea, señala que los sitios más conflictivos se concentran en la frontera con Perú, donde el contrabando va de la mano con la complicidad de lugareños de los poblados de Soberanía, Puerto Sucre, Londres, San Francisco, 1º de Mayo, Filadelfia y Nueva Unión. Mientras en la zona norte, están los de Mapajo (Villa Bolivia) y de áreas de los ríos Karamanu y Chipamanu.

“Son lugares desprotegidos, no se puede llegar a ellos por falta de caminos. Por eso los extranjeros hacen suyos nuestros recursos forestales maderables y no maderables”. Aparte, la zona central pandina, entre los municipios de Puerto Rico, El Sena, San Lorenzo y San Pedro, es el imperio de los “habilitadores”, que adelantan pagos a los indígenas para que les entreguen madera a Bs 1 por cada pie tablar. 

En Cochabamba, cada mes, al menos 500 camiones y remolques de madera aserrada, cuartonada y en troncas salen legalmente de las tierras fiscales aledañas a las Tierras Comunitarias de Origen Yuracaré, Yuquisiri y Cocapata, el Parque Nacional Isiboro Sécure y Mosetén, de acuerdo con la ABT de ese departamento, que calcula que similar guarismo es trasladado ilegalmente por rutas (semi)ocultas que burlan la fiscalización del Estado.

“Miles de árboles de las especies en extinción (mara, cedro, robre y nogal) son derribados y comercializados clandestinamente en mercados de Cochabamba, Beni y La Paz para la producción de muebles de exportación”, expone la entidad. Aparte, sólo 10% de los 1,15 millones de hectáreas de bosques naturales cochabambinos tiene un plan de aprovechamiento sostenible; el “resto está disperso y susceptible a la explotación irracional, el robo, la tala indiscriminada, los chaqueos e incendios”.

En Santa Cruz, informa Mario Roca, secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, las reservas forestales, áreas protegidas e incluso parques nacionales sufren constante deforestación por la ampliación de la frontera agrícola y el avasallamiento de colonos que argumentan no tener tierras donde vivir, a la par que otros las usan sólo para la actividad ilícita de la siembra de coca.

“La deforestación y el uso de químicos tienen un impacto ambiental que afecta directamente a la biodiversidad”, adiciona la autoridad regional, quien denuncia que “luego de varios operativos realizados en distintas zonas de Santa Cruz, se descubrió que para trasladar la madera por caminos alternativos hasta el departamento de La Paz, (los choferes de camiones) cobran desde 1.700 a 2.000 dólares ”.

Camilo Soruco, director de la ABT de Tarija, explica que por los decomisos realizados, se puede corroborar que existe “el transporte ilegal de productos que vienen del bosque, entre ellos la madera”. Ello es impulsado por citadinos que recorren las zonas o comunidades que cuentan con bosques para comprar madera de diferentes variedades, las cuales, posteriormente, son acopiadas en lugares estratégicos.

Destinos. El traslado a otras urbes del país o Argentina es implementado bajo el paraguas de la oscuridad, las noches de fines de semana. Para ello, se emplean buses acondicionados para el delito, camiones y hasta centenares de burros. “En un operativo se decomisaron 1.000 tablones de cedro que eran llevados en estos animales. Cada uno traslada entre tres y cuatro tablones que pesan unos 50 kilos”, dice Soruco

¿Y cuáles son los destinos interno y externo de la madera? La jefa de la ABT de La Paz, Ana Clavijo, subraya que el 80% de estos recursos aterrizan en este departamento porque concentra a exportadoras y comercializadoras, y también a almacenes y barracas ilegales. Aparte, la ABT tiene en la mira a China como país que recepciona madera de contrabando, y el especialista en proyectos ambientales Víctor Hugo Gutiérrez apunta a otras naciones fronterizas: Brasil, Perú, Argentina y Paraguay.

Por otra parte, los desmontes en La Paz se encuentran en la mira de las autoridades. Según Rocha, cada año se desmontan 300 mil hectáreas de bosque en Bolivia. Esta práctica, que consiste en el retiro de los árboles de un territorio, para volverlo apto para la agricultura o la ganadería, está vinculada con el aprovisionamiento de madera a los contrabandistas, que incluso compran los “árboles parados”, para subirlos a sus vehículos apenas volteados.

Los “desmontes fantasma” son la nueva estrategia que ha aparecido en el norte paceño y que es aplicada por clanes familiares. Mediante ella, una persona declara a  la ABT un plan de desmonte en espacios menores de cinco hectáreas, en sitios de difícil acceso para los inspectores de la repartición. Sin embargo, éstos no cuentan con árboles o sólo tienen arbustos frutales. Es así que los certificados de la supuesta madera son empleados para el “lavado” de la madera ilegalmente extraída en otro sitio.

“El fenómeno se da porque el personal encargado de verificar las solicitudes de desmontes es muy reducido y tenemos que aprobarlas por fe pública, confiando en que se está declarando algo cierto”, señala Clavijo. Además, no se desecha que este método sirva para “lavar” madera proveniente de otros departamentos. “Es un fenómeno particular de La Paz, donde se declaran áreas que no existen en los hechos”, complementa el director nacional.

Rocha admite limitaciones en las tareas de la ABT, pero resalta que hay mayor fiscalización en el rubro y que, por esto, la ilegalidad ha ido en descenso. Una muestra de ello es que de 2010 a 2011 hubo un aumento de 1.990 a 2.175 (casi un 10%) de los procesos por desmontes (844), transporte (524), aprovechamiento (310), quema (269) y almacenamiento (222) ilícitos en las actividades que se hallan relacionadas con las tierras y los bosques bolivianos.

El departamento con más contravenciones es Santa Cruz, con 1.182, seguido por Pando, con 381; Tarija, con 183; Cochabamba, con 144; Beni, con 120; La Paz, con 94 y Chuquisaca, con 71. En cuanto a los involucrados, sobresalen los particulares, con 1.731 de los 2.175 “procesos sancionadores instaurados”; las empresas forestales tienen 200; las comunidades campesinas, 173; las comunidades indígenas, 38; y las colonias menonitas figuran en el último escalón con 33.

La corrupción es un tema pendiente y Rocha manifiesta que hay una cruzada por desmantelar este problema en su entidad. Por ello, “hay un funcionario de la ABT preso, y otro de la Policía Forestal de Medio Ambiente (Pofoma)”. El asunto incluso derivó en que esta unidad sea apartada de los operativos porque “era parte de esa estructura corrupta”. Pero el director de Pofoma, René Peña, responde que más bien ellos denunciaron hechos ilícitos de miembros de la repartición de Rocha.

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción recibió el año pasado 48 denuncias, de las cuales 18 recayeron en personal de la ABT. Ello derivó en 11 procesos penales, con 29 funcionarios públicos involucrados. Además, se impulsó 21 sumarios administrativos internos en contra de 39 personas: 17 de la Dirección Nacional, diez de la ABT de Santa Cruz, nueve de la ABT de La Paz, y tres de la de Tarija. Y por último, se tiene en trámite 12 juicios por falsificación de certificados forestales; siete en La Paz, cuatro en Santa Cruz y uno en Cochabamba.

Y para fortalecer la lucha contra el tráfico de madera y otros delitos, se ha formado la Fuerza de Defensa de Medio Ambiente y Bosques, que incluye a los militares. La meta es voltear la tortilla de la ilegalidad, que hasta hace dos años provocó que de los 3,6 millones de hectáreas deforestadas en Bolivia, sólo 1,2 millones fueran fiscalizadas. Un imperio que tambalea, pero que se resiste al derrumbe.

Los delitos forestales según la Ley 1700, de julio de 1996

  • Constituyen delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia e impedimento o estorbo al ejercicio de funciones (artículos 159, 160 y 161 del Código Penal, con hasta un año de  reclusión), los actos en contra de inspectores y auditores forestales acreditados por la autoridad competente y el incumplimiento de las resoluciones de la autoridad forestal.
  • Son circunstancias agravantes de  los delitos de los artículos 198, 199, 200 y 203 del Código Penal (con entre seis meses y seis años de privación de libertad), cuando los actos de falsedad material o ideológica, o el uso de instrumentos falsificados, estén referidos al Plan de Manejo Forestal y sus instrumentos subsidiarios, programas de abastecimiento de materia prima, declaraciones juradas, informes y documentos de los profesionales y técnicos forestales, pliegos de cargo y recomendaciones de las inspecciones, informes y dictámenes de auditorías forestales y demás instrumentos establecidos.
  • Son circunstancias agravantes del delito previsto en el artículo 206 del Código Penal (incendio, con pena de dos a seis años de reclusión), cuando la quema en áreas forestales se efectúe sin la debida autorización o sin observar las regulaciones sobre quema controlada, o se afecten tierras de protección, producción forestal, inmovilización o áreas protegidas.
  • Son actos de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional tipificados en el artículo 223 (con entre uno a seis años de cárcel), la tala o quema de la cobertura arbórea en tierras de protección, producción forestal o inmovilización y en las áreas protegidas (...) y las practicadas en tierras aptas para otros usos; sin la autorización de la autoridad o sin cumplir las regulaciones de la materia. 
  • Constituye un acto de sustracción tipificado también en el artículo 223 del Código Penal, la utilización de  recursos forestales sin autorización concedida por la autoridad competente o fuera de las áreas otorgadas, así como su comercialización. 

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