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200 zonas del país están en riesgo por los deslizamientos

El Mapa de Amenazas de Bolivia ubica 1.856 puntos asolados por inundaciones. Otro caso que preocupa es Villa Huancané

La Razón

00:00 / 27 de agosto de 2012

Los deslizamientos de tierra, los derrumbes y las mazamorras de lodo y piedras asedian al menos a 200 zonas del territorio nacional, de acuerdo con los datos brindados a Informe La Razón por la Unidad de Riesgos del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin). Eso no es todo: las inundaciones asuelan cada año a 1.856 puntos del país.

Esta entidad del Ministerio de Minería y Metalurgia alista para fin de año el primer Mapa de Amenazas Geológicas de Bolivia (del cual se brinda un adelanto en la página 11). Es algo vital, señala Richard Zenteno, director de la Unidad de Riesgos, ya que con este trabajo el Gobierno, gobernaciones y municipios podrán tomar previsiones ante eventuales desastres naturales.

Con esto, a la par, se exigirá que las alcaldías que tienen comunidades sumergidas en una de estas zonas amenazadas, conformen sus unidades de Gestión de Riesgos y sus sistemas de Alerta Temprana; sólo como un ejemplo: solamente diez de los 87 municipios del departamento de La Paz cuentan con sus respectivas unidades de Gestión de Riesgos.

Diagnóstico. Gonzalo Quenta, que es parte de la Unidad de Riesgos, informa que La Paz, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija son acosados, sobre todo, por los deslizamientos, los derrumbes y las mazamorras; en tanto la región oriental (Pando, Beni, Santa Cruz y parte de la amazonia paceña) es amenazada por las inundaciones, y en Oruro y parte de Potosí, igualmente se registra actividad volcánica.

“En Bolivia hay 200 sectores donde podrían presentarse deslizamientos en las cabeceras de valle, como Sorata y Luribay en el departamento de La Paz, el valle alto de Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y algo en Potosí. En La Paz  hay 40 sectores susceptibles a deslizamientos”, resume Zenteno. Y lo más preocupante son las poblaciones que se encuentran en estas “zonas rojas”.

Cinto es una de ellas. Mientras en Oruro, los chipayas soportan los embates del río Lauca y son los únicos que han pedido oficialmente su reubicación al Ejecutivo, remarca el Viceministerio de Defensa Civil. Y a cinco horas de viaje en automóvil desde la ciudad de La Paz, a unos 230 kilómetros de distancia, Informe La Razón halló otra comunidad que pide auxilio por los deslizamientos y el agrietamiento de sus viviendas. Se llama Villa Huancané.

Arriba de los 3.000 metros de altitud y a dos horas de ascenso desde los sembradíos luribayeños de duraznos y manzanas, este poblado altiplánico yace cerca de la Cordillera Real. Está en el municipio de Luribay, en la provincia Loayza, al igual que Cinto. Allí, las casas edificadas el año pasado empezaron a rajarse hace cinco meses y sus pobladores, dedicados al cultivo de papa y oca, creen que lo peor vendrá con las lluvias de noviembre.

“Mis padres han vivido siempre aquí y nunca había pasado esto y ahora no sé qué haremos”, cuenta, visiblemente apenado Juan Chambi, padre de tres hijos. Un centenar de huancaneños habita 30 casas en este lugar fronterizo con el municipio de Yaco; y la mitad de ellas están resquebrajadas, incluida la de Juan. “Hemos pedido a la Alcaldía de Luribay que nos ayude y han venido los concejales, pero seguimos así”.

Ya con la cuenta regresiva para el inicio de las precipitaciones pluviales, los vecinos saben que en algún momento tendrán que pedir asistencia. “Medio pueblo se está cayendo”, advierte Marcelino Cansaya, maestro de la escuela frecuentada por 21 niños cuya seguridad corre riesgo, porque el inmueble presenta notorias hendiduras.Según constató Informe La Razón, son tres las grietas que cruzan la comunidad: una ingresa por el este y bordea la unidad educativa, allí el piso se hundió al menos unos 30 centímetros; otra afecta a las viviendas en la parte alta e ingresa al centro de Villa Huancané, y la última, en el centro del pueblo, igualmente penetra al colegio.

Desamparo. Hace cinco meses, Modesto Velásquez no pudo cerrar su puerta y creyó que la había instalado mal, pero grande fue su sorpresa en junio, cuando las fisuras ingresaron a su morada. “La he tenido que sacar”, dice, y después enseña el portón de madera y la abertura de unos 15 centímetros que se abrió en la pared. 

El hombre desalojó la habitación que ahora usa solamente para guardar semillas, paja y cosas viejas. Ahora, se apura en la construcción de un pequeño cuarto en Ch’allapampa, otra comunidad más arriba de la suya. “Por si acaso”, anuncia.

Dos de los tres ambientes en los que reside Modesto están sin puertas; el otro tuvo que ser derruido porque las fisuras eran muy grandes. “Pedimos que nos trasladen a otro lado”. El temor de Modesto es que las lluvias remojen las paredes de su vivienda, que las grietas crezcan más, que la falla geológica se reactive y que tenga que ser exiliado, sin nada, de su terruño.

“Aka utajax ch’iyataw (mi casa está partida)”, afirma en aymara y con voz pausada la anciana Alicia Coria, desde el patio de su humilde domicilio que fue edificado hace más de cuarto de siglo. Y aunque los viejos adobes reflejan el paso del tiempo, ella no puede hallar respuesta al fenómeno por el cual su morada se parte en dos.

“No estaba así, recién nomás este año se ha rajado, por eso le he puesto cartones y bolsas de nailon para cubrirla y para que no entre el frío”. Una grieta de 15 centímetros de diámetro y dos metros de largo resalta entre uno de los muros y el piso. “Tengo que dejarla y me tendré que ir a la casa de uno de mis hijos”, avisa la mujer de pollera que vive allí los últimos 40 años. 

Las hendiduras aparecieron en marzo. “Parece que van a tener que llevarnos a otro lugar a todos, porque toda esta parte está rajada”, muestra Alicia, mientras observa el río Ch’allajahuira, adonde cree que su inmueble y sus pertenencias —a la par de las de sus vecinos— irán a parar si no reciben ayuda de las autoridades nacionales, departamentales o municipales.

“Por el momento, aquí nomás voy a seguir, pero luego, ¿dónde nos vamos a ir?”, pregunta la madre de cuatro hijos. A unos 300 metros de su residencia, Sebastián Velásquez luce preocupado. “Parece que la desgracia me está persiguiendo. Primero, mi esposa me dejó cuando mi hija tenía sólo un año. Luego construí esta vivienda y ahora se está partiendo”, manifiesta, desde el interior de su morada de tres ambientes.

Uno de éstos servía como tienda, pero ahora se halla cerrada. “Ya no vendo nada porque todo se puede caer”, cuenta el hombre de 43 años. Adentro, una grieta atraviesa la pared, se extiende al patio y se pierde en la calle donde el viento sopla con fuerza. Un sitio donde los lugareños ya no duermen tranquilos y no quieren ni pensar lo que les deparará la próxima temporada de lluvias. “Ojalá no pase, pero quién nos puede garantizar que los muros no se caigan encima de nosotros”, alerta Sebastián.

No es fácil que un pueblo emigre de su territorio. Ello requiere de gran inversión económica y un trabajo técnico para la ubicación de un nuevo espacio para el asentamiento, entre otros puntos. Hay pocos casos exitosos, como el de la comarca potosina de San Cristóbal, que se recorrió 17 kilómetros para permitir la explotación de su veta de plata, plomo y zinc sobre la que se encontraba; pero para ello contó con el dinero de la firma minera.

Otro es el de Yocarhuaya, en la provincia Camacho, comunidad que se trasladó en cuatro ocasiones por el asedio de los deslizamientos y derrumbes de piedras. Su partida a Ch’uñupampa se logró gracias a la coordinación del Gobierno, mediante los viceministerios de Vivienda y Urbanismo, de Defensa Civil y de Recursos Hídricos y Riego, el municipio de Moco Moco y la Gobernación de La Paz.

Los huancaneños notificaron su problema al alcalde Alejandro Cadima. Los concejales visitaron la zona, pero después no se supo más de ellos. Además, tanto el Viceministerio de Defensa Civil como la Unidad de Riesgos de la Gobernación desconocen las penurias de Villa Huancané.

Pero Sergeotecmin está enterado del asunto. “Por los antecedentes de Villa Huancané, allí se debe realizar una reubicación”, comenta el ingeniero Gonzalo Quenta, quien conoce esta zona amenazada. Por ello, su repartición alista un equipo de topógrafos, ingenieros civiles, ambientalistas y riesgólogos para que estudien la región y, posteriormente, sugieran un territorio seguro para la gente. 

Es que esta dependencia estatal no puede actuar de oficio. Y tras la visita de Informe La Razón a la comunidad afectada, el alcalde Cadima se acercó hasta sus oficinas en la ciudad de La Paz para solicitar el trabajo de campo, pero aún no se firmó ningún convenio interinstitucional. “Parece que estuviera yéndose el pueblo (hacia el río Ch’allajahuira). Al final todo puede pasar con los hermanos (huancaneños)”, arguye esta autoridad.

Los deslizamientos que carcomen los predios del poblado se están produciendo porque las terrazas naturales se desprenden río abajo, esto provoca el agrietamiento de las viviendas. En otras palabras: la “cuña natural” ha perdido fuerza y para la reubicación, anticipa Quenta, “hay que ver el número de habitantes, los recursos económicos, la cercanía del agua, el acceso carretero y otros. Por eso es muy costoso”.

¿Y cuál es la salida para Cinto? Quenta plantea dos opciones. “La reubicación y la rehabilitación, porque en esto último se puede hacer el control de torrenteras en las cabeceras (del río), después obras hidráulicas para redireccionar los flujos (mazamorra), pero el costo va a ser muy alto”.

En similar tono se expresa William Rioja, de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación de La Paz, aunque repara que si se realizan los trabajos de rehabilitación, el estudio requeriría de entre seis y siete millones de bolivianos, por lo que se inclina a que los cinteños sean trasladados a otro lugar.

Quenta y Zenteno —director de la Unidad de Riesgos del Sergeotecmin— concuerdan en que las autoridades deben tomar conciencia de que “vivimos en un ambiente de actividad sísmica, deslizamientos y actividad volcánica”, apunta el primero. Por ello, es necesario impulsar la instauración de unidades de Gestión de Riesgos en los municipios, para que sus habitantes conozcan el terreno donde viven. “Aquí falta voluntad política e interés de las comunidades”, remata Quenta.

Mapeo. El viceministro de Defensa Civil, René Cabrera, admite que no conocía los casos de Villa Huancané y Cinto, y subraya  que la labor de su entidad se centra en la “reducción del riesgo, que significa tomar acciones y medidas de prevención” ante los desastres naturales. El año pasado, según el Ministerio de Defensa, el número de afectados en el país ascendió a 50 mil.

Mientras que en la Gobernación de La Paz están dispuestos a ayudar en el estudio de Cinto, pero dejan que los técnicos debatan su reubicación, al igual que en Villa Huancané. En todo caso, coinciden en que se debe apuntar a implementar políticas de riesgos. “Hay muchos sectores con deslizamientos en los valles, pero la gente se va a la zona atraída por el clima, el agua y la tierra”, opina Rioja.

El Mapa de Amenazas de Bolivia que elabora el Sergeotecmin será la base para diseñar estas políticas en el país. “Hay que validar todavía algunos puntos en el campo”, dice Zenteno, quien ratifica que la labor estará acabada hasta fin de año.

Para la responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Cochabamba, Tatiana Zanabria, este mapa será un gran aporte para la creación de políticas de riesgo en todo el país. “Después de que tengamos esta información veremos si se necesita más presupuesto para atender desastres naturales que se pueden presentar en nuestras regiones”.

Por ahora, Villa Huancané y Cinto parecen estar condenados a esperar que la siguiente época de aguaceros sea benigna con su territorio, sus viviendas, sus sembradíos y sus pobladores. Todo por habitar una de las 200 zonas que están bajo la amenaza de desastres naturales en el país.

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