La Gaceta Jurídica

Acceso a la justicia en el nuevo Código Procesal Civil Boliviano

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 09 de abril de 2013

Resulta admirable y digno de resaltar el hecho que la Ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, recientemente haya presentado el Anteproyecto de Código Procesal Civil ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) de Bolivia; un instrumento legal indispensable en el ordenamiento jurídico y mediante el cual se pretende introducir la oralidad en la sustanciación y resolución de aquellas controversias jurídicas que surgen en el ámbito privado, regulado por normas civiles.

Se debe reconocer que esta iniciativa se constituye en el segundo paso importante hacia la estructuración de una nueva codificación boliviana, luego de la promulgación del Código Procesal Constitucional el pasado año.

Según la información difundida por los medios de comunicación, este proyecto tendría los siguientes objetivos: “Brindar mayor acceso a la justicia a través de la oralidad, desformalizar el proceso civil en todas sus etapas, simplificar el procedimiento, reducir la sobrecarga judicial y evitar la mora procesal, transparentar las actuaciones judiciales a través de la introducción del sistema oral y alcanzar una justicia pronta, eficaz y eficiente”.

Sobre la elaboración de este anteproyecto, considero mi deber profesional hacer conocer que en 1997 ya existía un Anteproyecto de Código del Proceso Civil, que, si bien fue promovido por las autoridades del Ministerio de Justicia de aquel tiempo, era una obra muy bien elaborada (fruto del esfuerzo de expertos nacionales e internacionales que participaron en su redacción).

Precisamente, éste propugnaba la introducción de la oralidad a través del  Proceso por Audiencia en el proceso civil. Cabe mencionar este importante antecedente, dado que es indispensable rescatar ésta y otras propuestas innovadoras que contenía la propuesta de 1997, pero que lamentablemente nunca fue considerado por el entonces Congreso Nacional.

Sobre los objetivos que persigue el Anteproyecto recientemente presentado se debe poner de relieve que el acceso a la justicia es un derecho humano conocido como “derecho a la tutela judicial efectiva” y consiste, básicamente, en la potestad y capacidad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad judicial competente, demandando que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada que lesiona o desconoce sus derechos (Cfr. SSCC 0655/10-R de 19 de julio, y 1063/11-R de 11 de julio).

Este derecho de acceso a la justicia está consagrado por el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en el artículo 115, parágrafo I de la Constitución, teniendo los siguientes elementos esenciales:

a) derecho a acceder ante la autoridad judicial para iniciar y sustanciar un proceso judicial;

b) derecho a presentar las pruebas, y objetar las presentadas por la parte contraria;

c) derecho a obtener una resolución fundada en Derecho;

d) derecho a acceder a los recursos ordinarios o extraordinarios para impugnar las decisiones judiciales ilegales;

e) derecho a que el proceso concluya en un plazo razonable; y

f) derecho a que la sentencia ejecutoriada sea ejecutada.

Ciertamente, éste es uno de los derechos humanos más importantes para la convivencia pacífica en nuestra sociedad; sin embargo, en Bolivia es uno de los derechos que sistemáticamente se vulnera desde la esfera estatal, según lo ha determinado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe oea/Ser. L/V/II. Doc. 34, de 28 de junio de 2007.

Esto ha motivado a afirmar que “el Estado tiene responsabilidad por la sistemática violación del derecho de acceso a la justicia y tiene la gran responsabilidad de reparar esta situación adoptando políticas públicas orientadas a superar los problemas identificados, mismos que no serán superados con la sola elección por voto popular a los magistrados de los altos Tribunales de Justicia” (José A. Rivera Santiváñez). 

Creemos que, precisamente, es en esa línea que ahora se impulsa la aprobación de un nuevo Código que logre efectivizar este derecho a través de la oralidad en los procesos civiles, lo que constituye un avance novedoso.

Por otro lado, es indudable la importancia de la oralidad para la sustanciación y resolución de los procesos judiciales. Es así que el Principio de Oralidad, estrechamente relacionado a la publicidad e inmediación en los juicios, implica que las actuaciones de las partes en el proceso deben desarrollarse de forma verbal (por medio de la palabra hablada) en su mayoría, sin perjuicio de la necesidad de dejar constancia de lo actuado en el expediente respectivo,

Esto, implícitamente derivará en la imperiosa necesidad de una sólida formación académica y forense, así como la suficiente capacidad expositiva de persuasión y poder de convencimiento que deben tener los abogados que intervengan en representación de las partes en el litigio o controversia en el que se vean involucrados derechos e intereses de los justiciables.

Entonces, la mención expresa de este principio incidirá definitivamente en la tramitación de los procesos civiles, brindando mayor efectividad al derecho de acceso a la justicia de todos(as) los(as) ciudadanos(as).

Asimismo, son encomiables los objetivos que se pretenden alcanzar al desformalizar el proceso civil en todas sus etapas, despojándolo así de su ritualismo que en muchos casos se manifiesta en forma excesiva e innecesaria, lo que permitirá simplificar de mejor forma todo el procedimiento, debiendo en todo caso darse mayor preferencia a la verdad material de los hechos, antes que a la verdad formal que pueda deducirse de los argumentos que expongan las partes en el proceso.

Esta desformalización del proceso civil tendrá como efecto inmediato la reducción de la sobrecarga procesal en los estrados judiciales a fin de combatir la mora procesal; al menos ese es el propósito esencial de esta reforma legislativa, que es una labor loable, pero que requiere un estudio serio y análisis detenido sobre la viabilidad de las novedades que se pretenden implementar para simplificar el trámite de los procesos judiciales que, en nuestro país, lamentablemente se caracterizan por su retardación.

A pesar de ello, abrigamos la esperanza de que con el instrumento legal proyectado realmente se logre dar respuesta a las expectativas de la sociedad, que exige que sus derechos sean dilucidados en un debido proceso, que sea justo y conforme a las reglas constitucionales respectivas.

Es abogado, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

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