La Gaceta Jurídica

Anteproyecto de Ley de Consulta Previa

Consensuado y observado

El proyecto consensuado deberá reflejar en su aplicación los derechos territoriales.

El proyecto consensuado deberá reflejar en su aplicación los derechos territoriales. Foto: aininoticias.org

La Gaceta Jurídica / Bolpress.com/Cipca/Redacción

00:00 / 30 de agosto de 2013

El 18 de agosto fue aprobado en Cochabamba en la Comisión Nacional el anteproyecto de Ley de Consulta previa, libre e informada a comunidades afectadas por actividades extractivas o proyectos de desarrollo. La norma propuesta por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, consta de 37 artículos consensuados con dirigentes campesinos, interculturales e indígenas.

El anteproyecto tiene por objeto normar el derecho a la consulta previa, libre e informada de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y pueblo afroboliviano con la finalidad de llegar a un acuerdo con los directamente afectados o lograr su consentimiento mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus propias instituciones.

Esto cuando se prevea la adopción de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar en sus derechos colectivos de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado (cpe), Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El anteproyecto establece que el derecho colectivo y fundamental a la consulta previa, libre e informada tiene carácter obligatorio cuando el Estado prevea la adopción de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente derechos colectivos.

Es un mecanismo democrático para el ejercicio de los derechos colectivos y, en particular, la libre determinación, así como para profundizar la democracia directa, participativa y comunitaria.

Según el texto acordado, las finalidades de la consulta son:

a) Llegar a un acuerdo entre el Estado y los consultados para que su visión de desarrollo sea incorporada en la implementación o ejecución de la medida legislativa o administrativa para alcanzar el Vivir Bien.

b) Lograr el consentimiento previo, entendido como la construcción del consenso basado en el diálogo intercultural entre el Estado y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y pueblo afroboliviano, antes de la decisión final sobre la implementación de la medida objeto de consulta.

c) Desarrollar un diálogo intercultural e intracultural entre el Estado y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y pueblo afroboliviano que permita armonizar las diferentes visiones de desarrollo en el marco del Vivir Bien.

d) Promover la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y pueblo afroboliviano en el análisis y formulación de propuestas para la toma de decisiones por parte del Estado.

El anteproyecto de ley fue aprobado por la presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (cpib), Melva Hurtado; el Jiliri Apu Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Félix Becerra; el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb), Damián Condori, y el representante de las comunidades intercul- turales, Ever Choquehuanca.

Romero aseguró que el anteproyecto fue consensuado con los sectores sociales en 50 eventos, talleres, reuniones y comisiones y aprobado luego de 17 meses de trabajo.

Críticas

Al respecto, Fredy Villagómez Guzmán, miembro de la Unidad de Acción Política del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), en un artículo señala que existe “recelo y descontento por el anteproyecto de Ley de Consulta consensuado”, porque éste “(…) incorporó parcialmente los planteamientos de las organizaciones indígenas y originarias”.

Al mismo tiempo, indica que “estos acuerdos son festejados como logros importantes por las autoridades de gobierno y las organizaciones campesinas aliadas” y que se anunció su pronto envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento y que algunos líderes campesinos hablan de la recomposición del Pacto de Unidad.

Por otra parte, hace notar que algunas organizaciones originarias firmantes, como Conamaq, tienen suspicacias y dudas al ver que sus propuestas no han sido del todo incorporadas en el anteproyecto y esperan una reunión con el presidente Evo Morales para tratar temas pendientes; otras instancias regionales (Cirabo y cepmbe) denunciaron exclusión y presión en el encuentro de Cochabamba y la Asamblea del Pueblo Guaraní (apg) anunció movilizaciones para que su propuesta sea tomada en cuenta.

A pesar de ello, dice Villagómez, el documento consensuado tiene avances importantes, recoge varias propuestas de las organizaciones indígenas y originarias modificando la propuesta inicial del gobierno. Sin embargo, todavía quedan pendientes varios temas por precisar y consensuar con las otras organizaciones indígenas para garantizar el derecho a la consulta previa, de buena fe y concertada, cada vez que se prevean medidas administrativas susceptibles de afectar sus derechos.

“Es importante continuar con este espacio de diálogo involucrando a todas las organizaciones indígena originario campesinas, titulares del derecho a la consulta”.

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