La Gaceta Jurídica

Cambios a la Ley 1008

En este proceso, el partido de gobierno busca el cambio de la Ley 1008, proponiendo la legalización de, por lo menos, 20.000 hectáreas de coca, lo cual se argumenta a partir de las defensa del vegetal como ente cultural y las potencialidades de su industrialización, cosa que no termina de ser aislada a nivel de algunas mercancías…

La Razón

00:00 / 20 de marzo de 2012

Una de las leyes más criticadas por el oficialismo en lo que va de las dos gestiones de gobierno de Evo Morales es la Ley 1008 de Régimen de la coca y sustancias controladas, promulgada el 19 de julio de 1988, durante la última presidencia de Víctor Paz Estenssoro, que dio paso a las formas de control y erradicación de coca que conocemos hoy en el país. En términos generales, esa norma penaliza las plantaciones de la hoja andina que no estén contempladas en las 12 mil hectáreas consideradas legales en la “zona de producción tradicional”, establecida para las provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisivi de La Paz y la región de Yungas de Vandiola, en el valle. Del tal modo que las actuales plantaciones del Chapare están fuera de la norma.

En todo caso, si se parte de un contexto socioeconómico derivado de las determinaciones políticas de ese entonces, es a partir del lanzamiento del Decreto Supremo 21060 de 29 de agosto de 1985 que las plantaciones de coca proliferan más allá de las zonas tradicionales, considerando que en ese momento éstas no estaban establecidas en una legislación. Ese decreto dispuso el despido de miles de empleados del sector productivo nacional, quienes, en gran número, optaron por instalarse en tierras tropicales de Cochabamba y plantar el vegetal con mayor ahínco que los productos de exportación agrícola.

Esta propagación se debe a que la demanda de estupefacientes fue incrementando desde, incluso, principios del siglo xx, generando una red de tráfico de cocaína que, lamentablemente,  no solo incluye a los fabricantes y traficantes en sí, sino a los productores de materia prima y los consumidores dentro y fuera del país. Lo que pasa es que a partir de ello, para muchas familias, el cultivo de coca se ha convertido en un modo de subsistencia que justifica el argumento para que se legalice más hectáreas del cultivo, dejando de lado las opciones para dedicarse a otros productos agrícolas que requieren más trabajo, mayor dedicación y menores ingresos comparativos en un tiempo determinado.

En este proceso, el partido de gobierno busca el cambio de la Ley 1008, proponiendo la legalización de, por lo menos, 20.000 hectáreas de coca, lo cual se argumenta a partir de las defensa del vegetal como ente cultural y las potencialidades de su industrialización, cosa que no termina de ser aislada a nivel de algunas mercancías, algunos ingresos y algunos productores, obviamente considerando que esto podría ser mejorado a gran escala. En todo caso, lo que se busca es adecuar una norma nueva a los postulados de la Constitución Política del Estado de 2009, que en el artículo 384 dice: El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley. 

Mientras tanto, no se puede negar que este producto sirve más que nada para la fabricación de cocaína y que su cultivo sin rotación provoca erosión. Al mismo tiempo, se debe esperar que el régimen actual tome en consideración factores adecuados para la lucha contra el narcotráfico en sus propuestas para reemplazar la Ley 1008, las cuales estarían listas hasta el segundo semestre de este año, según anunció el senador oficialista Julio Salazar.

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