La Gaceta Jurídica

Conflicto entre Bolivia y Chile

Amenaza del siglo 20

El conflicto por la salida al mar todavía cuenta opciones.

El conflicto por la salida al mar todavía cuenta opciones. Foto: Archivo La Razón

La Gaceta Jurídica / Stefanie Wesch

00:00 / 25 de mayo de 2012

Bolivia perdió su acceso al Océano Pacífico hace 133 años; no obstante, la disputa con Chile concerniente a la integridad territorial sigue causando molestia entre los dos Estados y, en teoría, representa una amenaza a la paz y seguridad internacional.

Exactamente por razones como ésta el derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza entre Estados, tal como se encuentra estipulado en varias normas y tratados internacionales, mismos que han sido ratificados por ambos países, Chile y Bolivia.

Hoy en día es muy improbable que uno u otro utilicen la fuerza contra su vecino, porque ninguno de los dos quiere poner en peligro la paz de Sudamérica. Bolivia tiene que utilizar las vías diplomáticas y judiciales internacionales en su esfuerzo para recobrar el acceso al mar y que la comunidad internacional acepte la antigua lucha de Bolivia como legítima.

La Guerra del Pacífico ha dejado heridas graves en las relaciones exteriores entre los dos países. El conflicto empezó en 1879 y formalmente terminó en 1905 con la firma del Tratado de Paz y Amistad que marca la pérdida oficial del acceso al mar de Bolivia.

Durante el siglo xx las relaciones entre ambos Estados continuaron muy arduas por la aspiración boliviana de recobrar su territorio costero en medio de un sentimiento negativo creciente de los chilenos. A diferencia de esta época, hoy en día existen normas y mecanismos que pretenden evitar el uso de la fuerza en el ámbito de relaciones internacionales.

Articulo 2.IV de la Carta de la Naciones Unidas establece que es ilegal la amenaza o el uso de la fuerza entre Estados contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado. Las excepciones están determinadas por el Consejo de Seguridad y en mayor parte de los casos son consagradas por el capítulo vii concerniente a la amenaza a la paz y seguridad internacional. Este principio es universal y se repite en las cartas de organizaciones regionales, así como en una multitud de tratados internacionales.

Ambos, Bolivia y Chile, han ratificado el Pacto de Bogotá de 1948, conocido como Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. Este tratado también sirve para asegurar que los Estados Americanos se abstienen de monopolizar el uso de la fuerza en sus relaciones internacionales, particularmente en el marco de conflictos con sus vecinos.

Requiere que prevalezcan los mecanismos pacíficos de acuerdo con disputas regionales antes de solicitar al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (onu) alguna medida y, todavía más expresiva, tienen que conceder jurisdicción en casos de conflictos regionales a la Corte Internacional de Justicia.

Según el derecho internacional consuetudinario, hoy en día el uso de la fuerza por parte de Chile sería ilegal; sin embargo, esta norma jurídica no se había desarrollado en la época de esa guerra, entonces, la disputa representa un conflicto controversial porque aún no ha encontrado solución que convenza a ambos lados. Por eso, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, presiona al gobierno de Chile a sostener un proceso de negociación en este marco.

Según Morales, la pérdida del acceso al mar representa una herida abierta y ésta se nota en el sistema educativo de Bolivia que aún enseña a los niños que es imperativo recobrar al territorio marítimo.

Afortunadamente, el Estado Plurinacional no ambiciona medidas militares en la disputa por el mar respetando normas y costumbres del derecho internacional. En discursos recientes, el Presidente alertó a Chile el encargo del caso a la Corte Internacional de Justicia (cij). El jefe de Estado chileno rechazó esta declaración el año pasado e indicó que el comentario constituye un obstáculo enorme a las relaciones bilaterales.

La prohibición del uso de la fuerza tiene raíces en las dos guerras mundiales del siglo pasado y sirve para cumplir la paz y seguridad internacional. Será complicado encontrar una solución que convenza a ambos países y a sus poblaciones.

Sin embargo, considerando que 133 años de contención y negociaciones no han producido mucho adelanto, posiblemente transferir el caso a la cij represente una avenida nueva para resolver esta antigua disputa. Además, la amenaza de Morales de utilizar vías jurídicas internacionales no es sólo legítima, sino también loable, y representaría una conclusión verdadera del conflicto si ambos contendientes aceptan el fallo.

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