La Gaceta Jurídica

Conflictos de límites

…en el trascurso de la historia tampoco se la institucionalizado para que sea consistente e indiscutible; en todo caso, apoyada en recursos como los datos del reciente censo, la norma en tratamiento será la posibilidad inmediata y quizás única para terminar con estos conflictos en un corto o mediano plazo.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 07 de diciembre de 2012

Una reciente determinación de la Asamblea de la Paceñidad, instancia de decisión formada por 327 delegados de 114 instituciones paceñas, definió como posible fecha de referendo el 17 de abril de 2013. La consulta sería lanzada para que los vecinos de este municipio definan a que jurisdicción desean pertenecer para solucionar el problema de límites. Al respecto, se informó que La Paz tiene diferencias de este tipo con nueve unidades municipales vecinas y que se encuentra en reclamo el 78 por ciento de su territorio, cifra que equivale a 158 mil hectáreas de las 201 mil que actualmente se consideran suyas.

Si bien esta demanda cívica no puede ser llevada a cabo sin la vigencia de la Ley de Delimitación Territorial que se analiza  en el Senado, es probable que la norma se encuentre en vigencia para la fecha planteada por estos organismos, sin embargo, es claro que ellos deberán esperar aún y cumplir el trámite correspondiente para que el Tribunal Supremo Electoral pueda organizar la consulta de acuerdo a la normativa nacional.

Mientras tanto, el ejemplo trae a colación que, en este problema que se repite a nivel nacional entre administraciones departamentales, unidades provinciales y gobiernos locales, se debe destacar varios aspectos para la solución limítrofe interna. Inicialmente, en los conflictos municipales de límites existen por lo menos dos posibilidades de decisión popular, donde seguro se pondrá en discusión un fallo poblacional entre pertenecer a un municipio grande con posibilidades de gestión o de adherirse a uno de menores dimensiones, que en muchos casos en nuestro país se caracterizan por la inestabilidad y la carencia de recursos, aspecto último que en esta tipología de municipio se convierte en fortaleza para ampliarse, pues a mayor población mayores son los recursos que se destinan por municipio.

Está demás advertir que con este punto se entiende la ola de reclamos territoriales y de creación de nuevos municipios, pues el dinero de regalías y coparticipación circula contante y sonante en estas jurisdicciones. En resumen, tal vez en el caso municipal, con este razonamiento sea relativamente fácil que la población defina una posición y la ley establezca pertenencias territoriales y se constituyan planimetrías claras y definitivas.

Sin embargo, las diferencias jurisdiccionales entre provincias y departamentos seguramente atravesarán momentos de mayor dificultad, debido a que los espacios geográficos en disputa corresponden a circunstancias menos prácticas que el desarrollo urbano y barrial, pues en la mayoría de los casos se trata de áreas de riquezas naturales, de potencialidad turística y, en definitiva, de posesión ancestral-comunitaria o hasta de naciones.

Al respecto, la ley que se estudia en el Legislativo tendrá que establecer mecanismos suficientes que logren dar respuestas y opciones a cada caso, pues la división de los departamentos en la etapa republicana del país no ha sido seguramente la mejor, pero en el trascurso de la historia tampoco se la institucionalizado para que sea consistente e indiscutible; en todo caso, apoyada en recursos como los datos del reciente censo, la norma en tratamiento será la posibilidad inmediata y quizás única para terminar con estos conflictos en un corto o mediano plazo.

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