La Gaceta Jurídica

Constitucionalidad de las leyes cortas

La actual Constitución Política del Estado (cpe) emerge de necesidades históricas, políticas, sociales, culturales y económicas del Estado boliviano; esta norma suprema del ordenamiento jurídico lleva insertos derechos y garantías constitucionales, los primeros entendidos como prerrogativas y las segundas como instrumentos jurídicos para confirmar esos derechos.

Las instituciones nacionales deben garantizar los derechos ciudadanos.

Las instituciones nacionales deben garantizar los derechos ciudadanos. Foto: Oscar Rojas

La Gaceta Jurídica / Ery Iván Castro Miranda

01:00 / 09 de diciembre de 2011

Las garantías constitucionales pueden ser de dos clases: las jurisdiccionales, que corresponden a las instituciones que garantizan los derechos y se emplean como recursos efectivos ante los órganos jurisdiccionales del Estado para el reconocimiento y la declaración de los derechos; y las normativas, que se refieren a la prohibición expresa establecida en la leyes que podrán hacerse valer por otros medios no directos a diferencia de las garantías jurisdiccionales, como ejemplo tenemos el principio de presunción de inocencia.

Es necesario precisar que una ley es constitucional cuando es compatible con los principios, con las declaraciones, con los preceptos y normas insertas en la cpe, lo contrario significa la inconstitucionalidad de la ley, bajo estos condicionamientos.

En la coyuntura que vive nuestro país, el tema de discusión se concentra en lo relativo a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las denominadas “leyes cortas”. En este ensayo nos encargaremos de esclarecer las dudas emergentes al respecto.

Fuentes del DerechoAhora bien, a manera de contextualizar y comprender la noción de una ley, es necesario referirnos, en un primer momento, a las fuentes del Derecho, ya que etimológicamente el vocablo “fuente” deriva del latín “fons, fontis”; que significa “el manantial de agua que brota de la tierra”; ésta es una feliz metáfora en derecho e indica el principio, fundamento u origen de donde emanan las normas o reglas que lo componen, que determinan la actividad de los particulares o la conducta de las autoridades.

Asimismo, podemos entender en sus dos aspectos: el primero como el acto concreto (autoridad o ente) creador del derecho; y el segundo como la forma de expresión de la norma jurídica creada.

La amplitud de las fuentes del derecho implica que se haga distinciones, mismas que son: las fuentes reales, que se trata del origen primero del derecho; las fuentes formales, lo que configura a las normas jurídicas con caracteres externos específicos y diversos de las demás normas; las fuentes de validez, los medios que permiten conocer el derecho, y las fuentes de conocimiento del derecho, es decir, los medios que permiten conocer el derecho.

Es preciso anotar que las fuentes formales del derecho modelan los caracteres de los preceptos del derecho y les dan una apariencia especial por cuyos rasgos los reconocemos y diferenciamos de otras especies de normas, es decir, las fuentes formales son los procedimientos que confieren a las reglas de conducta los caracteres de derecho.

Para entender de mejor manera, nos remitimos al ejemplo utilizado por Jaime Moscoso (Introducción al Derecho), cuando menciona que “un economista propone una serie de medidas para encaminar la economía de un país y halla ambiente favorable para su realización, pero, por muy grande acogida que tengan sus postulados, no son normas jurídicas en tanto el procedimiento legislativo los transforme en leyes” (sic).

Clasificación de la fuentesDentro de la clasificación de las fuentes formales del derecho están la Asamblea Constituyente, la Constitución, la Ley, Costumbre, Doctrina, Jurisprudencia, etc. y para nuestro estudio nos referiremos solamente a la Ley, la misma se constituye en una de las fuentes, tal vez la principal del Derecho en cuanto emana de un órgano integrado.

Etimológicamente, esta palabra proviene del latín “Lex” de legere que significa leer; este término, en la moderna teoría general del derecho, puede ser tomada en dos aspectos, uno en sentido material (amplio) y otro en sentido formal (estricto).

La ley en sentido material (amplio) es la norma jurídica general establecida conscientemente, es decir, alude a toda norma jurídica cuyo contenido regula una multiplicidad de casos, haya sido dictada o no por el Órgano Legislativo.

En cambio la ley en sentido restringido (estricto), es una subespecie de la ley en sentido amplio, es decir, es la norma jurídica general instituida por el Órgano Legislativo, con el concurso del Órgano Ejecutivo, es la ley por antonomasia y se refiere a que ha sido dictada por el Órgano Legislativo conforme a los procedimientos específicamente establecidos, que respecto a su formación se siguen los pasos prescritos por la Constitución en el llamado “procedimiento legislativo”.

En virtud a ello, la Constitución Política del Estado, señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) es la única con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el Estado boliviano, por tanto, establece un procedimiento para la creación, modificación o extinción de las leyes, mediante el “Procedimiento Legislativo”, determinado en los artículos 162 a 164 de la citada norma constitucional.

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