La Gaceta Jurídica

La Corte Internacional de Justicia

(Parte I)

Foto: ddhhderechosdetodos.blogspot.com

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La Gaceta Jurídica / Luis Peraza Parga

00:00 / 24 de abril de 2012

La Corte Internacional de Justicia (cij), máximo órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas con sede en la Haya, y su antecesor, la Corte Permanente de Justicia Internacional (1), gozan de un alto grado de cumplimiento (2) de las sentencias que emite por el prestigio acumulado y por tener efectos exclusivamente entre las partes.

Compuesta por 15 magistrados, elegidos para un mandato de nueve años, goza de la función jurisdiccional y de la posibilidad de emitir Opiniones Consultivas (3).

En ocasiones, las partes solicitan asistencia a Naciones Unidas para la ejecución de la sentencia como cuando el Consejo de Seguridad formó un grupo de observadores para verificar, en 1994, a petición de Libia y Chad, la ejecución de la sentencia sobre su diferencia territorial.

A veces, la ejecución de la sentencia se demora por décadas pero, finalmente, se resuelve de una manera u otra. Por ejemplo, el 8 de mayo de 1992 se llegó a un acuerdo que puso fin a un impago casi histórico: el de Albania por la suma determinada por la Corte en reparación de los daños ocasionados a la Gran Bretaña en el asunto del Estrecho de Corfú, que databa de 1949.

Tenemos también casos flagrantes de incumplimiento contumaz como la sentencia (4) sobre “actividades militares y paramilitares de Estados Unidos en y contra Nicaragua”, donde se solicitó la intervención de la Asamblea General que llegó a dictar resoluciones conminando al cumplimiento de la sentencia, fue final y formalmente subsanado en un acuerdo entre el gobierno nicaragüense postsandinista de la presidente Chamorro y el estadounidense que tuvo como consecuencia el desestimiento de aquél de la demanda interpuesta de ejecución del fallo (5).

La Corte declara el derecho internacional en el caso concreto (sentencia declarativa), enuncia los alcances de la reparación pero no puede establecer mecanismos que la pongan en marcha, lo que le quita autonomía y eficacia a la sentencia.

Temas recientes

Recientemente han sido llevados varios casos importantes ante la Corte. Después de la sentencia (6) del Tribunal Internacional de Justicia en donde resuelve que Bélgica no podía dictar una orden de detención internacional in absentia  contra el ministro interino de Asuntos Exteriores de la República del Congo, Yerodia Ndombasi, las solicitudes en este sentido se van a producir en cascada.

A juicio del alto Tribunal, la emisión de la orden y su circulación internacional constituía una violación por parte de Bélgica de la inmunidad de jurisdicción criminal e inviolabilidad que gozan los Ministros de Exteriores bajo el derecho consuetudinario internacional.

Bélgica es responsable internacionalmente del ilícito cometido y debe cancelar la orden e informar de este hecho a las autoridades que tuvieron acceso a la misma. De acuerdo al derecho consuetudinario internacional, la Corte juzgaba que los ministros de exteriores, los primeros ministros y los jefes de Estado gozan de inmunidad ante una orden de detención cursada por tribunales extranjeros por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el desempeño de su cargo.

Ahora bien, la Corte admitió cuatro excepciones a este principio acuñado por primera vez desde este alto Tribunal. En nuestra opinión éstas son obvias: un ministro en activo puede ser llevado ante las cortes de lo criminal en su propio país y de acuerdo con la ley del mismo. Su inmunidad puede ser levantada, en un caso particular, por las autoridades nacionales a favor de una jurisdicción extranjera y cuando el proceso se sustancia ante un tribunal internacional (7) en el caso de que sus estatutos fundacionales así lo prevean.

Finalmente el supuesto más obvio: cuando cese en su actividad de Ministro de Exteriores perderá totalmente la inmunidad frente a cortes extranjeras competentes sobre actos cometidos antes o después de su mandato o incluso por los actos cometidos durante éste, pero en su capacidad privada.

Respecto a esta última excepción, nos preguntamos ¿por qué no considerar la incitación al genocidio (8) contra la misma población que gobierna y que se comprometió a servir por parte de un ministro como un acto hecho indudablemente en su capacidad privada.

Quisiera traer a colación una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. Se trata de la C-358 del 5 de agosto de 1997. Aunque trata de la distinción objetiva entre delitos civiles y militares, podría establecerse una analogía entre delitos cometidos en calidad de particular de un Ministro y delitos cometidos en calidad de civil de un militar.

Para leer esta sentencia y obtener el resultado apetecido donde ponga militares, leer ministros de asuntos exteriores y donde ponga juicios civiles o justicia ordinaria, leer levantamiento automático de inmunidad para permitir que conozca de los hechos a cualquier tipo de corte.

Relaciones del delito

Esta decisión establece en sus partes pertinentes que: “1. Para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar (es decir, goce de la inmunidad establecida por la cij de cualquier tipo de corte extranjera) debe existir un vinculo claro de origen entre éste y la actividad del servicio, esto es, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado.

Pero aún más, el vínculo entre el delito y la actividad propia del servicio debe ser próximo y directo, y no puramente hipotético y abstracto. Esto significa que el exceso o la extralimitación deben tener lugar durante la realización de una tarea que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de los cometidos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. (El exceso y la extralimitación del Ministro deben darse en el desarrollo de una tarea que constituya un desarrollo legítimo de sus cometidos. ¿Está la incitación pública al genocidio entre estos cometidos legítimos?)

Por el contrario, si desde el inicio el agente (el ministro) tiene propósitos criminales y utiliza entonces su investidura para realizar el hecho punible, el caso corresponde a la justicia ordinaria (a la justicia de cualquier tribunal extranjero), incluso en aquellos eventos en que pudiera existir una cierta relación abstracta entre los fines de la Fuerza Pública y el hecho punible del actor.

En efecto, en tales eventos no existe concretamente ninguna relación entre el delito y el servicio, ya que en ningún momento el agente (el ministro) estaba desarrollando actividades propias del servicio, puesto que sus comportamientos fueron ab initio criminales.

El vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad (esta afirmación es perfectamente aplicable a los propósitos que buscamos).

En estas circunstancias, el caso debe ser atribuido a la justicia ordinaria (léase la justicia de cualquier tribunal extranjero), dada la total contradicción entre el delito y los cometidos constitucionales de la Fuerza Pública (del ministro). Al respecto, es importante mencionar que esta Corporación ya ha señalado que las conductas constitutivas de los delitos de lesa humanidad son manifiestamente contrarias a la dignidad humana y a los derechos de la persona, por lo cual no guardan ninguna conexidad con la función constitucional de la Fuerza Pública (del ministro), hasta el punto que una orden de cometer un hecho de esa naturaleza no merece ninguna obediencia (...).

Por consiguiente, “un delito de lesa humanidad es tan extraño a la función constitucional de la Fuerza Pública (de un Ministerio de Exteriores) que no puede jamás tener relación con actos propios del servicio, ya que la sola comisión de esos hechos delictivos disuelve cualquier vínculo entre la conducta del agente y la disciplina y la función propiamente militar o policía, por lo cual, su conocimiento corresponde a la justicia ordinaria” (a la justicia de cualquier tribunal extranjero).

Faltas y servicio

La Corte ha precisado que “es obvio que nunca un acto del servicio puede ser delictivo, razón por la cual una conducta propia del servicio no amerita jamás castigo. Por ello, la justicia castrense no conoce de la realización de actos del servicio, sino de la comisión de delitos en relación con el servicio. Es decir, lo que esta corporación afirma no es que los delitos de lesa humanidad no constituyen actos del servicio, pues es obvio que en un Estado de derecho jamás un delito –sea o no de lesa humanidad– representa una conducta legítima del agente. Lo que la Corte señala es que existen conductas punibles que son tan abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública que su sola comisión rompe todo nexo funcional del agente con el servicio” […]. “La relación con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran dentro del proceso”. Orden del delito

Esta sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-258 del 5 de agosto de 1997, por ser una interpretación de un tribunal nacional es reconocida, merced al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, como fuente de derecho internacional. Esta norma fortalece el criterio doctrinal que reconoce que el derecho internacional se nutre de los diferentes derechos internos y, al mismo tiempo, repercute en éstos.

La sentencia colombiana establece claramente los parámetros de derechos humanos para distinguir cuando estamos ante un delito del orden civil y cuando ante uno del orden militar.

Nosotros la hemos aprovechado para, mediante una analogía, establecer que ciertos actos y comportamientos desde el poder no pueden estar amparados de la acción de una jurisdicción extranjera cuando son hechos aberrantes que no guardan relación alguna con la naturaleza del cargo que despliegan.

Las conductas

Los actos que no correspondan a la lógica del servicio público no deben ser identificados como actos propios de la labor de un Ministro ya que no son desviación ni exceso dentro de la naturaleza de funcionario público.

Se trata de actos extraños a la función ministerial que se cometen al amparo de la condición de miembro de dicha institución.

Esa conducta no puede ser encuadrada como un exceso de sus deberes porque su motivación es sólo delinquir y su gravedad rebasa todo supuesto racional de exceso en el ejercicio de sus funciones.

El objetivo que perseguimos y promulgamos consiste en que los delitos cometidos contra la población civil por parte de servidores públicos, sean del rango que sean pero aumentando la gravedad de su conducta a medida que aumenta el grado, prevaleciéndose de la autoridad irrogada por el cargo que ostentan para, precisamente, servir y proteger a los mismos que están agrediendo, sean, de ahora en adelante, juzgados siempre por cortes de lo criminal de cualquier nación.

Es cierto que la Corte ha querido realizar un esfuerzo de delimitación y asentar por primera vez de forma categórica y pormenorizada un tema de máximo interés. De hecho, ha clarificado la naturaleza y ámbito de las inmunidades de los Ministros de Exteriores.

Acatamiento, competencias…

Es cierto también que se examinó cuidadosamente la práctica estatal, incluyendo legislación nacional y decisiones de las más altas cortes domésticas, como el caso Pinochet en la Cámara de los Lores y el caso Gadafi en la Corte de Casación francesa, analizó los Estatutos y la jurisprudencia de los tribunales criminales internacionales. Sin embargo, llegó a la conclusión errónea: no existe excepción bajo el derecho internacional a la regla que establece inmunidad e inviolabilidad respecto a procesos criminales ante cortes nacionales extranjeras.

Consecuentemente, y en lo considerado por parte de la doctrina como un ejercicio impecable de acatamiento de una sentencia de “orden superior” y por otro sector, la sala de Acusación del tribunal doméstico belga decidió que el juez de instrucción no tenía competencia ni para continuar investigando al acusado ni para dictar una nueva orden de detención.

Esto por considerar, en una interpretación literal no teológica, que el parlamento belga, al dictar la ley de 1993 reformada por la de 1999, pretendía que los tribunales belgas solo pudieran iniciar una investigación criminal por estas conductas solo cuando y solo si el imputado se hallaba en Bélgica (lo mismo pasó en junio del 2002 con los cargos contra el Primer Ministro israelí Sharon y el presidente de Costa de Marfil) en aplicación del artículo 12 del Título Preliminar del Código del procedimiento penal belga.

Parece que la aplicación de este artículo, cuando está vigente la Ley de crímenes de guerra, que nada dice al respecto, es anular el amplio espectro de las cortes belgas de jurisdicción universal y tiene los visos de ir en contra del criterio del legislador cuando promulgó esta ley. Esta interpretación de la Corte belga va más allá de la intención de la Corte Internacional. Podíamos afirmar que es todo lo contrario y que, excepto cuatro magistrados que lo manifestaron expresamente, la cij aceptó implícitamente la competencia belga de dictar detenciones a pesar de que el acusado no se encontrara en suelo belga en ese momento.

Parte de la doctrina más belicosa está en contra de esta sentencia que obviamente viene a limitar la jurisdicción universal de los tribunales domésticos por muchas interpretaciones benignas que se le quieran aplicar. Se le reprocha que no haya aportado datos convincentes que prueben la existencia de una norma de derecho consuetudinario internacional que avale esta inmunidad sui generis y que probara la existencia de práctica estatal u opiniojuris. Por otro lado, si realizamos un examen de los instrumentos convencionales adoptados por la Comunidad Internacional desde la II Guerra Mundial, comprobamos un rechazo constante a dotar de inmunidad a las autoridades gobernantes. Se tramitó en el Senado reformas para aclarar este punto a favor de una jurisdicción universal sin reservas de los tribunales belgas y adaptar la legislación doméstica a la solución del caso del Tribunal de Justicia Internacional de la Haya en el caso Sharon.

Una vez abierta la puerta a ésta, cuando menos no pacífica interpretación, los intentos porque la Corte repita esta interpretación no se han hecho esperar. La República Democrática del Congo ha interpuesto una aplicación demanda contra Francia ante la CIJ, el 9 de diciembre del 2002, sometida a la condición de que éste acepte la jurisdicción de la Corte para el caso en especie. Lo interesante es que el Congo repite prácticamente los hechos y argumentos jurídicos que le llevó a que la Corte le diera la razón.

En este sentido, si el objeto de la demanda es el mismo, los puntos jurídicos a dilucidar idénticos, aunque no haya total similitud en las partes intervinientes, la Corte, por analogía y economía procesal, podría darse por satisfecha remitiéndose in integrun  a su propia jurisprudencia y evitar así los elevados costes de todo tipo y, de este modo, afianzar el prestigio y la fuerza de sus propias resoluciones.

Continuará

Notas

1. Actuó de 1922 hasta 1946, aunque durante la Segunda Guerra Mundial apenas se reunió. En esa fecha fue sustituida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

2. El profesor Alain Pillepich dice que la “ejecución se ha hecho a veces de mala fe (Templo de Preah Vihear) con lentitud (Soberanía sobre ciertos territorios fronterizos) con dificultades (Haya de la Torre) o por motivos ajenos a la justicia internacional (Personal diplomático de EUA en Teherán). Sin embargo, no se han ejecutado solos (sin la colaboración de los estados) la sentencia sobre el Estrecho de Corfú que fija el montante de dinero debido al demandante (...) y las sentencias sobre competencias en materia de pesquerías sobre las que influyeron los resultados de la Tercera Conferencia sobre el derecho del mar”.Artículo 94. “La carta de las Naciones Unidas”, Jean Pierre Cot y Alain Pellet (dir), París, Económica, 1985, pág. 1276 y 1277. Algunas “órdenes” sobre medidas provisionales no se han cumplido, como la ignorada por Irán en relación con el asunto de la compañía petrolera anglo iraní de 1951.

3. Que sólo pueden ser solicitadas por ciertas organizaciones internacionales: cinco órganos y 16 agencias especializadas de Naciones Unidas. Desde 1946 ha emitido 24.

4. Sentencia de 27 de junio de 1986.

5. Ordenanza de la CIJ de 26 de septiembre de 1991.

6. De 14 de febrero del 2002.

7. Pensando seguramente en la inminente puesta en marcha de la Corte Penal Internacional que se verificó apenas cinco meses después.

8. La orden de arresto internacional in absentia, emitida por el juez instructor del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas en abril del 2000 que es el origen de este caso, acusaba al Ministro de Exteriores de realizar ciertos discursos públicos en el Congo en agosto de 1998 que representaban una incitación al odio racial.

*    Es profesor de Derecho Comunitario Europeo y Derechos Humanos de la Universidad Panamericana de la ciudad de México.     Tomado de: lainsignia.org

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