La Gaceta Jurídica

Los Derechos Humanos en el Bloque de Constitucionalidad

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 03 de septiembre de 2013

Provoca enorme expectativa el debate generado la pasada semana en la Suprema Corte de Justicia de México, que gira en torno a determinar la jerarquía entre derechos constitucionales e internacionales, dado que deberá decidir sobre cuál es la ubicación de las normas que contienen derechos humanos y que provienen de tratados internacionales.

El debate parte de una tesis: que la Constitución mexicana reformada en 2011 establece un nuevo catálogo de derechos humanos integrado por derechos humanos de fuente constitucional y derechos humanos de fuente internacional. Esto significa que entre esos derechos, sin importar cuál sea su fuente u origen, no existe una relación jerárquica, encontrándose en el máximo nivel dentro de su ordenamiento constitucional, por lo que constituyen un parámetro de validez para el resto de las normas jurídicas.

Este tema ha sido ampliamente analizado por la jurista mexicana Geraldina Gonzales de la Vega, en su estudio sobre el “Bloque de Constitucionalidad y la jerarquía de fuentes” en su país, señalando que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia mexicana se ha abocado al análisis de los alcances del artículo 1 constitucional (reformado en 2011), y su interpretación en conexión con el artículo 133, no reformado.

“De lo que el Pleno determine depende la consolidación de la reforma de 2011, en cuestiones tan relevantes como la existencia de un llamado bloque de constitucionalidad, la jerarquía de normas sobre derechos humanos, la fuerza de los precedentes interamericanos y el control de convencionalidad”, asegura.

En su criterio, la nueva redacción del citado artículo, básicamente, establece: “a) el rango constitucional de los derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales; b) el principio pro personae, es decir, se deberá preferir aquella interpretación que favorezca a los derechos de la persona; c) la interpretación conforme, esto es, que en caso de que se admitan varias interpretaciones a una norma, se debe preferir la que esté de acuerdo con la Constitución y los derechos humanos y; d) que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Particularmente, me corresponde hacer notar que el rango constitucional de los derechos humanos reconocidos en los Tratados Internacionales también ha sido incorporado a la Constitución boliviana, por efecto de la Asamblea Constituyente instalada el 2007 (lo que inscribe a nuestro país dentro de la corriente del nuevo constitucionalismo latinoamericano), cuyo texto definitivo fue aprobado por referendo popular en 2009.

En el caso de Bolivia, la Constitución (artículo 410, parágrafo II), además de declarar que es la norma suprema del ordenamiento jurídico –gozando de primacía frente a cualquier otra disposición normativa– , establece el Principio de Jerarquía Normativa, por el cual, la Constitución ocupa el primer lugar dentro de la estructura jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia; es decir, se sitúa en la cúspide de nuestra pirámide jurídica como principio y fundamento de todas las demás normas.

En segundo lugar se encuentran los Tratados Internacionales, que pueden ser suscritos en cualquier materia por las autoridades legitimadas al efecto, respondiendo a los fines del Estado “en función de la soberanía y de los intereses del pueblo” (artículo 255 parágrafo I), dado que, una vez ratificados, también llegan a formar parte del ordenamiento jurídico con rango de leyes (artículo 257 parágrafo I).

Es diferente la situación de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, porque, una vez ratificados, éstos prevalecen en el orden interno, dado que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse conforme a ellos (artículo 13, parágrafo IV) y cuando dichos tratados “declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”, vale decir que los derechos reconocidos en la Constitución “serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables” (artículo 256, que consagra el Principio pro homine).

Entonces, es por demás evidente el tratamiento diferenciado que se otorga a los Tratados Internaciona- les, de acuerdo a la materia que pretenden regular, más aún si se considera que el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Constitución, ha decidido seguir la tendencia de otorgar una jerarquía constitucional con aplicación preferencial a los tratados y/o convenciones internacionales que consagran derechos humanos a favor de los(as) ciudadanos(as), lo que se halla respaldado por la misma Ley Fundamental, al disponer que“el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. (…)” (artículo 410, parágrafo II).

Éste precepto referido al Bloque de Constitucionalidad constituye una reivindicación de las líneas jurisprudenciales establecidas con anterioridad por la jurisprudencia constitucional, dado que el Tribunal Constitucional de Bolivia, en los Fundamentos Jurídicos de la Sentencia Constitucional Nº 0045/2006 de 2 de junio, había precisado que la teoría del bloque de constitucionalidad surgió en Francia, extendiéndose luego a los países europeos, siendo asimilada en Latinoamérica.

De esta teoría se entiende que  aquellas normas que no forman parte del texto de la Constitución, pueden formar parte de un conjunto de preceptos que por sus cualidades intrínsecas se deben utilizar para develar la constitucionalidad de una norma legal; así, las jurisdicciones constitucionales agregan, para efectuar el análisis valorativo o comparativo a su Constitución, normas a las que concede ese  valor supralegal que las convierte en parámetro de constitucionalidad.

De ahí que la jurisdicción constitucional ha concedido al bloque de constitucionalidad un alcance perceptible en la Sentencia Constitucional Nº 1420/2004-R, de 6 de septiembre, estableciendo que “(...) conforme ha establecido este Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, los tratados, convenciones o declaraciones internacionales sobre derechos humanos a los que se hubiese adherido o suscrito y ratificado el Estado boliviano forman parte del bloque de constitucionalidad y los derechos consagrados forman parte del catálogo de los derechos fundamentales previstos por la Constitución”.

Esta entendimiento es ratificado en la Sentencia Constitucional Nº 1662/2003-R, de 17 de noviembre, que expresa: “(...) este Tribunal Consti- tucional, realizando la interpretación constitucional integradora, en el marco de la cláusula abierta prevista por el art. 35 de la Constitución (de 1994), ha establecido que los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos forman parte del orden jurídico del sistema constitucional boliviano, como parte del bloque de constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos internacionales tienen carácter normativo y son de aplicación directa, por lo mismo, los derechos en ellos consagrados son invocables por las personas y tutelables a través de los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional conforme corresponda”.

De la jurisprudencia glosada, se deduce que el bloque de constitucionalidad en Bolivia lo conforman, además del texto de la constitución, los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos ratificados; de lo expuesto queda claro que no todo tratado, declaración, convención o instrumento internacional es parte del bloque de constitucionalidad, sino sólo aquellos referidos a los derechos humanos.

Este criterio fue reiterado y ampliado por el mismo Tribunal, al establecer que las Sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos también forman parte del Bloque de Constitucionalidad (SC 110/2010-R de 10 de mayo de 2010).

Nota

1. Desde 2001, el Tribunal Constitucional boliviano había integrado los tratados, convenios convenciones internacionales al bloque de constitucionalidad, al respecto revisar las sentencias constitucionales SC 95/01, SC 1662/2003-R17 y SC 0102/2003.

Es abogado responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano y maestrante en Derecho Constitucional (UMSA).

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