La Gaceta Jurídica

Evitar la corrupción

…harían seguimiento al trabajo en los juzgados y en las fiscalías, lo cual lleva a preguntarse si los encubiertos ¿serán personas que trabajan en los juzgados, de alguna de las partes querellantes o desde qué plano podrán controlar sin que se note su existencia?

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 25 de diciembre de 2012

Las investigaciones acerca de irregularidades en el proceso judicial contra el estadounidense Jacob Ostreicher sacaron a luz un caso de corrupción que alcanzó cierta magnitud por las implicaciones que tuvo en relación a funcionarios de dos ministerios de Estado, el de Gobierno y el de la Presidencia, lo que representó también dudas en torno a los titulares de estas carteras y quien está encargada precisamente de la transparencia y lucha contra este flagelo.

Al respecto, el último fin de semana, los ministros Juan Ramón Quintana, de la Presidencia; Carlos Romero, de Gobierno, y Nardi Suxo, de Transparencia, recibieron la ratificación de confianza de la Asamblea Legislativa Plurinacional luego de que su informe y respuestas sobre el caso de corrupción fueron aceptados en el plenario. Esta acción entre órganos del Estado podrá tener repercusiones y consideraciones varias desde los diferentes ángulos de la política, es decir, de la oposición, el oficialismo y la propia ciudadanía. Sin embargo, es de considerar que el caso tuvo también relación con operadores de justicia, de tal modo que entre los detenidos de este ámbito estatal figura por lo menos un fiscal, mientras que Ariel Rocha, presidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, se encuentra prófugo.

Lo interesante de este suceso, reprochable desde todo punto de vista, es que motivó a que autoridades del Estado, entre ellas el vicepresidente Álvaro García y el propio Ministro de Gobierno propusieran en pasadas horas mecanismos para evitar que se repitan casos como la red desarticulada, por lo menos en parte, pues se cree que todavía existen otros involucrados. De estas ideas de prevención habrá que considerar los puntos positivos y los que podrían convertirse en negativos; de esta forma, la primera propuesta del segundo mandatario busca anular la posibilidad de corrupción con una reforma estructural del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal.

Al respecto, se puede señalar que, su punto central, la reducción de los tiempos para la conclusión de un proceso, puede ser de gran efectividad para evitar irregularidades, pues, como el propio García Linera lo explicó, con menos duración en un proceso hay menos posibilidades de que se cometa irregularidades. Esto también ayudaría a temas como el indulto carcelario, recientemente aprobado a través de un decreto presidencial y ratificado en la Asamblea Legislativa, donde se prevé la realización de juicios abreviados. Además, con menos demora en los procesos las cárceles seguramente sufrirían menos hacinamiento y tendrían más sentencias ejecutoriadas.

La segunda propuesta señala que podría incorporarse agentes encubiertos para combatir la corrupción de los operadores de justicia, quienes harían seguimiento al trabajo en los juzgados y en las fiscalías, lo cual lleva a preguntarse si los encubiertos ¿serán personas que trabajan en los juzgados, de alguna de las partes querellantes o desde qué plano podrán controlar sin que se note su existencia?

Finalmente, la otra propuesta señala la instauración de auditorías a los bienes de los operadores de justicia, sistema con el que se podría acercar a la transparentación constante del patrimonio de jueces y fiscales, con declaraciones juradas cada cierto tiempo y susceptibles de investigación, en este caso ¿podrá evitarse la existencia de “palos blancos” o manejo de fondos a través de otros nombres?

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