La Gaceta Jurídica

Evolución histórica del Derecho constitucional y filosofía de la Constitución

(Parte I)

Foto: m24digital.com

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La Gaceta Jurídica / Abraham Bastida Aguilar

00:00 / 03 de mayo de 2013

Las Constituciones modernas contienen una parte que se proyecta en la organización jurídica de los poderes del Estado y otra que, fundamentalmente, se encuentra encaminada a asegurar el amparo a la libertad y a los derechos individuales, lo cual no significa que éstos no queden determinados, en general, por la estructura constitucional, dado que una mala organización política conlleva un desmedro axiológico que, indudablemente, ha de influir en los criterios de justicia.

Toda comunidad posee una Constitución, ésta es un orden normativo que podrá estar escrito o no, pero que en definitiva rige las relaciones personales y sociales de la misma.  Para el constitucionalismo clásico, inaugurado con la Constitución de Virginia, fundamentalmente, se tiene las siguientes características:

La adopción, por la Constitución, de una ley de garantía para el individuo frente al Estado, su estructura escrita y rígida, el molde racionalista en cuanto sus normas son creadas a priori en base a los dictados de la razón que descubre un derecho natural, el reparto de competencias en la composición de los poderes.

La inscripción en su sistema normativo de un catálogo de derechos como resultado de la facultad es que la razón le asigna al ser humano, la prevalencia del Poder Legislativo como el poder supremo del Estado, la autolimitación de éste, la existencia, en la Constitución, de un basamento ideológico, el individualismo liberal como consecuencia de la actitud obstruccionista del Estado, la valorización del ciudadano como categoría fundamental de la dinámica social y la atribución al pueblo como sujeto de la autoridad, soberanía y representación.

Es evidente que dentro de este resumen de caracterización de tales instrumentos jurídicos se encuentra una realidad social influida por tradición, cultura, valores morales, orden económico y un ordenamiento de la misma que suponen una racionalidad influida por conceptos de diverso orden, entre los cuales prevalece una consideración filosófica de aspectos tales como la libertad y la justicia, que son decisivos para fijar la autolimitación del Estado y, a la par, establecer las pautas que determinarán el grado que la sociedad atribuya a la constante axiológica relacionada con la dignidad humana.

Si se tiene presente que la Constitución es norma fundamental del Estado con preeminencia sobre los demás textos normativos que se dicten en el mismo, es evidente que éstos deben ajustar su contenido a las disposiciones constitucionales para que posean validez y, en este orden de cosas, le cabe al derecho procesal una particular importancia en su relación con el orden constitucional,  pues está principalmente dirigida a asegurar los beneficios de la libertad y los derechos humanos. De una correcta valoración en las leyes procesales de los principios básicos constitucionales y de una estructura judicial adecuada, resultará que aquéllos se encuentren más o menos garantizados.

Constitución material y Constitución formal

Ha sido ya Aristóteles quien estudió la comunidad política, reconociendo que toda ciudad o Estado constituye una especie de la misma y que cada uno de ellos se ha formado teniendo en cuenta como fin un determinado bien, ya que todas las acciones de la especie humana se hacen con la vista puesta en algo que los hombres creen como tal.

Cabe aquí partir de un supuesto que se encuentra relacionado con el contenido del derecho.  Toda norma jurídica posee un contenido poliédrico, ya que consta de elementos conductuales, normativos y axiológicos, y esto sucede tanto en las constitucionales como en las demás.

Es Recasens Fiches quien dice que las normas jurídicas no se encuentran flotando, desconectadas de la realidad, sino que, por el contrario, han surgido de una entidad colectiva con el propósito preciso de ordenar a ésta, cuyos contenidos responde a factores delimitativos formados por el espacio territorial, el tiempo y el aspecto social.

Desprovista la norma de su basamento fáctico queda carente de significación concreta y de la vida que éste le da, ya que el derecho en su producción, en su desenvolvimiento y en su cumplimiento espontáneo y aun en sus transgresiones y aplicación forzada se muestra como realidad social.

En la difícil cuestión de establecer si la norma sigue al hecho o, por el contrario, si sucede ello al revés, puede decirse que los sistemas sociales casi nunca son el resultado de una planificación consciente.

El individuo no tiene en la mayoría de los casos conciencia de que las pautas adoptadas mutuamente, que sirven de modelo para su comportamiento, son componentes de un sistema.

Sin embargo, esta conducta se encuentra acotada por el sistema social vigente en una época y lugar determinados y hoy son muchos los constitucionalistas que admiten la existencia de una Constitución material en cuanto fundamento orgánico.

En la opinión del doctrinario Bidart Campos, “no se puede hablar de Constitución del Estado –ni siquiera en el sentido de estar constituido– sin hacer referencia a la normatividad; todo Estado tiene constitución en cuanto está ordenado, conforme a una estructura determinada y en cuanto esa ordenación y estructura sean normativas, o sea, revestidas de ejemplaridad, de pautas de valor, de deber ser…” (1).

Eso es cierto, pero tal normatividad no opera en valores hipotéticos, sino que lo hace sobre una comunidad real, dándole un sentido a una realidad parcial de la misma, contemplada bajo la normativa jurídica.

Este campo alcanza el ejercicio del poder y su relación con los miembros que pertenecen a aquélla, así como las relaciones interindividuales en cuanto caigan bajo el ámbito de las normas jurídicas, iluminadas fundamentalmente por una axiología en donde el valor justicia adquiera especial relevancia.

El derecho constitucional, basamento del derecho procesal, no escapa a tal concepción, ya que la finalidad del mismo es la de estudiar e interpretar las normas jurídicas tendientes a fijar las reglas que fundamentan los fines últimos de la convivencia ciudadana, dentro de un marco de libertad y respeto por los derechos individuales.

Constitución racional normativa e histórico-tradicional

Señala Hans-Joachim Lieber que “importante y cargado de consecuencias para toda la problemática del conocimiento en el campo de las ciencias del espíritu es el hecho de que, con el cambio indicado en el problema del conocimiento, tiene lugar a la vez, una recepción de elementos historicistas en las mismas y en su fundamentación (2).

Al hablar del cambio indicado se refiere a que el objeto de las ciencias del espíritu se inserta en el campo cognoscitivo y éste aparece como dependiente o codeterminado por ciertos factores constituyentes de aquél. Este autor señala que el concepto de historicismo tiene su primera aplicación en la consideración de la historia por parte de Vico y Herder en contraposición al Iluminismo y a su mentalidad iluminadora.

Dentro de una concepción filosófica, puede decirse que en este esquema del historicismo aparece la vinculación del espíritu con la vida. Ya no se trata de la vigencia de verdades intemporales revestidas de validez universal, sino de una concepción del mundo acotada por el desarrollo histórico. Esto también es válido para el estudio del derecho constitucional y, por ende, para todas las ramas del derecho que tienen su fundamento en aquél. Las instituciones no se han desarrollado en un esquema ideal. Ha significado tener presentes costumbres, usos sociales, hechos económicos, factores religiosos y culturales que conformaron un cuadro de situación que enmarcaron a aquellas.

Bidart Campos señala que el tipo racionalista admite una Constitución como programa, en la creencia de que su sólo enunciado bastará para cumplirlo. Nos da una fórmula única, igual, general, susceptible de realizar y cumplimentar la convivencia política.  Por el contrario, la concepción historicista ya no va a lo general y uniforme, sino que está dirigida a lo individual, lo concreto, en donde cada Estado reviste estructuras particulares de acuerdo a su circunstancia histórica.

Proponer recoger la tradición y ajustar las fórmulas constitucionales a la herencia común, lo vernáculo, rechazando lo ajeno, lo extemporáneo.

De la síntesis de ambas concepciones es posible extraer conclusiones valiosas.  Las de ajustar el esquema constitucional a la vida y a la historia, sin desconocer que esta forma el alma de los pueblos y del hombre común, que se desarrolla en cierta comunidad y no en otra, y en tiempo determinado y no en otro.   

Del racionalismo puede extraerse la fijación de ciertas pautas ordenadoras que sirvan para fijar conceptos y, en cierta manera, modificar la realidad social. No debe olvidarse que de las utopías han nacido revoluciones sociales. El futuro de las sociedades depende en mucho de liderazgos que exponen razonamientos ordenadores y concluyen con cambios sociales.

Lo que no puede hacer el racionalismo es olvidar el orden fáctico dentro del cual ha de operar. Ello implica generalmente el fracaso, y ejemplos de ellos conforman un amplio espectro dentro del decurso histórico.

El dinamismo constitucional

Ya Ihering formuló, al contrario de Savigny, quien poseía una visión romántica del derecho, el aserto de que los principales desenvolvimientos que sufre el derecho no ocurren plácidamente, sino que son producto de intereses encontrados en lucha permanente y que, muchas de las grandes modificaciones que influyeron poderosamente en el progreso de aquel, tuvieron que producirse lesionando los intereses privados que existían  ya protegidos.

También Recasens Siches refiere que el tono realista que asume este tópico, implica tomar al Estado como una organización en movimiento. La vida estatal se encuentra en un perpetuo dinamismo, tanto en lo que atañe al poder, como a los demás campos de la estructura social y, en este aspecto, no puede eternizarse el orden existente en una determinada época.

Ejemplos elocuentes a tal dinámica son las evoluciones que ha sufrido el derecho a través del decurso histórico, motivadas por diversos órdenes de elementos de carácter social, económico, religioso, etc. y que han conformado las instituciones que rigen en los países. Nótese la diferencia que existe entre el derecho continental y el anglosajón, o entre éstos y el musulmán, o el de los países de extremo Oriente para advertir la diversidad de aquéllas.

Haciendo un recuento histórico se puede apreciar la evolución sufrida en casi todas las latitudes a raíz de una materia social cambiante y de factores en continuo movimiento

Ideas filosóficas y garantías constitucionales en el proceso

Una adecuada comprensión de textos políticos y jurídicos –y las declaraciones de derecho lo son en alto grado– requiere, reclama pues, la apertura al análisis del contexto, o, mejor, a los múltiples factores contextuales que están incorporados en ellos condicionando e integrando su significación; y de los múltiples móviles contextuales que es necesario analizar, uno de ellos –el ideológico– resulta particularmente relevante a la hora de comprender el significado profundo de una declaración de derechos.

Sin embargo, la historia, en un eterno retorno, hizo también posible la crisis de la razón a fines de este siglo. Es Laclau quien señala que hacia estos tiempos los límites del conocimiento racional se tornaron evidentes.  Lo irracional va cobrando mayor protagonismo a medida que se introduce en la explicación de nuestra vida y en las mismas ciencias naturales, como en la física a través de la física cuántica y su principio de indeterminación.

Son pensadores como Dilthey los que intentan poner al descubierto las categorías específicas de una razón histórica, Bergson con la oposición entre vida y razón, Husserl y su percepción de las evidencias, quienes han servido de agentes acotantes de una razón en la que los pensadores de los siglos xvii y xviii habían puesto su confianza ilimitada como factor de conocimiento y de progreso.

Ello, claro está, no implica caer en los riesgos de una irrazonabilidad pertinaz, sostiene Laclau, sino que tales expresiones de factores intuitivos y emocionales sirvieron para que proceda un análisis más profundo de la realidad para no apartarse de la que se pretende conocer (3).

Si se puede tener como característica de la filosofía de La Ilustración –por lo que se refiere a la comprensión e interpretación del mundo del espíritu– la consideración y el juicio de todas las formaciones, teorías y actitudes espirituales desde el punto de vista de una realidad absoluta, supratemporal y revestida de objeciones, en la que se impone cada vez más la conciencia de la conexión del espíritu con la vida. 

Todo lo individual y toda la impronta singular de contenidos y conformaciones son entendidos justamente en ésta su peculiaridad, partiendo de su enraizamiento en la existencia conjunta de una amplia totalidad de vida.

De esa conjunción de espíritu y vida puede esperarse la superación de los escollos que la historia presenta en los últimos decenios, en donde se ha producido una evidente desconexión entre aquéllos a través de la crisis de la razón, que también lleva a la crisis de la ciencia.

La pérdida de una fundamentación científica y filosófica ha traído como consecuencia que el hombre se sienta a la deriva, en un archipiélago desconocido con las consiguientes perturbaciones que ello ocasiona.

En un momento determinado de la historia la fe había sido reemplazada por la razón. Hoy se corre el riesgo de que ésta sea suplantada por el vacío, por la nada, en donde las esperanzas se diluyen sin contemplaciones. Esto es grave, pues se arriesga la posibilidad de que el hombre no encuentre un sentido a la vida, sin el cual, la existencia se convierte en un erial sin posibilidades de logro y superación e, incluso, sin que el conocimiento técnico brinde las satisfacciones del éxito.

Cabe tener presente que el conocimiento científico, que encuentra en la filosofía sus últimos fundamentos, constituye un saber crítico, que se eslabona metódicamente, como suficientemente fundado en lo que se exhibe como verdadero.

De todo lo dicho se sigue que el estudio de la evolución del pensamiento político-filosófico sirve para apreciar la evolución de las instituciones, ya que éstas constituyen un marco histórico donde las ideas pergeñan rumbos, que luego se concretan en realizaciones de distinto orden.

Tampoco cabe desconocer que el mundo de las ciencias del espíritu se encuentra como objeto del conocimiento, en amplia conexión con la vida. Es el mismo sujeto pensante quien, a la vez que participa de un mundo de vida histórica y social, debe interpretar y valorar esa experiencia, de la cual surge que el sujeto vivo y el sujeto cognoscente no pueden separarse en el ámbito de este campo de la realidad.

Para una comprensión de ésta desde una perspectiva histórica, nada mejor que acercarse a la misma desde un horizonte retrospectivo en el decurso del tiempo.

Continuará

Notas

1. Bidart Campos, G. J. Derecho Constitucional, Ediar, Buenos Aires, Argentina, 1964, pág. 103.

2. Liebre, H. J. Saber y sociedad, Aguilar, Madrid, España, 1981, pág. 16.

3. Laclau, M. Anuario de filosofía jurídica y social, Las bases filosóficas de la ciencia jurídica, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 13.

Es abogada de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguay, y docente.

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