La Gaceta Jurídica

“Existe vulneración de los derechos humanos

En el régimen penitenciario

Las dificultades en las cárceles han llevado a varias protestas de los internos.

Las dificultades en las cárceles han llevado a varias protestas de los internos. Foto: Ángel Illanes

La Gaceta Jurídica / RMR

00:00 / 25 de diciembre de 2012

Desde un punto de vista general, la administración de justicia en Bolivia no contempla el cumplimiento de los derechos humanos de los privados de libertad.

El coordinador de proyectos de la Red Participación y Justicia (rpj), José Luis Vargas, reveló que la justicia en Bolivia no contempla el respeto de los derechos humanos de los detenidos en los distintos centros penitenciarios del país, más al contrario viola los derechos fundamentales.

“Todo esto se descubre cuando tocamos el tema del régimen penitenciario en el país. Porque nos referimos al incumplimiento de la ley con la vigencia de los derechos humanos de personas privadas de libertad”.

Para Vargas, uno de los factores para que la justicia en el país no haga cumplir los derechos de los procesados es no regirse estrictamente a las normas y derechos internacionales que precautelan los derechos de aquellos ciudadanos que se ven privados de libertad por diferentes motivos.Investigación

El periodista de este medio tuvo acceso a algunos relatos de los internos del penal de San Pedro. Ellos manifestaron que no cuentan con un prediario adecuado para solventar su estadía al interior del régimen carcelario ni una adecuada alimentación diaria.

Su alimento diario para la población carcelaria común es arroz o fideo con un pedazo de carne, menú que no cambia en el transcurso de los meses. Sólo los presos adinerados pueden consumir un almuerzo variado en los restaurantes de la penitenciaria, más los jueves y viernes un plato especial que está entre 20 a 30 bolivianos.

Por otro lado, existen muy pocos ambientes carcelarios individuales. Se encentran reclusos en habitaciones con el perímetro de dos por cuatro metros, donde cohabitan entre tres a cuatro internos, los demás duermen en el piso del patio, pasillos, la cocina y hasta en los techos del centro penitenciario.

Los alquileres cuentan hasta 2.500 bolivianos por mes y la venta entre 200 a 300 dólares. No se puede entender cómo se puede comercializar en alquiler y en venta los predios al interior de la cárcel, incluso según “zonas”, siendo que el Régimen Penitenciario asume la responsabilidad del recinto.

Parecería que cada parcela carcelaria, denominadas Población General, La Posta, Chonchocorito, etc., cuenta con propietarios de bienes raíces que van ofertando celdas a los ingresantes, además, se desconoce el uso y administración de las recaudaciones de estos dineros.   

Problema de salud

De igual forma los privados de libertad no tienen un médico general permanente, quien pueda atenderlos en casos de emergencia, menos que estos dispensarios médicos cuenten con medicamentos elementales para suministrar a los internos.

Debemos suponer que una colectividad privada de libertad tiene derecho a los servicios básicos de atención médica y otros. Sin embargo, éstos son vulnerados y violados por la misma población carcelaria que no es controlada por la policía asignada a estos espacios.

La administración penitenciaria y de la propia justicia son las encargadas de hacer cumplir con objetividad la pena condenatoria de conformidad con la normativa vigente en el país, esto no es otra cosa que proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda mediante la readaptación y reinserción social de los encarcelados a través de la comprensión y respeto a la ley.

Garantías constitucionales

Para el representante de la RPJ, corresponde a los funcionarios de la administración penitenciaria y de justicia promover los derechos humanos de quienes están privados de libertad en todas sus actuaciones. La dignidad y el cumplimiento de las garantías constitucionales deben ser precautelados con absoluta prohibición de cualquier tipo de trato cruel, inhumano o degradante hacia los reclusos.

Todos estos enunciados no se cumplen en nuestro país por diferentes factores, por ejemplo, recursos económicos y humanos, falta efectiva del cumplimiento de la norma e indiferencia de las autoridades.

Debemos tomar en cuenta que nuestra normativa legal penal es preventiva y no así sancionadora, ya que “el que cometiere tal o cual delito será sancionado”, es decir, está previendo que si alguien comete una falta o causa daño a cualquier persona será sancionado, añadió el abogado.

Por otro lado, nuestro régimen penitenciario busca la reinserción del delincuente a través de la sanción y en medio de ésta la terapia ocupacional buscando que el individuo reconduzca su conducta y, luego de completar su sanción, vuelva a la sociedad como un hombre o una mujer arrepentida y no vuelva a cometer una falta.

Teoría sin práctica

Lamentó Vargas que norma legal se encuentre sólo en teoría, porque “en la práctica sucede lo contrario, pues en Bolivia se vive un régimen penitenciario caótico, con hacinamiento carcelario, corrupción y violación de derechos y, sobre todo, porque todos los detenidos sin clasificación alguna comparten ambientes comunes donde la sanción se convierte en una escuela del delito”.

Todo esto debería merecer la atención de las autoridades político-administrativas, quienes deberían realizar los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley del Régimen Penitenciario y velar para que exista respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, otorgando la posibilidad de una terapia ocupacional y la superación personal del detenido por una mejor sociedad en Bolivia.

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