La Gaceta Jurídica

Inconstitucionalidad en la Ley Marco de Autonomías

Realidades jurídicas

Asamblea Legislativa

Asamblea Legislativa

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G. - Abogado

00:00 / 10 de agosto de 2012

Corremos el riesgo de que hasta la publicación del presente trabajo se conozca o conozca algunos fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) en relación a determinados artículos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Pero, en todo caso, nos permitimos adelantar algunos conceptos en relación a una temática que se ha ido complicando pero que, a pesar de ello, ha acabado por mostrar dramáticas aplicaciones prácticas. O sea, ha sido un suma y sigue que ni siquiera ha terminado.

Nos referimos a los casos de suspensión de asambleístas departamentales, gobernadores, concejales y alcaldes. Un número alarmante de aquéllos ya ha sido suspendido, quizás no de manera igual, pero, en todo caso, en apoyo a lo que dispone la Ley N° 31 del 19 de junio, Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Se trata de los artículos 144 al 147 de aquella Ley, referidos a lo que aquellos denominan SUSPENSIÓN TEMPORAL de autoridades electas departamentales, regionales y locales.

El artículo 144 dispone que aquellas autoridades podrán “ser suspendidas de manera temporal en el ejercicio de su cargo, cuando se dicte en su contra ACUSACIÓN FORMAL”. El siguiente artículo señala que, dispuesta aquella Acusación Formal, EL FISCAL COMUNICARÁ LA SUSPENSIÓN AL ÓRGANO DELIBERATIVO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL AUTÓNOMA RESPECTIVA, el cual dispondrá, DE MANERA SUMARIA Y SIN MAYOR TRÁMITE, LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA AUTORIDAD ACUSADA, designando al mismo tiempo y en la misma resolución a quien la reemplazará temporalmente durante su enjuiciamiento”.

El artículo 146 añade que: “Si concluido el juicio el Juez determinare la inocencia de la autoridad procesada, en la misma Sentencia dispondrá su RESTITUCIÓN INMEDIATA al cargo...”

Primer detalle a anotarse. La suspensión “temporal” de la autoridad acusada sólo de manera meramente FORMAL le corresponde al ante deliberante de la respectiva entidad autónoma, porque la misma no puede deliberar. No puede analizar nada, se limita a aprobar de manera SUMARIA Y SIN MAYOR TRÁMITE lo “ordenado por el Fiscal”. Esta autoridad es la que ha resuelto la SUSPENSIÓN.

A más de que la acusación formal no es admisible que provenga de un fiscal, porque no es autoridad jurisdiccional, sino de un JUEZ, el trámite que señala la Ley Marco de Autonomías es atentatorio al texto del artículo 115 de la Constitución Política del Estado (cpe). Entonces, ¿en qué queda aquello de que “toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos? ¿y la presunción de inocencia que destaca el artículo 116 de la CPE? Y, además, ¿el artículo 117 que destaca: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido OÍDA Y JUZGADA PREVIAMENTE EN UN DEBIDO PROCESO...”?

¿Se podrá afirmar que la autoridad suspendida podrá después defenderse en un juicio formal donde, si se la declara inocente, será inmediatamente restituida en su cargo? ¿Digamos sobre el particular que, primeramente, en el actual Procedimiento Penal no existe la sentencia de INOCENCIA, sino solamente la de ABSOLUCIÓN? Y lo más importante, ¿se ha pensado en el tiempo que durará aquel supuesto juicio penal?

¿No será que en el caso de que el procesado lograra una Sentencia de Absolución, cuando en la misma se ordene SU INMEDIATA RESTITUCIÓN EN EL CARGO el periodo de sus funciones, ya ha quedado vencido? ¿A qué cargo va a ser restituido? Porque, aunque no lo dice expresamente la Ley Marco de Autonomías, estamos suponiendo la existencia de una sentencia absolutoria ejecutoriada, o sea, cumplidas, en consecuencia, todas las instancias que prevé el proceso penal.

El Fiscal, por lo tanto, ha acabado ejerciendo funciones que le son finalmente ajenas, rebasando sus propios límites y competenciales. De esta forma se ha conculcado lo que destaca el artículo 122 de la misma cpe, o sea, “son nulos los actos de los que usurpan funciones que no les competen, así como los actos de los que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.

En este tema, en última instancia, las asambleas departamentales y regionales y los concejos municipales han quedado convertidos en una especie de “floreros”. Es decir, están de adorno. Se ha tratado de hacer ver que un Estado Orgánico o una Carta Orgánica podrían borrar aquel detalle haciendo desaparecer la figura de la suspensión, al menos en la forma en que está prevista. Es un mal argumento, porque los estatutos ni las cartas pueden estar por encima de una Ley Nacional (artículo 410-II de la cpe).

Por encima de aquello se ha argumentado que, particularmente en el caso del departamento de Santa Cruz, el Estatuto Orgánico Departamental para aquél efecto, prevé la dictación de una Sentencia Condenatoria Ejecutoriada.

Aquí se puede afirmar, al margen de la falta de validez formal de aquel Estatuto (por falta de cumplimiento de lo que determina la disposición transitoria tercera de la cpe), aquel extremo se exige para la figura de la DESTITUCIÓN que, obviamente, no es la misma que la que analizamos.

Los artículos 148 y 149 de la Ley Marco de Autonomías se refieren por separado a esa figura, disponiendo que la suspensión se convierte en destitución, con una sentencia condenatoria ejecutoriada.

Por tanto, o se dicta otra Ley (por la Asamblea Legislativa Plurinacional), modificando los textos ya citados de la Ley N° 031, o se escoge el camino una demanda formal abstracta de inconstitucionalidad para conseguir que una sentencia de inconstitucionalidad elimine de nuestro ordenamiento jurídico los artículos pertinentes ya citados y analizados de la mencionada Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

*    Es abogado, ensayista y analista constitucional.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2
3 4 5 6 7 8 9
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia