La Gaceta Jurídica

Inconstitucionalidad en la Ley Marco de Autonomías

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 22 de febrero de 2013

Una última Sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), declarando la inconstitucionalidad de prácticamente todo el texto del Capítulo I del Título IX de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, del 19 de julio de 2010, ha dado lugar a múltiples análisis, comentarios y especulación.

No podía ser de otra manera, porque se trataba de un tema enormemente controvertido como era el relativo a la forma de suspensión de funciones de asambleístas departamentales, gobernadores, concejales y alcaldes.

Lo que disponía aquél Capítulo de la ya mencionada Ley 031 era, en efecto, totalmente contrario al texto constitucional, particularmente en lo referido a la presunción de inocencia, artículo 116 de la Constitución Política del Estado (cpe), y el debido proceso, artículo 117.

Por parte de algunos personeros de Gobierno se ha dicho que no hay razón para haber satanizado al extremo el texto de la Ley de Autonomías, declarado inconstitucional, porque la Ley de Municipalidades, de 28 de octubre de 1999, decía más o menos lo mismo.

Lo anterior no es cierto, porque aquella Ley, para empezar, no establecía el mismo sistema de hoy para la elección de alcaldes (ahora es directa, por voto ciudadano) y porque, además, para la suspensión de alcaldes se requería un Auto de Procesamiento que dictaba un Juez y no “acusación formal” de un Fiscal (que no es autoridad jurisdiccional) y que, discrecionalmente, se limitaba a “comunicar la suspensión al órgano deliberativo”, el que ni siquiera podía analizar aquella.

La Ley de Municipalidades distinguía también la suspensión de la figura de “destitución”. Esta última sólo procedía mediante sentencia condenatoria ejecutoriada con pena de privación de libertad. En esto último si existe coincidencia entre ambos esquemas.

Aunque, habrá que preguntarse, ¿qué pasará en la práctica con la autoridad “suspendida”? ¿Será respuesta cuando haya terminado el respectivo proceso con la respectiva “ejecutoria”? Pero, ¿qué tiempo transcurrirá hasta que ello ocurra? ¿Tres, cuatro, cinco años? Es decir que el mandato de la autoridad “suspendida” ya habrá terminado. Entonces, ¿cómo se la podría reponer?

Por otra parte, en este acápite, el artículo 103 de la antigua Ley de Organización Judicial (loj) disponía “juicio especial” (por los plenos de las cortes superiores) para concejales y alcaldes. Este “caso de corte” ha sido suprimido. En cuanto a los efectos de la Sentencia Constitucional, la misma es evidente que no puede tener efecto retroactivo.

El artículo 78 del Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 2012 señala que, en los casos de acción abstracta de inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad tendrá valor de “cosa juzgada” y, si es total, tendrá efectos abrogatorios sobre la norma impugnada. Además, hace “inaplicable” la norma impugnada y surte plenos efectos respecto a todos” (artículo 133 de la cpe).

No nos sirve, de ninguna manera, tratar de aplicar las excepciones al carácter irretroactivo de la Sentencia, acudir a las excepciones de aquella que destaca el artículo 123 de la cpe (en casos expresos de materia penal, laboral y de corrupción), totalmente ajenos al tema.

Otro detalle que ha sido objeto de comentario es el referido al grado de responsabilidad, que podría extenderse hasta los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp), por haber sido quienes finalmente aprobaron un artículo inconstitucional. Esta supuesta responsabilidad podría también extenderse hasta la figura el Presidente del Estado, por haber promulgado la ley.

Pensamos que aquella responsabilidad resulta totalmente forzada y es inaplicable. Téngase en cuenta, primero, que el artículo 151 de la cpe otorga “inviolabilidad personal” a todos los asambleístas por “cualquier acto de legislación”, entre otros varios casos, por los cuales “no podrán ser procesados penalmente”.

Por otra parte, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional dispone que “se presume la constitucionalidad de toda norma de los órganos del Estado, en todos sus niveles, entre tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su inconstitucionalidad”.

¿Cuál será, por tanto, habida cuenta de lo señalado hasta el momento, la situación jurídica de aquellas autoridades que fueron suspendidas aplicando el esquema que fue declarado inconstitucional?

Insistimos que los efectos de la sentencia constitucional que comentamos no pueden ser para atrás. O sea que tales suspensiones quedan automáticamente sin efecto y todo se retrotrae al momento en que el fiscal presentó la acusación formal ante la asamblea departamental o ante el concejo municipal.

Pensamos que en aquellos esquemas se debe efectuar un análisis caso por caso. Ya se ha producido el retorno del Alcalde de Potosí, pero hay que tener en cuenta que en este caso incluso se anuló un fallo de la justicia ordinaria, lo que facilitó que esa autoridad fuera repuesta por el propio Concejo Municipal.

En otros dos casos (alcaldes de Sucre y gobernador de Beni) hubieron renuncias y ya se eligió nuevas autoridades. Del Gobernador de Tarija fugó del país, considerándose un perseguido político, y tiene procesos formales en su contra, el ex Prefecto de Pando sigue ilegalmente detenido y debería gozar de “caso de Corte”. O sea, veamos las cosas con calma y cada situación por separado.

Lo más preocupante en este tema es que altas autoridades del Gobierno siguen tratando de encontrar justificativos a los artículos declarados inconstitucionales, sin exhibir argumentos válidos de ninguna naturaleza.

No se trata de proteger a autoridades que eventualmente pudieran entrar en actos ilícitos y merecer un enjuiciamiento penal. No están exentos de aquello, pero siempre dentro de la forma, sin salirse de los marcos generales que, en éste y otros campos parecidos, establece primero que nada la Constitución Política del Estado.

*    Es abogado, analista constitucional y ensayista.

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