La Gaceta Jurídica

Independencia del Tribunal Constitucional Plurinacional

(Parte final)

Foto: lexasturias.blogspot.com

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La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 05 de octubre de 2012

Adicionalmente, se debe considerar que el órgano encargado del control no solamente tiene que ser diferente de los órganos controlados, sino independiente de ellos; es decir, no debe existir ninguna relación de dependencia (directa o indirecta) frente a los órganos controlados, de manera que, en el ejercicio de su función jurisdiccional, no esté subordinado ni sometido, si no es a la Constitución y a las leyes, entendiéndose que toda relación de dependencia genera necesariamente subordinación y, si hay subordinación, es absolutamente ingenuo pensar que estando sujeto el controlante al controlado, pueda ejercer uno sobre otro función de control.

En otras palabras, esta condición significa también que en el ejercicio de la jurisdicción constitucional debe prevalecer el derecho al juez natural, desarrollado ampliamente por la propia jurisprudencia constitucional existente en Bolivia. En este sentido, conforme a las normas previstas en los artículos 120 de la cpe, 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) –instrumentos internacionales ratificados por nuestro país–, uno de los elementos esenciales del debido proceso es el derecho a ser juzgado y oído por un juez natural competente, independiente e imparcial para la determinación de derechos y obligaciones (o para el examen de cualquier acusación contra una persona en materia penal).

De ahí que, con relación al tema, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia Constitucional Nº 0491/2003-R de 15 de abril, ha señalado lo siguiente: “Uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso es el derecho al juez natural competente, independiente e imparcial; debiendo entenderse por Juez competente aquel que, de acuerdo a las normas jurídicas previamente establecidas, conforme criterios de territorio, materia y cuantía, es el llamado para conocer y resolver una controversia judicial; Juez independiente aquel que, como se tiene referido, resuelve la controversia exenta de toda injerencia o intromisión de otras autoridades o poderes del Estado; y Juez imparcial aquel que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar su decisión y emitir la resolución. El cumplimiento de estos requisitos que hacen al juez natural permite garantizar la correcta determinación de los derechos y obligaciones de las personas; de ahí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es vinculante para la jurisdicción interna, en su Sentencia de 31 de enero de 2001 (Caso Tribunal Constitucional de Perú, párrafo 77), ha establecido que ‘toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial’”.

De lo referido anteriormente, se puede concluir que, en todo proceso (en sede jurisdiccional o administrativa) en el que se vaya a adoptar una decisión final a través de una sentencia o acto administrativo, según se trate de un proceso tramitado ante autoridad judicial o administrativa, es necesario que la autoridad (unipersonal o colegiada) sea:

a) competente para conocer y resolver la controversia, porque previamente ha sido determinada por ley (principio de legalidad) en razón a materia, territorio, turno, etc., lo que implica que ninguna persona puede ser sometida al conocimiento de una autoridad que es incompetente para conocer o resolver su controversia;

b) independiente, que es aquella autoridad que resuelve la controversia al margen de presiones que pudieran ser ejercidas por personas u otras autoridades, sometiéndose únicamente al derecho; y

c) imparcial, que implica que la autoridad no debe tener opinión anticipada sobre el resultado final del asunto que conoce y tampoco dejarse influenciar por nadie ni con nada, a favor ni en contra de alguna de las partes, sino mantener una posición objetiva a tiempo de pronunciar su decisión final; todo ello de acuerdo al entendimiento jurisprudencial contenido en la Sentencia Constitucional Nº 0009/2004-R de 28 de enero de 2004.

El órgano encargado de efectuar el control debe estar dotado de facultades decisorias

La siguiente condición esencial para la adecuada configuración de un sistema de control de constitucionalidad y el funcionamiento de una jurisdicción constitucional especializada, idónea y eficaz en la protección de los derechos fundamentales, es que el órgano encargado del control tenga acultad y potestad de decisión definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas legales ordinarias.

Vale decir, es insuficiente que el órgano encargado del control sea diferente e independiente de los órganos cuyos actos o decisiones controla, siendo también necesario que las decisiones emanadas del órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad, sobre la conformidad o disconformidad de una disposición legal frente a la Constitución, sean  definitivas e irrevisables  además de vinculantes y obligatorias para todos los gobernantes y gobernados.

Esto significa que si la resolución pronunciada por el órgano encargado del control fuera meramente consultiva, sin tener ningún carácter obligatorio y/o vinculante o estuviera sujeta a la decisión final del Órgano Legislativo, perdería totalmente su esencia y efectividad.

Al respecto, se debe considerar que el control de constitucionalidad se realiza generalmente a través de procedimientos extraordinarios de tramitación especial y una de las características de dichos procedimientos es que son realizados en única y última instancia, de manera que contra la resolución pronunciada por el órgano encargado del control no se admite recurso ulterior alguno.

Por eso, la Ley de Desarrollo Constitucional, que institucionaliza el organismo de control y regula los procedimientos del control, debe garantizar tanto el poder de decisión del organismo de control, disponiendo el carácter obligatorio y vinculante de sus decisiones, así como el carácter definitivo e irrevisable de las mismas, consagrando así el principio de cosa juzgada constitucional.

En este sentido, es rescatable la previsión contenida en el artículo 8 de la Ley del tcp, que dispone: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”, norma que es concordante e idéntica a la establecida en el artículo 203 de la cpe, ambas destinadas a consagrar expresamente la vinculatoriedad de las sentencias constitucionales, junto a la eficacia de la cosa juzgada constitucional.

Sobre este aspecto, debe tenerse en cuenta que la cosa juzgada constitucional alcanza tanto al decisum o parte resolutiva, como a la ratio decidendi o razón de ser de la sentencia constitucional, en la que se consigna la doctrina constitucional y las subreglas creadas a través de la interpretación constitucional; en consecuencia, al operarse la cosa juzgada material, la sentencia, en su parte de la ratio decidendi, adquiere la fuerza vinculante y, en su parte resolutiva, el carácter obligatorio.

Facultad de las personas afectadas o con intereses legítimos de impugnar por sí mismas el precepto o acto inconstitucional

Un requisito inherente a la naturaleza misma del control de constitucionalidad es el referido a la legitimación activa, reconocida a los ciudadanos como un derecho de acceso al control.

Esto implica que la legislación que regula la organización y funcionamiento del órgano encargado del control, así como los procedimientos existentes para la realización del control, deben reconocer el derecho de los ciudadanos a solicitar el control de constitucionalidad en defensa de la Constitución y de los derechos y garantías que ésta proclama. Cabe recordar que el derecho de las personas a solicitar el control de constitucionalidad está relacionado con lo que en doctrina se conoce como la  legitimación activa.

Asimismo, tomando en cuenta que el control de constitucionalidad abarca no sólo el ámbito normativo, sino la vigencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, el análisis del tema corresponde ser abordado en ambas dimensiones.

En cuanto concierne al ámbito del control de la vigencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, no existe mayor problema, por cuanto la doctrina y la propia legislación reconocen legitimación activa irrestricta a las personas para solicitar la tutela de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales frente a los actos, resoluciones u omisiones ilegales o indebidas que los restringen o suprimen (salvo en el caso de los derechos colectivos o de los pueblos, donde ciertamente se pueden presentar algunas dificultades en la legitimación activa).

Sin embargo, no se puede decir lo mismo en cuanto al control normativo, toda vez que, respecto a la legitimación activa en éste ámbito, existen dos posiciones contrapuestas. Quienes sustentan la tesis de otorgar la legitimación activa irrestricta parten del principio de la dignidad humana, por el que toda persona siempre debe tener el derecho a que se le aplique una norma constitucional y no la norma inconstitucional.

Esta tendencia posibilita a cualquier particular afectado reclamar ante el órgano competente por un pronunciamiento de inconstitucionalidad de la norma, acto u omisión que lo agravia. Sobre esa base es que algunos países han instituido la acción popular de inconstitucionalidad.

Por otro lado, los que sustentan la tesis de la  legitimación activa restringida argumentan su posición en el hecho de que una legitimación activa irrestricta daría lugar a que se traslade el debate político del legislativo al órgano jurisdiccional de control de constitucionalidad, con el riesgo de desnaturalizar el sistema de control de constitucionalidad y generar un peligroso congestionamiento de causas.

Sometimiento de todo el sistemanormativo estatal al control de constitucionalidad

Además de lo anterior, otro requisito importante para que funcione el sistema de control de constitucionalidad es el sometimiento de toda actividad estatal al control y esto en virtud del principio de supremacía de la Constitución, por el cual toda norma legal ordinaria debe estar subordinada a sus disposiciones, de manera que el control de constitucionalidad deberá extender su ámbito de aplicación al conjunto de normas infraconstitucionales, así como a toda resolución, acto u omisión de autoridad pública.

Cabe recordar que, en un Estado democrático constitucional, ninguna de las autoridades o funcionarios poseen poderes ilimitados, por lo tanto, no pueden ni deben sustraerse del control de constitucionalidad, toda vez que un adecuado funcionamiento del Estado democrático constitucional y el desarrollo equilibrado de las relaciones entre las personas particulares y el Estado conlleva, precisamente, el establecimiento de límites constitucionales al accionar de las autoridades públicas o funcionarios e, inclusive, de los particulares.

En definitiva, toda actividad estatal, sea proveniente del Órgano Legislativo, Ejecutivo, Judicial o Electoral, debe y tiene que estar sometida al control constitucional, no pudiendo establecerse ningún tipo de régimen de excepción, dado que si algún sector del ordenamiento jurídico en vigencia no puede ser enjuiciado constitucionalmente no se tipificaría en ese caso un régimen completo e idóneo de control de constitucionalidad.

Facultad interpretativa definitiva y vinculante del órgano contralor de constitucionalidad

De manera complementaria a los presupuestos jurídicos detallados precedentemente, es indispensable –a criterio del autor– agregar el referido a la facultad interpretativa de carácter definitivo y vinculante, que debe poseer el órgano encargado de realizar el control de constitucionalidad.

En efecto, se debe considerar que en el constitucionalismo contemporáneo, implementado en nuestra legislación y en el marco del principio de la supremacía constitucional, actualmente se otorga un valor normativo a la Constitución, razón por la que sus normas axiológicas, dogmáticas y orgánicas son consideradas de aplicación obligatoria para la resolución de conflictos individuales.

Dado que la jurisdicción constitucional consiste, básicamente, en un conjunto de procedimientos destinados a realizar el control, la defensa e interpretación de la Constitución, de ahí se desprende que una de las funciones esenciales que desarrollan los tribunales o cortes constitucionales consiste precisamente en la  interpretación de la Constitución.

Ciertamente, el nacimiento de los tribunales constitucionales bajo el diseño kelseniano estuvo profundamente marcado por la idea de garantía de la Constitución (Cfr. La garantía jurisdiccional de la Constitución publicado por Hans Kelsen en 1929); sin embargo, esa originaria visión tutelar de la justicia constitucional pronto se vio superada por la  dimensión interpretativa, que se identifica plenamente con el papel que cumple cotidianamente la jurisdicción constitucional, de actualización de los contenidos normativos y de proyección de los valores supremos y principios fundamentales establecidos en la misma Constitución, orientando así el resto del ordenamiento jurídico por cauces constitucionales.

Por ello, es importante que el órgano especializado en el control de constitucionalidad (llámese Tribunal o Corte Constitucional) sea configurado expresamente como el supremo intérprete de la Constitución, constituyéndose en el único órgano autorizado por la propia Constitución para establecer con carácter definitivo el sentido y los alcances precisos de las normas constitucionales, dado que por la naturaleza de su labor jurisdiccional especializada en la defensa de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional se encuentra necesariamente determinado a realizar una constante interpretación de las normas contenidas en la Constitución, así como de las disposiciones legales sometidas a su control, para compatibilizarlas con las normas fundamentales en un juicio de constitucionalidad, a cuyo efecto deberá emplear, necesariamente, los criterios y principios que han sido desarrollados por la doctrina constitucional contemporánea y que rigen la interpretación constitucional, debiendo efectuar sobre todo una interpretación dinámica y creativa para adecuar los preceptos constitucionales a las nuevas manifestaciones y fenómenos de la realidad social.

De ahí que, en el caso de Bolivia, la interpretación que realice el tcp durante el desarrollo de sus actividades jurisdiccionales debe poseer necesariamente un carácter vinculante y obligatorio, dada la naturaleza de la Constitución que es la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico, directamente aplicable para la resolución de casos concretos.

En este sentido, y en lo referido concretamente a la  vinculatoriedad de la interpretación, se debe considerar que la Constitución boliviana es una norma jurídica suprema con carácter vinculante para los ciudadanos y los poderes públicos, siendo, por lo mismo, de aplicación directa, en mérito a lo cual se debe entender que, si bien todas las autoridades que aplican la Constitución pueden en determinado momento desarrollar la interpretación constitucional ante la inexistencia de un monopolio en la potestad interpretativa, en un sistema constitucional como el nuestro, que cuenta con un mecanismo de defensa de la Constitución, a través del control jurisdiccional concentrado de constitucionalidad, existe un intérprete máximo de la Ley Fundamental cuya interpretación definitiva tiene –y debe tener– el suficiente carácter vinculante para todos los órganos del Estado, las autoridades públicas y los(las) ciudadanos(as) (1).

Importancia del control de constitucionalidad en Bolivia

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es evidente que uno de los requisitos importantes para la existencia del control de constitucionalidad en Bolivia es que el órgano encargado del control (es decir, el tcp) se constituya en un organismo distinto y separado con relación a los demás órganos, cuyos actos, decisiones o resoluciones controla.

Vale decir que el órgano encargado del control no solamente tiene que ser diferente de los órganos controlados, sino independiente de ellos; es decir,  no debe existir ninguna relación de dependencia (directa o indirecta) frente a los órganos controlados, de tal manera que los magistrados que lo integran, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, no deben estar subordinados ni sometidos si no es a la Constitución y las Leyes, entendiéndose que toda relación de dependencia genera necesariamente subordinación  y, si hay subordinación, es absolutamente ingenuo pensar que estando sujeto el controlante al controlado pueda ejercer uno sobre otro función de control.

En otras palabras, la existencia de un órgano de control que sea independiente y autónomo de los demás órganos sometidos al control significa también que en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, debe prevalecer el derecho al juez natural, desarrollado ampliamente por la propia jurisprudencia constitucional existente en Bolivia.

En este sentido, conforme a las normas previstas en los artículos 120 de la cpe, 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) –instrumentos internacionales ratificados por nuestro país–, uno de los elementos esenciales del debido proceso es el derecho a ser juzgado y oído por un juez natural competente, independiente e imparcial para la determinación de derechos y obligaciones.

Ahora bien, respecto a las develaciones de uno de los miembros del tcp, debo decir que, si fuera magistrado (elegido por voto popular) y hubiera manifestado públicamente la existencia de intromisión por parte de autoridades de los demás órganos del poder público, sin necesidad de generar polémica, ratificaría mi posición poniendo las cartas sobre la mesa (con pruebas claras y objetivas que demuestren la presunta injerencia, individualizando a las personas que hayan ejercido cualquier forma de presión) y afirmaría que se ha afectado la INDEPENDENCIA del máximo

Órgano de Control de Constitucionalidad (lo que constituye uno de los presupuestos de validez y existencia del tcp) y de sus magistrados en particular, en el ejercicio legítimo de sus atribuciones, lo que impide continuar administrando justicia constitucional.

Dicha situación irregular ameritaría mi renuncia inmediata, definitiva e irrevocable al cargo, a fin de no socavar más la confianza de la ciudadanía en la integridad de esta institución y de sus miembros, considerando que los retos actuales de la administración de justicia constitucional son esencialmente la ponderación justa, sano juicio, prudencia, objetividad, honradez e imparcialidad, que simultáneamente vienen a ser las cualidades indispensables con que debe conducirse el(la) nuevo(a) juez(a) constitucional en el país.

La Paz, 12 de septiembre de 2012

Nota

1. Estas ideas han sido complementadas con otros acápites referidos al surgimiento del control de constitucionalidad en Bolivia y sus actuales dimensiones (normativa, competencial y tutelar), detallados en el libro de mi autoría: El Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia. Alcances y Limitaciones Normativas (La Paz, Bolivia: Ediciones El Original, julio de 2012). Disponible en el blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano http://alanvargas4784.blogspot.com,  correo alanvargas84@hotmail.com

Es abogado, asesor Legal de la Dirección Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Bolivia

Responsable del Blog Jurídico: Tren Fugitivo Boliviano http://alanvargas4784.blogspot.com

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