La Gaceta Jurídica

Interpretación constitucional

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

00:00 / 28 de febrero de 2012

En un reciente programa radiofónico a nivel nacional se expusieron dos versiones en torno a la competencia relativa al conocimiento de los casos de interpretación de la normativa constitucional. Uno de los panelistas, concejal municipal, sostuvo que aquella competencia era solamente del Tribunal Constitucional (tc) y la otra panelista, diputada nacional, afirmaba que aquella competencia correspondía también a la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp).

Esta última postura es la única correcta si nos atenemos al texto de la Constitución Política del Estado (cpe), pero también al que corresponde a la Ley del Tribunal.

Sin embargo, entendemos que en torno al tema existen algunos antecedentes importantes y, en todo caso, bastante tela para cortar.

Comencemos indicando que la Constitución abrogada incluía un texto que no fue reproducido en el actual. En efecto, el artículo 233 de aquella atribuía al Congreso Nacional, la facultad de “dictar leyes interpretativas de la Constitución”. Añadía que éstas se aprobarían por dos tercios de votos y no podrían ser vetadas por el Presidente de la República.

Aquella competencia que acababa “apareciendo” en la parte final del texto de la abrogada Constitución Política, tuvo escasa o ninguna aplicación. Es que la misma nunca mereció la respectiva reglamentación. Algo que indique en detalle si dicha facultad era general, restrictiva, para ciertos temas en concreto. ¿Cómo acababa manejándose finalmente esa competencia congresal con la que estaba señalada para el Tribunal Constitucional? No podría darse acaso una peligrosa dualidad de competencias que lo único que hiciera fuese complicar el tema?

Se argumentó que dar esa competencia solo al Tribunal Constitucional era convertir a éste en un ente poco menos que omnímodo y por encima de todo, lo que no es del todo cierto. Al contrario, se hacía notar que el Congreso acabaría siendo juez y parte en esa tarea de interpretación constitucional. Esta es también otra verdad a medias. Y es que, finalmente, en el esquema actual sobre todo, el Congreso solo aprueba las reformas parciales de la Constitución, correspondiéndole a la Asamblea Constituyente las reformas de mayores alcances o el texto de una nueva Constitución.

En todo caso, por su propia cuenta, el Congreso fue el único órgano del Estado que en los hechos acabó renunciando a utilizar en forma concreta y práctica una competencia tan importante como la referida a la interpretación constitucional.

Hemos adelantado que, en todo caso, el texto de la actual cpe dejó a un lado el texto del artículo 233 de la anterior Carta Magna y consignó marginalmente la competencia del tc, al decir en su artículo 196 (II) que “el Tribunal Constitucional, en su Función Interpretativa, aplicará como criterio de interpretación…, etc.

Por tanto, deja el resto del análisis del tema a la Ley Especial. En cuanto a esa misma competencia referida al Congreso Nacional, otra referencia, como quien dice “de paso”, ya no corresponde al texto constitucional, que olvida el tema. Ahora debemos remitirnos a la Ley 027, Ley del Tribunal Constitucional, de 6 de julio del 2010.

El texto de esta Ley, en su artículo 4 (III) destaca: “El Tribunal Constitucional, en su labor de guardián de la CPE, ES EL INTÉRPRETE SUPREMO DE LA LEY FUNDAMENTAL, SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD INTERPRETATIVA que tiene la ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, como órgano depositario de la soberanía popular”.

O sea, INTÉRPRETE SUPREMO, pero…

La Ley anterior del tc, la N° 1836 del 1 de abril de 1998, contenía un detalle importante al anotar que “en caso excepcional de que una ley, decreto o cualquier género de resolución, admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional, en resguardo del principio de conservación de la norma, adoptará la interpretación que concuerde con la Constitución”.

Se señalaba, por lo tanto, en qué momento quedaba abierta la competencia para ejercer la función interpretativa.

En la nueva Ley del tc, que ya citábamos, tampoco se ha rescatado aquella normativa y se ha vuelto a los textos generales sin mayores precisiones.

En efecto, el artículo 6, con el nomen juris de “Criterios de Interpretación”, dice: “En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará con preferencia a la voluntad del constituyente, de acuerdo con los documentos, actas y resoluciones de la Asamblea Constituyente. En cualquier caso, las normas se interpretarán de conformidad con el contexto general de la Constitución Política del Estado, mediante un entendimiento sistemático de ésta, orientado a la consecución de las finalidades que persiga”.

En todo caso, aquellos “criterios de interpretación” son un tema distinto al que hacíamos referencia al hablar del texto del artículo 4 de la anterior Ley del tc. En realidad, los criterios que anotábamos, que abordaba ese artículo, resultan ser siempre anteriores a los que corresponden a las “reglas” o “criterios” a aplicarse cuando esa tarea de interpretación llega a concretarse para casos específicos.

Preguntémonos, ¿cómo ejercería la Asamblea Legislativa Plurinacional su facultad interpretativa? Pues dictando leyes especiales, o sea “leyes interpretativas”.

¿Por qué entonces no se trasladó a la nueva cpe el texto de aquél artículo 233 que citamos de la Constitución abrogada? No hay respuesta. Pero, en todo caso, se suman en torno a este tema demasiadas interrogantes y vacíos que en algún momento no habrá que despejar o habrá que llenarlos con una normativa completa que en este momento no existe.

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