La Gaceta Jurídica

Letra y espíritu de la Ley

Consulta sobre el Tipnis

La norma busca tarde a los verdaderos sujetos de la consulta.

La norma busca tarde a los verdaderos sujetos de la consulta. Foto: lsbolivia.blogspot.com

La Gaceta Jurídica / María Teresa Zegada Claure

00:00 / 09 de marzo de 2012

La aplicación de la consulta a los pueblos indígenas del Tipnis (Ley 222) carece de credibilidad en uno de los sectores involucrados en el conflicto y puede tender a agravarlo, debido a las grandes distancias entre la letra y el espíritu de esta norma promulgada el 10 de febrero.

Veamos. La iniciativa de la Ley se enmarca, como aclaró el Presidente, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y en la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

El espíritu que emana de dichas normas apunta a proteger los derechos de los pueblos indígenas –que son los verdaderos sujetos de la consulta– definidos como aquellos “cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional y estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o por una legislación especial” (artículo 1 del Convenio 169).

Son considerados indígenas “por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización”; por tanto, no corresponde su aplicación a las organizaciones sindicales campesinas o de colonizadores de la zona, debido a que su naturaleza no condice con la definición previa, como tampoco corresponde  excluir de la consulta a las organizaciones naturales de los pueblos indígenas como la subcentral del Tipnis, pues ésta es justamente su “institución representativa propia”.

En sentido estricto, no corresponde al Estado decidir quiénes serán sus interlocutores válidos, por ejemplo los corregidores, sino aquellos que las comunidades consideren que son sus instituciones legítimas (en concordancia con el artículo 6 del Convenio y el artículo 30 de nueva CPE).

El espíritu de la consulta también establece que ésta debe ejecutarse “de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de las medidas propuestas” (artículo 6), esto quiere decir que los pueblos indígenas deberán expresar su acuerdo con las medidas a ser implementadas y éstas no pueden ser resultado de la imposición del más fuerte o de la obligatoriedad normativa.

Otro tema preocupante está referido a la administración del proceso. Los encargados de llevar adelante la consulta, de acuerdo a la ley, son los ministerios del ramo, que en este caso son juez y parte; mientras el organismo electoral es encargado de supervisar y acompañar como manda la Ley de Régimen Electoral.

Podemos inferir, sin embargo, que dicho organismo sistematizará e informará sobre los resultados de la consulta, pero, ¿cómo procesará las diversas opiniones de las comunidades sobre los tres ejes consultados? ¿Con qué criterios? ¿El resultado final dependerá de la cantidad de comunidades que se pronuncien a favor o en contra? De acuerdo al “espíritu”, en realidad se trataría debuscar consensos.

Estas y otras razones generan una gran incertidumbre en torno a la consulta, la misma que tiende a reforzar la letra, es decir, el objetivo político del gobierno de intentar derogar la Ley Corta, que, como dijo uno de sus representantes, fue elaborada y aprobada bajo presión para luego dar curso a la carretera, mientras el espíritu de la consulta informada y de buena fe resulta ignorado.

Encontrar una salida implica poner fin a este juego de exclusiones mutuas “suma cero” y al carácter predominantemente político que ha adquirido el conflicto, y buscar de manera conjunta alternativas.

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