La Gaceta Jurídica

Ley de Control Social

…ley es una especie de un poder omnipotente que no deja de ser susceptible a caer en actos de corrupción, razón por la que seguramente el jefe de Estado pensó en la existencia de un vacío si la ley no incluye una vigilancia dirigida a los dirigentes sociales, quienes, al ejercer el control social, estarían sobre el aparato político-administrativo del país.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 02 de noviembre de 2012

En días pasados, las organizaciones sociales entregaron al presidente Evo Morales el proyecto de la Ley de Participación y Control Social, que será socializado en diferentes instancias para afinar su articulado y prever deficiencias que se pudieran considerar como tales. Según señalan sus impulsores, la iniciativa tiene correspondencia con el artículo 26 de la Constitución Política del Estado (cpe), que en su inciso I señala que “todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres” y en su inciso II, numeral 5, establece que el derecho a la participación comprende “la fiscalización de los actos de la función pública”.

En ese sentido, el proyecto plantea el reemplazo de los hasta ahora vigentes comités de vigilancia y hacer una especie de supervisión a las instituciones estatales, entidades públicas, cooperativas y empresas privadas que trabajan con recursos públicos, entre otras. Asimismo, se incluirá la participación de sindicatos y organizaciones sociales en este cometido, con actores que responderán a dos tipos: los de organizaciones y los de carácter individual, que deberán cumplir funciones sin retribución económica, en espacios establecidos por las propias instituciones y con la obligación de rendir cuentas de su labor a sus bases.

En todo caso, la inminente aprobación de esta medida por el oficialismo sólo deja la oportunidad de esperar que este mecanismo sea más efectivo que el conocido hasta el momento, que ha tenido denuncias sobre corrupción y contubernio en su actuación en los municipios, pero en varios casos también con aciertos valorables. Entre las primeras apreciaciones se ha conocido que los representantes de las juntas vecinales piensan que las organizaciones sociales deben efectuar este control en las áreas rurales y no en las urbanas, donde deben hacerse cargo las juntas vecinales.

Esto lleva a pensar en la confusión del abstracto de “organización social”, habida cuenta de que las juntas de vecinos también lo son, situación por la que se piensa que el control sugerido desde esta propuesta de ley es una especie de un poder omnipotente que no deja de ser susceptible a caer en actos de corrupción, razón por la que seguramente el jefe de Estado pensó en la existencia de un vacío si la ley no incluye una vigilancia dirigida a los dirigentes sociales, quienes, al ejercer el control social, estarían sobre el aparato político-administrativo del país.

En cuanto a los espacios de funcionamiento de los comités de control social que deberán ser instalados por las propias instituciones “controladas” y al presupuesto que desde la promulgación de la ley se debe incorporar en un ítem de “recursos para Participación y Control Social”, es imprescindible que ambos sean regulados adecuadamente para evitar que el control social se asemeje a las oficinas del consumidor (Odeco) empresariales, que han quedado reducidas a simples instancias de relaciones públicas y recepción inerte de reclamos, en paralelo a los comités de vigilancia en los municipios, que hasta han llegado a grados de extorsión a las funcionarios observados en las instituciones. Entonces, ¿qué será de un control con mayores poderes?

Etiquetas

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
27 28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia