La Gaceta Jurídica

Mirada en retrospectiva al Derecho Ambiental Internacional (Parte III)

La pesca ilícita. Sus impactos sobre el medio ambiente

La pesca ilícita. Sus impactos sobre el medio ambiente

La pesca ilícita. Sus impactos sobre el medio ambiente FOTO: euclides59.wordpress.com

La Gaceta Jurídica / Joao Domingos Víctor*, Yomisel Galindo Rodríguez, Alcides Antúnez Sánchez*

03:35 / 04 de enero de 2013

Si bien es estimada perjudicial la pesca en todas sus variantes para el medio ambiente, consecuencias más desbastadoras son producidas por la pesca ilegal, conocida como pesca ilícita, llevada a cabo por personas naturales y jurídicas sin un ápice de vergüenza o sentimiento por lo que a todos pertenece y de lo que todos dependemos nada más y nada menos que para la vida. A pesar de la crucial importancia que representa la vida acuática para la supervivencia de la especie humana, la biodiversidad marina está en un riesgo cada vez mayor por la pesca indiscriminada e ilegal.

El ritmo en el que las especies que habitan en los mares se pegan al límite de la extinción se ha visto con asombro por muchos estudiosos de los ecosistemas quienes llaman la atención del peligro a que nos enfrentaremos cuando ya no estén. Son variadas las formas en las que puede realizarse este acto criminal:

-              Embarcaciones nacionales o extranjeras en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso de éste, o contraviniendo sus leyes y reglamentos.

-              Embarcaciones que enarbolan el pabellón (banderas) de Estados que son parte de una organización regional de ordenación pesquera competente, pero faenan contraviniendo las medidas de conservación y ordenación adoptadas por dicha organización y en virtud de las cuales están obligados los Estados, o las disposiciones pertinentes del derecho internacional aplicable; o

-              En violación de leyes nacionales u obligaciones internacionales, inclusive las contraídas por los Estados cooperantes respecto a una organización regional de ordenación pesquera competente (1)

Por pesca no declarada se entiende las actividades pesqueras (2):

-              Que no han sido declaradas o declaradas de modo inexacto a la autoridad nacional competente, en contravención de leyes y reglamentos nacionales; o

-              Llevadas a cabo en la zona de competencia de una organización regional de ordenación pesquera competente, que no han sido declaradas o declaradas de modo inexacto, en contravención a los procedimientos de declaración de dicha organización.

Por pesca no reglamentada se entiende las actividades pesqueras (3):

-              En la zona de aplicación de una organización regional de ordenación pesquera competente que son realizadas por embarcaciones sin nacionalidad, por embarcaciones que enarbolan el pabellón de un Estado que no es parte de esa organización o por una entidad pesquera de una manera contra las medidas de conservación y ordenación de dicha organización o que las contraviene; en zonas o en relación con poblaciones de peces respecto de las cuales no existen medidas aplicables de conservación u ordenación y en las que dichas actividades pesqueras se llevan a cabo de una manera que no está en consonancia con las responsabilidades relativas a la conservación de los recursos marinos vivos que incumben al Estado en virtud del derecho internacional.

La pesca es fundamental para la subsistencia y la seguridad alimenticia de más de 200 millones de personas, en especial en el mundo en desarrollo.

Una de cada cinco personas en este planeta depende del pescado como fuente primaria de proteínas. Según las agencias de Naciones Unidas, la acuacultura-crianza y cultivo de organismos acuáticos, incluyendo pescados, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas está creciendo más rápido que todos los otros sectores que producen comida de origen animal. Sin embargo, en contraste con los hechos y las cifras sobre el acelerado crecimiento de las tasas de producción mundial de la acuacultura, estadísticas menos alentadoras muestran que las principales reservas marinas de pescado en el mundo están en peligro, amenazadas por la sobrepesca, la pesca desmesurada e ilegal y como consecuencia la degradación del medio ambiente.

A pesar de los esfuerzos de determinadas personas, las propuestas en los lugares correspondientes y en los momentos oportunos como la hecha por Nitin Desai, Secretario General de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en 2002, advirtiendo los problemas que trae la pesca ilegal, motivos por los cuales no podía continuar.

El agotamiento de las pesquerías sigue representando una amenaza para el abastecimiento de alimentos para millones de personas y para la vida acuática. Una cifra alarmante fue la ofrecida por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (fao), valorando un porcentaje por encima del 70% de los peces en el mundo explotado al máximo de su capacidad o incluso agotado por completo por medio de la pesca ilícita.

El incremento dramático en el uso contrarresta la tasa de agotamiento de las pesquerías del mundo, la cual se ha elevado más de cuatro veces en los últimos 40 años.

El plan de aplicación de Johannesburgo llama al establecimiento de zonas marinas protegidas (ampas, sigla en inglés), que muchos expertos creen tener la llave para conservar y aumentar las poblaciones de peces.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma), Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación, en Cambridge, Reino Unido, menos del uno por ciento de los océanos y mares del mundo son actualmente zonas marinas protegidas. Las pérdidas causadas por la pesca ilegal en el mundo se estiman entre 9.000 y 24.000 millones de dólares al año.

La mayoría de las fuentes evalúa la captura entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado, lo que equivale a entre 10 y 22% de la producción total.

Los datos anteriores trajeron como consecuencias que los daños ambientales causados por la sobreexplotación pesquera, diezmara a numerosas especies de peces como el bacalao y el atún, especies estas que son vitales para la alimentación en países como los que representan el continente africano.

En los estudios más recientes de la fao se revela que aumenta el alcance y la intensidad del problema de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, conocida por la sigla indnr.

La pesca no regulada, no reglamentada y no declarada engloba gran pluralidad de actividades ilegales como pescar sin licencia, pescar especies prohibidas, utilizar instrumentos de pesca desterrados, no respetar las cuotas de pesca y no declarar las especies capturadas y el volumen de la captura o declarar una captura inferior a la realizada.

Vista la cantidad de actividades que pueden realizarse que conlleven a realizar una pesca ilegal, puede entonces afirmarse que en todo el mundo la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada está socavando seriamente el esfuerzo de conservación y gestión sostenible de las poblaciones de peces. Por todo lo anterior muchos países no sólo siguen esforzándose para que los barcos que llevan su pabellón se comporten con responsabilidad en el extranjero, sino también para eliminar la pesca ilegal en sus aguas nacionales.

Se han dejado sentadas las bases sobre la conceptualización de Derecho Ambiental (da), Derecho Ambiental Internacional (dai), pesca y especialmente pesca ilícita, así como los impactos producidos como consecuencia de la actividad pesquera. Entonces echaremos una mirada al régimen jurídico de Angola tomando como especial referencia a Cuba y la situación presentada para ambos países.

Pesca ilícita en Angola. Una mirada desde su régimen jurídico

En los primeros epígrafes se dejaron sentados elementos que, partiendo de las generalidades del medio ambiente, el da y el dai permitieron realizar un análisis de la influencia de la actividad pesquera, la pesca ilícita y sus efectos negativos en la naturaleza, por lo que corresponde en este espacio, analizar algunas de sus particularidades en Cuba y Angola, con especial atención al régimen jurídico.

Es importante aclarar que se trata de una caracterización radicada básicamente en las normas que indican la actividad pesquera y la pesca ilegal en particular, sin pretender abordar las numerosas regulaciones que pormenorizan toda la actividad.

La norma jurídica en la protección al medio ambiente en Cuba y Angola

En este epígrafe se pretende llevar a cabo un análisis de las normativas que regulan la protección del medio ambiente y las conductas humanas que influyen en la naturaleza.

Con la pretensión de caracterizar el régimen jurídico se exige una mirada en primer momento al fundamento constitucional y en tal dirección destacar cómo en las cartas magnas de varios países resulta visible la regulación y protección al medio ambiente.

Ejemplo de ello constituyen las de países como: Guatemala (4), Colombia (5), Rusia (6), entre otras, que dejan clara su intención de proteger el medio ambiente.

Por su parte la Carta Magna de Cuba establece claramente sus intenciones en lo que a protección jurídica del medio ambiente se refiere.

En este aspecto instituye directamente la obligación del Estado cubano para proteger el entorno natural cuando establece: “el Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política” (7).

Esta disposición se encuentra “dentro de nuestro ordenamiento jurídico, bajo un rango constitucional, lo cual le confiere no sólo carácter de derecho fundamental, sino también el deber ciudadano-estatal asistidos con garantías materiales e institucionales que permitan el pleno y normal desempeño de sus objetivos, tareas y responsabilidades, tanto en el orden nacional como internacional”.(8)

La Constitución de Angola brinda protección jurídica al medio ambiente desde el cuerpo normativo que se encuentra en la pirámide del ordenamiento jurídico angoleño al plasmar lo siguiente: “todos los recursos naturales existentes, suelo, subsuelo, aguas interiores, mar territorial, plataforma continental y zona económica exclusiva, son propiedad del Estado que determina las condiciones de su aprovechamiento, utilización y explotación” (9).

Por otra parte, se establece el derecho ciudadano de vivir en un ambiente sano y no contaminado (10); además, la obligación del Estado angoleño de adoptar las medidas necesarias en la protección del medio ambiente y las especies de flora y fauna nacional en todo el territorio nacional y el mantenimiento del equilibrio ecológico (11).

Por último, la Constitución angoleña también establece la responsabilidad para aquellos que afecten el medio al expresar que: la ley sanciona los actos que dañen directa o indirectamente o pongan en peligro la preservación del medio ambiente (12).

En ambas cuerpos normativos no se reconoce la protección directa del medio acuático, sin embargo, indirectamente hay una tendencia general a la protección como recurso natural. Es conveniente que ambas constituciones regulen de manera específica y sistemática la protección al entorno marítimo, su forma de gestión y control.

Examen de instrumentos internacionales complementarios del derecho positivo en Cuba y Angola

En el epígrafe anterior se plasmaron los instrumentos jurídicos internacionales que en materia de medio ambiente regulan la conducta llevada a cabo por los individuos respecto al entorno natural. En este sentido, es importante mostrar la postura de Cuba y Angola ante estas normativas internacionales.

Respecto a la política internacional de Cuba sobre medio ambiente, se busca desarrollar en alguna medida los principios generales aprobados en la Cumbre de Río y los demás instrumentos vigentes en esta materia.

El país se encuentra adherido, en este sentido a acuerdos multilaterales internacionales, también Angola es firmante de tratados, acuerdos y convenios internacionales que tienden a la protección del medio ambiente.

Con la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Alteraciones Climáticas en 2000, se puso fin al largo proceso empezado en 1992 cuando se firmó esta Convención, de dudas y reevaluaciones sobre los compromisos inherentes a la entrada en vigor del referido acuerdo internacional.

También pertenece a organizaciones como la Organización Mundial de Comercio (omc), Organización Mundial de la Salud (oms), Organización Mundial de Sanidad Animal (oie), Unión Africana (au) y Comunidad Sudafricana de Desarrollo (sadc).

Asimismo, es parte del programa de la Corriente de Benguela (iniciativa formada por los gobiernos de Angola, Namibia y Sudáfrica). Uno de los instrumentos más importantes firmados por Angola es el acuerdo de 1 de septiembre del 2009 sobre medidas del Estado rector del puerto, para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Este es el primer tratado mundial centrado en el problema de la pesca pirata. Su objetivo es ayudar a impedir que el pescado capturado de forma ilícita entre en el mercado internacional, eliminando así un importante incentivo para los pescadores que se dedican a prácticas ilegales.

Cuando hablemos de protección internacional de la vida acuática, no podemos olvidar el Código de Conducta Internacional para la Pesca Responsable (13).

Este aparece en 1995 como producto de la Conferencia Internacional de Pesca Responsable celebrado en Cancún, México. El motivo primordial que llevó a esta conferencia fue del elevado índice de pesca ilegal del cual eran objeto los diferentes países. Razón por la cual más de 170 miembros de la fao coincidieron en la necesidad de poner fin a este tipo de actividad que se desempeñaba de manera ilícita por determinadas personas de escasa o nula conciencia y respeto por la vida.

El carácter voluntario de este código concuerda con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y toma en cuenta las estipulaciones del Programa 21, los resultados de la Consulta Técnica de la fao sobre la Pesca en Alta Mar, de 1992, la estrategia suscrita por la Conferencia Mundial para la Ordenación y el Desarrollo de la Pesca, y otros instrumentos pertinentes, como el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces y el Acuerdo de Cumplimiento.

Este Código tiene como características el ser voluntario, no obligatorio y está destinado a todos los que trabajan e intervienen en la pesca. De igual forma su propósito es asegurar que la pesca y la acuicultura se lleven a cabo en forma integral y equilibrada, de conformidad con el concepto de “pesca responsable”. Este concepto comprende la utilización sostenible de los recursos pesqueros en armonía con el medio ambiente, así como la utilización de prácticas pesqueras y acuícolas que no dañen los ecosistemas, los recursos ni su calidad.

Este Código, como otros instrumentos internacionales de pesca recientes, da gran prioridad a la función de los organismos regionales de pesca en la aportación del medio para establecer un régimen internacional responsable para esta actividad. Angola es uno de los países firmantes de tan preciado instrumento en materia de medio ambiente.

Ambos países mantienen una postura tendiente a la protección del entorno natural, siendo necesaria la colaboración entre todos para poder salvar la biodiversidad, y nuestra propia vida.

No sólo los tratados, acuerdos y convenios internacionales coadyuvan a la protección del medio ambiente, los Estados toman carta en el asunto a partir de sus normativas internas. Una muestra lo constituye en el caso cubano la Ley No. 81 de fecha 11 de julio de 1997, de Medio Ambiente.

En este cuerpo legal se establecen las cuestiones más elementales en lo que a protección del medio ambiente se refiere. A partir de aquí se define jurídicamente, por un lado, el concepto de medio ambiente al establecer que es el “sistema de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con que interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades” (14).

Por otro lado, se establece el organismo encargado de la política ambiental cuando manifiesta que es “el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el organismo de la Administración Pública del Estado encargado de proponer la política ambiental y dirigir su ejecución sobre la base de la coordinación y control de la gestión ambiental del país, propiciando su integración coherente para contribuir al desarrollo sostenible” (15).

Por su parte, en Angola corresponde al Ministerio del Ambiente, como órgano del Gobierno Central, responder por la coordinación, la elaboración y la ejecución de las políticas ambientales del país (16). La normativa interna angoleña la encabeza la Ley de Base Ambiental (lba) (17).

Aquí empieza un proceso de reglamentación directa y exigente de los componentes ambientales y de los instrumentos al servicio de la política ambiental.

En ella se definen los conceptos y los principios básicos de protección, preservación y conservación del ambiente, promoción de calidad de vida y el uso racional los recursos naturales, siendo ambiciosa en los principios de política ambiental, que consagra.

Continuará

Notas

1. http://www.itfglobal.org/fisheries/iuu.cfm/ViewIn/SPA. Consultada 28 de octubre de 2011 Ibidem.

2. Ibídem.

3. Establece, por una parte, la obligación del Estado de orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. Así como adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente; por otra, se declara la especial protección de la que gozarán bosques y la vegetación en las riberas de los ríos y lagos, y en las cercanías de las fuentes de aguas.

4. Se manifiesta la obligación estatal de la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución. Asimismo, reconoce la necesidad de cooperación con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas.

Se establece, además, los deberes de la persona y el ciudadano a la protección de los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

5. Todo ciudadano tiene derecho a un medio ambiente favorable, información fidedigna sobre su estado e indemnización por el daño ocasionado a su salud o propiedad por infracciones de la ley ecológica.

6. Constitución de Cuba, revisada y concordada por la Dirección de Legislación y Asesoría del Ministerio de Justicia, La Habana, 2005.

7. Legislación ambiental. Principales documentos jurídicos vigentes, ob. cit., p. 17. Publicada por el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, Cuba.

8. Ley Constitucional de la República de Angola. Artículo 12.

9. Ibídem no. 34. Artículo 24.1.

10. Ibídem no. 34. Artículo 24. 2.

11. Ibídem no. 34. Artículo 24.3.

12. El consenso logrado en esa conferencia está plasmado en la Declaración de Cancún, que enumera temas que exigen atención para conservar el medio ambiente acuático.

13. Ley No. 81 del Medio Ambiente. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición Extraordinaria, La Habana, 11 de julio de 1997, Año XCV Número 7. Página 47. Ministerio de Justicia.

14. Ibídem no. 28.

15. Decreto-Ley No. 4 del 2009. Además, tiene como misión promover e identificar la prevención de los impactos de las actividades humanas sobre el ambiente; participar en la evaluación de gestión de los riesgos naturales e industriales; efectuar evaluaciones y auditorías de los impactos ambientales. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Ministerio de Justicia.

16. Ley No. 5 de 1998. Establece y define también los conceptos básicos para la protección, preservación y conservación del ambiente, promoción y calidad de vida y de uso racional de los recursos naturales. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Ministerio de Justicia.

17. Decreto Ley No. 67 de 1983 de la Organización de la Administración Central del Estado, el que ha sido modificado en relación con la aprobación del actual modelo económico cubano, aprobado por el Estado el 2011. Gaceta Oficial de la República de Cuba. Ministerio de Justicia.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia