La Gaceta Jurídica

Mutaciones en campo de la interpretación constitucional

Las Constituciones del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (1) se proyectan en el continente con una notable pretensión: superar el tradicional concepto de Constitución como “límite al poder” y avanzar hacia una concepción que entiende la Constitución como “fórmula democrática” en la cual la soberanía popular sea la base de reconfiguración estatal.

La población es el reflejo de los significantes constitucionales actuales en el país.

La población es el reflejo de los significantes constitucionales actuales en el país. Foto: abyayalainternacional.wordpress.com

La Gaceta Jurídica / Ariel Néstor Flores Mamani

00:00 / 02 de agosto de 2013

La interpretación es la sombra que acompaña al cuerpo. De la misma manera que ningún cuerpo puede librarse de su sombra, el derecho tampoco puede librarse de la interpretación.

Javier Pérez Arroyo

En esa línea, la Constitución boliviana se presenta como un proyecto de sociedad ampliamente inclusivo, plural e innovador. Sin embargo, estas mismas características que determinan la profunda transformación que se ha iniciado en el país señalan también las dificultades y desafíos que deben superarse en la construcción del Estado Plurinacional.  

Una de las más importantes instituciones llamadas a contribuir con este fin es el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), cuya función jurisdiccional o de “legislador negativo” (2) (en cuanto crea derecho) consiste en dar respuesta, de mejor manera, a viejos y nuevos problemas de contenido político económico y social bajo una perspectiva renovada y acorde con los nuevos postulados constitucionales.

Sin embargo, las herramientas con las que cuenta este “guardián de la Constitución”, no necesariamente se encuentran en correspondencia con las competencias jurisdiccionales que posee. Es el caso, por ejemplo, de lo que algunos reconocidos expertos bolivianos (3) han identificado como una preocupación común: el carácter restrictivo de los criterios de interpretación constitucional establecidos en la Constitución boliviana.

Métodos de interpretación

Esta afirmación se expresa en el artículo 196 de la Constitución Política del Estado (cpe) que señala: “II. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto”.  

En ese sentido, “voluntad del constituyente” y “tenor literal del texto”, se ha señalado, son métodos de interpretación constitucional que consisten, el primero, en un método histórico que se ocupa en averiguar los antecedentes o raíces históricas de la norma constitucional, interpretada para descubrir el sentido de la norma a partir de la voluntad original de su creador (el constituyente), para lo que debe acudirse a los documentos de exposición de motivos, informes de comisiones, actas de debates, etc.

El segundo consiste en el método gramatical o literal, en el que para atribuir el significado de la norma interpretada se acude al texto literal y gramatical que usa el constituyente para la configuración de la norma constitucional (4).

Ambos criterios presentarían dificultades y limitaciones que, a decir de Rivera Santivañez, por ejemplo, impone al tcp los métodos histórico y gramatical para la interpretación de la Constitución, “…amarrando al órgano de control de constitucionalidad a la voluntad del constituyente frente a una realidad económica, política imperante en el momento en que se desarrolla su labor interpretativa” (5).

Por su parte, Rodríguez Veltzé señalaba que “…esta norma (artículo 196) esta inequívocamente orientada a asegurar la supremacía del nuevo orden, tal cual fue pensado y registrado “literalmente” por los asambleístas. Aparentemente se sucumbió a la seducción del “textualismo” riguroso, muy propio de los tiempos colonialistas, lo que limita el descubrimiento de principios y valores superiores que entrañan una norma constitucional” (6).

Ahora bien, a partir de estas consideraciones planteamos las siguientes cuestiones, ¿Cuánto podría prevalecer la interpretación histórico-gramatical en una sociedad diversa, compleja y contradictoria? ¿Es la voluntad del constituyente y el tenor literal de las normas un límite de interpretación? ¿Son finalmente éstos criterios instrumentos de interpretación decisivos frente a una Constitución altamente pluralista?

Inicialmente es necesario prescindir de aquella concepción “restrictiva” para pasar inmediatamente a una concepción, más bien, “complementaria” de los criterios de interpretación constitucional. En ese sentido, una lectura  concordada de las principales normas de la materia que nos ocupa da cuenta de que tanto la Constitución Política del Estado (cpe), la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (ltcp) y el Código Procesal Constitucional (cpc) reproducen aquellos mismos criterios denominados “restrictivos”, pero también incorporan sistemáticamente nuevos elementos que extienden o amplían el reducido universo establecido inicialmente por la Constitución.

Criterios de interpretación

Por un lado, el artículo 6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional de 6 de julio de 2010, bajo el nomen juris “Criterios de Interpretación” establece, que: “I. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará, con preferencia, la voluntad del constituyente de acuerdo con los documentos, actas y resoluciones de la Asamblea Constituyente. II. En cualquier caso, las normas se interpretarán de conformidad con el contexto general de la Constitución Política del Estado, mediante un entendimiento sistemático de ésta, orientando a la consecución de las finalidades que persiga”.

En este sentido, la ltcp (norma orgánica procurada por la misma Constitución) extiende los criterios de interpretación a elementos más complejos y abiertos.

Elementos como “contexto general de la Constitución Política del Estado”; “entendimiento sistemático”; o, “consecución de las finalidades que persiga”, aunque no establecen criterios concretos y específicos de interpretación, amplían en margen restrictivo señalado.

Por otro lado, el artículo 2 del Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 2012, en el nomen juris denominado “Interpretación Constitucional”, indica que: “I. El Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor interpretativa aplicará con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto de la Constitución Política del Estado. II. Asimismo podrá aplicar: 1. La interpretación sistemática de la Constitución Política del Estado, y la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales. 2. Los Derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo con los Tratados y Convenios Internacionales en Derechos Humanos ratificados por el país, cuando estos prevean normas más favorables. En caso de que esos tratados declaren derechos no contemplados en la Constitución Política del Estado, se considerarán como parte del ordenamiento constitucional”.

Fuentes de preferencia

En apariencia, de acuerdo a la cpe, los criterios de interpretación constitucional se restringen a dos fuentes de preferencia constitucional: la voluntad del constituyente y el tenor literal del texto. Sin embargo, una lectura integral de las tres normas analizadas conjuntamente (cpe, ltcp y cpc), refleja una clara y evidente apertura hacia otros criterios más generales y complejos, pero necesarios e ineludibles, que el tcp está obligado a considerar a tiempo de ejercer su principal labor: la función interpretativa.

En ese sentido, a partir de elementos como“la voluntad del constituyente y el tenor literal del texto” establecidos en la Constitución; pasando por la observancia del“contexto general de la Constitución Política del Estado, mediante un entendimiento sistemático de ésta, orientando a la consecución de las finalidades que persiga”, señalados en la ley orgánica.

Hasta“la interpretación sistemática de la Constitución Política del Estado según los fines establecidos en los principios constitucionales y los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo con los Tratados y Convenios Internacionales en Derechos Humanos ratificados por el país”, indicados en la norma procesal, dan cuenta de la mutación normativa que se produce en el campo de la interpretación constitucional, permitiendo una nueva y amplia concepción de criterios constitucionalmente restrictivos a criterios normativamente complementarios.

Así, el juez puede realizar un juicio más preciso desde su experiencia, del fundamento de justicia en el que basarse, determinando cómo y porqué debe imponer un método de interpretación sobre otros o utilizar varios para llegar a un resultado y, de esta manera, superar los límites de la incertidumbre.

A decir de Goethe, “…la Constitución es forma acuñada que se desarrolla viva”. En ese sentido, el pluralismo y la apertura de los criterios de interpretación es una garantía de la obtención de la justicia en el actual tiempo, que sólo es posible bajo la perspectiva de cambio y desarrollo, igualmente plural y abierto.

Notas

1. Teoría Democrática de la Constitución, cuya construcción y contenido material se fundamenta, con algunas variantes, en los procesos constituyentes y las Constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

2. Hans Kelsen calificó al juez constitucional como “legislador negativo”, en el sentido de que “…la función judicial, lo mismo que la legislativa, es al propio tiempo creación y aplicación del derecho”, porque las normas son “productos semi-elaborados cuya conclusión depende de la decisión judicial y de la aplicación de ésta”. Citado por Pablo Dermizaky en “Justicia Constitucional”.  

3. Por ejemplo, Ribera Santivañez, José Antonio: “El Nuevo Sistema Constitucional”; Rodríguez Veltzé, Eduardo: “Órgano Judicial y Tribunal Constitucional” en Miradas; Vargas Lima, Alan E.: “El Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia. Alcances y Limitaciones Normativas”; entre otros.

4. Vargas Lima, Alan E.: “El Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia. Alcances y Limitaciones Normativas”, pág. 135 – 136, 2012.

5. Ibid.

6. Ibid.

Es abogado y analista constitucional.

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