La Gaceta Jurídica

Nuevo régimen codificado de los procesos constitucionales en Bolivia

A propósito del desarrollo de la legislación procesal constitucional en forma sistemática en Latinoamérica y la consecuente aparición de nuevos cuerpos normativos de Derecho Procesal Constitucional, se debe señalar que estos esfuerzos han comenzado a tener buenos frutos en el ámbito del derecho positivo, con la aprobación de diversos Códigos sobre la materia.

Nuevo régimen codificado de los procesos constitucionales en Bolivia

Nuevo régimen codificado de los procesos constitucionales en Bolivia Foto: crisiseconomica2010.com

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima*

03:23 / 29 de enero de 2013

(Parte final)

3. La Codificación del Derecho Procesal Constitucional en Latinoamérica y Bolivia

A propósito del desarrollo de la legislación procesal constitucional en forma sistemática en Latinoamérica y la consecuente aparición de nuevos cuerpos normativos de Derecho Procesal Constitucional, se debe señalar que estos esfuerzos han comenzado a tener buenos frutos en el ámbito del derecho positivo, con la aprobación de diversos Códigos sobre la materia, por ejemplo:

a) Ley Nº 7.135 de 11 de octubre de 1989 de la Jurisdicción Constitucional de Costa Rica; b) Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad de Guatemala de 14 de enero de 1986 (Decreto N° 1-86 de la Asamblea Constituyente); c) Ley N° 8.369 de Procedimientos Constitucionales de la Provincia de Entre Ríos; d) Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán (Ley Nº 6944 de 1995 y que se encuentra vigente desde el 7 de mayo de 1999, en Argentina); y e) Código Procesal Constitucional del Perú (Ley N° 28.237 de 2004) –considerado el primer Código Procesal Constitucional en Iberoamérica y el mundo (1)–, mismos que constituyen algunas de las principales normativas sistemáticas elaboradas en Latinoamérica.

En armonía con esta incesante ola de experiencias codificadoras en Latinoamérica, en la segunda mitad de 2011, la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), junto a idea Internacional, presentó a la opinión pública el Proyecto de Ley (2) para aprobar el Código de Procedimientos Constitucionales; mismo que ha suscitado incógnitas por su pertinencia y contenido, por ejemplo: ¿es apropiado el título del proyecto y su aparición en el estado actual del Derecho Procesal Constitucional en nuestro país?; ¿cuáles son sus fundamentos o propósitos esenciales de acuerdo a su Exposición de Motivos?; ¿es necesaria o no la codificación del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia?; ¿cuáles son sus principales alcances, innovaciones y/o limitaciones normativas? (3).

En relación a éstas interrogantes, es interesante conocer los motivos que expone el profesor peruano Domingo García Belaunde, respecto al por qué hacer un Código Procesal Constitucional en su país, que ciertamente es el primero en Latinoamérica. El referido autor argumentaba que: “En un primer momento, lo que tuvimos en claro al reunirnos por vez primera en 1995 es que debíamos, en lo sustancial, tener presente los siguientes objetivos:

a) Sistematizar una legislación que ya para esa época estaba dispersa y lo siguió estando durante varios años; b) actualizar la terminología, los conceptos y el enfoque, no sólo teniendo en cuenta los avances de la moderna doctrina, sino sobre todo, la experiencia jurisprudencial de los últimos 20 años, y; c) perfilar algunas figuras procesales, hasta donde esto era posible, dentro del marco constitucional en el cual nos movíamos” (4).

Algo similar se puede decir respecto al panorama normativo de esta materia en Bolivia, dado que la primera Ley Nº 1836 del Tribunal Constitucional (tc) de 1 de abril de 1998 se caracterizaba por una estructura mixta, con su Primera Parte referida sólo a la Estructura, Organización y Funcionamiento del entonces tc y la Segunda específicamente dedicada a regular los procedimientos constitucionales, donde básicamente se desarrollaban los aspectos esenciales para la tramitación de los recursos, demandas y consultas que podían ser sometidas a conocimiento del nuevo Tribunal, a efectos de su pronunciamiento, mediante autos, declaraciones y/o sentencias constitucionales.

Sin embargo, ante la generalidad de normas contenidas en esta Ley y a fin de lograr mejor optimización y difusión de los presupuestos indispensables para el normal desarrollo en la tramitación de los procedimientos constitucionales, los entonces miembros del tc, teniendo como fundamento los artículos 119-I y 121-IV de la Constitución Política del Estado (cpe) reformada en 1994, así como la Disposición Especial Única, contenida en la Ley 1836, adoptaron un “Reglamento de Procedimientos Constitucionales” para que “todos los recursos, demandas y consultas que se tramiten ante el tc, en el marco establecido en los Títulos Tercero y Cuarto de la Ley del tc” se sujeten a las disposiciones del referido Reglamento, que fue aprobado inicialmente mediante Acuerdo Jurisdiccional Nº03/99 de 2 de febrero de 1999, para que entrara en vigencia “a partir de la fecha en que el Tribunal asuma jurisdicción y competencia conforme a Ley”.

Este Reglamento, por su enorme utilidad, fue muy difundido entre los abogados del Foro y la ciudadanía, a fin de coadyuvar para la mejor atención de los nuevos recursos constitucionales (además del hábeas corpus y amparo constitucional que ya tenían reglas de procedimiento preestablecidas en la Constitución) que en ese tiempo se pusieron en vigencia mediante la implementación del primer tc en Bolivia.

Se esperaba que este instrumento procesal fuera homologado por el entonces Congreso Nacional, pero, lamentablemente, aquello no sucedió, por lo que dicho Reglamento, si bien fue aprobado por los magistrados del tc, no tenía mucha obligatoriedad en su observancia, sino como referencia indispensable para conocer algunos aspectos formales referidos a Legitimación de las partes, acreditación de personería jurídica, requisitos y forma de presentación de los recursos, demandas y consultas, la etapa de admisión, los defectos formales subsanables, los efectos del rechazo, la acumulación de causas, las audiencias públicas, la intervención del ministerio público, la forma de remisión de documentos y la prueba complementaria, las citaciones y notificaciones, el sorteo de expedientes, la proyección de las resoluciones, etc., así también se desarrollaban en capítulos, los requisitos de admisión, procedencia y legitimación, de cada uno de los recursos, demandas y consultas que debían ser conocidas y resueltas por el entonces tc de Bolivia.

Evidentemente, en el caso de Bolivia, era indispensable sistematizar la legislación procesal que hasta ese momento se encontraba dispersa y levemente consignada en normas contenidas en las Leyes 1836 (anteriormente vigente) y Nº 27 de 6 de julio de 2010 (Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) que básicamente contiene la misma estructura y sistemática de la anterior).

Asimismo, creemos que la proyección de un “Código de Procedimientos Constitucionales” (como inicialmente se denominó), era la oportunidad perfecta para hacer frente a la necesidad de actualizar terminología, conceptos y diseño constitucional, además de perfeccionar y mejorar la forma de tramitación de las nuevas acciones de defensa previstas en la nueva Constitución, teniendo en cuenta los importantes avances que han tenido las acciones tutelares hasta la actualidad, en el Derecho Procesal Constitucional latinoamericano y, sobre todo, las interesantes experiencias jurisprudenciales –positivas y negativas– de las cortes y los TC de Iberoamérica en los últimos años (5) para perfilar nuevas figuras procesales que se han presentado en otras latitudes del continente, a efecto de analizar la conveniencia y oportunidad de ser incorporadas o no a la legislación boliviana, siempre dentro del marco constitucional vigente.

4. Disposiciones relevantes del nuevo Código Procesal Constitucional

Sólo algunas de las aspiraciones señaladas lograron materializarse plenamente con la puesta en vigencia de la Ley N° 254 de 5 de julio de 2012, que aprueba el Código Procesal Constitucional (CPCon); disposición cuyo tenor no difiere en mucho del Proyecto de Código, salvo por algunas correcciones de forma en su contenido, pero que no han logrado alterar sustancialmente la estructura integral de texto normativo, que prevé normas adjetivas para regular procesos constitucionales a ser resueltos en ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes y de los actos provenientes de los órganos del poder público en nuestro país (leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de resoluciones no judiciales), por parte del tcp.

Con una lectura a prima facie del nuevo CPCon puede observarse que éste posee una adecuadamente organizada sistemática, con siete títulos que contienen disposiciones generales, facultades especiales del tcp, resoluciones, efectos y ejecución; acciones de defensa; acciones de inconstitucionalidad; conflictos de competencia; control previo de constitucionalidad y consultas de autoridades indígena originaria campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto; recursos ante el tcp; y la Constitucionalidad del Procedimiento de Reforma Parcial de la cpe; además de cinco disposiciones finales y tres disposiciones transitorias para efectivizar en alguna medida su aplicación.

Por ejemplo, entre los principios procesales de la justicia constitucional, que se establecen en el nuevo CPCon, se menciona la Conservación de la Norma, la Dirección del Proceso, el Impulso de oficio, la Celeridad, el No formalismo, la Concentración, la Motivación y la Comprensión efectiva, además del Principio de Presunción de Constitucionalidad.

Como se puede ver, se intenta consagrar principios procesales que se conocen inherentes a todo tipo de proceso, sin haber reparado en que los retos actuales de la administración de justicia constitucional son esencialmente la ponderación justa, sano juicio, prudencia, objetividad, honradez e imparcialidad, que simultáneamente vienen a ser las cualidades indispensables que debe poseer el(la) nuevo(a) juez(a) constitucional y que deben ser resguardadas a través de los principios procesales.

Ahora bien, para mejorar y optimizar las normas que contiene el nuevo CPCon debió haberse considerado que los principios que rigen los procesos constitucionales están dirigidos a señalar la forma en que deben interpretarse las normas procesales que se aplicarán a los conflictos jurídico-constitucionales en el ámbito normativo, competencial y/o tutelar, constituyéndose en la base sobre la cual debe construirse todo proceso constitucional ajustado a las reglas mínimas del debido proceso constitucional, como garantía de legalidad y justicia.

Entre las funciones que cumplen los principios procesales, de donde deriva su enorme importancia, se encuentran: i) servir de base previa al legislador para estructurar las instituciones de un proceso, en diversos sentidos; ii) facilitar el estudio comparativo de los diversos ordenamientos procesales vigentes en la actualidad; iii) constituirse en instrumentos interpretativos de gran valor.

Los principios procesales se entienden como directrices o líneas rectoras dentro de cuyo marco deben desarrollarse las instituciones del proceso constitucional. Asimismo, y considerando que la Ley escrita no puede abarcar todas las posibilidades, casos futuros o eventualidades que pueden presentarse por la interrelación de sujetos en el proceso y dado que muchas veces los hechos emergentes resultan desconocidos para las normas y disposiciones agrupadas en un Código, no siempre logran dar solución concreta a estos problemas; por ello, una vez que estas situaciones se presentan, el(la) Juez(a) Constitucional o los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales deben llenar esa laguna normativa a través de la aplicación de los Principios Generales del Derecho, específicamente los Principios Procesales establecidos expresamente tanto por la Constitución (artículo 178, parágrafo I) como por la Ley respectiva (artículo 3 de la Ley del tcp).

Por otro lado, entre las disposiciones más relevantes del nuevo CPCon se puede advertir que ha abordado nuevamente el tema de la interpretación constitucional, aspecto que requiere mayor desarrollo, tanto en el ámbito normativo como jurisprudencial; sin embargo, el Código –en concordancia con la Constitución– insiste en reiterar que en la labor interpretativa de la Constitución, los jueces constitucionales del tcp deben aplicar el “tenor literal” del texto constitucional, así como acudir a la “voluntad del constituyente” como criterio de interpretación; aspecto criticado en el libro de mi autoría “El Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia. Alcances y Limitaciones Normativas”, 2012 (6), donde se ha advertido sobre la falacia de la “voluntad del constituyente”, así como el peligro de la dualidad interpretativa establecida anteriormente por la Ley del tcp entre la Asamblea Legislativa (alp) y el tc (ambos plurinacionales).

Éste aspecto, aunque se ha mantenido en la Ley del tcp, ya no ha vuelto a ser mencionado en el CPCon, por lo que, presumimos, que los legisladores fueron advertidos de su error de concepción respecto a la titularidad de la labor interpretativa sobre la Constitución, que si bien no es excluyente, no puede ser compartida simultáneamente entre el órgano controlado (alp como órgano del poder constituido) y el órgano encargado de realizar el control (el tcp como máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución).

Sin embargo, es rescatable la previsión normativa que establece la posibilidad de aplicar: “1. La interpretación sistemática de la cpe y la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales; 2. Los derechos reconocidos en la cpe, de acuerdo con los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el país, cuando éstos prevean normas más favorables (Principio de Favorabilidad). En caso de que esos tratados declaren derechos no contemplados en la cpe se considerarán como parte del ordenamiento constitucional (bloque de constitucionalidad)” (los paréntesis me corresponden).

Así, de acuerdo al CPCon y consagrando el Principio de Favorabilidad, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el país, siempre y cuando éstos prevean normas más favorables y, en caso de que éstos declaren derechos no contemplados en la Constitución, serán considerados igualmente parte del ordenamiento constitucional (de acuerdo a la teoría del Bloque de Constitucionalidad) (7).

Éstos son algunos aspectos que podemos resaltar brevemente por ahora, abrigando la esperanza de que el nuevo CPCon (en vigencia desde el 6 de agosto de 2012), contribuya efectivamente al mejoramiento en la tramitación de los procesos constitucionales que se instauren en el ámbito normativo, tutelar y/o competencial, dentro de las específicas funciones correspondientes a los magistrados del tcp elegidos por voto popular, cuyos pronunciamientos serán decisivos para consolidar la aplicación de ésta normativa, de acuerdo a la nueva jurisprudencia constitucional (de matiz plurinacional) que pueda generar desde ahora hacia adelante.

La Paz, octubre de 2012

NOTAS:

1. “(…) Cabe deslindar algunos antecedentes. La Provincia Federal de Tucumán en Argentina ya tenía un Código Procesal Constitucional (CPCon) restringido a dicha Provincia; no rige para toda la República, pues si ello fuera así, no cabe duda que el hito histórico lo tendría este país. De allí que, el CPCon de Tucumán que cuenta con una extraordinaria sistemática de IV títulos y 111 artículos es un código strictu sensu, así, este país no cuenta con un código aplicable a todo el Estado Federal como lo tiene Perú desde diciembre de 2004. En cambio, Argentina tiene la Ley de Amparo Nº 16.986. Costa Rica cuenta desde 1989, no con un código, sino con una Ley Orgánica de Jurisdicción Constitucional, no obstante, es un cuerpo unitario regulador de las garantías constitucionales.

En El Salvador existe el Anteproyecto de la Ley Procesal Constitucional, cuyo giro sigue la tendencia paulatina, pero imparable, con miras a unificar la desperdigada legislación procesal constitucional en un solo cuerpo orgánico. Vistas así las cosas, no resulta sorprendente, ni mucho menos audaz, afirmar que estamos ante el primer Código Procesal de estirpe constitucional en Iberoamérica; y cabe resaltar que, en puridad, sería el primer Código de esta naturaleza en el mundo, dado que en los países europeos se cuenta emblemáticas judicaturas concentradas en tribunales o cortes constitucionales, pero su legislación gira bajo los marcos de una regulación vía leyes orgánicas de estos tribunales constitucionales, así como de legislación específica sobre la jurisdicción constitucional. (…)”. José Palomino Manchego. El Primer Código Procesal Constitucional del mundo. Su iter legislativo y sus principios procesales. Disponible en: http://bit.ly/sGKsCR

2. La versión original del entonces Proyecto de Código de Procedimientos Constitucionales para Bolivia fue publicada por la Comisión Europea para la Democracia a través de las Leyes (Comisión de Venecia) en su Opinión Nº 645/2011 de 4 de octubre de 2011. Disponible en: http://t.co/tDQhYFN6

3. Estas y otras incógnitas motivaron al suscrito autor a un estudio preliminar sobre el Proyecto de Ley, que fue presentado a consideración en el libro La Codificación del Derecho Procesal Constitucional en Bolivia, publicado en Saarbrücken, Alemania, Editorial Académica Española, abril de 2012 (ISBN: 978-3-659-00335-6). Disponible en: https://t.co/XpaLG3gk

4. GARCÍA BELAUNDE, Domingo. El nuevo Código Procesal Constitucional de Perú. Provincia [en línea] 2005, pp. 401-419. Universidad Los Andes, Mérida (Venezuela). Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/555/55509913.pdf

5. Resulta de enorme utilidad el proyecto de investigación diseñado por el Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con la realización de reuniones regionales anuales de trabajo en torno a la temática global justicia constitucional y derechos fundamentales, con el propósito de constituir un grupo de expertos en la materia, provenientes de América latina para reflejar el estado de situación de varios países en lo referente al derecho constitucional y a los derechos fundamentales, a la vez que se constituyan en “observadores” del estado de la jurisdicción constitucional, en relación con la independencia judicial. El seguimiento anual de la evolución del Derecho constitucional y de la justicia constitucional en cada país representado en el grupo, el impacto de las reformas constitucionales, si las hubiera, los avances o retrocesos en independencia judicial y en las garantías para la protección de los derechos fundamentales, son ejes del trabajo permanente de los miembros, así como la jurisprudencia de los órganos de control jurisdiccional de constitucionalidad, sean tribunales o salas constitucionales, como supremas cortes, ocupa un lugar fundamental, compilando y analizando con una mirada crítica los fallos más relevantes que ofician como “termómetro” de la situación real de la jurisdicción constitucional en Latinoamérica. Cfr. BAZÁN Victor y NASH Claudio (editores). Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER, OFICINA URUGUAY, 2010. Disponible en: http://www.cdh.uchile.cl/libros/Libro_Justicia_Constitucional.pdf6. VARGAS LIMA, Alan E. El Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia. Alcances y Limitaciones Normativas. La Paz, Bolivia, Ediciones El Original, julio de 2012.

7. De acuerdo a los fundamentos jurídicos contenidos en la Sentencia Constitucional (SC) Nº 0045/2006 de 2 de junio, la teoría del bloque de constitucionalidad surgió en Francia, extendiéndose a los países europeos y asimilada en Latinoamérica; expone que aquellas normas que no forman parte del texto de la Constitución pueden formar parte de un conjunto de preceptos que por sus cualidades intrínsecas se deben utilizar para develar la constitucionalidad de una norma legal; así, las jurisdicciones constitucionales agregan, para el análisis valorativo o comparativo, a su constitución normas a las que concede ese valor supralegal que las convierte en parámetro de constitucionalidad; de ahí que en Bolivia la jurisdicción constitucional ha concedido al bloque de constitucionalidad un alcance perceptible en la SC Nº 1420/2004-R, de 6 de septiembre: “(...) conforme ha establecido este TC, a través de su jurisprudencia, los tratados, convenciones o declaraciones internacionales sobre derechos humanos a los que se hubiese adherido o suscrito y ratificado el Estado boliviano forman parte del bloque de constitucionalidad y los derechos consagrados forman parte del catálogo de los derechos fundamentales previstos por la Constitución”; entendimiento ratificado en la SC Nº 1662/2003-R, de 17 de noviembre, en la que se expresó que: “(...) este TC, realizando la interpretación constitucional integradora, en el marco de la cláusula abierta prevista por el artículo 35 de la Constitución, ha establecido que los tratados, las declaraciones y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, forman parte del orden jurídico del sistema constitucional boliviano como parte del bloque de constitucionalidad, de manera que dichos instrumentos internacionales tienen carácter normativo y son de aplicación directa, por lo mismo los derechos en ellos consagrados son invocables por las personas y tutelables a través de los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional conforme corresponda”. Estas SC disponibles en: http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/

* Es abogado especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Mayor de San Andrés. Responsable del Blog jurídico: Tren Fugitivo Boliviano (http://alanvargas4784.blogspot.com/)

Tomado de: ichdp.cl

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