La Gaceta Jurídica

OTN y la ley

…el planteamiento provoca otras consideraciones que deben ser analizadas desde lo constitucional y humano, es decir, que las personas tienen derecho a un trabajo digno, remuneración de acuerdo a sus capacidades y esfuerzos y prestaciones sociales por su cumplimiento. Sin embargo, la sola idea de que este tipo de función de la sociedad patriarcal continúe y de forma legal...

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 11 de junio de 2013

La pasada semana se conoció una información que desde el punto de vista jurídico y legislativo pone en contraposición varios aspectos del ordenamiento nacional, pues la Organización de Trabajadoras Nocturnas (otn) se encuentra en campaña para legislar su actividad de modo que las personas que se dedican a los servicios sexuales tengan beneficios laborales como el resto de la población y, además, puedan gozar de seguro de salud y jubilación adecuada.

Para lograr esta aspiración, las personas que dirigen este organismo de carácter gremial se encuentran preparando un proyecto de ley que sería entregado el próximo mes a las instancias legislativas, pues, según argumenta la principal dirigenta de otn, Lily Cortez, esta ocupación es un trabajo que genera puestos directos e indirectos, además de constituirse en un aporte para la sociedad. Asimismo, de acuerdo con esta representante, la organización cuenta con unas 50.000 afiliadas entre los 18 y 65 años de edad. Con ese anuncio, en términos sindicales, esta sería una de las más grandes instancias de representación laboral en el país.

A pesar de la falta de legalización de este quehacer, el gremio considera que la extensión de los carnets sanitarios para personas que ejercen la prostitución es un reconocimiento estatal a estas actividades, por otra parte, un porcentaje no conocido presta sus servicios mediante relación laboral en locales de diversa índole, lo cual se convertiría en otro antecedente. El reclamo y planteamiento de estas personas, en gran mayoría mujeres, incluye el hecho de que su tarea no debe significar un menoscabo de su dignidad, por lo que se entiende que si se aprobara una legislación de ese tipo incluiría la garantía de sus derechos humanos y laborales.

Si hasta aquí las cosas son perfectamente razonables y correspondientes a una necesidad justa de un sector con determinado oficio, el planteamiento de una normativa provoca otras consideraciones que deben ser analizadas desde lo constitucional y humano, es decir, que las personas tienen derecho a un trabajo digno, remuneración de acuerdo a sus capacidades y esfuerzos y prestaciones sociales por su cumplimiento. Sin embargo, la sola idea de que este tipo de función de la sociedad patriarcal continúe –y de forma legal– se convierte en otra contradicción por la que se rechazaría la propuesta.

En este marco se deberá tomar en cuenta que gran parte de esta actividad tiene que ver con la trata de personas y la explotación sexual contra la voluntad, de tal modo que una legalización de los servicios sexuales podría ser positiva para destruir el “negocio” de los tratantes, no obstante que esto estaría bajo la lupa de las consideraciones morales. Del mismo modo, estas diligencias clandestinas operan en gran medida bajo el “modelo” de traslado de personas de un departamento a otro de manera forzada o falseada, incluso de y hacia el país, lo que seguramente no se refleja en los datos supuestos, pero con la ventaja de que en este aspecto la misma otn ayudaría a prevenir.  

La presencia de menores en este tipo de explotación es otro de los carices fundamentales para un debate entre las contradicciones de legalizar un modus vivendi solapado u obligado y la falta de políticas y capacidades estatales para la erradicación de labores bajo el sino de la explotación humana.

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