La Gaceta Jurídica

Perú: ¿Cuánto le cuesta la justicia a las mujeres?

Pensar en los costos que una mujer afronta en un proceso implicó romper conceptos y visiones tradicionales. Hubo dos formas de identificar costos: por su ubicación en el tiempo (antes, durante o después del proceso judicial) y por los espacios funcionales donde aparecen…

La Gaceta Jurídica / Wilson Hernández Breña

00:00 / 25 de diciembre de 2012

Cuando la justicia es gratuita lo es por norma. Pasa, por ejemplo, cuando una mujer desea demandar una pensión de alimentos en un juzgado. No paga tasas ni aranceles judiciales. ¿Cierto? No. Si no cuenta con defensor público, paga por un abogado privado, pero ¿eso es todo? Se suele pensar que sí, pero la realidad es bastante distinta.

La gratuidad de la justicia decretada por norma es una realidad parcial. En la práctica y más allá de los honorarios de los abogados, existen otros costos económicos y no económicos que limitan el acceso a la justicia de cualquier persona. Sin embargo, en algunos casos son las mujeres quienes cargan con una mayor cantidad de costos. El género pero también la clase social y el funcionamiento del sistema de justicia están en la base de tales costos. Es el caso de los procesos judiciales de pensión de alimentos, y de muchos otros.

Entonces, ¿cuánto le cuesta la justicia a las mujeres? Hace algunos meses se realizó en Palacio de Justicia de Perú la presentación de una investigación, elaborada por el autor de este artículo. La investigación centró su análisis en dos procesos: pensión de alimentos y violencia sexual.

Su elección obedeció a su grado de relevancia en las zonas de estudio, Cajamarca (Chota y San Marcos) y Apurímac (Andahuaylas y Chincheros), provincias de altos niveles de pobreza y ruralidad.

El estudio, financiado por la cooperación suiza, fue elaborado para el Proyecto de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales (projur), posteriormente transferido a la Oficina Nacional de Justicia de Paz (onajup) del Poder Judicial.

Pensar en los costos que una mujer afronta en un proceso implicó romper conceptos y visiones tradicionales. Hubo dos formas de identificar costos: por su ubicación en el tiempo (antes, durante o después del proceso judicial) y por los espacios funcionales donde aparecen (sostenimiento/acompañamiento; deficiencias del sistema de justicia; abogados, mercado de defensa legal y su actuación; e intrapersonal).

Este artículo sólo aborda los costos para los casos de pensión de alimentos, pero hay un hallazgo preocupante y común a éstos y a los de violencia sexual. El ámbito geográfico de la investigación es fuertemente rural y se esperaba, por tanto, encontrar que la mayoría de demandantes sean pobladores rurales. Ello no fue así. Aún en estas provincias rurales, el acceso a la justicia mayoritario es de las mujeres urbanas.

¿Quiénes son las mujeres que acuden a para pedir una pensión de alimentos? Las encuestas permitieron crear un perfil de las demandantes. Son madres de 1 hijo (promedio), con 30 años y estudios de primaria o secundaria. Se dedican a actividades que generan pocos ingresos. Por ello, en Cajamarca el 75% de las demandantes encuestadas mencionó haber financiado los costos del proceso con préstamos de familiares, amigos o incluso de entidades financieras.

Las demandas que presentan estas mujeres son concretas (generalmente, entre dos y cuatro páginas). Los casos suelen estar poco contextualizados en la vida de la demandante, a diferencia de lo que, por ejemplo, pasa con las demandas de alimentos de clase alta. Probablemente por ello, en los escritos de demanda se obvie la existencia de violencia conyugal.

A través de encuestas se identificó que durante su relación con el demandado las demandantes fueron víctimas de violencia, psicológica (63% a 89%, según la provincia estudiada), física (32% a 81) y hasta sexual (31% en el caso de Andahuaylas). Lejos de ser un litigio netamente económico (reduccionismo en el que suelen caer jueces y abogados), los procesos de pensión de alimentos suelen esconder una realidad bastante más compleja que la jurisprudencia internacional viene incorporando poco a poco.

Algunos costos

Abogado y transporte.¿Cuánto le cuesta un abogado a una mujer demandante por alimentos? En principio, podría no costarle. El Poder Judicial creó un formato de demanda (con éste se puede prescindir del abogado), se usa marginalmente, entre 0% y 4.5% según la provincia. El formato no es del todo fácil de usar para quienes no manejan el lenguaje judicial y, además, al prescindir del abogado para esta etapa también se prescinde de éste durante el resto del proceso, lo que genera efectos negativos directos en el monto de pensión que se puede obtener en el proceso.

Cuando se paga por el abogado, se registró que éste cuesta un promedio de 130 nuevos soles, cifra que para la economía de las familias y de las madres de las zonas estudiadas genera fuertes desbalances. Por ello la escasa existencia de defensores públicos en las zonas estudiadas y la obligación de recurrir a un abogado privado es un costo adicional para las mujeres demandantes. A ello se suma que estas mujeres gastan entre 10 y 100 nuevos soles en trámites y transportes.

Tiempo en exceso. Estos procesos duran grosso modo entre 3 y 7 meses, aunque, según la ley, deberían durar apenas 25 días. Esa demora excesiva es una forma de ineficiencia que ejerce impacto negativo en varios aspectos, la cantidad de tiempo invertido en el proceso, en el costo de tramitación, en el desgaste psicológico de las partes, etc.

Es decir, podemos pensar la dilación como un costo derivado de no poder otorgar el servicio judicial en el tiempo debido. Este costo sería equivalente al tiempo adicional a lo que legalmente debería durar un proceso judicial (25 días).

Con ello, el costo por el tiempo en exceso transcurrido en el proceso judicial asciende a 47 nuevos soles por persona en Chota (dato más bajo) y a 74 nuevos soles en Andahuaylas (dato más alto). Es un monto que sumado a los anteriores va acumulando una carga cada vez más fuerte sobre economías familiares.

Fijación de pensión por conciliación. Existen otros costos que no implican desembolsos. Pero, si bien no reducen la cantidad de dinero actual en el bolsillo, sí lo hacen con el ingreso disponible futuro.

¿Y cuándo sucede esto? Cuando la pensión es pactada en la conciliación judicial, frente a lo que se determina en la sentencia. Esto sucedió en Cajamarca, mas no en Apurímac. Por sentencia, en Cajamarca el promedio de pensión fue de 201 nuevos soles, en tanto que por conciliación judicial el promedio fue de 151.

Pero hay un segundo efecto alrededor de la fijación de la pensión en la conciliación judicial. Este efecto tiene que ver con el equilibrio o desequilibrio que trae consigo la presencia o ausencia del abogado de cada parte en las audiencias. En Apurímac, cuando la demandante fue sin abogado a la audiencia obtuvo una pensión hasta un 60% menor que aquellas que fueron con abogado.

Dinamismo de abogados. Esto influye directamente en el tiempo de resolución del proceso, a mayor dinamismo, menos tiempo dura. Ello implica menor costo.

En Andahuaylas, los defensores públicos se mostraron más dinámicos que los privados (los casos que llevan duran menos). El dinamismo se mide con el número y tipo de escritos presentados. Allí los defensores públicos  aseguran un proceso más rápido y reducen los costos.

Sin embargo, si una mujer es defendida por un defensor público su pensión será en promedio 10% menor en Apurímac y 23% menor en Cajamarca que si ésta hubiera sido patrocinada por un abogado privado. En Cajamarca, si prolongamos esta diferencia a lo largo de la vida útil de la pensión, la demandante dejaría de recibir casi 5 mil nuevos soles.

Es director del Centro de Investigación Aplicada al Desarrollo (CIAD), Perú.

Tomado de: justiciaenlosandes.org

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