La Gaceta Jurídica

Pluralismo jurídico en Bolivia

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La Gaceta Jurídica / José Luis Vargas

00:00 / 23 de octubre de 2012

Desde el inicio de su historia, esta región de América del Sur se ha consolidado en base a culturas arraigadas de Pueblos Indígenas Originarios; en los valles los quechuas, en el altiplano los aymaras y en el trópico los guaranís; cada una de estas culturas, que tiene su propia historia antes de la conquista española, vivía en base a sus principios, costumbres y tradiciones.

En cada una de estas culturas indígenas originarias se han desarrollado estructuras sociales en base a un líder natural elegido o designado de distintas formas, quien regía la autoridad dentro de su pueblo, pueblos distantes uno del otro y que su comunicación era bastante rudimentaria.

Con esa cultura desarrollada sus sistemas de administración política crecieron y se fortalecieron, constituyéndose en fuerzas sociales fuertemente estructuradas, sin influencia exterior, hasta que la conquista española irrumpió en estas tierras despojando las riquezas materiales y espirituales de millones de nativos, imponiendo el catolicismo y el mestizaje.

En el curso de la historia se ha instituido un sistema de justicia llamado ordinario y basado en un derecho anglosajón, con normativas adecuadas a nuestra realidad, pero siempre basado en un sistema de justicia escrito, con autoridades en su administración y tutelada por el Estado, en el que no ingresaban las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas que constituían la gran mayoría en nuestro país.

Sin embargo, pese a no estar reconocido legalmente lo que se conocía como justicia comunitaria, ésta siempre se fue practicando en pueblos indígenas originarios alejados de centros urbanos o municipios donde tenía su base un juzgado, un policía o un fiscal. Ante la ausencia de las autoridades de la justicia ordinaria, las comunidades indígenas originarias continuaban con su práctica de administrar su justicia y solucionar sus problemas de manera interna basadas en costumbres y tradiciones.

Durante los últimos años del siglo 20 se dieron reformas importantes que fueron dando lugar de a poco al reconocimiento de los pueblos indígenas originarios en sus derechos, costumbres y tradiciones, tal es así que en las reformas constitucionales de agosto de 1994 se reconocen los derechos colectivos de estos pueblos.

Esta reforma constitucional y otras normativas más que se dieron en esa década, y las que se dieron hasta estas fechas, forman parte de un conjunto mayor de cambios profundos en la naturaleza y el imaginario de la sociedad y la nación boliviana, que se han llegado a definir en la Constitución Política del Estado (cpe) vigente como multiétnica y pluricultural.

La reforma de 1994 también reconoce las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas originarios al permitir que la solución de sus conflictos se respete siempre y cuando obedezcan a la aplicación de sus costumbres y tradiciones y sus autoridades naturales resuelvan el caso respetando la cpe y los derechos humanos.

Por otro lado, la Ley inra, con el tema de las tierras comunitarias de origen y su proceso de distribución; la Ley de Participación Popular, con el reconocimiento de las Organizaciones Territoriales de Base; las disposiciones adoptadas con el Convenio 169 de la oit; la resolución de las Naciones Unidas respecto a los Derechos de los Pueblos Indígenas Originarios y, por último, lo dispuesto en el artículo 28 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, han fortalecido estos derechos de los pueblos de administrar sus sistema de justicia en base a tradiciones y costumbres.

Esta normativa legal ha reconocido esa forma de administrar justicia, tomando en cuenta elementos importantes, principalmente en el Nuevo Código de Procedimiento Penal, Ley 1970 (ncpp), como el personal, material, territorial y tutelar, elementos que si se cumplían según el artículo 28 del ncpp. La forma de administrar justicia se respetaba y la administración de justicia ordinaria no intervenía.

Esta forma de reconocimiento expreso a la justicia comunitaria tiene su corolario con la promulgación de la Nueva cpe que le da un nuevo matiz a la justicia comunitaria, denominándola Sistema de Justicia Indígena Originario Campesino, reconociéndola como un sistema de justicia al mismo nivel jerárquico del Sistema de Justicia Ordinario y aumentando el término “campesino”.

Con esta nueva Constitución se reconoce la existencia del Pluralismo Jurídico bajo una sola premisa de justicia, por lo tanto debemos tener claro que se trata de un Pluralismo Jurídico y no de una justicia plural, como erradamente muchos la llaman, porque la concepción que se tiene de que la justicia es una sola y no plural, por lo tanto, hablamos de dos sistemas de justicia, porque ambas responden a normativas, una escrita y la otra oral, transmitidas de generación en generación.

Ambas están dirigidas y administradas por autoridades, en la una designadas (jueces, magistrados) y en la otra naturales (capitán, mallkus, jilakatas, alcaldes) y ambas tuteladas y reconocidas por el Estado bajo la disposición de que debe haber una ley que regule y delimite coordinación y competencias entre ambos sistemas.

En la actual Constitución se ha introducido en término campesino al Sistema de Justicia Indígena Origina- rio, cuando debemos entender que este término responde al colonialismo y a una forma de vida que lleva una persona cuya estructuración económica está basada en la producción y explotación de productos agrarios y agropecuarios.

Así, se denomina campesino a todo ser humano que vive y trabaja en el campo, lo cual no le hace indígena ni mucho menos originario, cuyo relacionamiento es constante con el área urbana y, por lo tanto, responde a una estructura social cuasi urbanizada debido ya que su forma de trabajo y producción está en base a normativas legales vinculadas estrictamente al Sistema de Justicia Ordinario y es precisamente en estas comunidades campesinas donde se han producido hechos de linchamientos que tergiversaron lo que es el Sistema de Justicia Indígena Originario.

En la actualidad debemos ponernos a pensar si el Sistema de Justicia Indígena Originario en nuestro país se está encaminando por el rumbo correcto, o es que debemos pensar en la revisión de la Ley de Deslinde Jurisdiccio-nal o la misma Constitución, porque actualmente el Sistema de Justicia Indígena Originario se ha visto reducido a una solución alternativa de conflictos vigente para un determinado territorio y un grupo específico de personas en todo el país, lo que contradice lo dispuesto en la normativa Constitucional de la igualdad jerárquica de ambos sistemas.

Es abogado, coordinador de proyectos de la Red Participación y Justicia.

Tomado de: justiciaenlosandes.org

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